La constitución boliviana y las leyes de medio ambiente y participación ciudadana garantizan el derecho de los ciudadanos a participar en la gestión ambiental y ser consultados en decisiones que puedan afectar la calidad ambiental. Los ciudadanos pueden denunciar infracciones ambientales, e interponer acciones legales para defender el derecho al medio ambiente si las autoridades no cumplen con la normativa. Los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados de manera apropiada sobre medidas que puedan afectar sus territorios o recursos.