1. Comunicación de la pensión estimada: educación y planificación financiera
En los sistemas de pensiones participan tanto el sector público como el sector privado. Por tanto, los sistemas públicos y privados se complementan y contribuyen a reforzar las prestaciones de los futuros pensionistas.
A nivel internacional, según datos de la OCDE, las pensiones públicas cubren el 40% del último salario, mientras que los sistemas privados obligatorios o voluntarios cubren un 25% adicional. Sin embargo, sólo la tasa de sustitución del sistema público en España (porcentaje que supone la pensión sobre el último salario) es muy superior a la media en los países de la OCDE (el 75% frente al 40%) y los activos de los Fondos de Pensiones representan sólo el 9,5% del PIB español (95.000 millones de euros). Es decir, ocho veces menos que la media de los países de la OCDE.
El escaso peso del sector privado en las prestaciones de pensiones (apenas el 5% de las pensiones percibidas son privadas) se debe, no sólo a la mayor cobertura del sector público, sino a los hábitos de ahorro de la población española.
Esta situación contrasta con las necesidades del futuro. Por razones económicas y demográficas, el gasto público en pensiones se incrementará en un 40% a mediados del siglo, lo que exigirá que los futuros pensionistas tengan que destinar una mayor parte de su ahorro a complementar su pensión, para mantener su poder adquisitivo después de la jubilación.
Por ello, al igual que en los demás países desarrollados, en España hay que consolidar el sistema público y estimular los sistemas de previsión complementaria con medidas económicas, financieras y fiscales.
Efectivamente, el 83% de los españoles tienen vivienda en propiedad (frente al 43% en Suiza o el 53% en Alemania), y un tercio de las familias tienen una segunda vivienda en propiedad. Como consecuencia de ello, el ahorro inmobiliario de las familias representa el 90% del total, mientras que el ahorro financiero es sólo del 10%. Además, este ahorro inmobiliario supone largos periodos para el pago de la vivienda. Por ejemplo, para una persona que empiece a trabajar a los 25 años, supone que hasta los 50 años no empezará a ahorrar para su jubilación.
Pero es que, aparte de la vivienda, los españoles no suelen ahorrar a largo plazo, y cuando lo hacen tienen una clara preferencia por la liquidez (depósitos bancarios, fondos de inversión, etc). En este sentido, la iniciativa del Gobierno, una vez se publique la norma correspondiente, de remitir una comunicación a los trabajadores mayores de 50 años sobre la pensión estimada en el momento de su jubilación, debe destacarse muy positivamente.
Esta comunicación ayudará, sin duda, a que los españoles puedan tomar decisiones informadas sobre como invertir sus ahorros, teniendo en cuenta un horizonte de inversión de largo plazo (sólo el 18% de los ahorradores tienen un horizonte de más de 3 años en sus decisiones de inversión, según un informe del Observatorio Inverco).

2. El desconocimiento generalizado de los ingresos que tendremos en el momento de jubilación (dos de cada tres encuestados), hace que no se planifique la jubilación desde edades tempranas, y esto es justo lo que el Gobierno pretende evitar con esta comunicación.
Esta iniciativa va a suponer una herramienta importante para mejorar la educación financiera de las familias y para concienciarles de la necesidad que tienen de planificar sus ahorros con un horizonte de largo plazo.
Ángel Martínez-Aldama es el director del Observatorio Inverco