Ramírez, Alejandro. Sectores, Actores e intereses en torno a la LSCA en la Argentina (2009-2010)

Título:
SECTORES, ACTORES E INTERESES EN TORNO A LA LEY DE SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL EN LA ARGENTINA (2009 – 2010)1
Lic. Alejandro Miguel Ramírez

Palabras Clave: Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual – Sectores/Actores
intervinientes – Intereses sectoriales en juego.

Introducción

A lo largo de toda la historia de la radiodifusión en la Argentina y en general en América
Latina, pudieron observarse la fuerte incidencia de grupos de poder que se apropiaban de licencias y de
buena parte de la cadena de producción infocomunicacional para consolidar un enorme caudal de poder
y, con ello, conservar un rol para-institucional de presión no sólo a gobiernos, sino también a otras
empresas poderosas, como se ha visto recientemente a partir de la extorsión ―encubierta‖ que pretendió
ejercer el diario La Nación sobre la empresa YPF.

A partir del 18 de marzo de 2009, fecha en que el P.E.N. presentó el anteproyecto de Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual en el Teatro Argentino de La Plata, pudieron verse, oírse y
leerse en acción a muchos de estos actores y sectores que reaccionaron con virulencia (y en muchos
casos descuidando las formas), que los llevó a tener que visibilizarse como muy pocas veces lo habían
hecho en los últimos 30 años desde la puesta en vigencia de la Ley 22.285 en el año 1980.

Gobierno, funcionarios, legisladores, empresarios, pero también organizaciones sociales y
comunitarias, asociaciones y sindicatos de periodistas, pueblos originarios, las universidades
nacionales, e incluso gente sin vinculación directa con los medios de comunicación (más allá del rol de
oyentes y televidentes), entre otros actores y sectores, contribuyeron a la configuración de un debate
que no reconoce antecedentes en la historia de la radiodifusión en la Argentina, y que finalizó con la
promulgación de la Ley 26.522 el 10 de octubre de 2009.

La intención de este trabajo es recuperar –analíticamente- el rol que le cupo a cada uno de los
sectores y actores que mayor actividad e impulso dedicó a favor y en contra de la Ley, intentando
aportar un material que permita conocer las posturas mantenidas a lo largo del debate, como así
también la coherencia o contradicciones en que algunos de ellos cayeron en relación con el
pensamiento mantenido por el mismo sector en otros momentos históricos del campo de la
comunicación.

Este trabajo pretende conocer, distinguir y explicitar tanto a los actores y sectores que mayor
actividad demostraron en el proceso de gestación de la Ley Nº 26522 ―Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual‖, como así también describir las principales acciones concretadas, las
estrategias y metodologías utilizadas, materiales y temas recurrentes que, en cada caso, se utilizaron
para argumentar posiciones.
1
Esta ponencia es resultado del análisis del material generado por la cátedra Políticas de Comunicación de la U.N.E.R., de la cual es
titular el autor.

Lic. Alejandro Ramírez (UNER–Argentina) - ―Actores, Sectores e Intereses en torno a la Ley 26.522‖ - 2|P ágina

La histórica presión

“Todo lo que no se legisla explícita y taxativamente en favor del más débil, queda
implícitamente legislado en favor del más fuerte. No es el poderoso el que necesita el amparo
legal. El tiene su propia ley, que es su propia fuerza".
Raúl Scalabrini Ortiz

Tal como recuerda Luis Ramiro Beltrán2, las PNC fueron propuestas en 1974 en Bogotá y
recomendadas a los políticos de América Latina en 1976 en San José de Costa Rica. Incluso Venezuela
y México fueron los primeros países que intentaron impulsar PNC, pero ninguno de los proyectos
prosperó, y es el propio Beltrán quien lo explica:

―¿Qué había pasado? En ambos casos lo que frustró los indicados intentos fue la avasalladora
presión ejercida por las agrupaciones de propietarios de medios masivos comerciales y por las
agencias publicitarias que los sostenían con avisos de numerosas empresas nacionales y de
representaciones de extranjeras. Como ya lo habían hecho antes de la reunión interministerial de
San José, oponiéndose tenaz y agresivamente a que ésta llegara a realizarse, ahora se pusieron
en campaña - más reservada que pública - para no permitir que naciera ninguna PCN por
considerarla atentatoria contra sus intereses que homologaron con los de sus países. Tan
poderosa fue esa presión que no hubo gobernante alguno que se atreviera a desestimarla. Y, lo
que no es menos lamentable, no hubo quien reprobara siquiera lo sucedido ni, menos, exigiera
la divulgación de las propuestas abortadas... La idea fue súbita y drásticamente derrotada en la
oscuridad y en silencio‖3.

Contemporáneamente a los acontecimientos relatados por Beltrán, Margarita Graziano
explicaba en un texto de 19744 la reacción de los operadores privados cuando entonces se impulsaba la
estatización durante el último gobierno peronista antes del golpe de 1976:

―En agosto de 1973, la Asociación de Teledifusoras Argentinas emitía su opinión (…), su
vicepresidente 1°, Alfredo Suescum, enunciaba la posición del sector privado. Si algo
caracterizó tal exposición fue la constante alusión a los inconvenientes de la televisión estatal y
un hasta desmedido esfuerzo puesto en la justificación de las escasas facetas criticables de la
experiencia privada‖. (…) La puesta en marcha de este aparato de autodifusión por parte de los
canales capitalinos, incluyó también la utilización de sus propias pantallas como instrumento de
oposición a toda política estatal que implicara un cambio en la estructura de propiedad del
medio. (…) Resultaba casi insólito que se abordara el tema ante las mismas pantallas‖.

2
Revista ENTREVISTAS – PCLA – Volume 1 – N° 1: outubro/novembro/dezembro 1999. Entrevista de Luiz Alberto Malta de Barros a
Luis Ramiro Beltrán, del 28/08/1999. En: http://www2.metodista.br//unesco/PCLA/revista1/entrevista1.htm
3
Op. Cit.
4
GRAZIANO, Margarita. Los dueños de la TV Argentina. Revista Comunicación y Cultura N° 3. Buenos Aires, 1974


Después de observar el comportamiento que manifestaron los medios de comunicación durante
la discusión de la Ley 26.522 en 2009, resulta sorprendente constatar que aquellos no hicieron más que
potenciar el ―modus operandi‖ descripto por Graziano, sólo que treinta y cinco años después.
Una pista importante para ver hasta qué punto la reacción de estos grupos tenía una raíz más
profunda que la discusión planteada en términos de estatización-privatización, nos lo muestra la propia
Margarita Graziano cuando en el mismo texto dice:

―En el ámbito de los organismos oficiales relacionados con el medio resultaba común hasta
hace menos de un año la total carencia de datos respecto del área, carencia (que se debía a) una
total incapacidad para contar aunque más no fuera, con un diagnóstico aproximado. (La
reacción del COMFERT5) no sobrepasó los límites del mero relevamiento y, en muchos de sus
errores, demostró fehacientemente la situación de total ignorancia en que se ha mantenido con
respecto a la teledifusión local‖.

Cotejando fechas es sencillo contrastar que en 23 años desde el surgimiento de la TV en la
Argentina (1951) y hasta 1974, el Estado no había podido siquiera tener información mínima sobre una
actividad que había decidido utilizar las garras de un poder que comenzaba a trascender lo económico
para meterse de lleno (y hasta nuestros días) en el campo político/institucional.
Los medios de comunicación en general (por sí o a través de sus cámaras empresarias) y
fundamentalmente la TV, en tanto actor con una incidencia superior a los otros, pugnaron por ser
fiscales de todas las actividades sociales, económicas y políticas del Estado, pero se han opuesto
históricamente a cualquier intento no ya de cambio de propiedad, sino aunque más no sea de brindar un
mínimo de información sobre la actividad que estaban desarrollando.
En la práctica y a no ser por algunas cuestiones impositivas, los medios de comunicación en la
Argentina se fueron constituyendo como entidades paraestatales sobre las que cualquier intento de
intervención o pretensión de información equivalía a un acto cuasi terrorista.
Sin embargo el Estado cumple un rol indelegable e insustituible que debe ser concebido como
―una instancia de articulación y denominación de la sociedad, que condensa y refleja sus conflictos y
contradicciones tanto a través de las variables tomas de posición de sus instituciones, como de la
relación de fuerzas existente en éstas‖, tal como lo manifiesta Santiago Marino en su trabajo ―Estado,
Políticas Públicas y Políticas Públicas de Comunicación‖6. Este es el punto de coincidencia con el
enfoque que pretende hacer este trabajo en relación con la situación que se plantea cuando debe

5
Comité Federal de Radio y Teledifusión.
6
Estado, Políticas Públicas y Políticas Públicas de Comunicación, trabajo final del programa de Doctorado ―Estado y políticas públicas‖,
Facultad de Ciencias Sociales (UBA). En: http://www.catedras.fsoc.uba.ar/mastrini/investigaciones/politicas_publicas_marino.pdf


dirimirse la afectación de intereses caros tanto a la Sociedad en general, como a los diferentes actores y
sectores involucrados en aquellos. En este sentido continúa Marino:

―Las políticas públicas responden a cuestiones socialmente disputadas, respecto de las cuales
diferentes actores (individuos, grupos, sectores, organizaciones) asumen posiciones conflictivas.
Es el Estado, como mediación política de intereses, el que debe formular e implementar
políticas, en tanto que conjunto de acciones u omisiones que se materializan en planes,
programas y proyectos, con objetivos concretos y tareas establecidas‖.

Las PNC lejos de la Ciudadanía

Además de las presiones de los grupos mediáticos, Luis Ramiro Beltrán reconoce que lo que en
los 70’s fue un grave impedimento para consolidar la propuesta democratizadora de los medios (las
dictaduras en casi toda A.L.), ese aspecto es hoy un problema que se encuentra relegado por la
recuperación y desarrollo de los regímenes democráticos, el avance de los juicios al terrorismo de
Estado en Argentina, el fortalecimiento de las demandas por conocer la verdad de lo ocurrido en aquel
nefasto período dictatorial, etc.

Pero aún hoy, es posible reconocer un tercer aspecto que operó en contra de aquel proyecto de
vanguardia, y que tiene que ver con la nula internalización de la problemática de los medios en la
sociedad de aquella época. Luis Ramiro Beltrán lo describe así:

―Por último, estimo que otra razón importante para que las PNC no lograran pasar de la teoría a
la realidad fue el desinterés de la sociedad civil por ella. En parte alguna de la región, que yo
sepa, ninguna agrupación popular, ni siquiera las de mayor raigambre popular y mayor
radicalismo - como las de estudiantes, obreros y campesinos - adoptó la propuesta pro PNC
como parte de las reivindicaciones que alentaban sus luchas. Ningún partido político hizo a esa
propuesta parte de su plataforma ideológica ni componente de su agenda parlamentaria o de su
programa de gobierno. En mi memoria, la única institución de la sociedad civil que se identificó
con la promoción de las PNC fue la Iglesia Católica que ya tenía, cuando menos desde los años
50, creciente y militante identificación con el ideal de democratizar la comunicación en la
práctica y en la teoría. Valiosa como fue esa espontánea adhesión a la causa, no llegó tal vez
hasta el más alto nivel de la jerarquía eclesiástica, salvo casos excepcionales.

Más aún, ni siquiera en los círculos universitarios especializados en la enseñanza y en la
investigación de comunicación llegó a haber una conciencia generalizada sobre la propuesta ni
una adhesión activa a ella. Y, lo que es más extraño, ninguna asociación de profesionales de
comunicación se hizo partidaria de la causa. Así, la idea fue quedando confinada, digamos, a un
centenar de firmes creyentes en el mundo académico dispersos por todo el territorio de la


región, a una pequeña minoría de catedráticos y estudiantes de comunicación, y a dos entidades
regionales de la profesión: el CIESPAL, del Ecuador, y el IPAL, del Perú‖7.

En el caso del debate en torno a la Ley 26.522 en la Argentina, se verá que hubo un enorme
interés de los diversos sectores que componen la Sociedad Civil, y una decidida participación para
hacer escuchar las diversas posturas y demandas que pudieron verse y oírse en cuanto foro o debate se
proponía. En los casi 27 años de continuidad del sistema democrático es la primera vez que se observa
la participación directa en la formación de una Ley Nacional, no sólo de sectores minoritarios sino
también de personas que se acercaron a los foros sin ninguna representatividad, más que el deseo de
manifestar su posición frente a la misma.

La Ley 26.522: Actores, Sectores e Intereses en juego.

―La mejor ley de prensa es la que no existe. En tal sentido, deberían restringirse al máximo los
niveles regulatorios, no avanzando más allá de un procedimiento claro de concurso para la
asignación de las frecuencias; la estructuración de un acotado sistema público de
radiodifusión para cumplir con fines educativos y culturales,
no comercial y sin injerencia gubernamental (…)
“Es de esperar también que no se pretenda volver a la prohibición a los medios de prensa
gráfica de tener canales de televisión abiertos y que no se busque condicionar los contenidos a
partir de la definición del negocio de la televisión por cable como un servicio público”.

Art. Diario La Nación 3/5/2008

Atendiendo a la limitación espacial que requiere esta ponencia, prescindiremos de remitir a la
cuestión histórica del debate sobre los medios audiovisuales en la Argentina, como así tampoco aludir a
los roles que les cupo a unos y otros protagonistas a lo largo de la historia de la radiodifusión en
nuestro país.
Procuraremos en cambio, detenernos en los actores y sectores que tuvieron un protagonismo
decisivo (a favor y en contra del proyecto de Ley) desde el 18 de marzo de 2009 cuando la Presidenta
de la Nación Cristina Fernández de Kirchner presenta el Anteproyecto en el Teatro Argentino de La
Planta, pasando por la sanción y promulgación de la Ley 26.522 el 10 de Octubre de 2009 y llegando
hasta el 15 de junio de 2010, cuando la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina si bien
falla en contra de acción de amparo presentada puntualmente por el Diputado Enrique Thomas, por
establecimiento de jurisprudencia hecha por tierra, con este fallo, las demás presentaciones del mismo

7
Revista ENTREVISTAS – PCLA – Volume 1 – N° 1: outubro/novembro/dezembro 1999. Entrevista de Luiz Alberto Malta de Barros a
Luis Ramiro Beltrán, del 28/08/1999. En: http://www2.metodista.br//unesco/PCLA/revista1/entrevista1.htm


tenor (a la fecha de presentación de esta ponencia, queda en pie el amparo presentado por Clarín en
contra del artículo 161 de la Ley, que refiere al período de 1 (un) año para adecuar las titularidades de
licencias a los topes que establece la Ley.
En este sentido entonces, y advirtiendo que los protagonistas mencionados de aquí en más no
responden a ninguna exhaustividad8, sino que fueron considerados como los más representativos en
virtud del rol que cumplieron, comenzamos por:

El Gobierno Nacional.

En un período que abarca 15 meses (desde el 18 de marzo de 2009 hasta el 15 de junio de
2010), los actores que representaron al gobierno tuvieron roles destacados en distintos momentos de
todo este tiempo. En este sentido entonces, si volvemos a descontar el minucioso trabajo de elaboración
del anteproyecto por parte del grupo del COMFER encabezados por el Lic. Gabriel Mariotto,
tomaremos como punto de partida a la figura de la Presidenta de la Nación, quien oficialmente dio
comienzo a la discusión sobre dicho anteproyecto en la presentación en La Plata.

Cristina Fernández de Kirchner
En el mes de marzo de 2009, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) presentó el
anteproyecto, al mismo tiempo que daba comienzo al debate que iba a tener lugar en varias regiones de
nuestro país bajo la modalidad de Foros Abiertos que iban a dar la posibilidad de participación a toda la
ciudadanía. Se trataba de un instrumento jurídico de características novedosas puesto que, desde el
Código de Vélez Sarsfield, era la primera vez que se trabajaba con un Proyecto de Ley comentado para
que el contenido del mismo no sea manipulado o mal interpretado, y con el propósito de que la
ciudadanía pudiera acceder a explicaciones más extensas sobre una actividad que nunca antes se había
discutido y que por el tenor de sus implicancias y consecuencias en la sociedad, ameritaba tales
aclaraciones. Del mismo modo, estas notas a cada artículo contenían referencias históricas y
jurisprudencia de otros países que avalaban la factibilidad del articulado.
La siguiente intervención relevante de CFK tuvo lugar después de los 23 foros y de incluidas las
propuestas y aportes de los mismos a un anteproyecto superador que fue ingresado a la Cámara de
Diputados de la Nación el 27 de agosto de 2009. En dicha ocasión, la Presidenta dejó claro que los
derechos esgrimidos deben ser interpretados en su dimensión correcta ―porque libertad de expresión no
8
En este sentido, resultó crucial el voto a favor –aunque no exento de aportes y críticas de Proyecto Sur (Fernando ―Pino‖ Solanas,
Claudio Lozano), de Solidaridad e Igualdad (Carlos Raimundi), del Partido Socialista (Rubén Giustiniani, Silvia Augsburger) y del
Partido Nuevo Encuentro (Martín Sabbatella). No menos importantes, aunque con menor transparencia y convicción, votaron a favor los
Senadores Carlos Salazar (Fuerza Republicana, Tucumán) y María Dora Sánchez (UCR, Corrientes).


puede convertirse en libertad de extorsión, porque libertad de prensa no puede ser confundida con la
libertad de los propietarios de la prensa y porque el derecho a la información significa el derecho a toda
la información; no al ocultamiento de una parte de la información, o a la distorsión y manipulación de
la otra parte‖. Para que no quedaran dudas de la postura que había asumido su gobierno frente a los
medios de comunicación y su vinculación con la sociedad, expresó:

―Si ustedes me dijeran qué espero como resultado de esta ley, diría que es que cada uno aprenda
a pensar por sí mismo y decida pensar, no como le marcan desde una radio, desde un canal, sino
que, precisamente, pueda acceder a toda la información, a todas las voces, a todas las creencias
religiosas, a todas las creencias políticas para que, entonces, ese ciudadano pueda decidir a qué
dios le quiere rezar, a qué partido puede ingresar, quién es el que no le gusta, quién es la que le
gusta; en definitiva, yo creo que solamente podemos formar ciudadanos libres si esos
ciudadanos tienen la posibilidad de formar su propio pensamiento‖.9

Gabriel Mariotto

Como interventor del COMFER, la labor de Mariotto y su equipo fue decisivo no sólo al
momento de la redacción del anteproyecto, sino también para ponerse al frente en cada uno de los 23
foros de debates, en cada canal de TV o Radio, en paneles universitarios y, finalmente responder los
cuestionamientos de los Diputados y Senadores todas las veces que fue citado. El 27 agosto de 2009, en
el mismo acto junto a la presidenta cuando se enviaba el anteproyecto a Diputados, Mariotto resaltó
"toda la fuerza que la Presidenta le da a un debate en el Congreso" sobre el marco jurídico de los medios de
Comunicación en la Argentina y señaló que "habrá que pensar qué presiones existieron" para impedir esta
discusión desde la recuperación del sistema democrático en el país. Mariotto había acuñado la frase ―la
madre de todas las batallas‖ al referirse a esta Ley, y en la reproducción del siguiente diálogo puede
observarse un ejemplo de los intereses en juego y del tenor del tenso diálogo:

Senador Morales:… Nosotros estamos realmente de acuerdo en que estemos generando un
debate en torno a una nueva Ley de Radiodifusión. En verdad, desde el radicalismo nos gustaría
que terminemos el año con una nueva ley. Pero la actitud del gobierno aparece como intentando
una reforma de la Ley de Radiodifusión no para democratizar, sino en contra de un grupo que
hasta ayer estaban bien. Esto lo digo por lo de la prórroga del Decreto 527/05 y la fusión de
Cablevisión y Multicanal, que se produjo hace menos de dos años.

9
Palabras de la Presidenta presentación del proyecto de ley, en el teatro Argentino La Plata, miércoles, 18 de marzo de 2009, en:
http://www.casarosada.gov.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=5701


Entonces, ¿por qué, ustedes, en estos seis años hicieron esto? ¿Qué cosas hicieron para evitar la
posición dominante de algunos grupos empresarios? ¿Cómo está la situación del trámite de la
fusión de Cablevisión y Multicanal? También tengo otras preguntas para hacerle que las dejo
para otra oportunidad.
Sr. Mariotto. — Senador, yo voy a tratar de responder todas las inquietudes y de evitar las
consideraciones políticas. Es lógico que haya consideraciones políticas, pero no en mis
respuestas, sino las consideraciones políticas son de los representantes del pueblo. Entonces,
hay una serie de categorías políticas que, por supuesto, en muchas disiento, pero que tampoco
aportan al debate que las contestase, no le va a dar riqueza porque tampoco es un debate. Creo
que hay serie de instancias que usted ha preguntado bien sobre el texto de este proyecto de ley y
trataré de responder sobre ese texto. En cuanto al tema de la autoridad de aplicación, si nosotros
viésemos bien o no desde el Comité Federal de Radiodifusión que se modificara, considero que
no aporta demasiado a esta discusión. Para eso la Cámara en este sentido es soberana y va a
discutir, hará las propuestas y seguramente se votará si hay que hacer o no modificaciones a lo
que ha venido de la Cámara de Diputados10...

La tropa oficialista en el Senado de la Nación

El proyecto con media sanción de Diputados, ingresa al Senado en el momento en que el
presidente Julio Cleto Cobos (opositor) estaba a cargo del Ejecutivo, reemplazando a la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner. Por lo tanto el presidente provisional del Senado, José Pampuro
(oficialista) giró el proyecto a dos Comisiones: Presupuesto y Hacienda presidida por Fabián Ríos y de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Prensa, presidida por Guillermo Jenefes (ambas con
presidencias y composición mayoritaria del Frente para la Victoria), asegurándose el manejo de los
tiempos y del dictamen para el plenario.

Esta primera jugada política no tuvo buena acogida en los legisladores e incluso generó
rebeldías dentro del propio espacio identificado con el Kirchnerismo. Así el presidente de la Comisión
de Sistemas, de medios de comunicación y de libertad de expresión, Guillermo Jenefes, dueño de un
grupo de medios en su provincia natal, Jujuy, adelantó el presidente del Bloque del FPV, Miguel Ángel
Pichetto, que no estaba dispuesto a aprobar a ―libro cerrado‖ el proyecto emanado de Diputados.

Finalmente, y después de varios días de negociaciones, junto al bloque del Frente para la
Victoria votaron en general a favor de la propuesta gubernamental los oficialistas que firmaron en
disidencia el dictamen mayoritario -el jujeño Guillermo Jenefes, el chubutense Marcelo Guinle y su
coprovinciana Silvia Giusti-, la radical correntina María Dora Sánchez y el bussista Carlos Salazar, que
anunciaron un cambio de posición.

10
Audiencia pública en el Senado de la Nación, el 24/09/09


Los actores y sectores que se opusieron

Por definición, se opusieron no sólo al debate del anteproyecto sino a toda intención de
modificar el escenario de las comunicaciones audiovisuales los siguientes sectores ejemplificados con
algunos de los exponentes que más protagonismo adquirieron:

1. Todos los grupos mediáticos: Clarín, La Nación, Perfil, Grupo Uno, Cadena 3, América,
Grupo Prisa, Telefónica, Editorial Atlántida, etc.
2. Las cámaras empresarias que aglutinan a nivel nacional a los dueños de los medios:
ADEPA, ATVC, ARPA, ATA, CEMCI (que nuclea a su vez a varias entidades: AAER,
ADIRA, AEDBA, ATA, ATVC y ARPA); y a nivel internacional, la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP).
3. Los periodistas y/o Estrellas de cada medio: Joaquín Morales Solá, Mariano Grondona,
Luis Majul, Jorge Rial, Fernando Bravo (dueño de una radio en la localidad bonaerense
de San Pedro), Susana Giménez, Mirta Legrand, y
4. Políticos de diversas corrientes partidarias que, en muchos casos se vieron
paradójicamente defendiendo posturas contrarias a propuestas que su mismo partido
había efectuado en distintos momentos de este período democrático: Silvana Giúdici,
Gerardo Morales, Ernesto Sanz (UCR); Elisa Carrió, Fernando Iglesias, María Eugenia
Estenssoro, Adrián Pérez (CC); Mauricio Macri, Gabriela Michetti, Federico Pinedo
(PRO), Francisco De Narváez, Gustavo Ferrari (Unión-Pro); Alberto y Adolfo
Rodríguez Sáa, Enrique Thomas, Carlos Reutemann, Juan Carlos Romero, Eduardo
Duhalde, Felipe Solá (Peronismo Federal), etc.

Tal vez acostumbrados a las anteriores experiencias en la Argentina, donde a poco de
anunciarse un intento de modificación de la ley de Radiodifusión estos grupos lograban abortar esas
iniciativas, probablemente se explique allí la errática estrategia que mostraron al comienzo del debate,
ya que optaron por ―ningunearlo‖ esperando –tal vez- su decaimiento y posterior pase al olvido.
Lejos de eso, el debate fue ganando en intensidad temática y conceptual, a la vez que se
extendía a lo largo y ancho del país, abarcando distintos niveles dentro de la población en general. Ya
era tarde. Del ―ninguneo‖, estos grupos económicos optaron por la desinformación, el sesgamiento de

Lic. Alejandro Ramírez (UNER–Argentina) - ―Actores, Sectores e Intereses en torno a la Ley 26.522‖ - 10 | P á g i n a

la información y, en la mayoría de los casos, directamente a la mentira, tal como observamos a
continuación con el caso del ―gran diario argentino‖:

Clarín
El Observatorio de Medios de la Argentina (APM) sostiene en un estudio realizado entre el 27
de agosto y el 11 de octubre de 200911, que el diario Clarín publicó 260 notas sobre la Ley de Medios y
que en su totalidad, ―el tema fue abordado de manera negativa‖, es decir con una ―carga negativa en su
posicionamiento editorial frente al proyecto de ley‖. Además, el estudio coteja ―los recursos utilizados
por Clarín durante el período analizado con el Manual de Estilo que supuestamente rige las prácticas
periodísticas del diario‖, y el observatorio concluye que ―la cobertura realizada por Clarín respecto de
la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha recorrido un camino inverso al propuesto por sus
propias reglas‖. Como ejemplo expone que el 28 de agosto (el día después del ingreso del anteproyecto
a Diputados), Clarín tituló: ―Presentan la ley para controlar los medios‖, y de allí en adelante pasó a
una denominación más expeditiva y contundente: ―Ley contra los medios‖ y finalmente, hasta el 20 de
septiembre aún más abreviadas: ―Ley mordaza‖, ―Ley de radioconfusión‖ y la más extendida ―Ley
de medios K‖. Estos modos de renombrar a una ley que tenía nombre propio, continúa el Observatorio,
prentende ―imponer la falsa concepción de que los ejes centrales de la misma se refieren a la
producción de contenidos y no a la distribución de frecuencias. Si uno lee ―Ley mordaza‖ o ―Ley
contra los medios‖ se entiende que se está atacando a los contenidos y no la regulación de un espacio
público. Las denominaciones de Clarín ocultan el objeto de la ley‖. Finalmente, el informe advierte que
―casi el 70% de las fuentes utilizadas respondieron a voces contrarias a la ley. Casi todas las fuentes
consultadas por Clarín pertenecen a la UCR (Cobos, Morales, Sanz), CC (Estenssoro, Carrió), PRO
(De Narváez, Solá, Michetti)‖, etc. La diputada Silvana Giúdici, que estuvo contra el proyecto, es
utilizada constantemente al igual que ADEPA, como ―fuentes‖ principales.

Incluso la directora del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble, se manifestó fuertemente en
contra de la iniciativa del gobierno para reformar la ley vigente y dijo que:
"(...) Sufrimos nuevos embates por defender nuestra integridad periodística. Ataques disfrazados con
argumentos falsos y contradictorios. Campañas de una virulencia inusitada, originadas en zonas
oscuras del poder. A las que incluso se prestan algunos que creen lucrar con eso. No es la primera vez,
ni será la última". 12

11
Ver informe completo en: http://www.ciespal.net/mediaciones/images/obser1.ley%20de%20medios.informes.%201.pdf
12
www.totalnews.com.ar


La defensa de la ―integridad‖ atacada en ―zonas oscuras del poder‖, hubiera podido ser ejercida
a la luz de las instituciones democráticas cuando el 1° de Octubre de 2009 el Grupo Clarín ingresa a
una nota peticionando la posibilidad de participar de las audiencias del Senado para ser escuchados. El
plenario responde que sí, y posteriormente, a mitad de la tarde del Debate se aprueba por los Senadores.
Al día siguiente, 2 de octubre, el grupo Clarín NO ASISTIÓ a la audiencia y el acta de ese día se cerró
con la participación de Gabriel Mariotto y del titular de la CNC, Lic. Ceferino Namuncurá.

La Mesa de Enlace de las Entidades Agropecuarias

El conflicto entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y lo que se denominó ―el
campo‖ (en realidad, el nucleamiento13 de hecho de las cuatro principales asociaciones nacionales de
empresarios agropecuarios de Argentina: la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria
Argentina (FAA), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y CONINAGRO), fue un punto de
quiebre entre quienes detentan buena parte del poder real y los medios de comunicación, en especial el
grupo Clarín, con quien el gobierno mantenía, hasta el momento una muy buena relación. Desde el
comienzo del conflicto, la posición del grupo multimediático fue más cercana a la de los sectores
patronales, y eso se vio reflejado en la cotidiana construcción de la imagen pública de la presidenta, en
un sentido muy similar al dedicado al tratamiento de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual.

13
Que nace el 12 de marzo de 2008 mediante una primera reunión de emergencia de las entidades que la constituyen con motivo de
enfrentarse al gobierno por el impulso de un proyecto de escalonamiento de las retenciones móviles a los cultivos de soja, trigo y girasol.


El debate entre la gente14

Un factor de peso sumamente importante a la hora de hacer un balance sobre las razones que
confluyeron en la sanción de la Ley, lo constituyen sin dudas los 23 Foros en todo el país. Por eso, y
seleccionando algunas de las voces que allí se escucharon defendiendo una postura, podemos encontrar
pequeños medios que si bien están a favor de la ley, aportan modificaciones, como es el caso de Héctor
Huarte (Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia) que entre muchas otras cosas dice:
―Apoyamos totalmente esta lucha contra cualquier monopolio de la radiodifusión, se llame
Clarín o no. En Neuquén se llama Schroeder, en otros lugares tienen otros nombres. Dicen que
son medios nacionales y nos usan a nosotros para ser nacionales. (…) Queremos que se
distribuya realmente toda la pauta publicitaria para poder tomar a los trabajadores que no
podemos tomar porque no tenemos plata, porque apenas alcanza para los mínimos gastos de
mantenimiento. (…) en 60 días esto no puede ser, son 150 y tantas hojas para leer, en 7 minutos
imposible, no puedo hablar de la nueva propuesta completamente, para que sepan qué pensamos
nosotros. Pero sí vamos a continuar (...) y acompañamos a la presidenta en cambiar la Ley de
Radiodifusión‖.15

En el Foro de la Provincia de la Rioja rescatamos la voz de Julio Delgado, del Diario El
Independiente, que da a conocer las modificaciones y las aclaraciones que le haría a la ley.
―Estamos conformando plenarios permanentes y vamos a elevar una propuesta por escrito al
COMFER con respecto a esto. Pero hoy, siendo local acá en La Rioja y con la presencia de
directivos del COMFER quisiéramos hacer dos observaciones. Una es con respecto al control
estricto de la producción local. Me parece que hay que poner mucho énfasis. El proyecto de ley
dice una producción local del 50%, me parece que hay que tener un porcentaje mayor, incluso,
en producción local. La Rioja se lo merece y todas las ciudades del interior del país. Nosotros
nos enteramos de hechos en La Rioja a través de canales internacionales o, tal vez, tenemos más
conocimiento de lo que pasa en Buenos Aires o Capital Federal con respecto a lo que pasa hoy
en la provincia de La Rioja‖.
―(…) Clarín es Clarín porque es un monstruo que ha tenido apoyo durante mucho tiempo,
apoyo millonario en publicidad y esto ha hecho que sea un negocio. Me parece que por ahí pasa
la cosa, si le puede llegar la publicidad oficial nacional a todos los medios del interior, podemos
equilibrar la cuestión…‖. 16
14
Nuevamente razones de espacio nos limitan. Se optó por estos testimonios por ser representativos de demandas históricas de pequeños
medios del interior que ahora se unieron públicamente a través de los foros. Pero también es necesario incluir como actores y sectores
muy importantes de la sociedad por ejemplo a: Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la Coalición por una Radiodifusión Democrática, las
Universidades Nacionales, ARUNA, REDCOM, CELS, Carta Abierta (intelectuales), Periodistas (Víctor Hugo Morales, Jorge Lanata,
Sandra Russo, Eduardo Aliverti, Alejandro Dolina, etc.), Pueblos Originarios, Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz 1980),
Osvaldo Bayer, más de 300 actores y actrices (Capusotto, Leonardo Favio, Adolfo Aristarain, Luis Puenzo, Andrea Del Boca, Natalia
Oreiro, Federico Luppi, Soledad Villamil, Lola Berthet, Patricio Contreras, Roberto Carnaghi, Daniel Burman, Ana María Picchio, Lita
Stantic, Roberto "Tito" Cossa, David Blaustein, Marcelo Piñeyro, Jean Pierre Noher, Julio Raffo, Lito Cruz, Juan Palomino, etc.) , el
INADI, sindicatos, Organizaciones no oficialistas que apoyaron la ley al grito de “Ni con K ni con Clarín, ¡queremos la ley YA!: Frente
Popular Darío Santillán; Buenos Aires para todos; Socialismo Libertario; Movimiento Territorial Liberación; Juventud Rebelde 20 de
diciembre (Corriente Julio Antonio Mella, Organización Estudiantil Lobo Suelto, La Trifulca- Frente Cultural Territorial); Corriente
Universitaria Rebelión; Corriente Plan B; La Mala Educación- Colectivo Político; Movimiento Universitario Sur; La Masa al Sur/ Casa
Popular; Agencia Latinoamericana de Noticias de Juventud Nota al Pie; Faro Televisora Comunitaria; Radio Sur; Un Solo Grito en la
Tendencia Estudiantil Revolucionaria; Juventud del Pueblo por la Liberación (Agrupación Fuentealba), etc.
15
Foro Participativo de Consulta Pública en La Pampa.
16
Foro La Rioja.


Mariano Rojas, Vicepresidente de la Confederación de Radios y Medios de la República
Argentina, decía:
―Últimamente es música en nuestros oídos escuchar hablar de igualdad de oportunidades, de
libertad de expresión, de pluralidad de voces, de más radios, más trabajo, más medios
argentinos y menos extranjeros, de blanqueo para todas las emisoras pymes que son las que
llevamos años luchando para que nos consideren legales (…). Solicitamos la normalización
urgente de todos los medios pymes y comunitarios en el término de este año, destrabando toda
la zona de conflicto de nuestra patria y haciendo entrega de licencias por quince años, más diez,
de esta manera estaríamos en igualdad de condiciones con los actuales licenciatarios (…)‖

La Iglesia Católica vs. Otros Cultos religiosos

Ni bien quedó expresamente incluida en el texto de la ley, la Iglesia Católica salió a apoyar el
proyecto y se convirtió así en un actor sumamente importante que el Gobierno restaba a la oposición,
para ganarlo en pos de la sanción de la ley. El propio arzobispo de Mercedes-Luján y presidente de la
Comisión Episcopal de Comunicación Social, monseñor Agustín Radrizzani, participó el jueves 10 de
setiembre (en pleno debate parlamentario de la nueva ley) de la audiencia pública sobre el proyecto de
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y consideró de máxima importancia que el debate se de
en un marco de racionalidad en el que se garantice una participación plural de los ciudadanos y se evite
cualquier manipulación de la información para beneficio de unos pocos. Mas aún, la postura quedo más
claramente manifestada en la siguiente intervención:
―La Ley, tal como fue presentada, parece un paso adelante para que los pobres, los sin voz, sean
17
contemplados‖ , afirmó el director de Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina,
presbítero Jorge Oesterheld.

Con esta frase, se puede resumir sin cavilaciones la posición de la Iglesia Católica con
referencia a la Ley de Servicios Audiovisuales.
Además de destacar que que la Iglesia Católica posee unas 80 frecuencias de radio a lo largo de todo el
país, también es claro que volvió a mantener un diálogo con el gobierno, que se manifestó en el
expreso apoyo a la Ley de Servicios Audiovisuales, dejando de lado la difusión de un importantísimo
documento que contenía la situación social del país.

17
www.radiomaria.org.ar.


Los que proviniendo de otros cultos pensaron y se expresaron en forma diferente fueron, por
ejemplo el Rabino Sergio Bergman y el Consejo Nacional Cristiano Evangélico. En el caso del Rabino,
y siempre propenso a los aforismos, dijo que:
"Los argentinos estamos acostumbrados a no movernos hasta que nos tocan el bolsillo. Salimos,
pero lo hacemos tarde y mal. Lo que proponemos esta vez es defender nuestros derechos
temprano y bien". 18
El rabino, denominó a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como una ―Ley
mordaza‖, y admitió que ―aquí se está proponiendo como quedarse con todos los medios y que
en poco tiempo todo lo que vas a poder ver es canal 7, en referencia al canal público‖. 19

Mientras que el Concejo Nacional Cristiano Evangélico presentó un comunicado de prensa en
el cual transcribió su postura con respecto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Afirmaron que ―El proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual profundiza la
discriminación religiosa.‖20
La comunión de Iglesias protestantes y evangélicas, expresó su preocupación por elementos que
figuran en la redacción propuesta de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que ingresó al
Senado, y que profundiza la discriminación religiosa en nuestro país, tornando a las comunidades de
otras religiones y a sus miembros ciudadanos de segunda categoría.
Acerca de la postura mantenida por la Iglesia Evangélica en torno a la Ley, se pueden destacar
algunas denuncias y modificaciones propuestas:
1. ―El artículo 21 del proyecto actualmente en debate, declara que las personas de derecho público
―no estatal‖ pueden ser licenciatarios o prestadoras de servicios audiovisuales. La única persona
de derecho público no estatal conforme al artículo 33 del Código Civil, es la Iglesia Católica
Romana, parte mayoritaria de la rica diversidad religiosa que conforma la realidad que profesa
el pueblo argentino.
2. El artículo 31, en su versión original, respetaba la diversidad pero en su actual formulación
dice: ―El otorgamiento de autorizaciones para personas de existencia ideal de derecho público
estatal, para Universidades Nacionales, Pueblos Originarios y para la Iglesia Católica se realiza
a demanda y de manera directa, de acuerdo con la disponibilidad de espectro, cuando fuera
pertinente‖. Esta redacción coloca en situación de vulnerabilidad de derechos a nuestras
comunidades y organizaciones, porque una sola institución religiosa reúne esas condiciones y
puede pedir simplemente asignación de frecuencias y canales radioeléctricos, cuando existiera
disponibilidad, mientras que las otras confesiones religiosas tendrán que concursar junto con
otras organizaciones de la sociedad civil para acceder a ese mismo derecho.
3. Es importante que quede muy claro ante la opinión pública y el conocimiento de las y los
legisladores que las restantes confesiones religiosas como las evangélicas, judías y musulmanas,
entre otras, solo podrán acceder a la radiodifusión, en cuanto entidades sin fines de lucro, no

18
www.lanacion.com.ar
19
www.lanacion.com.ar
20
http://fecepinforma.com.ar


como entidades religiosas porque el Estado Argentino, a través de esta propuesta de Ley, les
niega los mismos derechos que le reconoce a la Iglesia Católica.
4. Nos preocupa que se continúe y sostenga una conducta discriminatoria que desconoce la
esencial igualdad religiosa a la que aspira, no solamente nuestras comunidades, sino todo el
pueblo argentino‖.21

La oportunidad y contundencia de dos actores: Frank La Rue, Relator de la ONU en materia de
libertad de expresión y la Corte Suprema de Justicia Argentina

El abogado y periodista guatemalteco visitó la Argentina en julio de 2009 para interiorizarse
sobre el avance del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En su viaje, mantuvo
reuniones con organizaciones sociales, asociaciones de medios privados, expertos en
telecomunicaciones e integrantes de la Comisión de Libertad de Expresión y de Comunicaciones en la
Cámara de Diputados.
El decidido apoyo que le brindó al proyecto fue explicado por él mismo, como así también las
facetas de su trabajo como Relator de la ONU, y lo expresó de la siguiente manera:
―La Argentina está siendo un modelo muy especial en el mundo. A los relatores y las relatoras
nos toca evaluar normalmente lugares críticos en derechos humanos, indicar a los gobiernos y a
los Estados, hacer recomendaciones. Pero también parte de nuestra función, que normalmente
se olvida, es evaluar los ejemplos positivos, y generar una forma de compartir las mejores
prácticas‖, explicó La Rue22.

Al mismo tiempo valoró el hecho de que el proyecto de ley presentado ante el Congreso de la
Nación fuera consultado de forma previa en todo el territorio argentino:
―La Argentina está sentando un precedente muy importante. No sólo en el contenido de la ley,
porque el proyecto original que vi es lo más avanzado que hay en el mundo en ley de
telecomunicaciones, sino además en el procedimiento que se siguió, el proceso de consulta a
nivel popular. Me parece que esta es una ley realmente consultada con su pueblo‖23, dijo.

En relación con la Corte Suprema de Justicia, la ley 26.522 recibió un apoyo fundamental del
máximo tribunal de justicia de la Nación. El 15 de junio de 2010, la Corte Suprema de Justicia revocó
el fallo de la Cámara Federal de Mendoza que había suspendido la nueva Ley de Servicios
Audiovisuales como consecuencia de un reclamo realizado por el diputado Enrique Thomas.

21
http://fecepinforma.com.ar
22
http://www.argentina.ar/_es/pais/nueva-ley-de-medios/C2359-frank-la-rue-especial-ley-de-radiodifusion.php
23
Op. Cit.


Por siete votos y ninguna disidencia, la Corte consideró que la Justicia no puede suspender de
manera general una norma sancionada de acuerdo a los procedimientos establecidos por la Constitución
para la formación de las leyes. Entre los argumentos que explican la determinación de la corte, se
encuentra imposibilidad de un legislador para cuestionar el trámite de sanción de la ley que lo ha tenido
como perdedor en el Parlamento.
Entre otros argumentos muy contundentes, la Corte expresa que el fallo de la Cámara Federal
de Mendoza fue revocado porque una medida cautelar que pretende suspender la vigencia de la
totalidad de una ley con efectos generales sobre toda la población de un país ―es incompatible con el
control concreto de constitucionalidad de las leyes, la división de poderes y la razonabilidad‖.

A modo de conclusión

En una nota periodística publicada en setiembre de 2009, Gustavo Bulla denunciaba que uno de
24
los argumentos utilizados por la oposición era que ―El proyecto oficial persigue el único objetivo de
controlar a la prensa libre y a los medios independientes. Si fuera cierto, hay que decir que lo mejor que
puede hacer el Gobierno es dejar las cosas como están, seguir con un órgano de aplicación como el
COMFER, que resume todas las decisiones sobre el sistema de medios audiovisuales en la figura de su
interventor que sólo tiene vinculación y dependencia funcional con el P.E.N.‖. Lo que podría agregarse
aquí es que el ―dejar las cosas como están‖ también formaba parte de la conveniencia de los sectores
vinculados a los grupos mediáticos, ya que históricamente les resultó más efectivo condicionar y
presionar a una estructura concentrada (el COMFER, dependiente exclusivamente el P.E.N.) que
someterse a las reglas democráticas de un cuerpo colegiado que responde a diferentes estamentos
republicanos (la AFSCA, cuya integración remite a 2 representantes del P.E.N., 3 del Congreso: 1ª, 2 ª
y 3 ª minoría y 2 del Consejo Federal).

En el mismo sentido, la sorpresa manifestada por Margarita Graziano cuando calificó de
―insólito‖ que los medios televisivos utilizaran sus propias pantallas para oponerse a ―toda política
estatal que implicara un cambio en la estructura de propiedad del medio‖, constituye un valioso dato
histórico acerca del momento en que los medios comenzaron a elegir la arena mediática antes que las
republicanas para dirimir sus diferencias con las políticas que pretendían implementar gobiernos
elegidos democráticamente. Desde allí hasta nuestros días fueron perfeccionando las técnicas de
presión hasta lograr que presidentes, funcionarios, legisladores, etc. tuvieran que debatir ante una

24
BULLA, Gustavo. Nota del diario Miradas al Sur del 06/09/2009 titulada: ―Versos más repetidos sobre la ley‖, Págs. 4-5


cámara de TV, lo que no podían hacer en las Cámaras Legislativas; e incluso teniendo que adecuarse a
las reglas de juego de lo que más adelante se denominaría Videopolítica.

Mirando lo transcurrido durante estos 15 meses, es posible encontrar que ciertos actores y
sectores que históricamente habían imposibilitado el debate y que en innumerables ocasiones habían
logrado imponer sus reglas de juego, hoy se sientan aturdidos y confundidos. Por una vez, el destino no
fue el que siempre habían planificado. Por una vez las históricas demandas del campo de la
comunicación pudieron discutirse, hacerse visibles. Por una vez se pudo nombrar lo que venía
sucediendo desde el principio de los medios audiovisuales en nuestro país: un proceso de privatización
paulatino y constante, agravado luego por la incorporación de capitales extranjeros, ávidos de cooptar
las industrias culturales que Argentina les ofrecía prácticamente sin restricciones.

Es cierto que la lucha por la sanción de la ley se ganó, pero es aún muy largo el trecho que
queda por recorrer si se quieren ver los frutos de esa ley en su plena vigencia. Y con ello nos referimos
a la concreción de todos los caminos que habilita la ley para que la distintas manifestaciones de la
ciudadanía logren expresarse y ejercer el derecho a la comunicación. Por eso María Cristina Mata nos
advierte, en un trabajo presentado en Mendoza en los mismos días en que se estaba cerrando el debate
en el Senado, acerca de que así como nuestra sociedad pelea por otros derechos con mucha intensidad,
no parece hacerlo del mismo modo con el derecho a la comunicación, ya que pareciera quedar
reservado ―–desde la recuperación del régimen democrático tras la dictadura militar-, a algunos
entendidos en el tema, a ciertas agrupaciones profesionales del sector, o a medios alternativos –que
disputaron y todavía disputan desde los márgenes de la legalidad en que los coloca la ley de
radiodifusión de la dictadura-, el derecho a ser parte del sistema comunicativo nacional. Es decir,
reservados a especialistas o a quienes desde ciertas instancias laborales o de opción político-cultural,
reconocen la comunicación como terreno de acción‖25.

El desafío que tiene la sociedad argentina de aquí en adelante, es claramente, la lucha por
―asumir la ciudadanía como la irrupción en la esfera pública de lo excluido, negado o reprimido que
manifiesta el derecho a tener derechos por sobre el orden estatuido, implica asumir que aunque no es lo
único que la hace posible, la comunicación es consustancial a su existencia en un doble sentido. Por un

25
MATA, María Cristina. Ciudadanizar las políticas de comunicación: los nuevos desafíos. II Coloquio Argentina Brasil de ciencias de
la comunicación. Mendoza, octubre de 2009. CD de memorias ISSN 1514-2159, pág. 2


lado porque la comunicación resulta imprescindible para colectivizar las necesidades, las demandas y
las propuestas; por otro, porque ella es necesaria para hacerlas presentes en el espacio público‖26.

Es difícil que vuelva a repetirse el enorme y productivo proceso de participación ciudadana en
la discusión y redacción final de un proyecto de ley, pero la vivencia de aquellos días tiene grandes
dosis motivantes, como para pensar en la posibilidad de no dejar pasar el tren que nos lleve a una
estación ciudadana con mayor capacidad de decisión, mayor participación en la cosa pública y, en
definitiva, a la construcción de una sociedad donde sea posible ―el contar y contarse un relato común.
Un relato donde la diversidad se convierta en efectiva pluralidad. Un relato en el cual la inequidad no
sea negada y su visibilización represente la posibilidad de hacerla cuestión de todos y que a todos
compete revertir si se aspira a la construcción de un orden justo y solidario‖27.

26
MATA, María Cristina. Op. Cit. Pág. 7
27
Op Cit, Pág. 8


BIBLIOGRAFÍA
 BARANCHUK, Mariana. Una historia sobre la promulgación de la ley 26.522 de Servicios de
Comunicación Audiovisual (o el largo camino hacia la democratización de las comunicaciones).
Publicado en: LEY 26522 DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. Historia,
antecedentes europeos y principales artículos. Editado por la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual; Febrero 2010

 BLANCO, Daniela y GERMANO, Carlos. 20 años de Medios & Democracia en la Argentina. La Crujía
ediciones, Buenos Aires, 2005.

 GRAZIANO, Margarita. Los dueños de la TV argentina, En: Revista Comunicación y Cultura Nº 3,
1974

 MARINO, Santiago. Estado, Políticas Públicas y Políticas Públicas de Comunicación, trabajo final del
programa de Doctorado ―Estado y políticas públicas‖, Facultad de Ciencias Sociales (UBA). En:
http://www.catedras.fsoc.uba.ar/mastrini/investigaciones/politicas_publicas_marino.pdf

 MASTRINI, Guillermo. Mucho ruido, pocas leyes. La crujía ediciones. Buenos Aires, Marzo de 2005.

 MASTRINI, Guillermo y BECERRA, Martín. Periodistas y Magnates. Estructura y concentración de
las industrias culturales en América Latina. Edit. Prometeo. Buenos Aires, Julio de 2006.

 MATA, María Cristina. Comunicación, Ciudadanía y Poder. Pistas para pensar su articulación. Revista
DiaLogos Nº 64 (Noviembre de 2002).

 MATA, María Cristina. Ciudadanizar las políticas de comunicación: los nuevos desafíos. II Coloquio
Argentina Brasil de ciencias de la comunicación. Mendoza, octubre de 2009. CD de memorias ISSN
1514-2159.

 MONJE, Daniela. Marcar la cancha. Políticas públicas del audiovisual en la Argentina reciente. II
Coloquio Argentina Brasil de ciencias de la comunicación. Mendoza, octubre de 2009. CD de memorias
ISSN 1514-2159. (2003-2009).

 TORRES MOLINA, JAVIER. El estado y las normas de radiodifusión: militares y civiles en función de
los intereses del mercado. Revista Question N° 17, Universidad Nacional de La Plata, Marzo de 2008.

 Revista ENTREVISTAS – PCLA – Volume 1 – N° 1: outubro/novembro/dezembro 1999. Entrevista de
Luiz Alberto Malta de Barros a Luis Ramiro Beltrán, del 28/08/1999. En:
http://www2.metodista.br//unesco/PCLA/revista1/entrevista1.htm

 Observatorio de Medios de Argentina, Agencia Periodística del Mercosur (APM). Observación y
análisis de las coberturas de los diarios Clarín, Página/12 y La Nación sobre el debate político y
parlamentario en torno al proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, durante el
período que va del 27 de agosto al 11 de octubre de 2009. Director del Proyecto: Víctor Ego Ducrot,
Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, segundo
cuatrimestre de 2009. En:
http://www.ciespal.net/mediaciones/images/obser1.ley%20de%20medios.informes.%201.pdf

 Art. Diario La Nación del Sábado 3 de Mayo de 2008: ―La futura ley de radiodifusión‖. En:
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1009238

Ramírez, Alejandro. Sectores, Actores e intereses en torno a la LSCA en la Argentina (2009-2010)

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (9)

Destacado

Destacado (19)

Similar a Ramírez, Alejandro. Sectores, Actores e intereses en torno a la LSCA en la Argentina (2009-2010)

Similar a Ramírez, Alejandro. Sectores, Actores e intereses en torno a la LSCA en la Argentina (2009-2010) (20)

Más de politicasdecomunicacion

Más de politicasdecomunicacion (6)

Ramírez, Alejandro. Sectores, Actores e intereses en torno a la LSCA en la Argentina (2009-2010)