El documento resume el periodo de la Restauración Borbónica en España entre 1874 y 1902. Se estableció un nuevo sistema político bajo el reinado de Alfonso XII y la dirección de Antonio Cánovas del Castillo, caracterizado por el bipartidismo entre los conservadores y liberales y el turno pacífico de los partidos en el poder. La Constitución de 1876 creó un marco legal para este sistema. Sin embargo, hubo oposición de republicanos, carlistas, y los movimientos regionalistas y obreros que surgieron, especialmente en Cataluña.

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TEMA 8. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un
nuevo sistema político (1874-1902)
0. Introducción
1. El reinado de Alfonso XII. Bases de la Restauración
1.1 El sistema canovista
1.2 La constitución de 1876
1.3 Los mecanismos del poder
2. La oposición política
2.1 Regionalismo y nacionalismo
2.2 El movimiento obrero
3. La Edad de Oro de la Restauración
3.1 El reinado de Alfonso XII
3.2 La regencia de María Cristina de Habsburgo
4. La crisis colonial de 1898
4.1 Las reacciones a la derrota
4.2 El regeneracionismo
0. Introducción
El período isabelino significó la hegemonía del partido moderado, que defendía el nuevo régimen
liberal surgido tras la crisis del Antiguo Régimen. Este régimen, que significaba el predominio
político de los propietarios agrarios beneficiados por la desamortización y las clases conservadoras,
bloqueaba el acceso al poder de los partidos de oposición, para quienes no quedaba otro recurso que
el pronunciamiento o la revolución.
Esta situación se quebró en 1868, dando paso a una agitada etapa que se prolongó durante seis años
y que conoció varios regímenes políticos: regencia, monarquía democrática de Amadeo de Saboya,
república federal y república conservadora, en los que fueron poniéndose en práctica los diferentes
proyectos de la coalición que hizo posible la Revolución. La profundización de los principios
liberales en sentido democrático, la defensa de las libertades y el peso político que adquirieron
pequeña burguesía y clases populares no eran fácilmente admisibles para quienes habían controlado
el poder en las décadas anteriores. La agitación y los conflictos bélicos (guerra carlista, guerra de
Cuba, conflicto cantonal) impulsaron a las clases conservadoras a apostar por la Restauración de la
monarquía.
Sin embargo, el acuerdo no fue fácil entre los restauracionistas. Pese a las dificultades encontradas,
el político malagueño Antonio Cánovas del Castillo, a quien se encargaron los trabajos
restauradores, se decidió por la persona del príncipe Alfonso, hijo de Isabel II, y por un sistema
político más abierto, donde se reconocieron progresivamente los derechos individuales del Sexenio

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y en el que la oposición pudiera acceder al poder por vías pacíficas. El proceso de aglutinación de
las fuerzas defensoras de la Restauración Borbónica, tuvo como hito la publicación en 1874, por
parte del príncipe Alfonso de su programa como rey. Ese documento es conocido como el
Manifiesto de Sandhurst, cuyo nombre viene de la Academia militar inglesa donde se encontraba
realizando sus estudios. Finalmente, aunque Cánovas era partidario de una transición pacífica, el
príncipe fue proclamado como nuevo rey tras el pronunciamiento de Sagunto, protagonizado por el
general Martínez Campos.
1. El reinado de Alfonso XII. Bases de la Restauración
Tras el golpe de Pavía y la disolución de las Cortes republicanas, en enero de 1874 se estableció un
régimen militar bajo la presidencia del general Serrano, sin un programa concreto. Durante el
Sexenio Democrático se habían ido reorganizando las clases conservadoras en torno a la figura de
Alfonso, el hijo de la destronada Isabel II. El líder de este grupo, Antonio Cánovas del Castillo,
logró un consenso entre conservadores y progresistas para restaurar la monarquía borbónica de
forma pacífica. Primero convenció a Isabel II para que abdicara a favor de su hijo Alfonso (1870) y
luego se preocupó por la formación del que habría de ser el futuro rey, inscribiéndole en diversas
escuelas militares británicas.
El 1 de enero de 1874, el futuro Alfonso XII firmaba el Manifiesto de Sandhurst (redactado por
Cánovas) en el que prometía una monarquía abierta, constitucional y democrática. Sin embargo, el
29 de diciembre de ese mismo año, los generales Martínez Campo y Jovellar se pronuncian en
Sagunto (Detrás del pronunciamiento estuvieron los intereses cubanos, tanto los militares como los
económicos que se habían visto perjudicados durante el sexenio por la concesión de autonomía a la
isla y por la difusión de las ideas antiesclavistas), echando por tierra los planes de Cánovas de
devolver la corona a los Borbones de manera pacífica.
1.1 El sistema canovista
Consumados los hechos, Cánovas forma un gobierno provisional y comunica a Alfonso su
proclamación como rey de España. Da comienzo así un periodo denominado Restauración (1875-
1931) caracterizado por la vuelta del liberalismo doctrinario con la burguesía conservadora y
latifundista en el poder, la estabilidad y el orden político al desaparecer los graves problemas
existentes (se pone fin a la guerra carlista en 1876 por la paz de Somorrostro, y a la guerra cubana
en 1878 por la Paz de Zanjón) y todo ello bajo el amparo de una Constitución como la de 1876 y un
sistema político, como el canovista, que sancionaba el principio del turno pacífico de partidos en el
gobierno.
Para ello era necesario, según Cánovas, que la monarquía recuperase el prestigio perdido,
haciéndola desempeñar un mayor protagonismo en la vida pública; la vuelta del ejército a los
cuarteles (fue importante la educación militar de Alfonso XII para terminar con la intromisión de
los militares en la vida política), el consenso político de los partidos progresista y moderado
tradicionales (bipartidismo) y la aceptación por estos del turnismo pacífico, inspirado en el modelo
británico. Se basaba en dos partidos que, partiendo de la aceptación de la Constitución de 1876,
deberían turnarse pacíficamente en el poder mediante elecciones, lo que acabaría con los endémicos
pronunciamientos.

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Uno de los partidos derivaba del antiguo Partido Alfonsino, ahora llamado Partido Conservador,
con Cánovas como líder incuestionable hasta su asesinato en 1897. Aglutinaba a los antiguos
moderados y parte de los unionistas.
El otro partido integraba en el nuevo sistema a los monárquicos del sexenio para alcanzar realmente
una estabilidad. Esta tarea la cumplió con creces Práxedes Mateo Sagasta, un político
experimentado vinculado a los antiguos partidos progresista y constitucional. En 1880 creó el
Partido Fusionista, una especie de reunificación de los antiguos progresistas que en 19885 se
convirtió en el Partido Liberal. Inmediatamente Cánovas les cedió el turno de gobierno (1881).
1.2 La constitución de 1876
Confirmado por Alfonso XII como jefe de gobierno, Cánovas se dispuso a elaborar una nueva
Constitución que terminara con el radicalismo del Sexenio. Se basaba en el principio canovista de
que la Corona y las Cortes eran anteriores a la Constitución, siendo el rey la pieza clave del sistema.
Sus características fueron las siguientes:
- Las Cortes constan de dos cámaras de similares competencias. Un Senado compuesto
por tres tipos de senadores: por derecho propio (grandes de España y altos cargos de la
Iglesia y el Ejército), por designación real (la mitad vitalicia, la otra mitad por cinco
años) y por elección; y un Congreso de Diputados, de elección popular. El modelo
electoral que se aprobó inicialmente fue el censitario, hasta que en 1890 los liberales de
Sagasta introdujeron el sufragio universal.
- La Corona se reserva la sanción y la promulgación de las leyes, así como el mando
supremo de las fuerzas armadas. Puede vetar las leyes por una legislatura y disolver las
Cámaras, pero debe convocar elecciones antes de 3 meses. Nombra al ejecutivo, que
debe responder ante las Cortes, pero como el rey no es responsable, en la práctica el
gobierno no surgirá de la mayoría parlamentaria sino de la voluntad real.
- El poder judicial es independiente
- Se incluye una amplia declaración de derechos individuales, pero se pospone su
desarrollo a Leyes Orgánicas posteriores, que tendieron a su restricción, pero también
daban la posibilidad de incluir otros lo que hizo que, en el plano legal, a finales de siglo
eran similares a los del resto de Europa.
- Ayuntamientos y Diputaciones quedaban bajo control gubernamental.
- Se reconoce la confesionalidad católica del país, el mantenimiento del culto y del clero,
pero se da una libertad de culto si se restringe al ámbito privado.
1.3 Los mecanismos del poder
La clave del sistema político creado por Cánovas fueron dos elementos: el bipartidismo y el
turnismo de partidos sometidos a la voluntad del rey. Para ello necesitaba controlar el proceso
electoral que mantuviera de forma constante a la oligarquía financiera, industrial o agrícola en el
poder en todos los ámbitos (local, provincial o estatal) y pudieran imponer sus intereses.
Dos fueron los mecanismos utilizados para ello: el caciquismo y la manipulación electoral. Los
caciques eran jefes locales de un partido que manipulaba el aparato administrativo del Estado en
provecho propio y de su clientela, de forma que dominaba un área electoral determinada. La
relación entre el cacique y sus partidarios era de carácter clientelar, mediante un intercambio de
bienes y servicios, en el que se incluían favores personales. Las clientelas eran indiferentes a la

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ideología política. Aseguraban el voto al cacique a cambio de favores o recomendaciones: librar a
un hijo del servicio militar, evitar pagos de contribución o conseguir un empleo en un organismo
público.
La manipulación de las elecciones mediante el sistema caciquil se realizaba en un ambiente de
desmovilización general del electorado, mayoritariamente rural y analfabeto que desconfiaba de la
democracia y confiaba más en los líderes locales de los que esperaba obtener el favor como
compensación a su voto. De esta manera el mecanismo electoral no configuraba las Cortes, sino que
era el gobierno quien configuraba al electorado. El rey designaba al Presidente del Gobierno, que
proponía a los ministros que, a su vez, recibían el decreto de disolución de las Cortes. Desde el
gobierno se manipulaban las elecciones formándose las mayorías necesarias mediante métodos
como el del encasillado, que dependía de Gobernación. El ministro de turno colocaba a los
diputados cuneros o personas no naturales de la circunscripción electoral en la que era elegido. Un
25% eran candidatos naturales, al presentarse por su provincia de origen y elegidos a través de la
organización local del partido. De esta manera Cánovas evitaba cualquier participación del pueblo
en las decisiones políticas y paralizaba el progreso social.
En realidad, el caciquismo puede considerarse una pervivencia del Antiguo Régimen, donde el
propio sistema sociopolítico consagraba la influencia de los poderosos. Ahora se mantiene esa
misma influencia, pero disfrazándola de representativa y vulnerando la legalidad constitucional,
especialmente los principios de igualdad y libertad. La voluntad de la nación nunca se tiene en
cuenta. La principal novedad del sistema creado por Cánovas está en que los resultados electorales
se manipulan de tal modo que tengan una apariencia representativa, ya que aunque siempre gana el
gobierno, los partidos de oposición, incluidos los contrarios al sistema, obtienen una cierta
representación parlamentaria.
2. La oposición política
Frente al sistema de la Restauración se situaron diversos grupos políticos, la mayor parte de ellos
demasiado débiles como para inquietar a los gobiernos hasta comienzos del s. XX. Al margen de
grupos preexistentes, como los republicanos, tremendamente disgregados en torno a líderes
prestigiosos, como Castelar, Salmerón, Azcárate, Pi i Margall o Ruiz Zorrilla, y por otro lado los
carlistas, surgieron dos grupos pujantes: nacionalistas y movimiento obrero.
El carlismo, derrotado definitivamente en 1876, quedo reducido a la organización estructurada por
Nocedal que, entre 1890 y 1923 participó en las elecciones obteniendo entre 7 y 13 diputados en el
Congreso. Muy conservadores, perdieron fuerza en Guipúzcoa y Vizcaya, pero la mantuvieron en
Navarra y Álava. Al llegar la crisis de 1898 hubo algunas conspiraciones e insurrecciones
infructuosas en Cataluña y Levante.
Los republicanos fueron legalizados en 1881 y, a partir de las elecciones por sufragio universal de
1890, pudieron acceder a los Ayuntamientos y formar parte de las Cortes. Su escisión en tres
tendencias y su escasa incidencia en las reformas sociales les hicieron tener poca repercusión en las
masas trabajadoras, siendo su base electoral las clases medias urbanas de Cataluña, Valencia o
Madrid. De las tres tendencias, la de Castelar, llamada histórica o posibilista, aceptó la colaboración
con el sistema canovista y acabó integrándose en el Partido Liberal de Sagasta. En una posición
central se encontraban Salmerón y Ruiz Zorrilla, defensores a ultranza de la Constitución de 1869.
Y en la izquierda, los federalistas de Pi y Margall y Figueras, los más preocupados por los
problemas sociales y que tuvieron una gran implantación electoral entre el proletariado catalán.

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2.2 Regionalismo y nacionalismo
En Cataluña surgió un movimiento regionalista muy pujante que dará origen en poco tiempo al
nacionalismo catalán. Sus artífices son Valentín Almirall desde la vertiente progresista, y Enric Prat
de la Riba desde la conservadora. Al margen de su fuerte tradición histórica, sus orígenes hay que
buscarlos en un movimiento de tipo cultural, la Renaixença, que desde la década de 1830 había
iniciado la recuperación de la identidad cultural catalana. Pero sobre todo hay que destacar la
existencia de una burguesía pujante y diferenciada de la del resto de España y distanciada de los
gobiernos de Madrid a lo largo del Sexenio a causa de su política librecambista que les perjudicaba.
En 1889 la aprobación del Código Civil provoca un movimiento de defensa de la lengua catalana y
del derecho propio como expresión de la nacionalidad catalana. Este nacionalismo incipiente tiene
su más importante expresión con la formación del grupo Unió Catalanista (1891) y en las Bases de
Manresa (1892), un documento redactado por Enric Prat de la Riba en el que se reclama un régimen
de autonomía para Cataluña, con un gobierno y parlamento propios, en el marco de una España
confederal.
En el País Vasco tiene también lugar un movimiento regionalista, cuyo principal exponente es
Sabino Arana, un intelectual formado en la tradición carlista y el catolicismo más integrista. Éste
funda en 1895 el Partido Nacionalista Vasco, cuyo lema era "Dios y Leyes Viejas". Sus ideas son
una reacción tradicionalista y culturalista frente al desarrollo económico y la creciente inmigración,
con un fuerte componente racista. La raza y la religión se consideran la base de la nación vasca,
idealizando a un pueblo vasco agrario, noble y católico enfrentado al liberalismo y a los "maketos"
portadores de todos los males y desgracias. La lengua será otro signo importante de identidad, pero
por detrás de la raza.
Los Fueros, definitivamente liquidados tras la Segunda Guerra Carlista (1876), se convertirán en el
centro de las reivindicaciones nacionalistas. Interpretados por Arana y sus seguidores como un
conjunto de derechos históricos y expresión legal de la excepcionalidad social y religiosa vasca,
pasan a ser la expresión de la soberanía perdida. En realidad no eran más que un privilegio del
Antiguo Régimen que se había mantenido circunstancialmente hasta finales del XIX. Tuvo bastante
éxito entre las clases campesinas y las clases medias vascas, sobre todo la pequeña burguesía y los
profesionales, pero no gozó de las simpatías de los obreros industriales, en buena parte inmigrantes,
más cercanos al socialismo.
En Galicia apareció el denominado galleguismo parte del “Rexurdimento” cultural gallego, cuyas
figuras principales fueron Rosalía de Castro y Manuel Condal, apoyados por Pardo Bazán. Su
conciencia política comienza con la república federal (1873) y continuó con escritores federalistas
como Moreno barcia y su proyecto de constitución galaica de 1887. Hacia finales de siglo el
galleguismo se consolida entre las clases medias de abogados, médicos y funcionarios.
A su vez en Andalucía, el denominado andalucismo tendrá en Blas Infante su principal
representante. En 1915 publicó “El ideal andaluz” donde reivindicaba la personalidad única de
Andalucía y la creación de la mancomunidad andaluza.

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2.2 El movimiento obrero
Otra fuerza política opuesta al régimen era el movimiento obrero, prohibido y fuertemente
perseguido durante la República Ducal de Serrano y dividido en dos grupos fundamentales:
anarquistas y socialistas. Su existencia será clandestina entre 1874 y 1881.
El anarquismo es un movimiento apolítico, antiestatal y colectivista. Consideraba a los campesinos
como una fuerza revolucionaria en igual medida que a los proletarios. Se oponen tenazmente a la
lucha política y se vuelcan en la estrategia de la acción directa por medio de la huelga general. En
1881 fueron legalizados, organizándose la FTRE (Federación de Trabajadores de la Región
Española). Se extendieron sobre todo por Cataluña, Valencia y Andalucía, entre los obreros
industriales y los jornaleros.
Frente al acoso gubernamental y la intransigencia patronal, su actuación se orientó frecuentemente
hacia el terrorismo, la "propaganda por el hecho" o la "acción directa" en terminología anarquista.
En Barcelona tuvo un fuerte desarrollo en la última década del s. XIX (1892-1897). Sus objetivos
eran el Estado (atentados contra Martínez Campos, Cánovas, Alfonso XIII, Canalejas, Maura, Dato,
etc...), la Iglesia, y la oligarquía. Un ejemplo controvertido fue el caso de la "Mano Negra" en
Andalucía, una oscura trama de delincuencia violenta aprovechada por las autoridades para
descabezar el movimiento anarquista en el campo andaluz e ilegalizar a la FTRE.
El socialismo se mostró menos pujante. En 1879, Pablo Iglesias funda en Madrid la Agrupación
Socialista Madrileña, germen del PDSOE, que en 1888 celebra su primer congreso y se funda la
UGT, un sindicato de clase organizado en secciones de oficios. Su mayor implantación la tuvieron
en Madrid, el País Vasco y Asturias. Su programa era una mezcla de reivindicaciones políticas y
sindicales, junto a las que reclamaban la transformación de la propiedad individual en propiedad
social, la abolición de las clases y la posesión del poder político para el pueblo. Esta fuerte
propaganda revolucionaria contrastará con una práctica reformista. Sobre todo tras la aprobación
del sufragio universal su actividad se orientó hacia el reforzamiento de la organización y hacia la
participación política.
Estos grupos obreros fueron en principio poco importantes, pero fueron creciendo al ritmo del
desarrollo industrial y, al mismo tiempo, replanteando su estructura, objetivos y estrategias para
adaptarse a la situación del país e integrar al importante sector de los trabajadores de la tierra. En
realidad, los intereses de la masa de obreros y campesinos nunca estuvieron representados en las
Cortes; en parte por el carácter abstencionista del movimiento obrero anarquista, pero sobre todo
por la práctica caciquil.
3. La Edad de Oro de la Restauración
3.2 El reinado de Alfonso XII
De 1875 a 1880 gobernaron los conservadores, teniendo como objetivos prioritarios el poner fin a la
Tercera guerra carlista. El propio rey intervino en la campaña militar de cara a conseguir un cierto
prestigio popular. Tras de la batalla de Montejurra y la ocupación de Estella, la capital del carlismo,
se firmará la Paz de Somorrostro en marzo de 1876. Dicha paz supondrá la abolición de lo que
quedaba de los fueros vascos: la exención de armas y la contribución a los gastos del Estado,
mediante un “concierto económico”.
En cuanto a la Guerra de Cuba (1868-1878) se acabó cuando pudieron enviarse a la isla 70.000
soldados al mando del general Martínez Campos, cuya actitud conciliadora se plasmó en la firma de
la Paz de Zanjón por la que se otorgaba a la isla las mismas condiciones políticas, orgánicas y

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administrativas que ya tenía Puerto Rico, tales como autonomía para sus ayuntamientos, derechos
políticos y representación en Cortes, así como la abolición de la esclavitud y la revisión de los
derechos arancelarios. Pero tales condiciones tardaron en aplicarse, por lo que el problema cubano
siguió en estado latente. También promulgaron leyes de carácter represivo y de control de las
libertades (imprenta, reunión, asociación), limitación de los derechos (sufragio censitario), Ley
Electoral, no libertad de cátedra) y legislación centralizadora (abolición de fueros vascos, ley
municipal). De 1881 a 1884 gobernaron los liberales que iniciaron sus programas de reformas como
el sufragio universal masculino para elecciones municipales de 1882.
3.2 La regencia de María Cristina de Habsburgo
En 1885, cuando muere Alfonso XII gobierna el partido conservador, siguiendo la lógica del
turnismo: 1875-1880, partido conservador; 1881-1884, partido liberal. Con la firma del Pacto (no
escrito) de El Pardo entre Cánovas y Sagasta se aleja la posible crisis que supone la pérdida del rey
al entregar la Regencia a su esposa, María Cristina de Habsburgo, que está esperando un hijo (el
futuro Alfonso XIII) y la cesión del gobierno a los liberales para dar confianza a la nación.
Comienza así el llamado “gobierno largo” liberal (1885-1890) que introdujo en el sistema canovista
importantes reformas: aprobación de los Códigos Civil y de Comercio, Ley de procedimiento
administrativo, ampliación de libertades (Ley del Jurado, de Asociaciones, amplia libertad de
expresión, de cátedra, libertad de imprenta, amnistía), culminadas con el sufragio universal
masculino de 1890.
En la última década del siglo, los partidos se alternaron bianualmente, dando muestras de cansancio.
Tuvieron que enfrentarse al problema de Cuba, que estalló en 1895, paralizando toda acción de
gobierno. Su práctica inactividad impidió realizar reformas en profundidad en Hacienda que
incrementasen los recursos del Estado y permitieran su mejor distribución, apenas se preocuparon
por la situación de la clase trabajadora o por dar un impulso a la estructura industrial y renovar la
agricultura.
El elemento común de ambos gobiernos fue la omnipresencia de los intereses de la oligarquía en
todas las medidas que se tomaban, y la estrecha relación existente entre el poder político y el
económico, para el que Cuba suponía un factor indispensable. Los personajes poderosos se
dedicaban a urdir relaciones estables con políticos y militares influyentes, que eran los encargados
de conseguir los favores solicitados y a cambio recibían una participación en los beneficios y su
entrada en los consejos de administración de las empresas.
Al margen de estos poderosos oligarcas existían unas oligarquías locales formadas sobre todo por
terratenientes en la mayor parte del país, y por empresarios en las escasas zonas industriales. Se
organizaron mediante asociaciones patronales y controlaron los ámbitos de decisión locales, así
como la representación en las Cortes, utilizando este poder siempre en beneficio de sus intereses
particulares, aunque ellos los consideraban generales y coincidentes con los del territorio bajo su
dominio.
4. La crisis colonial de 1898
En la última década del siglo XIX, la reproducción de la insurrección cubana, coincidente con un
movimiento similar en Filipinas, y el desarrollo del terrorismo anarquista en la península, que
culmina con el asesinato de Cánovas del Castillo en 1897, presagiaban el fin de la "edad de oro" de

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la Restauración. El origen del problema colonial estaba en la dispersión y en la mala administración
de las colonias, pero se agravó por la carencia de una política exterior y aliados seguros.
El problema cubano, cerrado en falso en 1878, resurge en 1894, cuando José Martí funda el Partido
Revolucionario Cubano, de clara vocación independentista. Al año siguiente, muerto Martí, resurge
la insurrección dirigida por líderes militares y con el nada disimulado apoyo estadounidense. Éstos
tenían un gran interés económico en la isla, muestra de ello es buen exponente el hecho de que el
90% de las exportaciones cubanas tenían como destino los EEUU.
Para solucionar el problema se envió nuevamente al general Martínez Campos, que mantuvo su
táctica de combinar las acciones militares con las negociaciones e incluso sobornos y
conspiraciones. Pero en esta ocasión los independentistas estaban decididos a llegar hasta el final y
tomaron la iniciativa. Aunque los españoles controlaban las ciudades, el campo era de los
independentistas.
El nuevo gobierno de Cánovas, que siempre mantuvo una postura intransigente sobre el conflicto de
Cuba, se decidió por las soluciones de fuerza. El general Weyler, nuevo jefe militar en Cuba, aplicó
una táctica antiguerrillera implacable que supusieron innecesarios sufrimientos para la población
civil. Esta táctica de terror, exagerada por la propaganda norteamericana a través de los periódicos
del magnate William Randolph Hearst contribuyó al descrédito internacional de España.
En 1898 se produce la crisis definitiva. Las autoridades españolas permiten la entrada del "Maine",
un barco de guerra norteamericano, al puerto de La Habana. Días después una explosión lo hunde
junto con buena parte de la tripulación. Al mismo tiempo que se culpaba a las autoridades
españolas, el gobierno norteamericano ofrecía 300 millones de $ por la isla de Cuba. La negativa
española a abandonar o vender Cuba provocará un ultimátum norteamericano que llevará
directamente a una guerra rápida y desigual.
Las reacciones patrioteras y los intereses de la oligarquía industrial y agraria ataban al gobierno de
pies y manos para buscar una salida negociada, conduciendo al país a la derrota. En las batallas de
Cavite (Filipinas) y Santiago de Cuba, la anticuada flota española, manifiestamente inferior, fue
aniquilada.
En junio los norteamericanos ocuparon la isla de Guam sin disparar un solo tiro ante la impotencia
de la exigua guarnición española, que ni siquiera se había enterado de que estaban en guerra. En la
Paz de París (1898) España se vio obligada a conceder la independencia a Cuba, aunque bajo
control norteamericano, y cedió Filipinas, Puerto Rico y Guam a EEUU a cambio de 20 millones de
$.
4.1 Las reacciones a la derrota
Tras la borrachera de patriotismo vino una dura resaca acentuada por el doloroso contraste de la
decadente situación de España respecto a sus emergentes vecinos europeos y ultramarinos, que
construían enormes imperios coloniales. Y ello a pesar de que apenas hubo crisis económica. El
final de la guerra fue un alivio para las exhaustas arcas estatales, al igual que los ingresos derivados
de la liquidación de nuestras lejanas posesiones. La repatriación de capitales de los indianos
compensó con creces la pérdida de un negocio colonial que, en cualquier caso, sólo beneficiaba a la
oligarquía.
Tampoco hubo una crisis política inmediata, a pesar de que estos hechos provocaron fuertes críticas
al gobierno y al ejército. Los partidos dinásticos se adaptaron a la nueva situación con el reclamo

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del revisionismo sin cambiar el fundamento turnista y caciquil del sistema. El ejército,
culpabilizado del desastre por buena parte de la opinión pública, derivó las responsabilidades hacia
los políticos. Consciente de su fuerza y de la necesidad que tenía el gobierno de sus servicios como
fuerza de orden público, empezó a plantear constantes desafíos al poder civil.
4.2 El regeneracionismo
El nacimiento del regeneracionismo coincide con la llegada al trono de Alfonso XIII en 1902 (16
años). La crisis de 1898 fue sobre todo ideológica, y por ello el principal síntoma fue el desarrollo
de movimientos culturales como el "regeneracionismo", que pretendía provocar un fuerte debate
interno para solucionar los problemas del país y transformar el régimen político. Aunque la obra
regeneracionista fue en parte anterior al desastre colonial, será a partir de entonces cuando cobra
vigencia y se desarrolla.
El propio término indica un deseo de superación y renovación, atendiendo especialmente a los
aspectos sociales y políticos, cuyo mejor exponente está en la obra de Joaquín Costa, "Oligarquía y
Caciquismo", cuyo título resumía los males del país, y frente a los cuales proponía "escuela y
despensa". Con mayor o menor acierto en sus planteamientos, intelectuales como Costa, Ángel
Ganivet, Valentí Almirall y otros, demostraron una actitud profundamente crítica respecto a la
realidad española que provocó que se cuestionase el sistema de la Restauración, reclamando su
evolución hacia una verdadera democracia representativa. La obra regeneracionista logró una
certera descripción de los problemas sociales y políticos del país, pero fracasó a la hora de ofrecer
alternativas políticas capaces de romper la dinámica corrupta del sistema.
En la práctica el regeneracionismo sirvió para proporcionar munición política a los grupos opuestos
al sistema. Así, se acentuó el nacionalismo conservador catalán con la fundación de la Lliga
Regionalista (1901), que bajo la batuta de Francesc Cambó pretenderá más influir y participar en la
política española que contribuir a su renovación. Mientras, el nacionalismo vasco, menos
radicalizado, pero aún en formación, no tiene un peso político apreciable, y ni siquiera participa en
las elecciones generales.
También se produjo una reanimación del republicanismo y del movimiento obrero. En este sentido
hay que destacar la reactivación de los movimientos anarquistas. En 1902 los anarquistas
organizaron en Barcelona una huelga general para reclamar la jornada laboral de ocho horas. Esta
huelga fue duramente reprimida y evidenció la división existente en el movimiento obrero, ya que el
PSOE le negó su apoyo, lo que le valió incluso la crítica de otros grupos socialistas europeos.
Frente a esta situación, en los partidos dinásticos surgió el revisionismo, representado entre los
conservadores por Antonio Maura y Francisco Silvela, que llevaban años denunciando el
caciquismo y la corrupción del sistema canovista, que había provocado una falta de vínculos reales
entre gobernantes y gobernados. Entre los liberales hay que destacar a Santiago Alba o José
Canalejas.
En la práctica se dedicaron a aprobar reformas sociales, tributarias y anticlericales. A pesar de sus
posibles buenas intenciones, simplemente querían revisar, rectificar y modernizar el aparato político
para seguir beneficiándose de él, por lo que nunca se alteró su fundamento social oligárquico ni se
realizaron reformas en profundidad. De hecho, ante cualquier desorden público o protesta social la
respuesta seguía siendo la de siempre: declarar el estado de guerra y censurar la prensa.