Este documento discute el silencio actual sobre la cuestión carcelaria en América Latina. Señala que a pesar de que las cárceles expresan una de las manifestaciones más graves de violencia en la región, rara vez se aborda este tema en los estudios sobre violencia. También destaca que aunque las reformas del sistema de justicia reconocen que las prisiones son uno de los sectores más deficientes, en la práctica excluyen esta cuestión. El documento analiza algunos factores externos que podrían explicar este silencio
El documento trata sobre el concepto de impunidad. Define la impunidad como un proceso psicosocial que permite la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del Estado contra un grupo civil. Explica que hay tres tipos de impunidad: por ineficacia del sistema judicial, de la mafia y de clase. También describe las funciones y características de la impunidad como ausencia de castigo, acto de violencia, contexto habilitante y estrategia de poder social.
Contribución al debate sobre la tipificación penal del feminicidio femicidioRonnie Marcelo
Este documento presenta diferentes posturas frente a la posible tipificación del femicidio/feminicidio como figura penal autónoma. Por un lado, se argumenta que tipificarlo podría tener un valor simbólico pero no necesariamente prevenir estos crímenes ni reducir la impunidad. También se señala el riesgo de legitimar aún más el poder punitivo del Estado. Sin embargo, otros sostienen que tipificarlo ayudaría a visibilizar la magnitud del problema y evitar que sean tratados como homicidios comunes. Antes de adoptar una
El documento habla sobre la impunidad en Oaxaca seis años después de los sucesos de 2006. Menciona que a pesar de que los gobernadores de Puebla y Oaxaca prometieron juzgar a sus predecesores por abusos y corrupción, solo el gobierno de Puebla ha cumplido al detener al ex secretario de Salud. En Oaxaca, el ex secretario de Salud sigue protegido e impune a pesar de las pruebas de peculado. El documento concluye señalando que sectores sociales en Oaxaca demand
Este documento presenta un análisis de los conceptos de corrupción e impunidad. Define la corrupción como el uso indebido de recursos públicos para beneficio privado y la impunidad como la falta de consecuencias por acciones ilegales. Examina cómo la corrupción se ha convertido en un tema central del debate político en México y cómo la impunidad permite que continúe sin ser resuelta, a pesar de los esfuerzos de transparencia.
la corrupción desde la perspectiva de los derechos humanos, La lucha anticorr...Larrea Konsult
trabajo de investigación para obtener la Maestria en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica en la Universidad de Alcalá, España
trabajo de investigación sobre la corrupción desde la perspectiva de los derechos humanos y fundamentales, y se analiza especialmente la lucha anticorrupción en el Perú.
El documento trata sobre el concepto de impunidad. Define la impunidad como un proceso psicosocial que permite la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del Estado contra un grupo civil. Explica que hay tres tipos de impunidad: por ineficacia del sistema judicial, de la mafia y de clase. También describe las funciones y características de la impunidad como ausencia de castigo, acto de violencia, contexto habilitante y estrategia de poder social.
Contribución al debate sobre la tipificación penal del feminicidio femicidioRonnie Marcelo
Este documento presenta diferentes posturas frente a la posible tipificación del femicidio/feminicidio como figura penal autónoma. Por un lado, se argumenta que tipificarlo podría tener un valor simbólico pero no necesariamente prevenir estos crímenes ni reducir la impunidad. También se señala el riesgo de legitimar aún más el poder punitivo del Estado. Sin embargo, otros sostienen que tipificarlo ayudaría a visibilizar la magnitud del problema y evitar que sean tratados como homicidios comunes. Antes de adoptar una
El documento habla sobre la impunidad en Oaxaca seis años después de los sucesos de 2006. Menciona que a pesar de que los gobernadores de Puebla y Oaxaca prometieron juzgar a sus predecesores por abusos y corrupción, solo el gobierno de Puebla ha cumplido al detener al ex secretario de Salud. En Oaxaca, el ex secretario de Salud sigue protegido e impune a pesar de las pruebas de peculado. El documento concluye señalando que sectores sociales en Oaxaca demand
Este documento presenta un análisis de los conceptos de corrupción e impunidad. Define la corrupción como el uso indebido de recursos públicos para beneficio privado y la impunidad como la falta de consecuencias por acciones ilegales. Examina cómo la corrupción se ha convertido en un tema central del debate político en México y cómo la impunidad permite que continúe sin ser resuelta, a pesar de los esfuerzos de transparencia.
la corrupción desde la perspectiva de los derechos humanos, La lucha anticorr...Larrea Konsult
trabajo de investigación para obtener la Maestria en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica en la Universidad de Alcalá, España
trabajo de investigación sobre la corrupción desde la perspectiva de los derechos humanos y fundamentales, y se analiza especialmente la lucha anticorrupción en el Perú.
Este documento presenta una introducción al tema de la tesis de la Lic. Dulce María De Lucio Leonard sobre los retos y perspectivas del sistema de justicia penal en México. Brevemente describe la transición de México de un sistema inquisitivo a uno acusatorio en 2008 y los principios rectores del nuevo sistema. También identifica algunos desafíos en la implementación como la capacitación deficiente de los operadores jurídicos y la persistencia de prácticas del sistema anterior. Finalmente, plantea la necesidad de analizar los resultados del nuevo sistema ante la alta percepción
El documento presenta una iniciativa para modificar el Código Penal del Estado de México. Propone agregar y modificar varios delitos para responder a la creciente delincuencia. Algunos cambios incluyen tipificar el maltrato familiar, el acoso sexual, el tráfico de menores, y aumentar las penas para delitos como homicidio y conducción peligrosa. El objetivo general es fortalecer la protección de las víctimas y la prevención del crimen a través de un sistema penal más estricto.
La política criminal alternativa propone reducir el alcance del sistema punitivo a través de mecanismos como la descriminalización, despenalización y uso de medidas alternativas a la prisión. Busca criminalizar conductas de los grupos privilegiados que afectan a los desprotegidos y eventualmente eliminar el sistema penal capitalista. El abolicionismo ve al criminólogo como alguien que ayuda a resolver conflictos en lugar de enfocarse solo en el delito.
El documento analiza la problemática de la corrupción en Colombia. Señala que la corrupción debilita la democracia y está relacionada con actores mafiosos. Examina las causas estructurales de la corrupción en Colombia como la concentración de poder, el clientelismo y la impunidad. Además, presenta datos sobre la percepción de corrupción en el país según índices internacionales. Finalmente, propone que se requiere de una política integral que involucre a todos los sectores para combatir la corrupción de manera efectiva.
El documento presenta el Plan Bratton, un plan de acción para la ciudad de Lima, Perú desarrollado por The Bratton Group. El grupo visitó Lima y se reunió con funcionarios policiales y del gobierno. Observó que Lima se enfrenta a un aumento de la delincuencia y la violencia en los próximos años debido a factores como el deterioro social y la expansión del narcotráfico. Sin embargo, también observó que existen oportunidades para prevenir este futuro a través de reformas policiales y de justicia. El plan recom
Paradigmas policiales orientados a la comunidad en América Latina: entre realismo mágico y gestión de conocimiento. Revista Estudios Policiales, Santiago, Nº 3, diciembre de 2008, p. 11 -34.
Este documento discute el estado de la criminología en Venezuela. Explica que la criminología estudia las causas del comportamiento criminal y la victimización, pero que en Venezuela el sistema penal y criminológico se encuentra en decadencia. Las cárceles no cumplen con su función de rehabilitación y las tasas de criminalidad y violencia han aumentado. Se necesitan políticas criminológicas efectivas y una reforma del sistema de justicia penal para abordar mejor los problemas criminales en el país.
Este documento discute tres de los principales problemas económicos de Colombia según Alejandro Gaviria: 1) el alto desempleo, 2) los problemas con el sistema de salud como el aumento del gasto sin mejorar los resultados, y 3) la pérdida de capacidad del Estado para administrar proyectos de infraestructura. También menciona algunos problemas estructurales de la sociedad colombiana como la falta de presencia estatal en ciertas regiones y la pérdida de legitimidad del Estado y los partidos políticos tradicionales.
Sobre el control de la Policía de Investigaciones de Chile: dificultades y éx...Patricio Tudela Poblete
Este documento discute el control de la policía en Chile, señalando las dificultades y algunos avances recientes. Explica que aunque hay más estudios sobre percepciones de corrupción e ineficiencia policial, aún faltan mecanismos efectivos de control externo. Resalta que las denuncias por violencia policial han aumentado, pero la información disponible sigue siendo incompleta. Finalmente, sugiere que aunque el tema policial gana atención pública, el enfoque sigue estando más en la delincuencia que en for
Contralínea, Periodismo de investigación, reportajes, crónica, ensayo, análisis, opinión, investigación de corrupción, rendición de cuentas, seguridad nacional, sociedad de capitales, línea global, la cultura, el contragolpe, contraluz, ocho columnas, análisis petrolero, análisis energético, análisis económico, análisis cultural, análisis ambiental, análisis educativo, análisis internacional, análisis social, análisis arqueológico, delincuencia organizada, delitos de cuello blanco, crímenes contra la sociedad, tráfico de personas, contrabando de especies en peligro de extinción, despojos de territorio, un comuneros y campesinos, conflictos armados, delitos sexuales, abusos de autoridad
El documento discute la impunidad como un factor criminógeno en la sociedad. Define la impunidad como la falta de castigo por acciones no deseadas y explica que tiene consecuencias más allá de su simple definición. La impunidad ha estado presente a lo largo de la historia y es tolerada por los ciudadanos, pero en la actualidad ha rebasado los límites de tolerancia y limita el crecimiento de la nación. La impunidad, sumada a otros factores como la corrupción y la desigualdad social, mantiene a la sociedad en constante zozobra.
Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez
“Enseñanza Jurídica que transforma vidas”.
“LIDER EN EDUCACION VIRTUAL JURIDICA”
El IAFJSR es una institución de Educación de Adultos, que germino legalmente el 17 de Julio del Año 2014, siendo registrada en el Ministerio del Poder Popular Para las Relaciones Interiores y Justicia, Servicio Autónomo de Registros y Notariasy ante los órganos educativos del Estado Venezolano,entre los que destacan el INCES y el Ministerio del Poder Popular para la Educación, dedicada a la formación continua de profesionales en el derecho, preparándolos para entender, comprender y desarrollar exitosamente su ejercicio jurídico.
EL IAFJSR; ofrece su programa de Educación, formación y Capacitación Jurídica actualizado y permanente (TALLERES ò CURSOS DE CONTINUACIÒN, CURSOS AVANZADOS ò DE PERFECCIONAMIENTO, CURSOS DE ESPECIALIZACION, DIPLOMADOS, SEMINARIOS CONFERENCIAS y JORNADAS), en las modalidades presencial y OnLine (E-LEARNIG), que permitirán el beneficio para toda la comunidad estudiantil y profesional necesitada del mismo y de la población jurídica interesada en su consolidación en el ejercicio a través de la mejora continua.
EL IAFJSR; a través de la Dirección de Desarrollo de Sistemas, en aras de cumplir con la misión de formar integralmente a la población venezolana y de otros países del mundo y considerando los principios esbozados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha adelantado esfuerzos en la Construcción del Sistema de Educación a Distancia, completamente virtualizada en la modalidad en línea a través del sistema de comunicación internet y canales electrónicos pertinentes, útiles y necesarios en materia de derecho público y privado permitiéndoles a las comunidades adquirir o actualizar, según el caso, conocimientos, habilidades y destrezas en función de su crecimiento individual y el mejoramiento de su comunidad.
Estamos ubicados en la Ciudad de Maracay Estado Aragua – Venezuela. www.iafjsr.com.ve
La falta de castigo o la impunidad es una acción que daña a la sociedad más de lo que se pueda imaginar. El daño social de observar conductas delictivas sin ser sancionadas conlleva a una serie de consecuencias que además de influenciar directamente en el crecimiento de la delincuencia, ésta indirectamente daña el tejido social lo que conlleva a efectos más destructivos que la misma delincuencia. La impunidad debe ser analizada tan profundamente como lo debe ser el crimen.
Persecucion penal estrategica, una propuesta de politica criminalGustavoSosa46
Este documento discute los enfoques represivos tradicionales para abordar el crimen y propone una perspectiva más integral. Señala que el crimen está arraigado en problemas sociales más profundos como la desigualdad y falta de oportunidades. El sistema penal genera altos costos económicos y sociales. En cambio, propone que la política criminal debe articularse con otras políticas públicas para promover el desarrollo social, elevar el nivel de vida de todos y crear más recursos para resolver conflictos de manera pacífica.
La inseguridad que vivimos hoy en día y el hecho de que la mayoría de los delitos cometidos queden impunes ante la ineficacia de la gran mayoría de instituciones dedicadas a la procuración e impartición de justicia, han maximizado el fenómeno criminal. Los políticos, como una manera de reaccionar ante ello, es frecuente que pugnen por la creación de más delitos y penas más severas, creyendo que con esto mandan un mensaje positivo a la sociedad: tanto a víctimas como a criminales. Analizaremos el caso específico de la castración química como solución para frenar el delito de violación. Lo cierto es que estas propuestas casi siempre resultan contraproducentes, no nos hacen sentir más seguros y mucho menos inhiben la comisión de delitos, pues no es la forma de prevenirlos. El problema de fondo, como veremos, se encuentra en la ineficiencia del sistema de justicia penal mexicano, en la equivocada política criminal que hemos adoptado y en la ausencia de una política criminológica.
Este documento analiza la relación entre el fortalecimiento de los servicios civiles y los avances hacia un gobierno abierto, la transparencia y la rendición de cuentas en los países centroamericanos. Realiza un análisis comparativo entre variables relacionadas con la profesionalización del empleo público y los índices de transparencia, percepción de corrupción y estado democrático para demostrar que cuanto más fortalecido está el servicio civil de un país, mayores son sus logros en estas áreas. Concluye que fortalecer
Este documento analiza la situación de inseguridad y violencia en México, destacando el incremento de la delincuencia organizada, los altos índices de homicidios, y la grave problemática de la impunidad. Propone generar un debate sobre una nueva política criminológica basada en un enfoque integral que ataque las causas sociales del crimen, respete los derechos humanos y aprenda de experiencias pasadas, en lugar de continuar con estrategias represivas que no han reducido la delincuencia.
La evaluación del desempeño de la policía: Explorando relaciones entre opinión pública y labor policial en Chile. Revista Criminalidad, INTERPOL y Policía Nacional de Colombia. N° 54 (1), junio, p. 379-405.
La multifactorialidad del crimen es una constante en los distintos análisis que se hacen acerca del crimen, un caso práctico de estos enfoques teóricos es el análisis de la criminalidad en Tepatitlán de Jalisco. Se presenta una descripción acerca de cómo se han comportado los delitos tales como robo y homicidio, además una breve descripción de varios de las causas que motivan el crimen.
Presentación criminologia en el ecuadormaisabelariza
La criminología en Ecuador se ha desarrollado a partir de dos enfoques: el positivismo italiano desde 2001-2002 y la criminología crítica para criticar las instituciones de control social y el status quo. Varios criminólogos ecuatorianos como Rengel, Espinoza Tamayo, Bucheli Mora y Zambrano Pasquel han contribuido al estudio de la criminología desde diferentes perspectivas como la personalidad del delincuente, la desigualdad social y la reforma del sistema penal. La criminología en Ecuador se concibe como una ciencia explicativa toler
Este documento presenta una introducción al tema de la tesis de la Lic. Dulce María De Lucio Leonard sobre los retos y perspectivas del sistema de justicia penal en México. Brevemente describe la transición de México de un sistema inquisitivo a uno acusatorio en 2008 y los principios rectores del nuevo sistema. También identifica algunos desafíos en la implementación como la capacitación deficiente de los operadores jurídicos y la persistencia de prácticas del sistema anterior. Finalmente, plantea la necesidad de analizar los resultados del nuevo sistema ante la alta percepción
El documento presenta una iniciativa para modificar el Código Penal del Estado de México. Propone agregar y modificar varios delitos para responder a la creciente delincuencia. Algunos cambios incluyen tipificar el maltrato familiar, el acoso sexual, el tráfico de menores, y aumentar las penas para delitos como homicidio y conducción peligrosa. El objetivo general es fortalecer la protección de las víctimas y la prevención del crimen a través de un sistema penal más estricto.
La política criminal alternativa propone reducir el alcance del sistema punitivo a través de mecanismos como la descriminalización, despenalización y uso de medidas alternativas a la prisión. Busca criminalizar conductas de los grupos privilegiados que afectan a los desprotegidos y eventualmente eliminar el sistema penal capitalista. El abolicionismo ve al criminólogo como alguien que ayuda a resolver conflictos en lugar de enfocarse solo en el delito.
El documento analiza la problemática de la corrupción en Colombia. Señala que la corrupción debilita la democracia y está relacionada con actores mafiosos. Examina las causas estructurales de la corrupción en Colombia como la concentración de poder, el clientelismo y la impunidad. Además, presenta datos sobre la percepción de corrupción en el país según índices internacionales. Finalmente, propone que se requiere de una política integral que involucre a todos los sectores para combatir la corrupción de manera efectiva.
El documento presenta el Plan Bratton, un plan de acción para la ciudad de Lima, Perú desarrollado por The Bratton Group. El grupo visitó Lima y se reunió con funcionarios policiales y del gobierno. Observó que Lima se enfrenta a un aumento de la delincuencia y la violencia en los próximos años debido a factores como el deterioro social y la expansión del narcotráfico. Sin embargo, también observó que existen oportunidades para prevenir este futuro a través de reformas policiales y de justicia. El plan recom
Paradigmas policiales orientados a la comunidad en América Latina: entre realismo mágico y gestión de conocimiento. Revista Estudios Policiales, Santiago, Nº 3, diciembre de 2008, p. 11 -34.
Este documento discute el estado de la criminología en Venezuela. Explica que la criminología estudia las causas del comportamiento criminal y la victimización, pero que en Venezuela el sistema penal y criminológico se encuentra en decadencia. Las cárceles no cumplen con su función de rehabilitación y las tasas de criminalidad y violencia han aumentado. Se necesitan políticas criminológicas efectivas y una reforma del sistema de justicia penal para abordar mejor los problemas criminales en el país.
Este documento discute tres de los principales problemas económicos de Colombia según Alejandro Gaviria: 1) el alto desempleo, 2) los problemas con el sistema de salud como el aumento del gasto sin mejorar los resultados, y 3) la pérdida de capacidad del Estado para administrar proyectos de infraestructura. También menciona algunos problemas estructurales de la sociedad colombiana como la falta de presencia estatal en ciertas regiones y la pérdida de legitimidad del Estado y los partidos políticos tradicionales.
Sobre el control de la Policía de Investigaciones de Chile: dificultades y éx...Patricio Tudela Poblete
Este documento discute el control de la policía en Chile, señalando las dificultades y algunos avances recientes. Explica que aunque hay más estudios sobre percepciones de corrupción e ineficiencia policial, aún faltan mecanismos efectivos de control externo. Resalta que las denuncias por violencia policial han aumentado, pero la información disponible sigue siendo incompleta. Finalmente, sugiere que aunque el tema policial gana atención pública, el enfoque sigue estando más en la delincuencia que en for
Contralínea, Periodismo de investigación, reportajes, crónica, ensayo, análisis, opinión, investigación de corrupción, rendición de cuentas, seguridad nacional, sociedad de capitales, línea global, la cultura, el contragolpe, contraluz, ocho columnas, análisis petrolero, análisis energético, análisis económico, análisis cultural, análisis ambiental, análisis educativo, análisis internacional, análisis social, análisis arqueológico, delincuencia organizada, delitos de cuello blanco, crímenes contra la sociedad, tráfico de personas, contrabando de especies en peligro de extinción, despojos de territorio, un comuneros y campesinos, conflictos armados, delitos sexuales, abusos de autoridad
El documento discute la impunidad como un factor criminógeno en la sociedad. Define la impunidad como la falta de castigo por acciones no deseadas y explica que tiene consecuencias más allá de su simple definición. La impunidad ha estado presente a lo largo de la historia y es tolerada por los ciudadanos, pero en la actualidad ha rebasado los límites de tolerancia y limita el crecimiento de la nación. La impunidad, sumada a otros factores como la corrupción y la desigualdad social, mantiene a la sociedad en constante zozobra.
Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez
“Enseñanza Jurídica que transforma vidas”.
“LIDER EN EDUCACION VIRTUAL JURIDICA”
El IAFJSR es una institución de Educación de Adultos, que germino legalmente el 17 de Julio del Año 2014, siendo registrada en el Ministerio del Poder Popular Para las Relaciones Interiores y Justicia, Servicio Autónomo de Registros y Notariasy ante los órganos educativos del Estado Venezolano,entre los que destacan el INCES y el Ministerio del Poder Popular para la Educación, dedicada a la formación continua de profesionales en el derecho, preparándolos para entender, comprender y desarrollar exitosamente su ejercicio jurídico.
EL IAFJSR; ofrece su programa de Educación, formación y Capacitación Jurídica actualizado y permanente (TALLERES ò CURSOS DE CONTINUACIÒN, CURSOS AVANZADOS ò DE PERFECCIONAMIENTO, CURSOS DE ESPECIALIZACION, DIPLOMADOS, SEMINARIOS CONFERENCIAS y JORNADAS), en las modalidades presencial y OnLine (E-LEARNIG), que permitirán el beneficio para toda la comunidad estudiantil y profesional necesitada del mismo y de la población jurídica interesada en su consolidación en el ejercicio a través de la mejora continua.
EL IAFJSR; a través de la Dirección de Desarrollo de Sistemas, en aras de cumplir con la misión de formar integralmente a la población venezolana y de otros países del mundo y considerando los principios esbozados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha adelantado esfuerzos en la Construcción del Sistema de Educación a Distancia, completamente virtualizada en la modalidad en línea a través del sistema de comunicación internet y canales electrónicos pertinentes, útiles y necesarios en materia de derecho público y privado permitiéndoles a las comunidades adquirir o actualizar, según el caso, conocimientos, habilidades y destrezas en función de su crecimiento individual y el mejoramiento de su comunidad.
Estamos ubicados en la Ciudad de Maracay Estado Aragua – Venezuela. www.iafjsr.com.ve
La falta de castigo o la impunidad es una acción que daña a la sociedad más de lo que se pueda imaginar. El daño social de observar conductas delictivas sin ser sancionadas conlleva a una serie de consecuencias que además de influenciar directamente en el crecimiento de la delincuencia, ésta indirectamente daña el tejido social lo que conlleva a efectos más destructivos que la misma delincuencia. La impunidad debe ser analizada tan profundamente como lo debe ser el crimen.
Persecucion penal estrategica, una propuesta de politica criminalGustavoSosa46
Este documento discute los enfoques represivos tradicionales para abordar el crimen y propone una perspectiva más integral. Señala que el crimen está arraigado en problemas sociales más profundos como la desigualdad y falta de oportunidades. El sistema penal genera altos costos económicos y sociales. En cambio, propone que la política criminal debe articularse con otras políticas públicas para promover el desarrollo social, elevar el nivel de vida de todos y crear más recursos para resolver conflictos de manera pacífica.
La inseguridad que vivimos hoy en día y el hecho de que la mayoría de los delitos cometidos queden impunes ante la ineficacia de la gran mayoría de instituciones dedicadas a la procuración e impartición de justicia, han maximizado el fenómeno criminal. Los políticos, como una manera de reaccionar ante ello, es frecuente que pugnen por la creación de más delitos y penas más severas, creyendo que con esto mandan un mensaje positivo a la sociedad: tanto a víctimas como a criminales. Analizaremos el caso específico de la castración química como solución para frenar el delito de violación. Lo cierto es que estas propuestas casi siempre resultan contraproducentes, no nos hacen sentir más seguros y mucho menos inhiben la comisión de delitos, pues no es la forma de prevenirlos. El problema de fondo, como veremos, se encuentra en la ineficiencia del sistema de justicia penal mexicano, en la equivocada política criminal que hemos adoptado y en la ausencia de una política criminológica.
Este documento analiza la relación entre el fortalecimiento de los servicios civiles y los avances hacia un gobierno abierto, la transparencia y la rendición de cuentas en los países centroamericanos. Realiza un análisis comparativo entre variables relacionadas con la profesionalización del empleo público y los índices de transparencia, percepción de corrupción y estado democrático para demostrar que cuanto más fortalecido está el servicio civil de un país, mayores son sus logros en estas áreas. Concluye que fortalecer
Este documento analiza la situación de inseguridad y violencia en México, destacando el incremento de la delincuencia organizada, los altos índices de homicidios, y la grave problemática de la impunidad. Propone generar un debate sobre una nueva política criminológica basada en un enfoque integral que ataque las causas sociales del crimen, respete los derechos humanos y aprenda de experiencias pasadas, en lugar de continuar con estrategias represivas que no han reducido la delincuencia.
La evaluación del desempeño de la policía: Explorando relaciones entre opinión pública y labor policial en Chile. Revista Criminalidad, INTERPOL y Policía Nacional de Colombia. N° 54 (1), junio, p. 379-405.
La multifactorialidad del crimen es una constante en los distintos análisis que se hacen acerca del crimen, un caso práctico de estos enfoques teóricos es el análisis de la criminalidad en Tepatitlán de Jalisco. Se presenta una descripción acerca de cómo se han comportado los delitos tales como robo y homicidio, además una breve descripción de varios de las causas que motivan el crimen.
Presentación criminologia en el ecuadormaisabelariza
La criminología en Ecuador se ha desarrollado a partir de dos enfoques: el positivismo italiano desde 2001-2002 y la criminología crítica para criticar las instituciones de control social y el status quo. Varios criminólogos ecuatorianos como Rengel, Espinoza Tamayo, Bucheli Mora y Zambrano Pasquel han contribuido al estudio de la criminología desde diferentes perspectivas como la personalidad del delincuente, la desigualdad social y la reforma del sistema penal. La criminología en Ecuador se concibe como una ciencia explicativa toler
La ley regula los mensajes de datos, firmas electrónicas, contratación electrónica y comercio electrónico. Reconoce igual valor jurídico a los documentos electrónicos que a los escritos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la ley. Establece que los mensajes de datos, firmas electrónicas y certificados electrónicos son considerados medios de prueba válidos ante los tribunales.
Angela Dukes has over 15 years of experience in marketing, customer service, quality assurance, and medical lab work. She currently works as an Indie Author Marketing Coordinator where she amplifies authors' platforms through social media and drafts press releases. Previously, she was a Quality Assurance Specialist at Time Warner Cable where she monitored customer service representatives and provided performance coaching. She also has experience as a Customer Service Representative, Help Desk assistant, and Assistant Lab Supervisor. Angela holds a degree in Communications in Media Arts and has additional training in management, English grammar, and website design.
This document discusses human factors engineering activities for a Cheviot project. It will:
1) Conduct studies to assess means of access, platforms, stairs, ladders and guardrails, and review vendor packages.
2) Run workshops to analyze valve criticality and conduct human factors analyses.
3) Review electrical buildings, control rooms, and crane/panel designs to verify human-machine interface design.
4) Contribute to safety cases and teams, provide training, and develop requirements for labeling, signs and markings.
5) Facilitate chemical and noise/vibration assessments.
The goal is to apply human factors practically and with a risk-based approach to support
This document discusses a case study on the impact of working capital on the profitability of real estate companies over 10 years from 2004-2014. It defines working capital and working capital management, and explains their importance. It discusses the components of working capital including cash, accounts payable, inventory, and accounts receivable. It also covers ratio analysis, fund flow analysis, and working capital budgets as tools to analyze working capital and ensure adequate funding is available to meet needs. The objective is to investigate the relationship between working capital and organizational profitability.
Este documento contiene varias comunicaciones dirigidas a los padres de familia sobre temas relacionados con la educación de los niños en la escuela preescolar, incluyendo la conducta esperada, el proceso académico, y eventos como la Semana Santa y el Día de la Madre.
El documento discute los problemas del sistema penitenciario en España, argumentando que las prisiones están sobrepobladas debido a una política criminal excesivamente punitiva. También señala que las prisiones violan los derechos humanos y no cumplen con el objetivo de rehabilitación. El autor concluye que la situación penitenciaria en España es insostenible y que se necesita una reforma integral del sistema de justicia penal.
T.Thulasidhran Pillai is seeking a position in manufacturing or customer support in the diesel generator field with a growth-oriented organization. He has over 18 years of experience in manufacturing, testing, commissioning, and erecting diesel generators ranging from 10 to 2000 kVA. Currently working as a Production Manager at ADITYATECHMECH, his responsibilities include preparing production schedules, monitoring production processes, conducting quality control, and achieving monthly targets. He has a diploma in Diesel Mechanical Engineering and has worked previously at DEEV Genset Sales & Service and Koradi Thermal Power Station.
This issue of Agave Magazine focuses on themes of impermanence, memory, solitude and loss. The cover features a black and white photograph taken in Prague titled "Space" showing raindrops falling in mid-air. The editor's letter introduces the various literary works, art, and photography contained in this winter issue. It highlights the distinct voice and emotionally charged pieces that explore themes of impermanence, memory, solitude and loss. The magazine contains over 30 creative works across various genres including short stories, poems, and photographs from contributors around the world.
Este artículo discute el contexto regional del crimen organizado en Centroamérica y el Caribe, señalando su naturaleza transnacional y los altos índices de violencia. El autor propone tres cuestiones clave para combatir el crimen organizado: 1) no identificarlo solo con narcotráfico sino reconocer su diversidad, 2) las organizaciones criminales tienen estructuras flexibles basadas en intermediarios, no jerarquías rígidas, y 3) se requiere movilización social para exigir acción gubernamental bajo el
1) El documento discute las limitaciones de los sistemas de información sobre criminalidad y violencia en América Latina, debido a la falta de rigurosidad institucional y el bajo interés de la sociedad civil. 2) Ante estas deficiencias, se ha recurrido al desarrollo de encuestas de victimización para obtener datos más precisos sobre el fenómeno criminal. 3) Existen diferentes tipos de encuestas a nivel nacional, regional y local que proveen información valiosa pero también presentan desafíos en cuanto a su representatividad y al
El fenómeno del narcotráfico sigue avanzando en todos los lados como flagelo social e internacional, la lucha contra las drogas hace parte de las políticas de estado y compromisos de muchos países. Las redes internacionales vinculadas al tráfico y comercialización han logrado un alcance de poder que su combate se dificulta a la par de su ampliación, en ese orden de ideas aparecen los carteles del narcotráfico internacional que suman nuevos actores en todos los aspectos y elementos delincuenciales y criminales, justamente son los menores un grupo vulnerable que ha tomado protagonismo en diversos frentes en relación a los carteles del narcotráfico. El presente trabajo viene con algunas ideas que pretenden un panorama distinto de entender a los menores de edad con los carteles y grupos organizados vinculados al narcotráfico desde una perspectiva criminológica.
El documento resume varias investigaciones sobre la delincuencia. Un estudio mexicano encontró que los jóvenes reclaman ser incluidos en la sociedad. Otras investigaciones recomiendan un enfoque territorial de la delincuencia y analizan los índices y delitos más comunes en Colombia. Finalmente, un estudio analiza el tratamiento de la delincuencia juvenil en Colombia y encuentra que los menores reinciden debido a que son inimputables. El documento provee bases teóricas de investigaciones internacionales y nacionales sobre la delincuencia.
El documento discute el problema de la violencia y la impunidad en Guatemala, argumentando que estos fenómenos buscan someter a la población al servicio del grupo dominante. También incluye varios ensayos sobre temas de seguridad nacional, inteligencia, crímenes violentos y el sistema penal.
El documento discute el problema de la violencia y la impunidad en Guatemala, argumentando que estos fenómenos buscan someter a la población al servicio del grupo dominante. También incluye varios ensayos sobre temas de seguridad nacional, inteligencia, crímenes violentos y el sistema penal.
En este artículo se analiza el problema del incremento sostenido de la criminalidad intra clase e inter clase en el ámbito nacional, así como la respuesta penal del Estado que resulta en la construcción desbordada de nuevos tipos penales, la elevación arbitraria y draconiana de la duración de las penas y la eliminación de beneficios penitenciarios, expresiva de una preocupante situación de gobernanza a través del crimen que no quiere ni permite superar el álgido problema de la cuestión criminal. El objetivo del artículo es el de reflexionar acerca de la influencia del neoliberalismo en la generación de la criminalidad en nuestra desigual sociedad, con referencia a la región, con la finalidad de enfocar de manera diferente la comprensión del crimen y preocuparnos por recuperar el humanismo frente a la actual política que exacerba el individualismo, el consumismo y la acumulación de bienes muchas veces superfluos.
Este documento discute la paradoja de la delincuencia organizada en México y cómo el aumento de la policía no ha reducido la violencia y la corrupción. Explica que la delincuencia organizada en México incluye 22 tipos de delitos que involucran estructuras criminales que incluyen elementos del estado mexicano y de otros países. A pesar de que México ha firmado convenciones internacionales para combatir el crimen organizado, solo ha implementado el 46% de una convención y el 23% de otra. Esto contrasta con el éxito de países como Colombia
El documento analiza la situación actual del narcotráfico en México. Explora cómo el estado mexicano ha lidiado con el problema a través de los años, desde la aplicación de leyes más severas hasta la "guerra contra las drogas" iniciada en 2006. También discute los efectos negativos y positivos del narcotráfico en las comunidades, y cómo aunque trae algunos beneficios también genera inseguridad. El documento concluye que el narcotráfico es un tema complejo con muchos aspectos que analizar.
1. El documento analiza la criminalidad organizada en México, que se ha convertido en un negocio internacional debido a la globalización y las redes criminales transfronterizas. 2. Los grupos criminales mexicanos han logrado infiltración e influencia en el gobierno a través de la corrupción, lo que les permite operar. 3. La investigación criminal requiere de capacitación, tecnología y cooperación internacional para combatir las redes criminales globalizadas.
Investigación: Elementos para implicar a Uribe Vélez ante la justicia univers...Crónicas del despojo
El documento presenta los resultados de una investigación realizada para una maestría en derechos humanos que busca determinar la responsabilidad penal del expresidente colombiano Álvaro Uribe por crímenes de lesa humanidad. La investigación analiza la evidencia que vincula a Uribe con grupos paramilitares y narcotraficantes y muestra cómo estas organizaciones cometieron crímenes contra la humanidad. Debido a la impunidad en Colombia, la única forma de juzgar a Uribe es a través de la justicia internacional.
El documento trata sobre estadística descriptiva y seguridad ciudadana. Se discute la importancia de los observatorios y encuestas de victimización para entender mejor los niveles reales de criminalidad y violencia, ya que la información oficial suele ser insuficiente. También se mencionan algunos ejemplos de encuestas realizadas en Latinoamérica y los desafíos de recopilar datos estandarizados a nivel regional.
Este documento resume la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada de Venezuela. Explica que la ley define la delincuencia organizada y establece delitos como el tráfico de órganos, el sicariato, obstrucción de justicia, pornografía, tráfico de drogas, y lavado de dinero. También analiza casos famosos de sicariato en Venezuela e incluye un índice de los temas cubiertos en la ley.
Este documento resume la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada de Venezuela. Define la delincuencia organizada y explica que se refiere a acciones de tres o más personas con el objetivo de cometer delitos y obtener beneficios económicos. Describe varios tipos de delitos cubiertos por la ley como homicidios, tráfico de órganos, y sicariato. También analiza estadísticas de homicidios en Venezuela y casos famosos de sicariato.
Análisis de la criminalidad organizada en méxicoWael Hikal
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Este documento presenta información sobre estadística descriptiva y encuestas de victimización relacionadas con la criminalidad y violencia en América Latina. Explica que las encuestas de victimización son útiles para estimar el verdadero impacto de la delincuencia ya que muchos delitos no son denunciados. También describe diferentes tipos de encuestas realizadas a nivel nacional e internacional y resalta la importancia de que tengan cobertura nacional representativa para proveer datos confiables.
Este documento presenta información sobre estadística descriptiva y encuestas de victimización realizadas en América Latina para medir los niveles de criminalidad y violencia. Se describen diferentes tipos de encuestas como encuestas nacionales realizadas por gobiernos, encuestas mixtas realizadas con organismos de cooperación, y encuestas no gubernamentales. También se proporcionan ejemplos de encuestas aplicadas en países como Costa Rica, México y República Dominicana.
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1. MANCIPATIO
- Proviene de “mano” y “coger”. Según Gayo, se llama así porque la cosa se coge con la mano.
- Es un modo primitivo y solemne de transmitir el dominium ex iure Quiritium (propiedad civil) de las res mancipi a través de las formalidades propias de los negocios (balanza, fórmulas, testigos...)
- El origen es antiquísimo, ya estaba recogida en las XII Tablas. Es abolida por Justiniano y los compiladores sustituyen en los textos “mancipatio” por “traditio”.
NATURALEZA JURÍDICA
- Es un modo de adquirir iurie civile y de carácter derivativo.
- En un primer momento es una compraventa real en la que la cosa ha de estar presente y el cobre hace la función de dinero.
- Luego pasa a ser un negocio jurídico formal, pues deben cumplirse las formalidades del ius civile. Al tener carácter estricto no es necesariamente el cambio de una cosa por un precio adecuado, por lo que puede tratarse de una donación en la que figuraría se compra una cosa por un precio irrisorio (nummo uno, una sola moneda).
- La mancipatio en vez de desaparecer se adaptará a las nuevas necesidades –modificacion de su formulación- y resultará apta para variados fines en derechos reales y todos los demás.
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
- Elementos personales. Su uso está restringido a los cives. Luego se extenderá a los latinos y a los extranjeros a los que se les confiera el commercium.
- Elementos reales. Son objeto de mancipatio las res mancipi.
- Elementos formales. Según Gayo, presentes al menos cinco testigos (ciudadanos romanos y púberes) y otra persona de igual condición que sostiene una balanza de cobre (libripens) el adquirente sujetando la cosa dice que el objeto le pertenece según el Derecho de los Quirites y que lo compra con este cobre y esta balanza de cobre. Despues golpea la balanza con el cobre y lo da al transmitente como precio.
El transmitente no necesita decir nada, aunque sí puede pronunciar distintas condiciones sobre la cosa vendida (ej. Existencia de gravamenes o su extensión). Estas palabras tendrán fuerza de ley.
EFECTOS
- Si el transmitente es dueño de la cosa, se produce la transmisión del dominium ex iure Quiritium de la res mancipi al adquirente.
- Si no lo es (adquisición a non domino) el adquirente iniciará la usucapión y si antes de consumarla se le priva de la cosa por el verdadero dueño, por rei vindicatio, podrá ejercer contra el transmitente la acción de garantia por la que obtendrá el doble del precio pagado.
- Si al enajenar el fundo el transmitente faltara a la verdad pagará el doble de lo que para el fundo comporte la disminución en caso de gravámenes, o obtendrá el doble del valor de la extensión que faltaba si fue sobre la extensión.
2. IN IURE CESSIO
DENOMINACION
- Es cesión ante el magistrado.
CONCEPTO
- Es un modo de transmitir el dominio común a toda clase de cosas –mancipi y nec mancipi- mediante un proceso aparente de reivindicación en el que el adquirente actua como demandante y el transmitente como demandado.
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Rosa del olmo porqué el actual silencio carcelario
1. ¿Por qué el actual silencio carcelario?
Rosa del Olmo*
Introducción
Quisiera introducir algunas inquietudes relacionadas con la cuestión car-
celaria. Aclaro, sin embargo, que no pretendo presentar un trabajo sobre
el sistema penitenciario en América Latina, un aspecto del sistema penal
que durante muchos años fue uno de los más importantes objetos de estudio y de
preocupación de los más destacados penalistas y criminólogos latinoamericanos,
pero que en años recientes ha sido relegado a un segundo plano.
Tal situación me ha llevado a querer compartir con ustedes algunas reflexiones
preliminares que me surgen al constatar este silencio carcelario de los últimos años.
Además, quisiera presentar algunas características globales de la cárcel contempo-
ránea de América Latina que refuerzan esta situación. Espero que esta breve expo-
sición pueda contribuir a despertar un nuevo interés por la cuestión carcelaria.
Nuestras cárceles son la expresión de una de las manifestaciones más graves
de violencia en todo el continente, pero en la mayoría de los encuentros y estudios
sobre la violencia de los últimos años este aspecto no se toma en consideración.
Predominan estudios epidemiológicos dirigidos a medir las tendencias de la crimi-
nalidad y las percepciones de la ciudadanía con relación a sus diferentes manifes-
taciones, dándole prioridad a la “amenaza” de la gravedad del fenómeno delictivo.
369
* Profesora titular, investigadora-docente jubilada de la Universidad Central de Venezuela, socióloga por la Univer-
sidad de Wisconsin, EE.UU., con master en Criminología de la Universidad de Cambridge, Inglaterra y doctora-
do en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Falleció en Caracas en noviembre de 2001.
2. Igual ocurre con la serie de proyectos de reforma del sistema penal que se es-
tán desarrollando en varios países de la región con apoyo de organismos interna-
cionales, desde hace más de una década, a raíz de la constatación y preocupación
de que nuestra administración de justicia está en crisis.
Algunos ejemplos en este sentido son el proyecto Gobernabilidad y Reforma
de la Justicia: Proyecto Regional de Justicia, de la Dirección para América Lati-
na y el Caribe del PNUD; el proyecto Sistemas Penales y Derechos Humanos en
América Latina, de ILANUD y la Comisión Europea; el proyecto Reforma del
Sistema de Administración de Justicia Penal, de la Comisión Nacional para el
Mejoramiento de la Justicia de Costa Rica con el apoyo de la Comisión Europea;
y el Proyecto para la Modernización de la Justicia y la Sociedad Civil, del Banco
Mundial para Venezuela.
Para avalar la importancia de estos proyectos se sostiene la necesidad del
fortalecimiento de la administración de justicia como parte del proyecto de re-
forma para promover la gobernabilidad eficaz, la democracia y el desarrollo sos-
tenible de estos países. En este sentido, se considera que la democracia será efí-
mera si no es acompañada por medios para combatir la corrupción, el abuso de
poder, la impunidad, establecer las responsabilidades de los funcionarios guber-
namentales, ofrecer protección real para los derechos humanos y responder a las
demandas de la ciudadanía para una seguridad pública eficaz (Dandurand y Pa-
rís-Steffens, 1997: 7).
A pesar de que los especialistas latinoamericanos consideran la legislación
penal (de fondo, procesal y de ejecución), la policía, el Poder Judicial y el siste-
ma penitenciario (o de ejecución de las sanciones) como partes integrantes del
sistema penal (Carranza, 1994: 83), la mayoría de las reformas se han concentra-
do en proponer cambios formales en la legislación penal y en el Poder Judicial,
con una notoria tendencia a excluir la cuestión carcelaria, a pesar de ser recono-
cida como uno de los sectores más deficientes del sistema penal.
¿De qué sirve reformar, reforzar o mejorar el sistema de justicia si su último
eslabón queda completamente fuera de estos programas, siendo clave para con-
firmar su eficacia en cuanto al respeto y promoción de los derechos humanos?
Aun cuando se argumente que estas reformas repercutirán eventualmente en un
mejor sistema penitenciario, mientras tanto ¿qué hacer en la práctica con esta gra-
ve situación de violencia institucional e individual?
Todo parece indicar la urgente necesidad de explicar esta omisión, exclusión
o, mejor dicho, silencio, tomando en consideración los principales aspectos exter-
nos al sistema penal que lo refuerzan, así como aquellos aspectos internos que
exacerban esta situación en la década de los noventa en América Latina.
370
Violencia, sociedad y justicia en América Latina
3. Aspectos externos
Una investigación exhaustiva permitiría detectar una serie de aspectos exter-
nos al sistema penal. No obstante, por los momentos se han seleccionado tres que
parecieran ser cruciales, a saber, el incremento de la criminalidad violenta, la con-
fusa noción de seguridad ciudadana y la cuestión de los derechos humanos.
El incremento de la criminalidad violenta
Este silencio, aunque injustificable, tiene relación en primer lugar con la si-
tuación de América Latina, considerada como la región con mayores índices de
violencia del mundo, en sus diferentes manifestaciones (como por ejemplo, es-
tructural, institucional e individual), pero donde, a partir de la década de los
ochenta, particularmente en los espacios urbanos, la relación violencia/criminali-
dad, y más específicamente la criminalidad violenta, se ha incrementado de ma-
nera significativa. En este sentido, compartimos la caracterización de la misma de
los investigadores colombianos Camacho Guizado y Guzmán Barroy, como “to-
das aquellas actuaciones de individuos o grupos que ocasionan la muerte de otros
o lesionan su integridad física, con lo cual estamos hablando fundamentalmente
de homicidios, lesiones personales, atracos, robos, tentativas de homicidios, se-
cuestros, violación, maltrato familiar (o violencia doméstica) y muertes y lesio-
nes en el tránsito terrestre” (Camacho Guizado y Guzmán Barroy, 1990: 26). Un
ejemplo ilustrativo, y de frecuente referencia, son las tasas de homicidio. Aun
cuando la tasa varía de una subregión a otra, de acuerdo con la OPS, América La-
tina tiene la tasa más alta del mundo, calculándose en 21,3 homicidios por cada
100 mil habitantes (Briceño-León, 1999: 510), mientras que el Banco Interame-
ricano de Desarrollo señala más recientemente una tasa de 28,4 homicidios.
Podría ahondarse mucho más en el análisis y caracterización de otros ejem-
plos de la llamada criminalidad violenta, pero no es el objetivo de este trabajo.
Sólo se ha mencionado por sus repercusiones en la definición actual de la políti-
ca criminal y en la preocupación que suscita como obstáculo para la realización
de los objetivos del desarrollo, a pesar de la falta de datos precisos y confiables
para lograr una mejor comprensión de la naturaleza y extensión del fenómeno en
la región. En este orden de ideas, es importante mencionar, a manera de ejemplo,
la celebración en el mes de abril de 1999 de la I Reunión de Expertos Guberna -
mentales sobre la Prevención del Delito y la Lucha contra la Criminalidad, en la
ciudad de Medellín, Colombia, con la participación de representantes de dieciséis
países y el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y la Comuni-
dad Europea. Al finalizar las deliberaciones, el ex presidente de Colombia César
Gaviria, actual secretario general de la Organización de Estados Americanos
(OEA), preocupado porque la tasa de homicidios en la región es el doble de cual-
quier lugar del mundo, propuso la conformación de un Grupo de Expertos, la
371
Rosa del Olmo
4. creación de un banco de información sobre algunos indicadores de criminalidad
en el hemisferio y sobre los nuevos métodos y técnicas de medición, registro y se-
guimiento de los indicadores de violencia, así como las siguientes cuatro fuentes
de trabajo para erradicar la violencia y la criminalidad en América Latina: crea-
ción de un sistema de recolección de estadísticas criminales; un banco de políti-
cas frente al crimen y la violencia; capacitación en los campos de policía, crimi-
nología e investigación criminal; cooperación con otras entidades multilaterales.
La noción de seguridad ciudadana
Paralelamente, en estos últimos años se observa en América Latina la intro-
ducción del tema de la seguridad ciudadana, como concepto democrático orien-
tador de las políticas y acciones que toman los gobiernos en materia de seguridad
pública, con la finalidad de crear un ambiente propicio y adecuado para la convi-
vencia pacífica de las personas. Su origen en América Latina es diferente al de los
países desarrollados, siendo su objeto central reducir los niveles anteriores de ar-
bitrariedad de parte de las fuerzas de seguridad para evitar que se conviertan en
una amenaza a las recién nacidas democracias (Bernales Ballesteros, 1999). En
este sentido, seguridad y libertad se convierten en los ejes centrales de cualquier
política de seguridad a ser implementada desde un estado de derecho (Comisión
Andina de Juristas, 1999: 22).
No obstante, el incremento de la criminalidad violenta de los últimos años y
el estado de alarma pública que se ha suscitado, exacerbado por el terrorismo in-
formativo y una serie de afirmaciones distorsionadas (Carranza, 1994: 15), ha fo-
mentado una diversidad de sentidos e interpretaciones de la noción de seguridad
ciudadana, limitándolo a la exigencia de que el Estado debe garantizar la seguri-
dad personal para evitar principalmente la comisión de delitos contra la vida, la
integridad física, la libertad sexual y la propiedad. Es decir, lo que se conoce tra-
dicionalmente como “criminalidad convencional”, “criminalidad común” o “cri-
minalidad callejera”. Esta exigencia, a su vez, está relacionada directamente con
el miedo a esa criminalidad que, según las encuestas, supone una de las mayores
preocupaciones de las personas. De ahí que hoy en día el concepto de seguridad
ciudadana se construya sobre la base de dos fenómenos, que, a pesar de reforzar-
se mutuamente, son distintos: el de la criminalidad que existe en una sociedad y
el de la percepción que tienen las personas sobre el volumen de la criminalidad y
el grado de riesgo de ser victimizado.
Como lo que predomina en las sociedades de América Latina –más allá de los
indicadores objetivos sobre la criminalidad– es la sensación de inseguridad, reforza-
da por los medios de comunicación de masas y la difusión de las encuestas de opi-
nión, así como de sucesos policiales sensacionalistas, el concepto de “alarma social”
entra a jugar un papel predominante en la política criminal a seguir.A su vez, la des-
372
Violencia, sociedad y justicia en América Latina
5. confianza hacia el Poder Judicial es común, por una serie de razones que escapan a
los límites de este trabajo; así, la única respuesta de la “opinión pública” es pedir más
presos y penas más severas, al igual que más represión policial. Por lo tanto, las no-
ciones de miedo, riesgo y seguridad tienen mayor relación con la actual tendencia al
“expansionismo penal” (Mathews, 1989) que con la propia criminalidad.
Con esta visión del fenómeno se olvida que la noción inicial de seguridad
ciudadana ha llevado a que en América Latina se desarrolle la noción de “seguri-
dad democrática” (Comisión Andina de Juristas, 1999), donde se observa como
marco de referencia clave el desarrollo de los derechos humanos de todos los ha-
bitantes de un Estado más allá de su condición legal.
La cuestión de los derechos humanos
Por todo lo expuesto, se puede afirmar que la discusión sobre la cuestión car-
celaria es un tema difícil de abordar. La opinión pública en América Latina está
convencida de que quienes están en prisión son los responsables de la inseguri-
dad ciudadana, identificada y asociada exclusivamente con la criminalidad con-
vencional. Lo que le ocurra a la población carcelaria no interesa y cualquier su-
gerencia sobre la necesidad de abordar la problemática de la constante violación
de los derechos humanos, eje igualmente fundamental para promover la goberna-
bilidad y la democracia, no despierta simpatías cuando se trata de quienes han en-
trado en conflicto con la ley penal. Es más, se ignora en términos de exclusión
moral, como señala la psicóloga brasileña Nancy Cardia (1994: 50), quien ade-
más apunta cómo aceptar esta situación es un síntoma muy peligroso para la
construcción de una sociedad democrática, y sugiere la existencia de una ciuda-
danía frágil que ignora la importancia del derecho a la integridad personal como
condición para los derechos sociales, económicos y políticos (Cardia, 1994: 16).
Mientras tanto, el problema más grave del sistema penal es la violación siste-
mática de los derechos humanos del imputado, reflejada a través de prácticas arbi-
trarias e injustas de parte de los encargados de la justicia penal, pero que tiene su
máxima expresión en aquellos que llegan a la cárcel, donde son objeto de todo tipo
de abusos. Uno de los problemas principales es el desconocimiento de parte del re-
cluso de su situación judicial, y en la mayoría de casos la falta de asistencia legal.
No obstante, todos los países de América Latina han ratificado la Normativa
Internacional sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de la OEA,
donde se especifica claramente los derechos de las personas que entran en con-
flicto con la ley. En este sentido, no está de más recordar que los derechos huma-
nos de los reclusos incluyen los siguientes aspectos:
“El derecho a no ser sometido a tortura u otro maltrato; el derecho a la sa-
lud; el derecho a respetar la dignidad humana; el derecho al debido proce-
373
Rosa del Olmo
6. so; el derecho a la no discriminación de cualquier tipo; el derecho a la li-
bertad de culto; el derecho a respetar su vida familiar y el derecho al auto-
desarrollo” (Penal Reform International, 1995: 13).
Por otra parte, en la mayoría de los países existe legislación nacional penitencia-
ria que se basa en las Reglas Mínimas para el Tratamiento del Recluso, inicialmen-
te sancionadas por las Naciones Unidas en 1955, e incluso en múltiples ocasiones
esas leyes son su copia textual. A su vez, en las constituciones, códigos penales y
otras leyes nacionales se hace referencia a la cuestión carcelaria, y de manera espe-
cífica a su finalidad de rehabilitación, resocialización o reeducación, según el caso.
Es decir, todos los países de América Latina han firmado acuerdos y conve-
nios internacionales para la protección del recluso, pero rara vez los han llevado
a la práctica.
No pueden hacerlo por una serie de características crónicas de la cárcel lati-
noamericana que se intentará sistematizar en el panorama general que se presen-
ta a continuación, como aspectos internos estrechamente relacionados con el si -
lencio carcelario.
No esta de más señalar que un análisis más profundo reflejaría una serie de
diferencias entre los sistemas penales de América Latina y, como parte de estos,
en la cuestión carcelaria. La necesidad de estudiar cada país en su especificidad
es evidente (del Olmo, 1998: 115-139), pero no es el objetivo de esta breve pre-
sentación. A su vez, no deben olvidarse las limitaciones en los datos cuantitativos
ya que en la mayoría de los países hay registros incompletos y estadísticas poco
confiables y desactualizadas. Sin embargo, los aspectos internos que se presentan
a continuación son comunes a todos los sistemas penales latinoamericanos.
Aspectos internos
Presos sin condena
En los últimos años se evidencia en América Latina un crecimiento inmane-
jable de la población carcelaria debido a la tendencia a resolver cualquier delito
por medio de la prisión preventiva, el lento procedimiento penal y la resistencia
a aplicar sanciones alternativas, incluso en aquellos pocos países donde existen,
pero también en razón de la reciente legislación antidrogas y la creación de sen-
tencias más duras para contrarrestar los problemas de la seguridad ciudadana.
Por otra parte, los procedimientos anacrónicos, la corrupción y la ineficiencia
juegan un papel fundamental. Por ejemplo, entre 1981 y 1996, la tasa carcelaria de
Costa Rica se incrementó en un 23%; Chile, 36%; Ecuador, 25%; El Salvador, 83%;
México, 32%; Panamá, 134%; República Dominicana, 76%; y Uruguay, 145%
(Carranza, 1997: 39).Y en Colombia, entre 1991 y 1997 se incrementó en un 38%.
374
Violencia, sociedad y justicia en América Latina
7. De esta manera, el número de detenidos esperando juicio es la norma en
América Latina, y la expresión presos sin condena se ha convertido en el símbo-
lo de nuestros sistemas penales. La prisión preventiva es la regla, y la prisión co-
mo condena la excepción. Por lo tanto, “adquiere funciones retributivas y repre-
sivas de ejecución anticipada de la pena” (Carranza et al., 1992: 19).
Esta situación dice mucho sobre la naturaleza específica del castigo en Amé-
rica Latina.
Una gran proporción de la población carcelaria está conformada por peque-
ños ladrones, quienes frecuentemente pasan más tiempo en prisión esperando
sentencia que lo establecido legalmente por los delitos de hurto, violándose el
principio legal de la presunción de inocencia que establecen los códigos penales
que, siguiendo la tradición europea, definen los delitos y sus respectivas penas, y
también el principio del debido proceso. Así la pena adquiere otro significado y
pierde su función original. Otros pasan largos períodos dentro de la cárcel para
eventualmente ser liberados luego de ser encontrados no culpables.
Desde una perspectiva de la nueva política criminal postmoderna de la emer-
gencia, lo que interesa es utilizar la cárcel como depósito para excluir e incapa-
citar poblaciones consideradas “peligrosas”, “de riesgo”, pero sobre todo “dese-
chables”.
En otras palabras, la detención preventiva se convierte en una forma de cas-
tigo y lo que la ley establece como sanción penal para diferentes tipos de delito
no es relevante (del Olmo, 1998: p. 116). Es más, no hay ninguna relación entre
mayor población carcelaria y sentencias más largas, salvo en contados casos, si
se toma en consideración la proporción de procesados y condenados.
Cambios en la población carcelaria
La mayoría de la población carcelaria de América Latina pertenece a los sec-
tores más pobres de la sociedad, pero en los últimos años se observan cambios en
su composición de acuerdo con el delito y la nacionalidad.
Los reclusos por delitos contra la propiedad siguen siendo el número mayor;
hay, sin embargo, un significativo incremento de reclusos por delitos relaciona-
dos con drogas en sus niveles más bajos. Por ejemplo, en Ecuador, en 1997, el
42% de la población carcelaria tenía que ver con este tipo de delitos, y en Boli-
via, en 1998, el 60%. Esta situación es particularmente notoria en el caso de las
mujeres reclusas –con un promedio de 70% en la mayoría de los países–, lo cual
ha dado lugar a graves problemas, ya que la cárcel fue originalmente concebida
para poblaciones masculinas. En muchos casos, debido a la falta de estableci-
mientos, no pueden ser separadas de los varones, con dramáticas consecuencias.
375
Rosa del Olmo
8. Un ejemplo en este sentido es la situación encontrada en 1994 en la Cárcel
Nacional de Ciudad Bolívar, Venezuela, donde de 54 mujeres reclusas, 18 esta-
ban embarazadas de los reclusos y de los guardianes carcelarios, encontrándose
además 4 niños recién nacidos (Provea, 1994: 102).
A su vez, la nueva legislación antidrogas, siguiendo un modelo común en to-
dos los países, ha creado problemas legales, sociales e individuales adicionales. La
segregación de este tipo de preso es la norma, pero también se castigan más seve-
ramente y carecen de una serie de beneficios legales durante el juicio y una vez
sentenciados, violándose en muchos casos las constituciones, los principios del de-
recho penal liberal y la doctrina internacional de derechos humanos. Por otra par-
te, en estrecha conexión con las características transnacionales del fenómeno de
las drogas, se observa en varios países un significativo incremento de presos ex-
tranjeros. En su gran mayoría provienen de países vecinos y también son pobres y
desempleados. Sin embargo, en el caso de las mujeres hay un número significati-
vo de europeas y norteamericanas que han sido detenidas en los aeropuertos inter-
nacionales. Se trata de las llamadas “mulas”, quienes transportan a sus países de
origen pequeñas cantidades de drogas en sus cuerpos. A menos que las embajadas
hagan algo al respecto, estas extranjeras permanecen en condiciones muy preca-
rias, sin asistencia legal e incluso en muchas ocasiones sin ningún tipo de recurso
económico y sin conocer el idioma, lo cual incrementa los problemas carcelarios.
Hacinamiento carcelario
Mientras tanto, la capacidad física del sistema no ha aumentado en la misma
proporción, creando un grave problema de hacinamiento carcelario. Hoy en día
ya no se trata sólo de presos sin condena, sino de establecimientos viejos y dete-
riorados, con una capacidad física incapaz de manejar esta excesiva población. En
la mayoría de los países el Estado no ha podido ocuparse de la infraestructura car-
celaria y ha tenido que reducir su presupuesto debido al colapso de las economías,
las altas deudas externas y la crisis fiscal, pero además porque en las agendas gu-
bernamentales no es considerado una prioridad. Uno de los peores abusos de de-
rechos humanos tiene que ver con los problemas asociados con el hacinamiento
y la falta de voluntad de parte de los representantes políticos y públicos para asig-
nar los recursos financieros requeridos para la reforma carcelaria.
Esta condición de hacinamiento es responsable del incremento tan frecuente
de informes sobre motines, rebeliones, muertes, métodos infrahumanos de alimen-
tación y contaminación del virus del SIDA, todo lo cual constituye graves viola-
ciones tanto a las Reglas Mínimas para el Tratamiento del Recluso de las Nacio-
nes Unidas como a los Derechos Humanos Fundamentales. Al mismo tiempo, re-
sulta imposible clasificar o separar procesados y condenados por falta de espacio.
376
Violencia, sociedad y justicia en América Latina
9. Recursos humanos inadecuados
Las cárceles de América Latina enfrentan un grave problema en relación con
la selección y formación del personal carcelario. Con frecuencia éstas están en
manos de militares retirados y de funcionarios policiales, nombrados por razones
políticas, lo cual es un obstáculo crucial para profesionalizar este sector. En algu-
nos países se observan intentos de crear escuelas de formación para el personal
encargado de las actividades cotidianas de la cárcel, pero no es la norma. Tam-
bién es frecuente que los propios guardianes deleguen en determinados reclusos
sus obligaciones (Rico, 1996: 45). Dentro de la cárcel se observan la negligencia,
la corrupción y el tráfico de influencias del personal.
Mientras tanto, hay una carencia de servicios técnicos para la asistencia judi-
cial, la educación, el trabajo, la salud, las actividades culturales y el deporte, no
sólo por falta de personal calificado, sino también debido a las condiciones dete-
rioradas y viejas de los establecimientos.
Nuevos modelos de cárcel
Debido a los problemas antes señalados resulta imposible implementar la cla-
sificación entre procesados y condenados y mucho menos pensar en la llamada
“rehabilitación del delincuente”. La cantidad excesiva de procesados y el hecho
de tener que compartir el mismo espacio físico con los condenados distorsionan
la vida carcelaria. De acuerdo con la legislación vigente, no están obligados a tra-
bajar o estudiar hasta ser encontrados culpables. De esta manera, las prisiones
convencionales han desaparecido y, salvo contadas excepciones, se observan en
América Latina tres modelos patológicos de institución carcelaria que pueden
sintetizarse de la manera siguiente:
La cárcel-ghetto, que se parece a vecindarios muy pobres, donde los reclusos
viven o están en constante contacto con parientes y personas del exterior, es-
tableciendo un sistema de autogestión, con una mínima seguridad y violen-
cia. Ejemplos de este tipo pueden encontrarse en Bolivia y México.
La cárcel-campo de concentración, donde predominan los castigos arbitra-
rios y la incapacitación, con graves problemas de salud y de seguridad perso-
nal y con altos índices de violencia y muertos. Frecuentemente los propios
reclusos controlan el establecimiento y los guardianes se mantienen en el ex-
terior, pero son responsables de introducir armas y drogas dentro de la cár-
cel. Varios ejemplos pueden encontrarse en Venezuela y Brasil.
La cárcel-hotel, generalmente no hacinada, apoyada fundamentalmente por
reclusos acusados de delitos no convencionales y con la aceptación del per-
sonal administrativo, que les permite privilegios especiales, ya que no perte-
necen a los sectores más pobres (Carranza, 1995: 115).
377
Rosa del Olmo
10. Recientemente se observa el desarrollo de un nuevo modelo bifurcado, con la
construcción en algunos países de la cárcel de máxima seguridad para grandes tra-
ficantes de drogas y lo que tradicionalmente se calificaba como “delincuentes po-
líticos” pero que hoy en día se llaman genéricamente “terroristas”, por razones que
escapan a los límites de esta presentación. Es cierto que en los dos casos reciben
sentencias muy duras y son objeto de medidas extremas de seguridad, pero el tra-
tamiento no es similar. Por ejemplo, en el caso de aquellos acusados de terroris-
mo, se llega al caso extremo, como el de Perú, donde los establecimientos son sub-
terráneos o en las grandes alturas de la Sierra, alejados de cualquier contacto ex-
terno, y viviendo en condiciones que violan los mínimos principios de la doctrina
internacional sobre derechos humanos de los reclusos antes señalada. En contras-
te, los grandes traficantes de drogas generalmente tienen todo tipo de privilegios,
incluyendo visitas permanentes y comidas especiales. El ejemplo más notorio fue
la famosa prisión de La Catedral en Medellín, Colombia. Pero en la actualidad per-
siste esta práctica en varios países, como es por ejemplo el caso de México.
Coexistencia de normas contradictorias
Una característica adicional del sistema carcelario de América Latina es la coe-
xistencia de normas contradictorias (Balvela, 1995: 219). En primer lugar, hay nor-
mas escritas, proclamadas por el discurso oficial de las altas autoridades, con rela-
ción al respeto de los derechos humanos y la disciplina para lograr el paradigma de
la rehabilitación, siguiendo las Reglas Mínimas para el Tratamiento del Delincuente
de las Naciones Unidas y la legislación penitenciaria nacional. En segundo lugar, las
normas del personal local de la cárcel, no escritas, pero impuestas por quienes están
a cargo de la custodia de los reclusos, y en algunos casos por otros funcionarios, co-
mo favores, castigos disciplinarios, soborno, beneficios especiales, discursos mani-
puladores, etc.Y en tercer lugar, las propias normas de los reclusos, que se manifies-
tan individualmente, en grupos o hacia el personal administrativo y la guardia.
Estos tres tipos de normas, que están en permanente confrontación en muchas
cárceles, imposibilitan lograr el propósito de rehabilitación del sistema carcelario
(Rivera, 1992: 28-29), contribuyendo más bien a la permanente situación de vio-
lencia y eventualmente a la violencia criminal carcelaria, expresada en el alto nú-
mero de muertos y heridos, como sucede en las cárceles venezolanas.
A manera de conclusión
El panorama general presentado en esta exposición ha querido esbozar una
serie de aspectos externos e internos que se refuerzan entre sí para perpetuar el si-
lencio carcelario imperante en los proyectos de investigación sobre la violencia y
de reforma de la justicia que se llevan a cabo en América Latina.
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Violencia, sociedad y justicia en América Latina
11. Por otra parte, es importante para comprender esta situación destacar la no
correspondencia con el discurso y la práctica penológicas de los países desarro-
llados (Garland, 1996: 184). Así, se podría concluir que en América Latina los re-
clusos enfrentan dos tipos de pena. En primer lugar, lo que se podría llamar pe -
nas de derecho, ejemplificadas en la pena privativa de libertad, como la forma
predominante de sancionar la criminalidad convencional, pero con la peculiaridad
de que se las utiliza como medida preventiva más que como sanción penal, si re-
cordamos la especificidad regional del “preso sin condena”. En segundo lugar, lo
que podría calificarse como penas de hecho, porque no están en los textos lega-
les ni son aplicadas por los tribunales, pero sí establecidas por la cotidianidad de
la vida carcelaria y aplicadas por los compañeros de reclusión o por los respon-
sables de su custodia, mediante violaciones, vejámenes, maltratos, torturas e in-
cluso la muerte (del Olmo, 1995: 72-73).
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Rosa del Olmo
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