El documento describe los principales organismos de control del Estado ecuatoriano, incluida la Contraloría General del Estado, la Procuraduría General del Estado, el Ministerio Público, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción y las Superintendencias de Bancos y Seguros y Compañías y Telecomunicaciones. Cada organismo tiene funciones específicas como auditar el uso de recursos públicos, investigar faltas disciplinarias de funcionarios públicos, dirigir investigaciones penales e incentivar la transparencia en los sectores financiero y