El documento describe los principios y criterios para la imposición de sanciones en el proceso administrativo sancionatorio fiscal en Colombia. El proceso garantiza el debido proceso y se rige por los principios de igualdad, imparcialidad, responsabilidad, transparencia, publicidad, eficacia, economía y celeridad. Las sanciones buscan un medio conminatorio fundamentado en el poder correccional del Estado y no pretenden resarcir daños.

1. CRITERIOS PARA LA
IMPOSICIÓN DE
SANCIONES
En el Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal
se garantizará el Debido Proceso y su trámite se
adelantará con sujeción a los principios de
igualdad, imparcialidad, responsabilidad,
transparencia, publicidad, eficacia, economía y
celeridad.
PRINCIPIO DE
IMPARCIALIDAD
Las autoridades deberán
actuar teniendo en
cuenta que la finalidad
de los procedimientos
consiste en asegurar y
garantizar los derechos
de todas las personas sin
discriminación alguna y
sin tener en
consideración factores de
afecto o de interés y, en
general, cualquier clase
de motivación subjetiva.
El Procedimiento Administrativo
Sancionatorio Fiscal es de
naturaleza
especial, propende por el debido
ejercicio de la vigilancia y el control
fiscal, la protección del patrimonio
público y el cumplimiento de los
principios constitucionales y legales
del control y la gestión fiscal. Las
sanciones administrativas fiscales no
tienen naturaleza disciplinaria ni
indemnizatoria o resarcitoria
patrimonial, pueden concurrir con
esas modalidades de
responsabilidad y proceden a título
de imputación de culpa grave o
dolo.” (Artículo 78 Decreto 403 de
2020).
PRINCIPIO DE
IGUALDAD
Las autoridades darán
el mismo trato y
garantías a las
personas naturales o
jurídicas de derecho
privado vinculados al
proceso de
responsabilidad fiscal,
así como a los
servidores públicos
que intervengan en las
actuaciones bajo su
conocimiento.
DEBIDO PROCESO
Las actuaciones
administrativas en el marco
del Proceso Sancionatorio
se adelantarán de
conformidad con las
normas de procedimiento
contenidas en la Ley 1437 de
2011 y las reglas de
competencia establecidas
en la Ley 42 de 1993
modificada por el Decreto
403 de 2020, con plena
garantía de los derechos de
representación, defensa y
contradicción.
·Suspensión: “Solo
procederá cuando la
conducta en que incurra
un servidor público
pueda ser calificada como
cometida a título de culpa
grave o dolo y concurra
una o varias de las
siguientes circunstancias”.
(Tener en cuenta lo
descrito en el numeral 2,
literales a), b), c), d) y e) del
Artículo 84 del Decreto 403
de 2020).
Es el conjunto de actuaciones administrativas con el fin de facilitar el
ejercicio de investigaciones fiscales y de la vigilancia fiscal, e impulsar el
correcto y oportuno cumplimiento de ciertas obligaciones que permiten
el adecuado, transparente y eficiente control fiscal. Con este proceso no
se pretende resarcir, ni reparar el daño, sino se busca un medio
conminatorio que se fundamenta en el poder correccional del Estado.
procedimiento administrativo fiscal
·Multa: “Podrá imponerse
cuando los sujetos
sancionables incurran en
una o varias de las
conductas tipificadas a
título de culpa o dolo,
salvo en los casos en que
concurran los criterios
para la imposición de la
sanción de suspensión.”
(Artículo 84 del Decreto
403 de 2020)”.
PRINCIPIO DE
TRANSPARENCIA
La actividad
administrativa es del
dominio público, por
consiguiente, toda
persona puede
conocer las
actuaciones de la
administración, salvo
los casos que
legalmente sean
cobijados por la
reserva legal.
PRINCIPIO DE CELERIDAD
La Contraloría Municipal de
Pereira impulsará
oficiosamente los
procedimientos, e
incentivarán el uso de las
tecnologías de la información
y las comunicaciones, a
efectos de que las actuaciones
necesarias para dar trámite al
Proceso Administrativo
Sancionatorio Fiscal se
adelanten con diligencia
dentro de los términos legales
y sin dilaciones injustificadas.
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD
Las autoridades darán a
conocer a través de las
distintas formas de
notificación y comunicación
a los investigados, vinculados
y demás interesados las
actuaciones procesales
según corresponda.