Revista construyendo humanidad edición (1)

CONSTRUYENDO
HUMANIDAD
Apoyan
Programa Gestión de Proyectos
Dirección de Bienestar
FacultaddeDerechoCienciasPolíticasySociales
Sede Bogotá
ISSN 2590-8863

Rector
Ignacio Mantilla Prada
Vicerrector
Jaime Franky Rodríguez
Director Bienestar Sede Bogotá
Oscar Oliveros
Coordinadora Programa Gestión de Proyectos
Elizabeth Moreno
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
Genaro Alfonso Sánchez Moncaleano
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
Eulises Torres
Director Departamento De Ciencia Poolìtica
Carlos Medina Gallego
COMITÉ EDITORIAL
Dirección
Prof. Pablo Ignacio Reyes
Edición
Diana V.Amado Vega / Jorge M. Esguerra Neuta
Equipo de Colaboradores
Andrés Cubides / Juan Felipe Jaramillo
Juan Felipe Reyes E. / Juan Diego Castilla
Isabella Betancourt / Natalia Gordo Castro
Paula Urrea
Corrección de Estilo
Diana C. Luque V.
Fotografía portada
Nicole Angie Calderon Castaneda (PGP)
Diseño y Diagramación
Nicole Angie Calderon Castaneda (PGP)
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Humanos Iván David Ortiz
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Los textos presentados en la siguiente publicación
expresan la opinión de sus respectivos autores y la
Universidad Nacional no se compromete directa-
mente con la opinión que estos pueden suscitar.
Revista Construyendo Humanidad
Volumen-Numero 1 - 2017 / ISSN 2590-8863
Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Derecho Ciencias Políticas y Sociales
Sede Bogotá

3
Construyendo humanidad
C O N
T E
N I
D O
EDITORIAL: UN MOTIVO
PARA DEFENDER LOS
DERECHOS HUMANOS
Juan Felipe Jaramillo Cordovez
EL PAPEL DEL DEFENSOR DE
DERECHOS HUMANOS EN EL
POST-ACUERDO
Andrés F. Cubides
David A. Guerrero
LA MEMORIA
COMO FORMA DE
RESISTENCIA
D. Valentina Amado V.
BREVE COMPARACIÓN
ENTRE EL ANTIGUO Y NUEVO
CÓDIGO DE POLICÍA Y LA
VULNERABILIDAD DE LOS
DERECHOS HUMANOS
Juan F. Reyes E.
USOS Y ABUSOS DE LA
FUERZA PÚBLICA ¡ESMAD
FUERA DE CONTROL!
J. Mauricio Esguerra N.
SOBRE EL OBSERVATORIO
DE DERECHOS HUMANOS
IVÁN DAVID ORTIZ
J. Mauricio Esguerra N.
4
10
18
24
32
42

4
Cualquier persona que se ha tenido que poner en la difícil
tarea de ser un defensor de Derechos Humanos diría que los
derechos no se piden, se exigen. Hay constantes luchas por la
reivindicación de nuestros derechos, y muchas de ellas se entre-
cruzan –por obvias razones– con ambientes muy hostiles, donde
abundan los males de la pobreza, la inequidad, y la violencia pa-
ra-estatal, estatal e insurgente. La guerra corrompe y desangra,
entorpece la vista de miradas lúcidas y las ciega, hace posible los
excesos, crece en el fango y se propaga lentamente, cubriendo a
toda la sociedad.
UN MOTIVO PARA
DEFENDER LOS
DERECHOS HUMANOS
ED I TO R I A L
Juan Felipe
Jaramillo Cordovez
Estudiante de Derecho

5
Tan difícil situación supondría grandes ries-
gos para las personas que se encuentran en
ella, y más difícil aún sería proteger nuestros
derechos estando ahí. Pedir supone comodi-
dad, pues debe haber indicio de que lo que se
pide llegará o, por lo menos, la confianza de
que pase. Exigir, sin embargo, supone una lu-
cha, puesto que algo se exige necesariamente
después de que el pedirlo haya fracasado; de lo
contrario, no se emprendería en tan ardua –y
tal vez peligrosa– tarea. Ser un defensor es ser
un luchador, cuyas armas apuntan a todos los
males mientras cubre o intenta cubrir a la hu-
manidad, y sí, a toda. Velar por las condiciones
mínimas de dignidad de sus congéneres y del
ambiente en el que se encuentran es el deber
de un defensor; llegar a proteger dichas con-
diciones totalmente saciaría su sed de justicia
social; ¡difícil camino el que nos espera!
El año pasado se firmó y se refrendó un acuer-
do que pudo ponerle fin al conflicto armado más
largo de América Latina, ese que tanto daño le
hizo a todo el pueblo colombiano. Dada la coyun-
tura, es necesario que los defensores nos pon-
gamos en la tarea de la defensa de los derechos
y analicemos firmemente el post-acuerdo. Eso
sería lo menos que habríamos de hacer para que
la guerra no vuelva nunca más.
Los resultados del plebiscito del 2 de octu-
bre de 2016 nos presentaron a los partidarios
de la paz el hecho de que gran parte de la po-
blación se vio afectada con campañas mediáti-
“Algo se exige
necesariamente
después de que
el pedirlo haya
fracasado”

6
cas de manipulación y mentiras. Las cuales entor-
pecieron, al menos durante ese leve momento, el
camino de la tan anhelada paz. Por ello, se tienen
dos caminos de lucha simultáneos para llegar,
ahora sí, a una paz estable y duradera: primero,
vigilar la implementación de los acuerdos y ela-
borar un trabajo conjunto con quienes aún no se
convencen de la inutilidad de la guerra.
Salir de un conflicto de tan larga duración
conlleva una responsabilidad de conocer, a la
luz de la verdad, lo que pasó. Esclarecer eficaz-
mente los sucesos que oscurecieron, con una
mancha de sangre, la historia del país colombia-
no. Eso lleva necesariamente a que se consulte
tanto de fuentes hegemónicas como alternati-
vas lo que sucedió, confrontándolas para hacer
un análisis que nos deje con una aproximación
real a la verdad de los hechos. Es por eso que,
la memoria –contra hegemónica, a diferencia
de la historia– juega un papel fundamental,
que sirve para transformar el pensamiento de
aquellos que se opusieron a la paz. Hay que ha-
cerle saber a la sociedad entera que un conflic-
to tiene –por definición– dos contrincantes, y
que cada uno de estos tiene una versión de los
sucesos que se debe ponderar.
Un país en paz necesita tener respeto por las
opiniones de aquellos que piensan diferente. Es
por eso que la criminalización de la protesta no
puede ser permitida. Un país denominado de-
“Es por eso que
la memoria
– contra
hegemónica, a
diferencia de
la historia –
juega un papel
fundamental,
y, en conexión
a lo anterior,
sirve para
transformar
el pensamiento
de aquellos que
se opusieron
a la paz.”

7
mocrático no puede ponerse en la contradictoria
tarea de callar a aquellos que quieren influir en las
decisiones que dirigen al mismo. Varios indicios
nos dicen que la política pública se puede estar
desviando de su ideal democrático; esto se puede
analizar mediante una lectura crítica del Nuevo Có-
digo de Policía y Convivencia así como al actuar del
Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD). Sumado
a lo anterior, la existencia de presos condenados
injustamente –cuya motivación para apresar fue
la de callar ideas “peligrosas”– tampoco puede ser
permitida en un país democrático. Callar, apresar
o violentar a las personas quienes piensan en una
sociedad mejor no puede ser el objetivo de un Es-
tado que, a su vez, enarbola la idea de alcanzar la
paz estable y duradera.
La lucha por los derechos es la lucha por la
igualdad social. En ese sentido, la universidad pú-
blica colombiana tiene la indispensable tarea de
materializar el contenido de los acuerdos alcan-
zados entre el gobierno nacional y la insurgencia,
además de apropiarse de la idea de una transfor-
mación pedagógica en el pensamiento de cada
uno de los colombianos. Desde las distintas áreas
del conocimiento han surgido, históricamente,
motivaciones que inspiran ideas de transforma-
ción social, por lo mismo lo que encontrarán a
continuación es también nuestro llamado a la re-
flexión para que edifiquemos ese nuevo país en
paz y con justicia social.
“Callar, apresar
o violentar a
las personas
que piensan en
una sociedad
mejor no puede
ser el objetivo
de un Estado
que, a su vez,
enarbola
la idea de
alcanzar la
paz estable y
duradera.”

Fotografía: Diana Valentina Amado Vega

10
E L PA P E L D E L
D E F E N S O R
D E D E R E C H O S
H U M A N O S E N E L
P O S T - A C U E R D O
AndrésF.Cubides
EstudiantedeCienciaPolítica
DavidA.Guerrero
EstudiantedeDerecho
"Ya se dio el paso
de los fusiles a
la mesa, nuestro
deber ahora es
pasar de la mesa a
la sociedad"
(Celeita, 2016)

11
Ya es un hecho que hemos dado el primer paso
hacia una paz estable y duradera, aunque esta
aún no sea una realidad manifiesta; por ello, todos
los sectores de la opinión pública en nuestro país
tienen los pelos de punta por lo que significa un nue-
vo momento para el que quizás no estamos prepara-
dos. Lo anterior ha generado una serie tareas impor-
tantes como revisar, a grandes rasgos, las diversas
posiciones en torno a la implementación de los acu-
erdos y tratar de consensuar, al menos, las visiones
discrepantes, desde la más optimista, pasando por
la más indiferente, la más abnegada e incluso la que
quiere quedarse atada a la violencia.
Han transcurrido cerca de 60 días de intenso
trabajo logístico desde la firma del Acuerdo1
para
la Terminación Definitiva del Conflicto, celebrado
1 Para ver el artículo, se puede consultar http://bit.
ly/2q3nSYc
“El papel del defensor debe ser el
de velar por una implementación
eficaz de lo acordado, por medio de
su participación activa en proyectos
que resalten su compromiso con la
dignificación, y que resulten afines
al seguimiento y a la veeduría ciu-
dadana, como los voluntariados por
la paz, quienes se están gestionando
desde el movimiento estudiantil”

12
en el teatro Colón de Bogotá hacia finales del mes de noviembre
del año anterior, y la puesta en marcha del gobierno nacional y de
las filas guerrilleras para su concentración en las zonas veredales
transitorias y de normalización (ZVTN) ha sido un avance signifi-
cante hacia un nuevo modelo de país.
Mientras esto ocurre, debemos atender a la responsabilidad
de desplegarnos en las distintas regiones del territorio nacional
para cumplir un papel de verificación; esto debido a una carencia
de profesionales en los lugares donde aún impacta el conflicto o
donde sus consecuencias todavía siguen presentes ante las comu-
nidades que tuvieron que vivirlo. Como jóvenes, es nuestro deber
reconstruir el tejido social de aquellas zonas donde realmente no
ha llegado el Estado; por ende, las universidades del país deben
procurar la construcción de programas académicos en torno a las
verdaderas necesidades de la sociedad y la consecución de la paz
es una de ellas; ello implica llevarlas a dichos territorios o, por qué
no, crear nuevos centros de educación superior que se adecuen al
modelo de vida de aquellos lugares.
Pese a la difícil situación en materia de seguridad que hemos
tenido que atravesar los que escogimos el camino de la defensa
de los derechos de cientos de comunidades excluidas y con gran-
des necesidades en materia de salud, educación y garantías para la
vida, debemos proporcionar, además de elementos teóricos y téc-
nicos referente a los derechos humanos, unas bases de formación
sólida y, sobre todo, una formación humanista, que entienda la
relación que tienen esas comunidades con su territorio y lo impor-
tante que es para ellos la recuperación de su memoria colectiva y
la re-significación de la misma.
Es preciso advertir una abierta y sobresaliente tendencia op-
timista sobre el desarrollo de la implementación de los acuerdos,
por tratarse no solo de una vía factible para el des-escalamiento
del conflicto armado en Colombia, sino por ser una herramienta
profundamente simbólica para recapitular acerca de la problemá-
tica situación de los Derechos Humanos en la región durante la

13
etapa más crítica de la guerra. Aún hoy, las diversas contribuciones
a la observación, protección y visibilización de las violaciones a los
Derechos Humanos, realizadas por los defensores, son puestas en
un segundo plano, debido a múltiples formas de persecución, es-
tigmatización y desconocimiento de su labor; factores que diver-
sos actores e incluso la misma sociedad ha decidido realizar. Sin
duda, este tipo de rechazo infundado hacia la labor del defensor
de Derechos Humanos, ha logrado que, desde el argot popular, se
tome un concepto distante sobre la tarea del individuo o colectivi-
dad que ejerce esta labor.
Debe existir un interés por reivindicar los derechos particu-
lares o colectivos que han sido negados, partiendo desde el de-
recho por la protección de la vida, hasta el de denunciar los dife-
rentes hechos ocurridos, sobre todo desde el ámbito material y,
como consecuencia, evitar que se continúe degradando el papel
funcional que debería cumplir en el marco de este nuevo proce-
so de transición que atraviesa el país. Es decir, debe trabajarse en
un proceso de pedagogía que fomente la participación política de
todos los colombianos, en especial, de quienes más se han visto
afectados; por ello, esto debe entenderse como el verdadero em-
poderamiento de las comunidades por la defensa de sus derechos
y en la relación con el territorio.
Entonces, la apuesta por “una paz estable y duradera” significa
un valioso intento reivindicatorio para dignificar a buena parte de
la sociedad civil, la cual a lo largo del conflicto ha sufrido el papel
de víctima, de asegurarse en plenitud, garantizaría además la no
repetición de los hechos ocurridos bajo ninguna circunstancia al
visibilizar puntos esenciales del conflicto como sus causas estruc-
turales y consecuencias nefastas así como la funcionalidad del de-
fensor de derechos humanos aún en contexto de conflicto.
Por lo anterior, sería adecuado que el papel del defensor fuese
el de velar por una eficaz implementación de lo acordado por me-
dio de su participación activa en proyectos que resalten su com-
promiso con la dignificación y que resulten afines al seguimiento

14
y a la veeduría ciudadana como los voluntariados por la paz, una
apuesta del movimiento estudiantil, que se están gestionando,
concretamente desde la Organización Continental Latinoamerica-
na y Caribeña de Estudiantes (OCLAE) y que tienen alto impacto
regional. Lo anterior, sin duda, enlaza directamente al movimiento
estudiantil con la defensa de los Derechos Humanos, más concre-
tamente por el papel que cumplen los espacios académicos en la
configuración de propuestas que pueden complementar la imple-
mentación de los acuerdos.
Desde el entorno académico, con el apoyo de los defensores
de los Derechos humanos y la sociedad civil, se generarían las pro-
puestas necesarias para ocupar un verdadero rol de veedores y
constructores de la implementación que se está llevando a cabo;
especialmente, con el fin de hacer visible la situación de los Dere-
chos Humanos y de la lucha por la dignificación, históricamente
silenciadas, por medio de una pedagogía de paz crítica
Hacer un análisis de las distintas posiciones de los actores so-
ciales involucrados en el post-acuerdo (opuestos o coincidentes),
entender sus agendas y motivaciones, al tiempo que se analizan
cómoestas pueden,enmayoromenormedida,ponerlosenriesgo
de violaciones de los Derechos Humanos durante y después de la
implementación de los acuerdos es necesariamente un compro-
miso con la construcción de un país con justicia social y, de esta
forma, evitar que se repitan errores del pasado.

15
B i b l i o g r a f í a
Celeita, R. (2016, mayo). Una mirada al Proceso de Paz desde los Derechos
Humanos. Facultad de Derecho y Ciencia Política, Universidad Nacional
de Colombia, Bogotá, Colombia

18
L A M E M O R I A
C O M O F O R M A
D E R E S I S T E N C I A
D.ValentinaAmadoV.
EstudiantedeDerecho
“Los pueblos se han
construido a partir
de la memoria que
desarrollan, de su
historia, los pueblos
son resistencia por la
correcta aprehensión
que han podido hacer
de ellos mismos y
esta ha de ser una
enseñanza que
también nos quede
a nosotros”

19
“Nuestro deber como sujetos
políticos es reconocer nuestro
pasado, no solo en la universidad
sino en todo el territorio nacional
para así poder retransmitirlo a las
nuevas generaciones que esperan
un país en paz, para no perder
nunca nuestro legado, para hacerle
siempre resistencia al olvido.”
La memoria tiene distintos significados y puede
entenderse desde una construcción de imá-
genes, palabras, música y recuerdos, la cual se edi-
fica en el diario vivir del sujeto, como si cada expe-
riencia fuese un ladrillo con la que, poco a poco, se
forma una pared de recuerdos y enseñanzas. Esta
construcción de memoria, más que un ejercicio men-
tal involuntario, es, en sí misma, el ejercicio de una
colectividad que, a partir de su conocimiento, trans-
mite aquellos hechos y vivencias del pasado, como
recuerdos, los cuales no deben ser olvidados, a fin
de que se arraiguen en el tejido de toda la sociedad:
La memoria son construcciones
eminentemente sociales llenas de
significados que no se pueden juzgar ni
mirar como una paradoja ni como una
reflexión mental interior, en este sentido,
se concibe el estudio de la memoria como
un proceso de construcción social donde

20
la memoria no se encuentra en la persona si
no en la superficie relacional situada entre
las personas (Vásquez, 2001, p. 115)
Lo anterior demuestra que la reconstrucción de ese pasado
social es imperativa para la formación y continuidad de los pue-
blos;convirtiéndolosenunaresistenciapor,porunlado,aprehen-
der correctamente su pasado y de ellos mismos, y, por otro lado,
enseñarnos a nosotros, las futuras generaciones, a aprehender
del otro, a no olvidar esa historia y a analizarla constantemente.
La memoria es, por tanto, una recordación del pasado, una re sig-
nificación del presente y una construcción hacia el futuro.
La memoria tiene múltiples funciones en la dinámica de una
sociedad, no en vano y como decía Cicerón “Los pueblos que
olvidan su historia están condenados a repetirla”. No solo por
el temor a la repetición de quienes han tenido que sufrir la his-
toria es necesario recordarla, sino porque, a partir del pasado
y del análisis del mismo, es que se cimienta el futuro; ejemplo
de ello, son las vivencias de aquellos que han partido y que son
recordados desde la tribuna norte del estadio nacional de Chile
tras el derrame de sangre ocasionado durante la dictadura de
Augusto Pinochet, al sur del continente y que siempre nos re-
cuerdan que “Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro”;
del mismo modo que recuerdan aquel mítico discurso que dice
que “Los hombres y pueblos sin memoria, de nada sirven; ya que
ellos no saben rendir culto a los hechos del pasado que tienen
trascendencia y significación; por esto son incapaces de comba-
tir y crear nada grande para el futuro” (Allende, 1939, web).
A pesar de que un país le debe su historia a su fuerte carga de
memoria, la historia oficial entra en constante choque con la ver-
sión de aquellos que no han podido contarla; por ello, la memoria
tiene múltiples verdades de un mismo hecho, y todas son igual-

21
mente válidas ante la posibilidad de tener un relato más completo
de la historia. Pues son las víctimas las dueñas de su historia.
El pueblo colombiano tiene que saldar una deuda con sus
futuras generaciones; somos un país sin historia reciente, nos
hemos negado a la existencia de un conflicto político-social y
armado; tanto así que, no recordamos a nuestras víctimas sino
a los victimarios. Por ende, el pueblo colombiano tiene el deber
de escuchar a aquellos que han vivido la guerra y que han sido
olvidados por la misma; allá afuera existen millones de víctimas
del conflicto a la expectativa de un vuelco en su vida, con de-
seos de expresar su sentir y tener respuestas del porqué. Y no
son solo los desplazados, los jóvenes, los campesinos, los mi-
litares y los excombatientes, sino también los estudiantes, las
madres, los abuelos, los hijos huérfanos de la guerra, hasta los
mismos muertos, quienes aún aguardan para contar su historia.
Somos un país de corta memoria y aún estamos acostum-
brados a recordar los hechos alegres y a sepultar junto con las
víctimas aquellos eventos de profunda tristeza con los cuales
debemos enfrentarnos, pese al dolor que nos causa, para, así,
poder reflexionar sobre nuestro pasado. Los claustros universi-
tarios también han vivido el horror de la guerra y, por tanto, los
estudiantes debemos re-enfrentarnos con la realidad y recordar
por qué estamos aquí, cuál es nuestra deuda enorme con la uni-
versidad pública, con los docentes y estudiantes que lucharon
por defenderla, y quienes transitaron por sus pasillos, al igual
que Eduardo Umaña Mendoza e Iván David Ortiz; necesitamos
saber por qué estamos rodeados de plazas y monumentos que
aún desconocemos. Nuestro deber como sujetos políticos es re-
conocer nuestro pasado, no solo en la universidad sino en todo el
territorio nacional para poder retransmitirlo a las nuevas genera-
ciones que esperan un país en paz, para no perder nunca nuestro
legado, para hacerle siempre resistencia al olvido.

22
Solo recordando, reconstruyendo, escuchando al otro y le-
yendo nuestro pasado con precisión seremos capaces de escri-
bir ese futuro anhelado que nos ensancha el corazón.
De acuerdo con todo lo anterior, la memoria no solo corres-
ponde a imágenes, palabras, música y recuerdos; la memoria es,
en sí misma, la vida y la resistencia de quienes deciden enfren-
tarse al olvido.

23
Allende, S. (1939). La gestión del gobierno del frente popular. En: CEME. Centro
de estudios Miguel Rodríguez. Recuperado de http://www.archivochile.
com/S_Allende_UP/doc_de_sallende/SAde0071.pdf
Saramago, José. (2007). La Memoria Colectiva a través de la re-
construcción de historias de vida. Recuperado de: http://
virtual.funlam.edu.co/repositorio/sites/default/files/
LaMemoriaColectivaatravesdelaReconstrucciondeHistoriasdeVida.pdf
Vásquez, F. (2001). La memoria como acción social. Relaciones, significados e
imaginarios (Primera Edición). Barcelona: Paidós.

24
BREVE COMPARACIÓN
ENTRE EL ANTIGUO Y
NUEVO CÓDIGO
DE POLICÍA
Y LA VULNERABILIDAD
DE LOS DERECHOS
HUMANOS
JuanF.ReyesE.
EstudiantedeDerecho
“La imposibilidad
para acceder, de
manera integral, a la
nueva normatividad
terminarán afectan-
do fuertemente a
la población de más
bajos recursos”

25
“(…) la corrupción policial y la
falta de capacitación pueden
llevar a que en ningún momento se
hagan los procesos de pedagogía
frente al Código sino que solo se
apliquen comparendos sin enseñar
las alternativas o se aumenten los
intentos de soborno.”
Ahora que entra en vigencia el nuevo Código
Nacional de Policía y Convivencia, expedido
por la Ley 1801 de 2016, se ha generado un gran
revuelo, al tiempo que se han recibido varias de-
mandas de inconstitucionalidad por los vacíos que
presenta la misma. Teniendo ello en mente, este
artículo pretende comparar el nuevo código con
el anterior, expedido mediante el Decreto 1355 de
1970, y analizar los asuntos más polémicos: si son
preexistentes o nuevos, si se les han agregado o
retirado puntos.
Ingreso a domicilio
sin orden judicial
La norma anterior, en su artículo 83, define que
la Policía podrá ingresar sin orden judicial a los do-
micilios cuando se trate de: socorrer a alguien, re-
mediar inundaciones y extinguir incendios, cazar
animales feroces o rabiosos, proteger bienes de

26
sujetos ausentes, que alguien proceda por vías de hecho contra
propiedad o persona fuera de estos, etc. Por su parte, el artí-
culo 163 del Nuevo Código, aparte de lo anterior, incluye la si-
guiente causal:
6. Para proteger la vida e integridad de las
personas, si en el interior del inmueble o
domicilio se están manipulando o usando
fuegos pirotécnicos, juegos artificiales,
pólvora o globos sin el debido cumplimiento
de los requisitos establecidos en la ley.
(Congreso de Colombia, 2016)
Además, su parágrafo primero incluye una garantía que pue-
de servir para la defensa contra arbitrariedades: siempre que
se ingrese a inmueble sin orden escrita, el personal de la Po-
licía, en cabeza de este, debe rendir informe a su superior con
copia al implicado; se puede exigir plena identificación previa
al ingreso; y el propietario, poseedor o tenedor del bien podrá
informar su desacuerdo si considera que no hay motivación.
Derecho de reunión y
manifestación pública
La Constitución Política de 1991, en su artículo 37, indica
que “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pú-
blica y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera
expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de
este derecho.” (Colombia, 1991). No obstante, tanto el Decreto
1355 como la Ley 1801 se han encargado de darle contenido a
este artículo constitucional.
A pesar de que ambas normas permiten el ejercicio de este
derecho para exponer “ideas e intereses colectivos” de tipo eco-
nómico, político, religioso o social. Mientras que el Decreto 1355

27
agrega “cualquier otro fin lícito” (Presidencia de la República,
1970, Art.102), la Ley 1801 (Congreso de Colombia, 2016, Art. 53)
agrega los de tipo cultural especialmente y “cualquier otro fin
legítimo”. La adición del tipo cultural implica una ampliación del
espectro temático en las manifestaciones (reconociendo, afortu-
nadamente, la riqueza cultural del país y los cambios de época);
mientras que el cambio conceptual de licitud a legitimidad susci-
ta distintas opiniones: por un lado, que el Código se ajusta más
fácilmente a la realidad social; por otro, que la categoría es muy
subjetiva y da paso a la arbitrariedad policial.
En ambas normas, la realización del evento debe informarse
48 horas antes, ser suscrita por al menos 3 personas y expre-
sar día, hora y lugar (Presidencia de la República, 1970, Art.102;
Congreso de Colombia, 2016, Art. 53).
A su vez, en ambos Códigos se establece que la alteración a
la convivencia desembocará en disolución de la manifestación.
Sin embargo, el Nuevo Código toma dos medidas especiales
para “evitar” y/o “proteger” los espacios de manifestación: la
espontaneidad será contemplada como posible, aunque no tie-
ne unos criterios muy claros (2016, Art. 53 Par. 1); se dará Multa
General Tipo 4 –la más alta– a quien irrespete estos (2016, Art.
53 Par. 2); y se prohíbe, explícitamente, la estigmatización y los
falsos señalamientos frente a los manifestantes (2016, Art. 55).
Traslado por protección
Este medio de Policía, establecido en el artículo 155 del Nue-
vo Código, es similar a la figura de retención transitoria existente
en el antiguo. Consiste en la facultad de la Policía para trasladar
personas cuando su integridad o la de terceros se encuentre ame-
nazada; los motivos son el deambular en estado de alteración de
la conciencia (por consumo de cualquier tipo o por cuestiones de
carácter mental), cuando la persona se encuentre en riña o con ac-
titud agresiva, o en caso de estar en peligro de ser agredida.

28
El parágrafo 2 aclara que este medio tiene un orden de cosas
puntual: la primera medida es entregar la persona a un allegado
que la proteja; si esto es imposible, se trasladará a su domicilio
o a un centro asistencial, según la necesidad específica. Ade-
más, la autoridad encargada del traslado debe entregar infor-
me escrito a su superior, con copia al implicado (parágrafo 3). Y,
definitivamente, el cambio más grande con el antiguo código
es que nunca se trasladará a sitios destinados a la privación de
libertad y la duración máxima será de 12 horas.
Multas
Más allá de listar la gran cantidad de conductas causales
de multas y “medidas correctivas”, denominadas como “san-
ciones” en el Código anterior, es importante tener en cuenta
cómo se reglamentan.
En primer lugar, y a diferencia de algunas multas presentes
en el Decreto 1355, todas las multas del Nuevo Código se adap-
tan; esto significa que, en vez de ser montos fijos, son montos
calculados según el salario mínimo diario legal vigente (smdlv).
En el artículo 181 se clasifican las multas especiales: infrac-
ción urbanística, contaminación visual y comportamientos de
organizadores de actividades que involucran aglomeraciones
complejas; estas multas gradúan en su monto dependiendo de
condiciones materiales específicas. Mientras que en el artículo
180, se clasifican las multas generales así: Tipo 1 (4 smdlv), Tipo
2 (8 smdlv), Tipo 3 (16 smdlv), Tipo 4 (32 smdlv). Igualmente, en
su parágrafo, se definen varias cosas importantes:
1. Los destinos principales de las multas serán la
pedagogía, cultura y prevención en seguridad.
2. Se hará un descuento del 50% por pagar la
multa dentro de los 5 días hábiles posteriores a la
imposición del comparendo.

29
3. Se tendrán 5 días hábiles “post-comparendo”
para solicitar que las multas generales de Tipo
1 y 2 sean cambiadas por la participación en una
actividad pedagógica o un programa comunitario.
4. En caso de desacuerdo con la imposición
del comparendo, se tendrán 3 días hábiles para
objetar la medida ante la autoridad competente.
(Congreso de Colombia, 2016)
Finalmente, el parágrafo transitorio del mismo artículo
define que durante el primer año de vigencia del Código, los
responsables de pagar multas Tipo 3 y 4 tendrán un 25% de
descuento si solicitan en 5 días hábiles post-comparendo su
participación en actividad pedagógica o programa comunitario.
Frente al punto de las multas en particular, aunque obser-
vamos que existen varias medidas alternativas a las multas, las
cuales nutren la formación y otros comportamientos que gene-
ran descuentos, no podemos dejar de pensar en la realidad del
país: por un lado, la complicada situación económica del país
y la imposibilidad para acceder, de manera integral, a la nueva
normatividad terminarán afectando fuertemente a la pobla-
ción de más bajos recursos; por otro, la corrupción policial y la
falta de capacitación pueden llevar a que, en ningún momento,
se hagan los procesos de pedagogía frente al Código, sino que
solo se apliquen comparendos sin enseñar las alternativas o se
aumenten los intentos de soborno.
Ya, tras desarrollar de manera muy somera algunos de los
puntos más polémicos con el fin de ampliar el conocimiento
frente al Código, se concluye:
Algunos cambios entre el código antiguo y el nuevo no son
tan drásticos como se ha pensado, y varias de las medidas que
han generado revuelo tienen una existencia previa a la Ley
1801 de 2016. También, aunque el Nuevo Código de Policía for-
maliza muchas más garantías a los ciudadanos que el anterior,

30
sigue quedando corto en su intención principal: la prevención
y la convivencia. Igualmente, podríamos decir que la preocupa-
ción más legítima de las personas con esta norma es el actuar
incorrecto de las autoridades de Policía (tanto el abuso de auto-
ridad, como la baja capacitación y el actuar arbitrario que se en-
cuentra en una zona gris de la norma); por esto, estamos todas
y todos llamados a realizar veeduría de nuestros funcionarios y
hacer ejercicio efectivo de nuestros derechos y protecciones.
Finalmente, queda la invitación y la responsabilidad para
que todos y todas conozcamos el Nuevo Código; que aprenda-
mos que, a pesar de lo perjudicial, tenemos también garantías
(el artículo 21 que permite documentar y filmar las actividades
de policía es uno de los ejemplos). La convivencia no se constru-
ye en una norma; la construimos los miembros de la sociedad a
diario, teniendo en cuenta nuestros principios y reconociendo
al otro como sujeto social y político.

31
Colombia. (1991). Constitución Política de Colombia de 1991. Recuperado de:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125
Presidencia de la República. (1970). Decreto 1355 de 1970, por el cual se dictan
normas sobre Policía. Recuperado de: http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6945
Congreso de Colombia. (2016). Ley 1801 de 2016, por la cual se expi-
de el Código Nacional de Policía y Convivencia. Recuperado
de: http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.
mostrar_documento?p_tipo=21&p_numero=1801&p_consec=45806

32
U S O S Y A B U S O S
D E L A F U E R Z A
P Ú B L I C A
¡ E S M A D F U E R A
D E C O N T R O L !
J.MauricioEsguerraN.

33
Desde mediados del año 2013, Colombia ha vivi-
do una reingeniería de la Fuerza Pública, cuyo
eje principal es el fortalecimiento del pie de fuerza
y la dotación de nuevos elementos que les permitan
mantener el orden a lo largo del territorio nacional.
Esta reestructuración responde, en gran medida,
al aumento de las movilizaciones sociales, las cua-
les han pasado de ser esporádicas a una constante
del día a día. El Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ES-
MAD), perteneciente a la Policía Nacional, ha sido el
principal beneficiado con el recibimiento de nuevas
armas para la contención de las protestas que se
han generado gran polémica en las organizaciones
defensoras de Derechos Humanos.
Desde ese momento, se han adelantado nume-
rosas audiencias públicas, donde se ha buscado evi-
denciar los abusos de autoridad de la fuerza pública
y la total impunidad en la que ocurren los hechos; a
pesar de ello, la falta de denuncias y la no existencia
de un medio de verificación que permita recolectar
Fotografía: Mauricio Esguerra

34
evidencia de los atropellos, los casos se reducen a registros fílmi-
cos y la comprobación de casos de extrema gravedad, donde es
imposible negar la participación de esta Institución.
Algunas precisiones históricas
Para muchos colombianos, parece que la persecución políti-
ca es una exageración de las organizaciones de izquierda o de
movimientos que se oponen al gobierno nacional; no obstante,
la realidad sobre esto debe encontrarse en la misma historia del
conflicto político que vive el país desde mediados de la guerra
de los mil días y que degeneró, a un nivel tan impresionante,
que desde el contexto internacional tuvo fuertes implicaciones
en la revolución cubana.
Durante los últimos cincuenta años, han existido diversas
formas de perseguir al que piensa distinto al gobierno nacional;
por ello, durante el mandato de Cesar Turbay Ayala, se expidió
el decreto de seguridad ciudadana, con el cual se reprimió a los
movimientos sociales existentes del momento. Aunque, para la
época, no había sido creada una institución que se dedicara a
contener las protestas sociales; las violaciones a los Derechos
Humanos estaban fuertemente ligadas a ejecuciones extrajudi-
ciales, grupos paramilitares, y encarcelaciones masivas a miem-
bros de partidos y movimientos políticos.
La aseveración del conflicto en los años noventa tuvo dos ca-
ras de la moneda: la que el país conoció a través de los medios
de comunicación (que generalmente es la de los enfrentamien-
tos armados) y la de las grandes ciudades (donde, a pesar de
todo, las organizaciones sociales continuaban haciendo recla-
maciones al Estado, siendo perseguidas de manera constante
desde los aparatos estatales y para-estatales).
En 1999, se aprobó el Decreto 0205 de la Policía Nacional,
contrastando con el fuerte aumento de las movilizaciones que
se generaron en el país en rechazo al Plan Nacional de Desa-

35
rrollo presentado por Pastrana conocido como “cambio para
construir la paz” (Departamento Nacional de Planeación, 1999).
Su creación se dio de forma transitoria y solo un par de meses
después fue formalizado por el mismo director de la Policía
Nacional, el señor Rosso José Serrano1
, bajo la Resolución No
011363 del 14 de abril de 1999. Todo esto como parte de la mo-
dernización de las Fuerzas Militares y posibilitado por la ayuda
financiara para combatir el narcotráfico, comúnmente conocido
como “Plan Colombia”.
En los años siguientes, esta Institución enfrentó distintas si-
tuaciones, las cuales comprometieron la vida de cientos de ma-
nifestantes; incluso la de sus mismos miembros. La falta de un
manual de procedimiento hizo que aparecieran nuevas formas
de contener las protestas, las cuales incluían el uso de armas no
convencionales como las llamadas granadas, recalzadas y las pa-
pas bomba. Ejemplo de ello es el caso de la muerte de Jhonny
Silva, cuando miembros del ESMAD ingresaron a la Universidad
del Valle y ocasionaron su muerte por dos disparos; ante este
hecho fueron procesados dos suboficiales y el director del ope-
rativo fue vinculado por no tomar las medidas preventivas, a lo
que la fiscalía llamó “omisión” (Redacción Judicial, 2016)
En el caso de la muerte de Oscar Salas, estudiante de la Uni-
versidad Distrital, un ex miembro del ESMAD aseguró que lue-
go de los disturbios “se les ordenó parar la arremetida porque
un estudiante había sido lesionado, luego ordenaron recoger
todos los materiales para que no quedaran ahí, eso se lo llevó
un patrullero en una tanqueta para Mondoñedo, lugar donde
fue enterrado”. (Colectivo Informativo Susurro, 2016, web)
1 Director de la policía nacional entre 1995 y 1999, reconocido a nivel
mundial por haber desmantelado los tres carteles más grandes de Colombia
durante los años noventa. Estuvo activo en el cargo de policía nacional hasta
el año 2000 fecha en la que decide retirarse.

36
Debido a estos hechos, se decidió crear el curso de control
de multitudes de los Escuadrones Móviles Antidisturbios de
la Policía Nacional en julio del 2007. A partir de este momen-
to, el ESMAD cambió rotundamente su forma de contener las
protestas sociales y se aumentó la disposición de armas de uso
convencional no letales, como las granadas aturdidoras y los
gases lacrimógenos (usados en Israel); además, se fortaleció el
número de miembros de cada escuadrón en las ciudades más
importantes del país.
Dicho manual ha sido constantemente controvertido por
defensores de los Derechos Humanos, al ser visto como la res-
puesta del gobierno nacional a la persistencia del conflicto po-
lítico, social y armado que se ha vivido en el país. A su vez, han
asegurado que la formación al interior de dicha Institución tie-
ne como componente fundamental la orientación de una doc-
trina de enemigo interno, la cual se ha impulsado en América
Latina desde hace muchos años. Eso relata (Cruz-Rodríguez)
cuando afirma que
El énfasis en la represión del ESMAD
se explica por la mentalidad de la
Guerra Fría que no ha podido superarse
debido a la prolongación del conflicto
armado, especialmente por la doctrina
contrainsurgente que ha tendido a concebir
la protesta social como un repertorio propio
del enemigo interno. (2016, web)
Espectro ideológico del ESMAD
El manual del servicio de la policía en la atención y control
de multitudes es muy claro en cuanto al objeto y las funciones
del ESMAD, de hecho menciona que la única forma en la que
se puede hacer una intervención es “(…) agotando el recurso

37
del diálogo en todo momento para concertar y lograr acuerdos
que garanticen un buen desarrollo de la manifestación (…)”. (Di-
rección General de la Policía Nacional, 2009) Esto se acompaña
de un curso teórico sobre Derechos Humanos que se cierra a
la concepción liberal de los derechos individuales lo cual deja
grandes vacíos en su formación, generando así una situación
donde las violaciones a Derechos Humanos son latentes.
Su entrenamiento es bastante riguroso y agotador, el uso de
armas no convencionales va acompañado de situaciones extremas
donde son expuestos a los agentes químicos de gases lacrimóge-
nos y los chorros de agua a presión que son lanzados por las tan-
quetasdeentrenamiento,todoestogeneraunasituacióndeestrés
constante y un imaginario de posible estado de peligro ante lo cual
prima la reacción anticipada para evitar un posible ataque.
Los miembros de cada escuadrón deben estar preparados
para cualquier condición y a pesar de que su traslado de una re-
gión a otra tiene grandes costos, los lugares que por lo general
son ocupados en zonas rurales o mineras suelen ser sedes distin-
tas a las de la policía como colegios e incluso fincas de propiedad
privada y con pocas provisiones de alimentos, tema que puede
causar una situación de grandes estados de alteración.
El factor del conflicto político social y armado que se expli-
caba anteriormente, ha sido un agravante a la hora de entender
el papel del ciudadano en ejercicio de su libre derecho a la pro-
testa y por tanto la infiltración en manifestaciones y la incita-
ción a la protesta han sido constantemente denunciadas por las
organizaciones de Derechos Humanos. Lo anterior va muy de la
mano de un fuerte calificativo a las organizaciones sociales, en
especial, al manifestante que porta en sus prendas algún ele-
mento que, desde el ESMAD, sea considerado de izquierda.

38
¿Quién vigila las actuaciones
del ESMAD?
Tras la muerte del joven Nicolás Neira durante las jornadas
del primero de mayo de 2005, el ESMAD empezó a ser visto
como algo negativo en el imaginario de la sociedad, sobre todo
cuando las manifestaciones tienden a tener un carácter pacífico
y su llegada impacta psicológicamente a los manifestantes.
Uno de los problemas más comunes durante las manifesta-
ciones es precisamente la falta de una autoridad de control que
pueda verificar que los procedimientos del ESMAD sean acordes
a lo establecido en su manual de procedimiento; de hecho, han
existido varios momentos donde el propio escuadrón ha desobe-
decido las ordenes de superiores, como en el caso de Gustavo
Petro en las manifestaciones de la semana de la indignación el 12
de octubre de 2012 (Grupo INTV, 2012). Del mismo modo, las jor-
nadas de movilización del paro agrario en 2013 contaron con un
total descontrol del ESMAD y la desobediencia de sus protocolos,
al punto que invadieron casas de campesinos, asaltaron fincas y
envenenaron alimentos. En las primeras semanas de febrero de
2016, Bogotá vivió un escenario de manifestaciones multitudina-
rias contra el sistema de transporte masivo, además de la muerte
de Rubiela Chivará frente a una EPS al norte de la ciudad, cada es-
cenario de disturbios fue grabado desde muy temprano, y, ante
las cámaras, no se pudo ocultar el actuar desmedido de la policía
ni los heridos de cada intervención donde hubo, desde agredidos
con bolillos, hasta personas con mutilaciones por el mal manejo
de las granadas aturdidoras.
Lo anterior se agrava aún más cuando, en muchas regiones
del país, no se cuenta con instituciones que cumplan el papel
de veeduría, el cual pueda sistematizar las violaciones y así evi-
tar abusos. De hecho, en Bogotá, los miembros del programa
“gestores de Convivencia” son recurrentemente agredidos por
la fuerza pública y, en varias ocasiones, se ha constatado que

39
personal de la defensoría del pueblo ha lanzado piedras hacia
los manifestantes, portando chalecos de dicha institución. Los
defensores de las organizaciones sociales son recurrentemente
señalados y agredidos por el ESMAD, y no logran tomar datos
del personal agresor porque muchos uniformados ocultan su
número y nombre de las prendas de vestir.
Desmontar el ESMAD
es una necesidad
El Gobierno Nacional ha reiterado, en varias ocasiones, que en
el post-acuerdo las movilizaciones van a multiplicarse y, por ello,
han pretendido reforzar al ESMAD en recursos para poder conte-
ner las manifestaciones, empero, ello implica un aumento signifi-
cante de la represión y el riesgo de que miles de personas puedan
salir heridas de estas intervenciones. Está comprobado que la apa-
rición del ESMAD en una movilización significa un posible estado
de violencia; de hecho, cuando no participan de una movilización,
estas suelen culminar de la mejor manera y sin ningún altercado.
Es urgente la creación de una organización nacional que
esté al frente de la verificación y fiscalización de este tipo de
conductas, la cual no solo se ocupe del ESMAD, sino de toda
la Policía Nacional para, realmente, poder erradicar los abusos
de autoridad en todo el territorio nacional, a su vez, las zonas
rurales deben contar con un programa especial para evitar que
los excesos de fuerza se hagan en completa impunidad. Casos
como el de Oscar Salas deben ser resueltos de manera inme-
diata, pues a más de 10 años de su muerte la familia parece no
poder descansar en paz mientras las amenazas y la dilatación
del proceso siguen vigentes y causando dolor en esta y múlti-
ples familias que han tenido que pasar por esta problemática.
Por último, el caso de Miguel Ángel Barbosa es, sin duda, un
fuerte llamado de atención para el Congreso de la República, pun-
tualmente,paralaPolicíaNacional,conmirasaqueceselaviolencia
en las manifestaciones y se tome como ejemplo el camino de paz.

40
Colectivo Informativo Susurro [SUSURROINFORMA]. (2016, 29 de noviem-
bre). ESMAD involucrado en la muerte del estudiante oscar leonardo
salas. En: Noticias UNO. Recuperado de: https://www.youtube.com/
watch?v=FHqRPZbWpco.
Cruz-Rodríguez, E. (2016). Colombia: ¿Por qué es necesario desmontar el Esmad?
En: Resumen. Recuperado de: http://www.resumenlatinoamericano.
org/2016/06/04/colombia-por-que-es-necesario-desmontar-el-esmad/
Departamento Nacional de Planeación. (1999). Plan Nacional de Desarrollo.
“Cambio para construir la paz” 1998-2002. En: Departamento Nacional
de Planeación. Recuperado de: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/
PND/Pastrana2_Contexto_Cambio.pdf.
Dirección General de la Policía Nacional. (1999). Resolución No 011363 del 14
de Abril de 1999.
Dirección general de la Policía Nacional. (2009) Resolución No 03516 del 5 de
Noviembre de 2009.
Grupo INTV. (2012, 13 de octubre). Más de 70 detenidos en una manifestación
de indignados en Colombia [Video]. En: INTV. Recuperado de: https://
www.youtube.com/watch?v=7ZKes6aU778.
Redacción Judicial. (2016, 22 de septiembre). “CIDH admitió caso de Jhonny
Silva, estudiante que murió en una protesta”. En: El Espectador.
Recuperado de: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/
cidh-admitio-caso-de-jhonny-silva-estudiante-murio-una-articulo-656253.

42
S O B R E E L
O B S E R V AT O R I O
D E D E R E C H O S
H U M A N O S I V Á N
D A V I D O R T I Z
J.MauricioEsguerraN.

43
El Observatorio de Derechos Humanos Iván Da-
vid Ortiz es un grupo de trabajo, cuyo objeto
de estudio se enmarca en el debate y la defensa
de los Derechos Humanos (DDHH) desde el es-
cenario universitario y, sobre todo, desde la per-
spectiva construida por los estudiantes.
Desde comienzos del año 2009, se decide con-
memorar, a partir de la conformación de este gru-
po, la labor por la defensa de los DDHH y la de-
nuncia de las violaciones de DDHH en distintos
lugares del país, la labor desarrollada por el gran
maestro Iván David Ortiz, compañero y maestro
de la facultad de Derecho y Ciencia Política de la
Universidad Nacional de Colombia, quien, a pesar
de que falleció hacia finales del año 2008, gracias
a su trabajo y fuerte amistad con los estudiantes,
ha permanecido constantemente en nuestros
corazones y en la memoria de sus compañeros,
además de las personas con quienes, en algún mo-
mento, compartió su gran alegría.
Fotografía: obtenida del blog de observatorio tomada por Mauricio Esguerra

44
Dentro de sus labores académicas, se encuentran el trabajo
realizado en el campo laboral y sindical, así como una vida com-
prometida a la denuncia de las grandes injusticias e inequidades
que se viven en la sociedad colombiana. Su labor de reconstruc-
ción de la memoria histórica y su empeño en revivir aquellas vo-
ces que las balas injustamente han acallado es uno de los más
grandes ejemplos que el grupo de trabajo ha decidido continuar
trasmitiendo a las nuevas generaciones. Asimismo, el arduo tra-
bajo por escribir, y por contar la verdad y la historia del genocidio
político contra la unión patriótica, fue quizás uno de los grandes
propósitos en los cuales dedicó jornadas enteras de su vida.
La recopilación de información y grandes aportes en la re-
construcción de la memoria de las víctimas del conflicto políti-
co, social y armado, lo llevaron a distinguirse como uno de los
más grandes investigadores de la Facultad y de la Universidad
Nacional. Además de ser un gran seguidor de las ideas y traba-
jos realizados por el mismo Jaime Pardo Leal en el ámbito social
y en las aulas de clase.
En ese sentido, el grupo de trabajo decidió desarrollar la ob-
servación como forma de investigación y, a través de ello, rea-
lizar un estudio sobre las violaciones a los Derechos Humanos
cometidas desde el Estado colombiano, los grupos armados
ilegales y las propias autoridades universitarias, contra el mo-
vimiento estudiantil.
Siendo estudiantes universitarios entendemos la labor que
debemos hacer como defensores de los Derechos Humanos y
del compromiso que se debe tener con la defensa del derecho
a la educación y a la universidad pública. Por tanto, el grupo
ha participado, desde sus inicios, en el acompañamiento a las
diversas formas de protesta que han existido en las universida-
des colombianas; en especial, aquellas donde sus condiciones
de crisis han sido muy latentes. Ejemplo de ello fue la activa
participación del Observatorio para la conformación de una

45
comisión nacional de Derechos Humanos, en el marco de las
movilizaciones de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE),
desarrollando mecanismos de protección e interlocución para
evitar que se vulnerara el derecho a la movilización, la cual, por
esos días, se encontraba en su momento más alto.
El fuerte compromiso que se ha tenido con la paz para el pue-
blo colombiano, llevó al grupo a unirse al mandato estudiantil
por el intercambio humanitario y, posteriormente, a visibilizar el
avance del proceso de paz que se desarrolló en La Habana, Cuba,
entre el Gobierno Nacional y la insurgencia de las FARC-EP. Esa
misma labor se ha convertido, hoy, en un trabajo indispensable
que el grupo ha venido construyendo junto con distintos secto-
res estudiantiles en lo que se conoce como el voluntariado por la
paz, y que tiene como propuesta, la realización de una veeduría a
la implementación de los acuerdos de paz.
Del mismo modo, el grupo ha acompañado en procesos de
mecanismos de protección en las marchas y manifestaciones,
donde se ha logrado consolidar un trabajo junto a la personería
de Bogotá para evitar que se vulneren los derechos del estu-
diantado. Proceso que se ha profundizado en momentos tan
difíciles como los periodos de amenazas contra líderes y orga-
nizaciones estudiantiles.
Todas estas contribuciones, especialmente, en ámbitos aca-
démicos, han inspirado la realización de una revista de Derechos
Humanos, cuya base es el trabajo adelantado durante las dis-
cusiones del grupo de trabajo y el análisis de situaciones que el
grupo ha visto como fuentes importantes para la formación en
Derechos Humanos, elementos que han estado acompañados
de procesos de solidaridad, como las brigadas de Derechos Hu-
manos realizadas en el Catatumbo y otras regiones del país, y
participando en eventos académicos realizados por distintas or-
ganizaciones para, de esa forma, dar cuenta del trabajo que se
ha realizado por los miembros del grupo y de sus conclusiones.

46
El trabajo interdisciplinar, mencionado anteriormente, ha
permitido que, tanto estudiantes de Derecho como de Ciencia
Política, hayan desempeñado labores conjuntas para compartir
sus experiencias desde el aula de clase y llevarlas a cabo al in-
terior del grupo. Ahora, el objetivo es la construcción científica
e investigativa, la cual aporte a la defensa de los Derechos Hu-
manos y a una reconstrucción de los mismos, de modo que no
solo sea un beneficio y protección para las aulas universitarias,
sino para los colegios y, en general, para todos los centros edu-
cativos del país.

48
La revista CONSTRUYENDO
HUMANIDAD se terminó de
diagramar en Junio de 2017.
Las familias tipográﬁcas usadas
fueron: DIN Next LT Pro y Ubuntu

Revista construyendo humanidad edición (1)

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