El documento consiste en intercambio de cartas entre funcionarios de Estados Unidos y Colombia que confirman un acuerdo sobre la interpretación del Capítulo 9 (Contratación Pública) del Tratado de Libre Comercio entre los dos países. Específicamente, se acuerda que las autoridades judiciales colombianas cumplen con los requisitos de imparcialidad en el Artículo 9.11 y que la Procuraduría General de la Nación puede disponer medidas cautelares para cumplir con el párrafo 3 del mismo artículo.