El documento habla sobre la situación de los 250.000 trabajadores honorarios en el servicio público chileno, quienes carecen de estabilidad laboral y derechos. Propone tres demandas principales: 1) homologar los derechos de los trabajadores honorarios con los funcionarios públicos de planta, 2) prorrogar la cotización obligatoria a la previsión para los honorarios de forma indefinida, y 3) crear mesas de trabajo interministeriales para avanzar hacia el reconocimiento de los derechos laborales de los honorarios.

1. AVANZANDO EN SOLUCIONES PARA LOS TRABAJADORES PÚBLICOS A HONORARIOS
En nuestro país, cerca de 250.000 trabajadores a honorarios se desempeñan en el
servicio público, lo que representa más de la mitad de toda la dotación laboral del Estado,
dando cuenta de que el funcionamiento del éste se basa fundamentalmente en el trabajo
precario, la flexibilidad y la inestabilidad laboral, menoscabando un correcto cumplimiento
de las funciones y políticas públicas.
Ante esta realidad es que hace ya unos años ha ido madurando un movimiento de
trabajadores que aspira a cuestiones básicas como la estabilidad y el respeto de sus
derechos, con el horizonte de avanzar en justicia laboral y trabajo digno.
La propia OIT propugna como objetivo global el Trabajo Decente entendido como el trabajo
productivo que proporciona un ingreso digno, seguridad y protección social y perspectivas
de desarrollo personal e integración social y en el cual se protegen los derechos de los
trabajadores. Estos principios mínimos, universalmente aceptados son transgredidos de
manera flagrante por el mismo Estado, que en su propia casa mantiene relaciones laborales
muy lejanas a la convivencia moderna y armónica. Pero podemos ir más lejos, pues el
Estado chileno niega derechos individuales y colectivos a toda la masa laboral del aparato
público, partiendo con la imposibilidad de negociación colectiva para lograr mejoras
laborales y la inexistencia de un sistema previsional basado en la seguridad social.
Nuestra condición de precariedad se expresa en la ficción legalizada del convenio a
honorarios que mantiene a trabajadores esenciales del servicio público sin reconocimiento
ni derechos laborales, sin acceso a la salud pública ni garantías de ningún tipo, con
contratos renovados cada tres, seis o doce meses. Y esto año tras año, a veces a lo largo de
toda una vida de trabajo. Por ello, partimos exigiendo lo básico, pero planteando lo
sustancial: trabajo digno, estabilidad y derechos laborales sin excepciones para todos los
trabajadores públicos de este país.
De esta forma hemos situado como centro de nuestras exigencias el que a la mayoría
de los que laboramos en los distintos sectores del Estado se nos reconozca nuestra
condición de Funcionarios Públicos, en igualdad de condiciones y sin reproducir las
odiosas diferencias que ocurren por ejemplo entre Estado Central y gobiernos locales. Esto
es lo mínimo que se puede esperar cuando los honorarios estamos cumpliendo funciones
centrales y realizamos en la mayoría de los casos las mismas tareas que los trabajadores de
planta y contrata: A igual Trabajo, igual Derechos.
Si bien es cierto, lo último significa redefinir tanto las relaciones laborales dentro
del aparato público, como la visión del propio Estado, creemos que es posible avanzar de
forma clara en este camino, más aún cuando es el propio Estado el que está obligado a
velar por el respeto de los derechos de los trabajadores y el cumplimiento de los principios
básicos de la convivencia social.

2. Por tanto, exigimos:
1. Que se homologuen para los trabajadores a honorarios los derechos y beneficios que
están plasmados en el Estatuto Administrativo y el Código del Trabajo. Creemos que es
posible concretar figuras transitorias o estatutos específicos al mismo tiempo que se
avanza en reformular de forma sustancial las relaciones laborales dentro del Estado.
Esta nueva condición contractual debe contener a todos los honorarios públicos con
dependencia y subordinación y contener los siguientes derechos y beneficios:
Estabilidad; Reconocimiento de años de servicio; Ascensos; Capacitación y
perfeccionamiento; Vacaciones, Feriados, permisos y licencias médicas; Asistencia en
caso de accidentes o enfermedad; Protección a la maternidad (pre y post-natal);
Derecho a gozar de todas las prestaciones y beneficios que contemplen los sistemas de
previsión y bienestar social; Derecho a defensa; Bonos de término de conflicto; Bonos
de escolaridad; Bonos por cumplimiento de metas y productividad.
2. Que en el corto plazo se prorrogue la cotización obligatoria para previsión en los
trabajadores del sector público a honorarios, dado que sin estabilidad y derechos
mínimos la merma en los salarios se vuelve sustancial, disminuyendo aún más los bajos
sueldos que paga el Estado. Esta prórroga debe ser indefinida hasta que no se dé avance
en soluciones concretas para el punto y debe agregar que el Estado corra con los gastos
en Salud y seguros laborales debido a la indefensión en que se ha tenido a cerca de
250.000 trabajadores. Tomando en cuenta que en este tema esta será nuestra posición
primaria, en su defecto estos gastos pueden correr a través de un aumento del 21% del
sueldo para todos los honorarios del sector público, mientras se avanza en el punto 1.
3. Creación de mesas de trabajo interministeriales y que incluyan a los organismos
representativos de los alcaldes y nuestra organización nacional, la Unión Nacional de
Trabajadores Públicos a Honorarios, que permitan avanzar en base a un itinerario
concreto en el punto 1.
Esperando poder avanzar por el bien de los trabajadores y el país, se despide atentamente
UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES PÚBLICOS A HONORARIOS
Santiago, 23 de octubre de 2014