Este documento describe tres problemas económicos principales de México: 1) alto desempleo y pobreza debido a la falta de crecimiento económico sostenido y oportunidades de empleo formal, lo que obliga a muchos a trabajos informales o emigrar; 2) falta de respeto a las leyes causada en parte por leyes contradictorias o inaplicables y la percepción de que las autoridades también violan las leyes; 3) baja inversión e inversión pública reducida por las políticas económicas ortodoxas, lo que

1. Problemas Económicos de México
1. Desempleo y pobreza
La población económicamente activa asciende en México a unos 40 millones de personas.
Esta población crece a una tasa anual aproximada de 3%, lo que significa una cifra de un
millón 200 mil personas que cada año se incorporan al mercado laboral en busca de
empleo. En años de crecimiento económico alto, el sector formal de la economía ha podido
crear alrededor de 400 mil empleos por año.
El resto de la nueva fuerza laboral, unas 800 mil personas, se ve obligado al empleo
informal de diversos tipos (incluyendo actividades ilegales) o a emigrar a Estados Unidos.
Sin embargo, la economía no ha estado creciendo a un ritmo alto y sostenido en todos estos
años, lo que implica que el número de personas forzadas al empleo informal, la emigración
o, de plano, la delincuencia, sea mayor y creciente, a causa de la falta de oportunidades de
trabajo.
Es decir, a la pobreza endémica del país se suma cada año un nuevo grupo de
desempleados, lo que constituye sin duda un caldo de cultivo propicio para todo tipo de
actividades ilegales.
La causa directa de esta falta de oportunidades es la relativamente baja inversión en
proyectos productivos generadores de empleos formales, lo que a su vez se debe en parte a
la ausencia de un sistema financiero real y el abandono de la política industrial por parte del
Estado en los últimos 30 años, temas que veremos más adelante.
2. Falta de respeto a las leyes
La carencia de una cultura de respeto a la ley, entendida esta en un sentido amplio, no es
algo nuevo en México: podríamos ubicar su origen en la época colonial. Tampoco es
exclusiva de nuestro país. De hecho no hay país en el mundo en el que todas las leyes se
cumplan y respeten siempre. Pero cualquiera que sea el indicador que se tome al respecto,
México se cuenta actualmente entre los países en los que las leyes se respetan en menor
grado. Es evidente que en nuestra sociedad las normas se cumplen solo cuando hay una
amenaza clara de sanción y autoridades con capacidad para aplicarla.
Esta carencia de cultura de la legalidad obedece a varios factores de diversos tipos, de los
que destaco solo dos.
El primero es que una buena parte de las leyes no se puede cumplir, ya sea porque unas
leyes contradicen a otras, porque son obsoletas o inadecuadas o porque simplemente no hay
autoridades en cantidad y con capacidad suficientes para hacerlas cumplir.
El segundo es la ignorancia y el temor, o el desprecio que sienten los diversos sectores
sociales respecto a las leyes. En los sectores de menores recursos económicos se percibe a
las leyes como impuestas, es decir decididas al margen de ellos y, en consecuencia, se ven

2. como ajenas y, en general, hechas para perjudicarlos, no para protegerlos. En los grupos de
recursos económicos altos la percepción es más o menos inversa, es decir, se percibe que
las leyes están para favorecerlos, pero solo a ellos y cuando no es así, se busca cualquier
resquicio técnico para evadirlas.
El resultado en ambos casos es el mismo: las leyes no se perciben como propias, como un
mecanismo que se da la sociedad para funcionar en sus diversos ámbitos, en sí mismo
digno de respeto, justo y de aplicación general.
Las autoridades de diversos tipos, niveles y orígenes partidarios no han podido eliminar la
percepción que se tiene, entre la sociedad, de que son ellos los primeros en violar la ley y
esto aparece como un elemento adicional de justificación moral para el incumplimiento de
las normas entre los ciudadanos.
De ahí que se identifique a la corrupción como un obstáculo fundamental para el avance
social. Pero la corrupción es solo una parte del problema más amplio y contextual que es el
incumplimiento de las leyes en general. Este tiene implicaciones políticas, económicas y
sociales de primera magnitud, sobre todo en un país que intenta adecuarse a la modernidad
y a la globalidad.
3. Falta de inversión, falta de crédito y falta de política económica
Como en el caso de otros países en desarrollo, México requiere de una tasa de inversión
respecto a la producción nacional de cuando menos 25% anual en términos reales y de
manera sostenida para alcanzar tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), a su
vez, altas y sostenidas en el largo plazo, según estimaciones de organismos internacionales.
Con ello, la economía podría aumentar significativamente la generación anual de empleos
y, en consecuencia, la proporción de los salarios en el valor agregado, es decir, reducir la
concentración del ingreso. En ninguno de los últimos 25 años la proporción de la inversión
entendida como formación bruta de capital fijo ha alcanzado esa meta respecto al pib, aun
considerando la inversión extranjera.
Desde la primera parte de los años ochenta, el Estado ha reducido de manera significativa
su participación en la inversión total como resultado de la orientación ortodoxa de la
política económica, que concibe la inversión pública como factor de desplazamiento de la
inversión privada y que además considera a la burocracia paraestatal como esencialmente
corrupta, ineficiente e incapaz de ser regulada. Por estas dos razones, se hacía indispensable
–en esta lógica– la privatización de las empresas estatales rentables y la liquidación de las
no rentables. La nueva inversión pública estaría limitada, además, por razones
presupuestarias.
En estos casi 30 años de política ortodoxa, la inversión privada nacional no ha podido llenar
el hueco de la inversión pública y el Estado ha tenido que revertir algunas de las
privatizaciones debido a problemas de rentabilidad, derivados de una deficiente
administración en manos privadas. Tales fueron los casos de la mayor parte de las
carreteras nacionales de cuota, las líneas áreas nacionales y –un caso muy especial– los
bancos.

3. La nacionalización de la banca mexicana decretada en 1982 por el gobierno de López
Portillo, como medida última para frenar la fuga de divisas, no ocasionó ninguna catástrofe
financiera como auguraban sus críticos.
En contraste, la reprivatización de la banca ocurrida años más tarde bajo el gobierno de
Carlos Salinas puso al sistema bancario mexicano en manos inexpertas y lo volvió
altamente vulnerable. Aunado a ello, la apertura financiera acelerada provocó el ingreso de
grandes cantidades de capital especulativo externo. Además, la sobrevaluación de la
moneda hizo aún más vulnerable al sistema financiero.