La miscelánea en materia penal aprobada por el Congreso de la Unión actualiza el marco legal para dar cumplimiento a las reformas constitucionales de 2008 en materia de justicia penal. La reforma modifica leyes como el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, y la Ley contra la Delincuencia Organizada para tipificar nuevos delitos, regular mejor la investigación de delitos y la protección de víctimas, y establecer mayores facultades para las autoridades encargadas de combatir la delincuencia organizada.

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ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA MISCELÁNEA EN MATERIA PENAL
APROBADA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN.
I. ANTECEDENTE DE LA REFORMA.
Se dictaminó una iniciativa de reforma a diversas disposiciones legales
presentada el 18 de septiembre de 2008, por el Ejecutivo Federal ante el
Senado de la República.
II. OBJETIVO DE LA REFORMA.
Materializar a nivel legal, las reformas constitucionales al sistema de justicia
penal y seguridad pública del 18 de junio de 2008, a fin de actualizar y adecuar
el entramado jurídico existente en materia penal federal, otorgando mayores
herramientas a las autoridades encargadas de combatir e investigar
determinados delitos, sobre la base de reglas claras y precisas que a su vez
eviten excesos o abusos en su actuación.
III. ORDENAMIENTOS MATERIA DE LA REFORMA.
1. Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de
Sentenciados.
2. Código Penal Federal
3. Código Federal de Procedimientos Penales
4. Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
5. Ley de la Policía Federal Preventiva
6. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
7. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
8. Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
IV. ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA REFORMA.
1. LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MÍNIMAS SOBRE READAPTACIÓN
SOCIAL DE LOS SENTENCIADOS.
• Se proponen implementar medidas como la reclusión en centros especiales,
entiéndase centros federales de máxima seguridad, así como en determinados
casos, la implementación de medidas de vigilancia especial. Además se
propone que tales medidas operen tanto para los indiciados o sentenciados por
delitos de delincuencia organizada como para otros internos que requieran
medidas especiales de seguridad.
• Se regula a nivel legal la posibilidad de que sentenciados por delitos federales
o locales, puedan compurgar sus penas en establecimientos penitenciarios de
fuero diverso, previa celebración de convenios de las autoridades competentes.
• Se excepciona en casos de delincuencia organizada o en el caso de internos
que requieran medidas especiales de seguridad, la posibilidad de que los

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internos puedan compurgar sus penas en los centros penitenciarios más
cercanos a su domicilio.
2. CÓDIGO PENAL FEDERAL
Se establecen nuevas conductas típicas encargadas de sancionar adecuadamente:
• El abuso de autoridad. A través de la tipificación de una nueva conducta que
sancione el retraso injustificado de auxilio por parte de los encargados de la
fuerza pública, o en su caso de los peritos, ante un requerimiento legal por
parte de la autoridad competente.
Asimismo, a través de la tipificación de la omisión del registro de la detención
de una persona o por la dilación injustificada para poner al detenido a
disposición de la autoridad correspondiente.
• Los delitos contra administración de justicia. A través de la tipificación de
las siguientes conductas:
La retención del detenido omitiendo la observancia de los requisitos
constitucionales y legales correspondientes.
La alteración, destrucción, pérdida o perturbación ilícita del lugar de los hechos,
los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso o de los instrumentos,
objetos o productos del delito.
El desvío o la obstaculización de las investigaciones, así como la realización de
cualquier otra conducta que conlleve al favorecimiento de las condiciones para
que los inculpados puedan sustraerse a la acción de la justicia.
• Falsedad de declaración dentro de la causa penal: A través de la creación
de un nuevo tipio penal encargado de sancionar a quien examinado por
autoridad judicial como testigo o perito, faltare a la verdad sobre los hechos
que se tratan de averiguar, o aspectos, cantidades, calidades u otras
circunstancias que sean relevantes en la investigación.
Adicionalmente se plantea agravar el delito de amenazas cuando estas se profieran a
una víctima u ofendido del delito en un procedimiento penal.
3. CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.
Se reforman y adicionan diversas disposiciones legales a efecto de:
• Regular la actuación de la policía en la investigación de los delitos:
Se establece que la actuación de la policía en la investigación de los delitos se
realizará bajo la conducción y mando de la autoridad Ministerial.

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Se establece la posibilidad de la policía de recibir denuncias sobre hechos que
pudieran constituir delitos, sólo cuando no pudieren ser formuladas ante el
Ministerio Público.
Se regulan los casos en que la policía puede practicar detenciones así como la
obligatoriedad de inscribirlas ante el registro de detenciones.
Se establecen las obligaciones de los policías en la preservación del lugar de
hecho delictuoso, entre otros.
• Resguardo de la información.
Se establece que la averiguación previa, así como todos aquellos documentos
independientemente de su contenido o naturaleza y los objetos, registros de
voz e imágenes o cosas relacionadas se consideran reservadas.
• Cateos.
Se regula lo relativo a la solicitud de órdenes de cateos, revistiendo de
facultades a la autoridad ministerial para que se designe a los servidores
públicos que participaran en el desarrollo de la medida, con el fin de auxiliarle
en la práctica de dicha medida.
Asimismo se establece un plazo expedito no mayor a 24 horas para que la
autoridad judicial deba resolver sobre la procedencia de dicha medida.
• Efectos de denuncia.
Se establece que el comunicado o el parte informativo que rinda el policía en el
que se haga del conocimiento de la autoridad investigadora, hechos que
pudieren constituir delitos, tendrá efectos de denuncia.
• Cadena de custodia.
Se regula todo lo relativo a la preservación de los indicios, huellas o vestigios
del hecho delictuoso, así como la cadena de custodia correspondiente,
estableciendo a los servidores públicos responsables de su cadena de
custodia, así como la obligación de llevar un registro detallado de los datos de
la misma.
• Registro Nacional de Detención.
Se regula la creación del Registro Nacional de Detención, y la obligación de las
autoridades responsables de nutrir dicho registro, logrando con ello que quede
constancia fehaciente de la forma y momento de su realización, lo que por una
parte otorgará certeza al sujeto detenido, así como permitirá sancionar los
actos arbitrarios o excesivos cometidos por la autoridad en el ejercicio de sus
funciones.
• Flagrancia.

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Se delimita la figura de la flagrancia en atención de los extremos
constitucionales planteados por la reforma del 18 de junio, eliminándose la
llamada flagrancia equiparada.
• Arraigo y prohibición de abandonar una demarcación geográfica.
Se adecuan los extremos legales para la procedencia y duración de la
implementación de la figura del arraigo y, en su caso, la prohibición de
abandono a una demarcación geográfica.
• Comunicaciones privadas entre particulares.
Se regula de manera clara y precisa lo relativo a la posibilidad de que un
particular pueda ofrecer como medio de prueba, conversaciones en que
hubiere participado, a fin de evitar excesos o resquicios que propicien el abuso
de esta figura procesal.
• Derechos de la víctimas u ofendidos del delito.
Se avanza en la regulación de los derechos de las víctimas u ofendidos, a fin
de hacerlos acordes con la reforma constitucional, pudiendo ser oponibles ante
cualquier acto que los vulnere.
• Protección a testigos, víctimas u ofendidos del delito.
Durante el proceso penal la autoridad judicial podrá ordenar, de oficio o a
petición del Ministerio Público que se otorgue protección policial a testigos,
víctimas u ofendidos del delito cuando se ponga en peligro su vida o su
integridad corporal, por su intervención en el proceso penal y que su
declaración pueda ser determinante para el desarrollo del proceso penal.
Entre otras disposiciones procesales a fin de dar congruencia con las reformas
constitucionales realizada el pasado mes de junio.
4. LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
Se reforman y adicionan diversas disposiciones legales a efecto de:
• Tipo Penal de Delincuencia Organizada.
Actualizar el tipo penal de delincuencia organizada acorde con la reforma
constitucional efectuada en la materia, eliminando primordialmente de la
descripción típica el acuerdo para organizarse.
• Infiltración de agentes y policías investigadores.
Establecer procedimientos para que en determinados casos proceda la
infiltración de agentes y policías investigadores, en la delincuencia organizada,
estableciendo las medidas de seguridad y los servidores públicos facultados
para preservar la confidencialidad de datos de identidad del agente.

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• Arraigo.
Se actualizan los extremos constitucionales para la procedencia de la medida
de arraigo en materia de delincuencia organizada, se precisan sus
características, así como el tiempo máximo de su duración.
En efecto, se establece de manera expresa los supuestos en que podrá
obsequiarse por parte del órgano jurisdiccional la orden de arraigo, para lo cual
se establece que sólo estará justificada para que tenga éxito la investigación,
para que se proteja a las personas o bienes jurídicos o bien o cuando exista
riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia.
• Centros de reclusión especializada.
Se plantea la obligación de establecer centros de reclusión especializada para
integrantes de la delincuencia organizada, así como de restricción de
comunicaciones, con terceras personas, a excepción de su defensor, y en su
caso el establecimiento de mecanismos de vigilancia especial.
Entre otras propuestas.
5. LEY DE LA POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA
• Separación del cargo de los miembros de la PFP.
Se regula a nivel legal la previsión constitucional establecida por el artículo 123
apartado B fracción XIII, que establece que los miembros de las instituciones
policiales podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos
que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en
dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el
desempeño de sus funciones.
Asimismo se establece que en caso de separación o remoción injustificada del
integrante de la institución policial, el Estado sólo estará obligado a pagar la
indemnización que señale la ley, sin que en ningún caso proceda la
reinstalación o restitución.
• Cuantificación de la indemnización.
Se establece para efectos de lo establecido por el artículo 123 apartado B
fracción XIII constitucional, los criterios de cuantificación de la indemnización
de los integrantes de las instituciones policiales. Esta podrá consistir en lo
siguiente:
1. Veinte días de salario por cada uno de los años de servicios
prestados, si la relación de servicio fuere por tiempo indeterminado.
2. Además, en el importe de tres meses de salario base.

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6. LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
• Nuevas facultades de la PGR.
Se establece la facultad de celebrar acuerdos o convenios con las instituciones
públicas o privadas para garantizar a los inculpados, ofendidos, víctimas,
denunciantes y testigos pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, la
disponibilidad de intérpretes y traductores, así como prestar apoyo y protección
suficiente a las víctimas, ofendidos, testigos peritos, jueces, magistrados, agentes
del Ministerio Público y de policía, cuando por intervención en un procedimiento
penal así lo requiera.
• Separación del cargo de los agentes del Ministerio Público y Peritos.
Se regula a nivel legal la previsión constitucional establecida por el artículo 123
apartado B fracción XIII, que establece que los Ministerios Públicos y peritos
podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes
vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones,
o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones.
Asimismo se establece que en caso de separación o remoción injustificada del
Ministerio Público o perito, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización
que señale la ley, sin que en ningún caso proceda la reinstalación o restitución.
7. LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS
• Improcedencia juicios ante el TFJFA por el supuesto del artículo 123
apartado B fracción XIII.
Se establece la improcedencia de impugnación ante el Tribunal de Justicia Fiscal y
Administrativa, en los casos de separación de los Ministerios Públicos, peritos
oficiales y miembros de las instituciones policiales de la Federación; en los
términos previstos en el apartado B fracción XIII del artículo 123 constitucional.
8. LEY FEDERAL DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
• Efectos en el procedimiento contencioso administrativo de la separación
del cargo de los agentes del Ministerio Público, peritos e integrantes de
las instituciones policiales.
Se replica en este cuerpo normativo, para efecto de los efectos procesales dentro
de la causa contenciosa administrativa, lo previsto por el artículo 123 apartado B
fracción XIII constitucional, respecto de los agentes del Ministerio Público, los
peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, que
hubiesen promovido el juicio o medio de defensa en el que la autoridad
jurisdiccional resuelva que la separación, remoción, baja, cese, destitución o
cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada; en cuyo caso la
autoridad demandada sólo estará obligada a pagar la indemnización y demás
prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda la
reincorporación al servicio.

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V. ETAPA DEL PROCESO LEGISLATIVO EN QUE SE ENCUENTRA.
Turnado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.