Tributario aste

Christian Aste M.
Profesor de Derecho Tributario U.Central – PU Católica.

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I.- POTESTAD TRIBUTARIA
El Poder Tributario es la facultad que el ordenamiento jurídico le reconoce al
Estado para imponer, modificar o suprimir en virtud de una ley, obligaciones
tributarias.
Decimos que el poder tributario nace por el poder de imperio que le reconoce el
ordenamiento jurídico, porque estimamos que para actuar dentro de su territorio,
el Estado no requiere invocar la soberanía, ya que dicho poder es expresión
precisamente de ella.
Características del Poder Tributario
1.- Es originario. El Estado lo detenta o adquiere siempre de un modo
originario.
2.- Es irrenunciable. Es imposible su abandono o dejación. Para el Estado,
además, reviste el carácter de obligatorio y permanente.
La irrenunciabilidad de este poder no impide la dictación de normas
condonatorias, ya que lo irrenunciable es el poder, y no la recaudación que
pueda lograrse con su aplicación.
3.- Es abstracto. Existe siempre, independientemente de si se ejerce o no.
4.- Es imprescriptible. Si el Estado no ejerce este poder, no significa que éste
deje de existir. Si el Estado, deja de imponer un tributo, no significa que esté
impedido de imponerlo después.
5.- Es territorial. El Estado lo ejerce dentro de los límites de su territorio. Esto
explica que en todos los tributos que existen, se considere la concurrencia de
un requisito de territorialidad.
Limites del Poder Tributario
1.- Límite externo
Esta constituido por la imposibilidad que afecta a los Estados de gravar con
tributos las economías que además de manifestarse o desarrollarse fuera de sus
fronteras, no presentan ninguna vinculación territorial con el.
La existencia de este límite interno, explica que todas las leyes tributarias,
exijan como requisito del hecho gravado, la concurrencia de un factor
territorial.
Así por ejemplo, en Chile, la ley del IVA exige para las ventas que el bien
esté ubicado en su territorio, y para los servicios que estos se presten o se
utilicen en Chile.

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Cuando existen dos o más países que reclaman la afectación de una misma
riqueza, surge el problema de la doble tributación. Como este problema,
produce un efecto perverso, y no querido, se procura su atenuación o
eliminación a través de tratados internacionales o por medio de leyes que
reconozcan como crédito el impuesto pagado en el exterior.
2.- Interno
Esta limitación está constituida por la existencia de determinados derechos de
rango constitucional que por su naturaleza superior y anterior a la potestad
normativa del Estado, subordinan el ejercicio del poder tributario.
Principios Constitucionales que limitan el poder tributario:
1) Principio de legalidad
No puede haber tributo sin ley previa y expresa que lo establezca, (NULLUM
TRIBUTUM SINE LEGE), nadie puede estar obligado a hacer lo que no manda la
ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.
Amplitud del Principio de Legalidad
Se distingue en el ámbito doctrinario, distintas posiciones respecto de
la amplitud que la ley tributaria debe tener, destacándose las siguientes
doctrinas:
a) Doctrina de la reserva legal restringida
Según esta doctrina basta para cumplir con el principio en estudio, que
la ley cree el tributo, siendo suficiente, respecto al resto de los
elementos - formales o de carácter cuantitativo - que la ley precise los
criterios fundamentales.
b) Doctrina de la reserva legal amplia
Según esta doctrina la ley no sólo debe establecer los sujetos y el hecho
imponible, sino que debe ir más allá. Debe fijar, la tasa, la base
imponible, las exenciones, las infracciones, los procedimientos.

Características de la garantía de la legalidad en la Constitución de 1980.
Los caracteres fundamentales de la garantía de legalidad del tributo,
son los siguientes:
a) Iniciativa exclusiva del Presidente de la República;
b) Origen de la ley tributaria;
c) Facultad exclusiva del legislador en materia tributaria, y

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d) La no afectación de los tributos.
Consecuencias del Principio de Legalidad.
a) En virtud del principio de legalidad no se puede por vía de
interpretación analógica o de simple interpretación, crearse
obligaciones tributarias ni modificarse las existentes.
b) Las personas no están afectos a vínculos impositivos, mientras no
existe una ley que los establezca.
c) El Presidente de la República no puede en uso de la Potestad
Reglamentaria, crear impuestos, art. 147 y 157 del Código Penal.
d) Los convenios entre particulares son inoponibles al Fisco.

2.- Principio de Igualdad
La igualdad como concepto no se representa con la expresión, "Hay igualdad y
por consiguiente hay justicia cuando se aplica la norma favorable o desfavorable a
todas las personas de la misma forma", pues la relación jurídica que se verifica
con el Estado con ocasión de los impuestos, no es una relación en que una parte
pueda condicionar su cumplimiento al cumplimiento del otro o condicionar el
nacimiento de la obligación a que el otro se obligue a algo, que se mire
equivalente a lo que uno se obliga.
La igualdad tributaria supone aplicar la misma regla jurídica a todos quienes se
encuentren en idéntica situación fáctica.
Lo anterior implica hacer diferencias, sólo que dichas diferencias no deben ser
arbitrarias. No son arbitrarias cuando la razón de la diferenciación obedece a
cualquiera de los siguientes factores:
a.- Capacidad Contributiva :
Esta fuente de diferencia reconoce como idea base, que cada persona
deberá pagar tributos en proporción a su capacidad de pago.
La capacidad de pago, dice relación con la aptitud que tiene el Sujeto
Pasivo para absorber patrimonialmente la obligación que se le impone.
b.- Origen de la renta:
Las rentas pueden tener origen en el capital o en el trabajo, las primeras
en virtud de derivar de bienes materiales cuya existencia es
independiente del titular y por consiguiente de los riesgos que a este le
afectan, debieran según la doctrina, tener un tratamiento más favorable
que las segundas.

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c.- Beneficio del contribuyente:
Según los que sostienen este criterio diferenciador, lo que debiera
dirimir en cuanto al monto a pagar debiera ser el beneficio que el
contribuyente recibe con ocasión de los impuestos, esto significa que
quien más beneficios recibe del Estado más debiera pagar por concepto
de impuesto.
Fundamentos positivos de esta Garantía Constitucional
La igualdad en materia tributaria resulta del análisis de tres
disposiciones constitucionales, establecidas en la Constitución de 1980,
y que a continuación reproducimos.
En el Capítulo III de la Constitución de 1980, denominado "De los
Derechos y Deberes Constitucionales", en el art. 19 se establece:
"La constitución asegura a todas las personas: Nº 2. La igualdad ante
la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no
hay esclavos y el que pise su territorio queda libre.
Ni la ley autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias:
Nº 20. La igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o
en la progresión o forma que fije la ley y la igual repartición de las
demás cargas públicas.
Nº 22. La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el
Estado y sus organismos en materia económica.
Sólo en virtud de una ley, y siempre que no signifique tal
discriminación, se podrán autorizar determinados beneficios directos o
indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica, o
establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otras. Es el caso
de las franquicias o beneficios indirectos, la estimación del costo de
éstos deberá incluirse anualmente en le Ley de Presupuestos".

3.- Principio de Generalidad
Este principio nos dice, que verificados los supuestos exigidos por la ley para
constituirnos en deudores de una obligación tributaria, quedamos constituidos en
dicha calidad, sin poder excepcionarnos o liberarnos de ella, salvo que la
autoridad Legislativa en consideración a determinados factores, entre ellos la
situación jurídica que se cumple en Sociedad, hubiere establecido un beneficio
tributario que importe una liberación o exención tributaria.

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Fundamentos Positivos de este principio.
El principio de referencia que se deriva de las disposiciones indicadas
para el principio de la igualdad, reconoce en forma especifica el
derecho del Legislador a liberar de obligaciones tributarias a
determinadas actividades o categoría de contribuyentes, con la
condición, de que dicha liberación no tenga el carácter de
discriminatoria. En efecto el art. 19 Nº 22 autoriza al Legislador
establecer determinados beneficios directos o indirectos en favor de
sectores, actividades, o zonas geográficas, y establecer gravámenes
especiales, siempre que tales beneficios no importen discriminación y
se contengan en una ley.
4.- Principio del Derecho de Propiedad
Este principio limite interno de la potestad tributaria, tiene particular
relevancia, por cuanto es este derecho el que en definitiva se ve afectado con
mayor fuerza con ocasión del impuesto.
La razón de ser de esta limitación, obedece a la necesidad que tiene el Estado
de procurarse recursos que le permitan satisfacer a cabalidad, el mandato
constitucional de concretar el bien común. Sin embargo de dicha razón y en
consideración, a que la Constitución al autorizar la afectación de la propiedad, (al
permitir la existencia de impuestos que la gravan), prohíbe la afectación del
derecho en su esencia, los impuestos no pueden, sino bajo circunstancias
extraordinarias, tener el carácter de confiscatorios.
Manifestación del respeto al derecho de propiedad.
El respeto a este derecho se manifiesta en tres formas concretas:
a) Irretroactividad de la ley tributaria.
Conforme el art. 3 del DL 830 (código Tributario); la ley tributaria sólo
excepcionalmente opera hacia atrás, siendo al contrario el principio
rector, la afectación hacia lo futuro.
En efecto, las leyes que crean, modifican o suprimen impuestos, como
asimismo las leyes que modifican la tasa impositiva o que alteran los
elementos que sirven para determinar la base de ellos, sólo afectan los
hechos verificados con posterioridad a su entrada en vigencia, y no los
anteriores a ella.
Lo anterior, toda vez que si se dictara una ley que estableciera un
nuevo impuesto, y se señalaré que dicha ley se aplicará no sólo a los
hechos gravados verificados con posterioridad a su publicación, sino
que a los verificados bajo el imperio de la anterior, lo que se estaría
produciendo, sería una lisa y llana vulneración a este derecho, pues

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hechos no gravados y respecto de los cuales no se pagaba impuesto,
conforme a la nueva ley estarían gravados, y consecuentemente
pagarían impuestos.
Regulación jurídica de la retroactividad de la ley en el ordenamiento
jurídico Chileno.
a.- Art. 9 del Código Civil Chileno
"La ley sólo puede disponer para el futuro y no tendrá jamás efecto
retroactivo". Esta norma es obligatoria para el juez pero no para el
legislador, ya que sólo tiene rango legal. De lo que se desprende que el
legislador podría dictar leyes con efecto retroactivo, siempre que éstas
no impliquen una violación a la garantía constitucional del Derecho de
Propiedad.
b.- Art. 3 del Código Tributario
"En general, la ley que modifique una norma impositiva, establezca
nuevos impuestos o suprima uno existente, regirá desde el día primero
del mes siguiente al de su publicación. En consecuencia, sólo los
hechos ocurridos a contar de dicha fecha estarán sujetos a la nueva
disposición. Con todo, tratándose de normas sobre infracciones y
sanciones, se aplicará la nueva ley a hechos ocurridos antes de su
vigencia, cuando dicha ley exima tales hechos de toda pena o les
aplique una menos rigurosa". Conforme a lo anterior, el Código
Tributario Chileno establece el principio de la irretroactividad de la ley
con la sola excepción que resulta de la aplicación del principio de pro_
reo, el cual se encuentra consagrado en el Art. 19 Nº 3 inciso séptimo
de la Constitución el que señala "Ningún delito se castigará con otra
pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su
perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado".
b) No confiscatoriedad de los tributos.
Los impuestos, que en rigor representan una privación autorizada al
dominio, por expresa disposición constitucional, no pueden afectar al
derecho de propiedad en su esencia.
Un tributo es confiscatorio cuando el monto de su tasa es de tal entidad
que produce un grave perjuicio al derecho de propiedad en su esencia o
en cualquiera de sus atributos (usar, gozar y disponer). Esto es, cuando
equivale a una parte sustancial del valor del capital, de la renta, o de la
utilidad.
El carácter excesivo, y en consecuencia ilegal del tributo, es posible
determinarlo, sólo a la autoridad judicial, en función de las
circunstancias objetivas concurrentes a su conformación. Ej. Situación
de guerra, de catástrofe o conmoción nacional.

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c) Respeto a las obligaciones derivadas de Contratos Leyes.
En el desarrollo de la economía, se presentan situaciones que hacen
necesario a objeto de atraer inversiones extranjeras, que el Estado
asuma un compromiso especial, respecto de acuerdos que celebra con
particulares, en los cuales se consignan franquicias, privilegios o
ventajas de diversas naturaleza que configuran situaciones de especial
favor, las cuales son determinantes de los convenios respectivos.
En virtud de los contratos leyes, el Estado se obliga a respetar una
determinada situación tributaria sometiéndose a las reglas del Derecho
Civil, y especialmente a aquellas en virtud de la cual un contrato
válidamente celebrado no puede ser modificado sino por acuerdos de
ambas partes.
En consecuencia el respeto a los derechos que nacen de los
denominados Contratos leyes, constituye una expresión del derecho de
propiedad y por consiguiente una limitación a la potestad tributaria.
Lo anterior, en razón de que el Estado al autoimponerse la obligación
de no alterar un determinado régimen de favor, que conviene con
personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, a cambio de una
inversión; no puede desconocer, e incumplir las obligaciones derivadas
de ellos, precisamente por causa del Derecho de Propiedad, que
reconoce y garantiza el numeral 24 del art. 19 de la Carta Fundamental,
tanto respecto de las cosas incorporales como las incorporales, (entre
las que se comprende el Derecho Personal, que deriva de estos
contratos).
Fundamentos positivos de este principio
El fundamento constitucional de este principio, se reconoce en los
siguientes artículos.

Art. 19 Nº 24 "El derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre
toda clase de bienes corporales e incorporales,....
....Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien
sobre que recae, o de algunos de los atributos o facultades esenciales
del dominio, sino en virtud
de una ley general o especial que autorice la expropiación por causa de
utilidad pública o deinterés nacional calificada por el Legislador..."
Nº 26, "La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de
la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta
establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no
podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones,
tributos, o requisitos, que impidan su libre ejercicio".

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5.- Principio de Protección Jurisdiccional
Es fundamental en un estado de Derecho, la subordinación de gobernantes y
gobernados al mismo orden jurídico. La presencia de derechos reconocidos como
fundamentales en la Constitución, y la existencia de acciones judiciales que
concreticen en la practica tales derechos. Esto último que se expresa en el derecho
de acción, y que constituye incluso una limitación al ejercicio de la soberanía,
según lo dispuesto en el art. 5 de la C.P.R. , exige para su eficacia y resultado, la
presencia de ciertas y copulativas condiciones, que se traducen en lo que se
denomina como "Debido Proceso", y que son :
a) Conocimiento de la acción deducida en contra de si, o conocimiento de la
actuación o resolución que afecta o va afectar.
b) Oportunidad de oponerse o hacer valer opinión sobre el contenido y
continente de lo que se notifica.
c) Oportunidad de probar los hechos que sirven de fundamento a la oposición u
opinión.
d) Apreciación objetiva de la prueba, por un juez imparcial.
e) Solución a través de una sentencia, de la cuestión discutida.
f) Sentencia fundada, debidamente notificada.
g) Existencia de una oportunidad para recurrir en contra de lo resuelto.
Las fases señaladas, de cumplirse, hacen realidad lo dispuesto en el art. 19 Nº 3
de la C.P.R., que en lo pertinente, garantiza; la igual protección de la ley en el
ejercicio de los derechos, la necesidad de que la sentencia que emana del órgano
que ejerce jurisdicción sea dictada luego de un proceso previo legalmente
tramitado, en el que el Legislador garantizó un racional y justo procedimiento.
En materia tributaria este principio obligación, se cumple imperfectamente. Por
cuanto no obstante cumplirse las exigencias arriba indicadas, en todos los
procedimientos que la ley impositiva contempla, (como formas en que debe ser
ejercida la acción), existe la situación no subsanada, de que es la propia autoridad
tributaria quien resuelve el conflicto planteado por el contribuyente.
Al producirse la situación descrita, se produce objetivamente infracción a lo
que copulativamente debe concurrir para que exista un procedimiento debido, esto
es, existencia de un juez imparcial.
II.- EL DERECHO TRIBUTARIO.
Concepto

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El Derecho Tributario ha sido conceptualizado de diversas formas. Berliri, lo
señalaba como “Aquella rama del Derecho que expone los principios y las
normas relativas a la institución y aplicación de los impuestos y de las tasas,
como también a la creación y a la observancia de algunos limites negativos a
la libertad de los individuos, conexos con un impuesto, con una tasa o con un
monopolio instituido por el Estado con fin de lucro”.
Nuestra opinión es que el Derecho Tributario, constituye una rama del
Derecho Público, tal como lo reconocen respecto del Derecho Financiero,
donde lo consideraban comprendido: Pugliese_, Mayer_, Myrbach Rheinfeld_, Eheberg_, Trotabás _, etc., de carácter autónomo, cuyo objeto es
normar las relaciones jurídicas que surgen a partir de la imposición.
Consideramos que el hecho de que sea una rama del Derecho Público, se
traduce en que las relaciones jurídicas que en él surgen, revisten de
particularidades distintas a las que se plantean en el ámbito privado. De
partida, el sujeto activo de ella sólo puede hacer lo que se encuentra facultado
para hacer. Y el Sujeto Pasivo, forzado a someter su voluntad a lo que la ley le
dice. No puede novar, transar, ni negociar el pago del impuesto.
Decimos que es autónomo, porque queremos significar que el objeto de esta
disciplina jurídica se rige por reglas propias, que sólo sirven para aplicar e
interpretarse a sí mismas_, las que en todo caso no obstan a que puedan
aplicarse las normas del derecho común, cuando no existe norma tributaria que
regule una determinada situación_, como cuando existiendo dicha norma,
debemos recurrir a los criterios de interpretación, que establece la ley civil.
Señalamos que rige las relaciones jurídicas que surgen a partir de la
imposición, porque estimamos que el vínculo que se produce entre el estado y
él contribuyente es una relación jurídica y no de poder.
En este punto siguiendo el razonamiento que hace Valdés Costa en su curso de
Derecho Tributario, afirmamos que la relación tributaria es una relación
jurídica porque la obligación del Sujeto Pasivo y el derecho del Sujeto Activo,
se contienen en la ley. Y si existen discrepancias acerca de la existencia o del
alcance de esta relación legal, surgirá un conflicto de relevancia jurídica que
deberá ser resuelto por el órgano jurisdiccional_.
En consecuencia, el derecho del Estado y la correlativa obligación del
contribuyente reconocen como única fuente a la norma legal, que no sólo fija
la existencia y cuantía de la obligación, sino que además los elementos que
conforman la obligación.
Dado que es fácil confundirse, es necesario reiterar, que el Estado puede actuar
como supraparte o como interpartes. Cuando el Estado impone tributos actúa
como Estado soberano, y por lo tanto limitado por las garantías que limitan el
ejercicio de la soberanía. En cambio, cuando el Estado, aplica las normas
impositivas, lo hace sólo en virtud de la ley, y sometido siempre al derecho, de
la misma forma que lo está el contribuyente. Por lo tanto, si aplica errada o

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arbitrariamente la ley, estará vulnerando el ordenamiento jurídico.
III.- LA OBLIGACION TRIBUTARIA
Concepto
Decíamos que el Derecho tributario, rige relaciones jurídicas y no relaciones
de poder, principalmente porque el Estado como sujeto de derecho_ cuándo
actúa como acreedor - FISCUM - se encuentra sometido al mismo orden
jurídico que rige al contribuyente deudor.
Cuando se proyectó el C.T.A.L. se discutió acerca de cual sería la terminología
más adecuada, si relación jurídica u obligación. Se aceptó en definitiva la
expresión OBLIGACION, en su acepción de vínculo jurídico, porque como
dijo el catedrático Uruguayo JORGE PEYRANO FACIO, si bien en la
doctrina se usa la expresión “relación jurídica para indicar el complejo de
efectos jurídicos que emergen de determinada situación de hecho prevista por
el derecho”, existen autores que reservan dicha expresión para individualizar
una noción mucho más concreta_.
Nosotros hablaremos de obligación tributaria, y conceptualizaremos esto que
constituye el objeto del estudio del Derecho Tributario, como aquél vínculo
jurídico en virtud del cual un sujeto, denominado activo, se encuentra
facultado por ley para exigir del otro, denominado pasivo, el cumplimiento de
una determinada prestación de contenido patrimonial_.
El vínculo o relación jurídica que existe en la obligación tributaria, responde a
una imposición legal, inscrita en el Derecho Público y destinada a lograr que el
Estado a través de su cumplimiento conforme los recursos que requiere para
satisfacer su deber constitucional de bien común.
Elementos de la obligación tributaria
Se reconocen como elementos concurrentes en toda obligación tributaria:
1.- La Ley, única fuente válida de imposición_, según se deriva del tenor de
los siguientes dispositivos constitucionales:
Artículo 60 Nº 14: "Sólo son materia de LEY :... Las demás que la
Constitución señale como de iniciativa exclusiva del Presidente de la
República".
Artículo 62, inciso segundo: "LAS LEYES sobre tributos de cualquiera
naturaleza que sean,....sólo pueden tener origen en la Cámara de Diputados."
Artículo 62, inciso tercero: "Corresponderá al Presidente de la República la
iniciativa exclusiva de los proyectos de LEY que tengan relación con... la
administración financiera o presupuestaria del Estado...".

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Artículo 62, inciso cuarto: "Corresponderá, asimismo, al Presidente de la
República la iniciativa exclusiva para:
Nº 1 Imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquiera naturaleza,
establecer exenciones o modificar las existentes, y determinar su forma,
proporcionalidad o progresión."
Artículo 19 Nº 20: "La Constitución asegura a todas las personas:
Nº 20 La igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la
progresión o forma que FIJE LA LEY, y la igual repartición de las demás
cargas públicas.
En ningún caso LA LEY podrá establecer tributos manifiestamente
desproporcionados o injustos.”
Si bien en el Derecho Tributario, es un principio absoluto y tradicional, el que
la obligación impositiva deba encontrarse establecida en la ley, cuestión que
incluso ha sido incluida en el Código Modelo para A.L., en el que
expresamente se señala que “SOLO LA LEY... puede crear, modificar,
suprimir tributos, ...otorgar exenciones ...., establecer procedimientos que
afecten los derechos y garantías individuales ..., tipificar infracciones y sus
sanciones ..., establecer privilegios...”, se reconocen excepciones que
responden a las realidades que viven los países, en las que las obligaciones
impositivas se contienen en normas equivalentes a la ley, como son los
Decretos con Fuerza de Ley - Aquí comprendemos a Brasil y México, cuyas
Constituciones disponen que, en ciertos impuestos, el poder ejecutivo puede
alterar las alícuotas dentro de limites fijados por el Parlamento, o sujetas a su
aprobación posterior_.Y los casos de Colombia, Ecuador y Perú, en que se
admite la posibilidad de que algunos tributos sean regulados total o
parcialmente, por decreto_ - y los Decretos Leyes_.
2.- Los Sujetos que intervienen en la obligación tributaria, reciben la
denominación de activos y pasivos. Es sujeto activo, el ente acreedor del
tributo. Y pasivo, el ente obligado.
El ente obligado es primeramente el contribuyente, quien definido legalmente
como "la persona natural, jurídica, comunidad o sociedad de hecho afectada
por el impuesto" (Art. 8 Nº 5 del Código Tributario), representa en la relación
jurídica tributaria, a quien resulta obligado para con el Fisco, en mérito de
estar en conexión íntima, personal y directa con el hecho generador de la
obligación.
Sin embargo, junto o en lugar del contribuyente, la ley reconoce a otros
sujetos, que si bien no concurrieron directamente a la conformación del hecho
gravado, sea porque esté se verificó sin su voluntad, o verificándose con su
voluntad, no son ellos los afectados directos con la imposición, resultan
obligados por la ley, sea junto con el contribuyente o en lugar de esté.
En toda obligación tributaria, concurre un contribuyente de derecho obligado
por la ley a declarar e ingresar a la caja fiscal el impuesto que afectó
directamente su patrimonio o el patrimonio de otro, y un contribuyente de
hecho, que puede o no ser el de derecho, dependiendo si conjuntamente con su

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obligación legal de declarar y pagar, le corresponda soportar en su patrimonio
el tributo.
En materia tributaria, se distingue un sujeto pasivo directo. Otro indirecto, mal
denominado sustituto. Y un tercero responsable. El sujeto pasivo directo, es el
que resulta obligado a ingresar a la caja fiscal el impuesto que el mismo ha
soportado. El indirecto, es que resulta obligado a ingresar el impuesto que ha
soportado otro. Este indirecto puede actuar como retenedor de un impuesto o
retenedor de un anticipo. Cuando actúa como retenedor de un impuesto, actúa
como sutituto, pues actúa en lugar del contribuyente. Cuando lo que retiene no
es el impuesto sino que un pago a cuenta del impuesto, actúa junto al
contribuyente y como un agente retenedor.
Las obligaciones de los deudores indirectos son formales, siéndoles ajenos por
lo tanto, los aspectos substanciales de la relación jurídica. No pueden
cuestionar la procedencia del hecho gravado, tampoco discutir el monto del
tributo, pues carecen de la legitimidad activa, que se requiere para ello.
Cuando el deudor indirecto sustituye al contribuyente, el responsable ante el
acreedor es el sustituto y no el sustituido, a menos que no le hubieren retenido
o le hubieren retenido menos de lo que debían retenerle.
Cuando el deudor indirecto actúa como un mero agente retenedor, el obligado
principal sigue siendo la persona a la que se le debió retener. Si la retención no
se produjo o es insuficiente, el acreedor podrá dirigir su acción, tanto contra el
obligado principal, como contra el agente retenedor, que asume la calidad de
codeudor solidario.
Además de los sujetos pasivos referidos, directo e indirecto. Existe el deudor
tercero responsable. Asume esta calidad el sujeto que por razones
contractuales asume la obligación de otro, en forma subsidiaria o solidaria.
Ejemplo de esto, es el que compra un establecimiento de comercio, pues por la
compra asume la calidad de fiador - Art. 69 del Código Tributario -.
Otro ejemplo, está dado en los casos de reorganización empresarial, pues en
esos casos, como consecuencia de la misma reorganización, es habitual que
exista una nueva entidad que asuma como codeudora solidaria la deuda del
otro. Así lo permite además, el artículo 68 del Código Tributario.
La doctrina Española e Italiana utilizan el término sujeto pasivo, para referirse
tanto al típico deudor sustituto, como a los agentes de retención
3.- La causa
Existen autores que le reconocen importancia a la causa, única y
exclusivamente en aquellos tributos, en que la causa integra la definición del
presupuesto de hecho_. Por ejemplo en una tasa que grave el retiro de basura,
será fundamental que la basura se retire. Si no se retira no habrá causa y por lo
tanto, tampoco obligación. Otros autores, consideran que la causa es

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importante en esos y en los demás tributos, pues constituye un mecanismo de
control. Si no existe causa, o si existiendo no es legal, la obligación tampoco
será válida_.
Para algunos, la causa está constituida por los beneficios generales o
particulares que obtiene el Contribuyente de parte del Estado_. Otros, señalan
como causa de la obligación, la existencia de una capacidad contributiva, ya
que afirman que ésta es la circunstancia objetiva que la ley considera como
razón necesaria y suficiente para imponer la obligación impositiva_.
Nosotros consideramos que el beneficio no constituye causa del tributo,
porque bajo el concepto tributo se comprenden los impuestos, y en estos el
beneficio no está presente. Si fuere cierto que el beneficio es causa de la
obligación tributaria, no debería haber obligación si el beneficio no existe. Sin
embargo, observamos que en ciertos impuestos, no sólo existe obligación
cuando no existe beneficio, sino que además no existe obligación habiendo
existido beneficio. Esto ocurre porque los beneficios que el Estado
proporciona se distribuyen en función de las necesidades y no de los
impuestos que se pagan.
Tampoco creemos que la causa de la obligación tributaria sea la capacidad
económica. Reconocemos sí que con mayor o menor intensidad ésta se
encuentra presente en todos los tributos, porque como lo dice el insigne
hacendista Argentino Dino Jarach, la obligación tributaria siempre surge a
propósito de un hecho revelador de riqueza.
Que surja a propósito de un hecho revelador de riqueza no demuestra que la
causa de la obligación tributaria sea la capacidad económica, sino que los
hechos imponibles se construyen a partir de manifestaciones externas de
riqueza, cuestión que es total y enteramente distinta.
Si se construyen a partir de manifestaciones externas de riqueza, no significa
que la causa de la obligación tributaria sea siempre la existencia de una
riqueza, pues puede ocurrir y de hecho ocurre que no exista riqueza e igual
exista obligación tributaria. Si la causa fuere la existencia de riqueza, o dicho
de otra forma, la capacidad contributiva_, no debiera existir obligación cuando
se demuestra que dicha capacidad no existe.
Como dicha obligación existe igual, creemos que la causa o razón por la cual
uno se obliga tributariamente, radica en que existe una ley que lo obliga,
cuando concurren determinados supuestos fácticos, y no en que uno tenga
capacidad contributiva.
Otra cosa distinta sería si la ley estableciere que el impuesto se paga por
aquellas manifestaciones de riqueza, desarrolladas únicamente por quienes
tienen riqueza, pues en ese caso la razón de la obligación radicaría siempre en
la existencia de una riqueza.
4.- El objeto, esto es la prestación a que se obliga el sujeto pasivo. En la

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relación jurídica tributaria, se clasifica en prestación principal de dar, y
prestaciones accesorias de hacer y de no hacer.
4.1.- Prestación Principal
El contenido de la prestación principal, que es pagar el impuesto, supone la
concurrencia de los siguientes elementos:
a.- Existencia del hecho generador: Presupuesto de hecho, que de verificarse
hacer nacer la obligación tributaria.
El hecho jurídico tributario, es un hecho de contenido económico que en virtud
de la ley se atribuye a una persona y produce un efecto jurídico tributario.
El hecho jurídico supone la existencia de un hecho que, atribuible o no al
hombre, produce una modificación en la realidad económica sea de las
personas, naturales o jurídicas, de las comunidades o de las sociedades de
hecho. En los casos que esta modificación, descrita en la norma legal, se
produce, decimos que se ha verificado el hecho gravado, siendo irrelevante en
algunos casos determinar al autor de ese hecho, pues basta para ese efecto, la
atribución que la ley haga de él.
b.- La base imponible: Suma de dinero, bien o entidad abstracta, sobre la cual
debe aplicarse el impuesto.
c.- La tasa: Alicuota que debe aplicarse a la base imponible, para determinar el
monto de la obligación tributaria.
4.2.- Prestaciones accesorias.
Las prestaciones accesorias a la obligación principal, son de hacer y de no
hacer.
Su establecimiento reconoce también como fuente a la ley, puesto que en
nuestro derecho, no se pueden imponer restricciones a los derechos
constitucionales, sino en los casos que estas hayan sido establecidas o
autorizadas por la ley.
El artículo 8 del Código Tributario, define al contribuyente como : "Las
personas naturales o jurídicas o los administradores y tenedores de bienes
ajenos afectos por impuestos".
Durante todo su ciclo de vida los contribuyentes, están bajo la potestad
tributaria del Estado que, para ejercer la administración tributaria actúa a
través del Servicio de Impuestos Internos.
Nace así una relación jurídica que impone al contribuyente la obligación de
entregar, al Estado o Municipalidades, una cantidad de dinero en pago del
tributo. A esta imposición se le conoce como Obligación tributaria principal, a
la que nos referimos anteriormente.

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La relación jurídica también imponen diversos deberes que no constituyen
jurídicamente obligaciones, cuales son por ejemplo, la presentación de
determinadas declaraciones, llevar libros de contabilidad, emitir determinados
documentos como factura, boletas, etc. Estos deberes se denominan
accesorios.
La relación del contribuyente con el S.I.I. está regulada por la ley y por las
normas que el Servicio dicta, en virtud de la ley. La principal característica de
estas normas, es que se inspiran en el rol fiscalizador que la ley le asigna al
Servicio, por lo que son siempre o generalmente pro - fiscales.
Están constituidas por una serie de obligaciones de hacer y de no hacer. Ej.
Hacer iniciación de actividades; timbrar libros y documentos tributarios; llevar
contabilidad; hacer término de giro; no cometer falsedades en las
declaraciones; no adulterar los asientos contables; etc.
IV.- OBLIGACION TRIBUTARIA PRINCIPAL: PAGAR LOS TRIBUTOS
El objeto de la obligación tributaria principal, es pagar el tributo. Los tributos se
definen como: "aquella prestación pecuniaria, que impone la ley a las economías
manifestadas o desarrolladas en su territorio, con el propósito de dar cumplimiento
a los fines colectivos".
En el concepto tributo se comprenden los impuestos, las tasas y las
contribuciones, cuyas diferencias conceptuales, radican en la diferente
contraprestación que el Estado se obliga como consecuencia de la imposición.
1.- Impuesto
En Chile, si bien no existe una definición legal de impuesto, podemos
conceptualizarlo: Como aquella suma de dinero que el Estado recaba de las
economías privadas en uso de su poder coercitivo, sin proporcionar al tiempo
del pago ninguna contraprestación económica.
Se supone que lo que el Estado recauda se aplica a fines colectivos, en los que
se encuentra - en la mayoría de los casos - comprendido el sujeto afectado con
la imposición.
Características
a.- Es una obligación que reconoce como fuente a la ley. El impuesto, como
decía Berliri, es la obligación de dar o hacer, coactivamente impuesta en virtud
de una ley o de un acto expresamente autorizado por ésta.
b.- Su objeto se materializa en una prestación de dar, generalmente una suma
de dinero.
c.- Su imposición es coactiva, a diferencia de la tasa, en la que según algunos,
la voluntad del obligado determina el nacimiento de la obligación.

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El impuesto, es ante todo una obligación, es decir, una relación jurídica en
virtud de la cual una parte tiene derecho a exigir una determinada prestación
de otra, que queda obligada a prestarla,
d.- El impuesto materializado importa un activo que ingresado a la caja fiscal,
permite la satisfacción de las necesidades colectivas.
e.- El sujeto obligado, no recibe ninguna contraprestación a cambio de su
obligación.
2.- Tasa
Aunque resulta particularmente difícil caracterizarla, por su parecido con los
precios públicos, consideramos que la evolución doctrinaria actual, permite
que se le identifique como una especie de tributo_, cuyo pago se encuentra
condicionado a que el Estado preste un servicio público_. Si el servicio no se
presta no existe obligación.
A partir de estos dos elementos, podemos conceptualizarla como aquella
prestación pecuniaria que el Estado exige, por ley, como contraprestación del
uso actual y opcional de un servicio público.
3.- Contribución
Es también una especie de tributo, que se caracteriza porque su cumplimiento
beneficia al sujeto obligado a su pago, independientemente de que lo pague.
En efecto, cuando el tributo que se paga se destina a un presupuesto que se
aplica total o parcialmente en beneficio del propio contribuyente obligado a su
pago, se dice que estamos en presencia de una contribución.

Clasificación de los Impuestos.
a) Impuestos directos e indirectos
Existen tres criterios para distinguir uno de otro. El primer criterio, radica la
diferencia en un aspecto meramente administrativo. El segundo en la
traslación. Y el tercero en la forma que se afecta la capacidad contributiva.
Primer criterio
Este primer criterio, indica que los impuestos directos son aquellos que se
cobran en conformidad a roles o registros nominativos, en que la persona del
contribuyente resulta conocida. En los impuestos indirectos, cuando se ejerce
la acción de cobro desconoce al deudor u obligado.
Segundo criterio
Este segundo criterio, que deriva de estudios realizados por

Wagner,

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reconocen como fundamental diferencia entre uno y otros, la imposibilidad
que tienen los afectados con los impuestos directos, de trasladar a otros la
carga impositiva que conforme a derecho les afecta.
Ej. Impuesto Indirecto, Impuesto al Valor Agregado.
El vendedor obligado a retener, declarar y pagar el I.V.A. que recarga por las
ventas, es un obligado indirecto y de derecho, que traslada en los hechos la
carga tributaria al comprador, obligado de hecho.
Impuesto directo: Impuesto a la Renta, Impuesto Global Complementario.
En estos impuestos el sujeto que resulta obligado a declarar y pagarlos, es el
mismo que en los hechos resulta afectado en su patrimonio con ocasión de
ellos.
Tercer criterio
Este tercer criterio, reconoce en los impuestos directos una consideración
especial a la capacidad económica del contribuyente, capacidad que no resulta
considerada en los impuestos indirectos.
La capacidad contributiva, puede conceptualizarse como la aptitud económica
del sujeto pasivo, para satisfacer la obligación pecuniaria que le impone la ley.
Dicha capacidad expresada en ingresos, y en gastos, constituye la
materialización de la capacidad económica del sujeto afectado, y puede ser o
no considerada por la ley tributaria.
Esta capacidad contributiva resulta considerada especialmente en los
impuestos personales, cuya tasa aumenta en proporción directa al aumento de
la base imponible, la que resulta indiferente para los impuestos indirectos, en
los que más importante que la capacidad económica del contribuyente, resulta
la existencia de hechos exteriores de riqueza, que justifiquen la existencia del
tributo, y su aplicación.
Cabe hacer presente que la capacidad de pago, tiene un carácter esencialmente
relativo, pues si la medimos atendiendo exclusivamente el ingreso,
observaríamos que no siempre tiene mayor disponibilidad económica quien
gana más, ya que muchas veces es quien gasta más, sea por su situación social
que le exige un ítem de gasto de relación mayor que el de bajos ingresos, o sea
porque como tiene más se encuentra en situación propicia de gastar más.
b) Impuestos personales y reales.
El factor que distingue uno de otro reside en que en los primeros, se considera
para afectar con impuestos, la especial situación de cada contribuyente,
situación respecto de la que se prescinde en los denominados impuestos reales.
Ej. Impuestos Personales: Impuesto Unico al Trabajo - Impuesto Global
Complementario. Impuestos Reales: Impuesto a la Renta de Primera Categoría

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- Impuesto al Valor Agregado.
c) Impuestos con tasa fija e impuestos con tasa variable.
Los impuestos de tasa fija, son aquellos en los que la tasa es la misma
cualquiera sea la base imponible que en definitiva resulte afectada, los de tasa
progresiva, en cambio, son aquellos cuyo monto impositivo varía según varía
la base imponible. Ej. Impuesto de tasa fija: I.V.A. - Impuesto de tasa
progresiva : Impuesto único al trabajo.
d) Impuestos ordinarios y extraordinarios.
Un criterio para distinguir uno de otro reside en su temporalidad, los más
permanentes en el tiempo reciben la denominación de ordinarios, y los de
duración reducida, la denominación de extraordinarios.
Otro criterio que resulta preponderante en la doctrina, para distinguir uno de
otro, se fundamenta en que en los primeros, lo que resulta gravado es la renta
económica, y en los segundos el capital.
e) Impuesto único y múltiple
El Impuesto único, se considera doctrinariamente como aquél que tendría la
capacidad de sustituir a todos los impuestos operativos en un sistema
económico, mediante la afectación por una vez de todas las rentas.
El impuesto múltiple, en cambio, es aquél que diversificadamente opera en un
sistema económico, afectando en distintas formas y en modo distinto, a las
rentas generadas o percibidas en el.
f) Impuestos externos e internos.
Los impuestos exteriores son aquellos que se establecen con ocasión del
tráfico internacional de mercaderías, y los interiores los que gravan las rentas o
manifestaciones de riqueza originadas o desarrolladas en el país, y las rentas
percibidas o devengadas por personas domiciliadas o residentes en el, aunque
las rentas sean originadas en el extranjero.
Importancia de esta clasificación
a.- La ley tributaria se aplica a los impuestos internos, y no a los externos, que
se norman con las leyes aduaneras.
b.- El Servicio de Impuestos Internos, fiscaliza el cumplimiento de los
impuestos internos.
Nuestro sistema
La estructura tributaria de Chile, está constituida por pocos impuestos de alto

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rendimiento, con escasas exenciones y franquicias. Por definición de nuestra
Constitución Política - Art. 19 N° 20 -, estos impuestos no tienen afectación
específica; es decir, su uso o destino no está predeterminado. Una vez
recaudados por el Tesoro Público se asignan los recursos sobre la base de la
Ley de Presupuesto que aprueba cada año el Congreso Nacional.
La estructura tributaria del país está constituida por los siguientes impuestos:
1.- Impuestos Indirectos:
1.a. Impuesto a las Ventas y Servicios (IVA)
1.b. Impuesto Unico de Segunda Categoría
1.c. Impuesto Adicional
1.d. Impuesto a los Productos Suntuarios
1.e. Impuesto a Bebidas Alcohólicas, Analcohólicas y Similares
1.f. Impuesto a la Cilindrada y al Lujo en la Importación de Vehículos.
1.g. Impuesto a los Tabacos, Cigarrillos y Cigarros
1.h. Impuesto a los Combustibles
1.i. Impuesto a los Actos Jurídicos
1.j. Impuesto al Comercio Exterior
2.- Impuestos Directos:
2.a. Impuesto a la Renta de Primera Categoría
2.b. Impuesto Global Complementario
3.- Otros Impuestos
3.a. Impuesto Territorial
3.b. Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones
V.- PRESTACIONES ACCESORIAS.
1.- INSCRIPCION EN EL RUT Y LA DECLARACION JURADA DE
INICIO DE ACTIVIDADES:

1.1.- Inscripción en el Rol Unico Tributario
Según el artículo 66 del Código Tributario. "Todas las personas naturales y
jurídicas y las entidades o agrupaciones sin personalidad jurídica, pero
susceptibles de ser sujetos de impuestos, que en razón de su actividad o condición
causen o puedan causar impuestos, deben estar inscritas en el Rol Único
Tributario de acuerdo con las normas del reglamento respectivo."

1.2.- Declaración de Iniciación de Actividades
Según el artículo 68 del Código Tributario. "Las personas que inicien
negocios o labores susceptibles de producir rentas gravadas en la primera y
segunda categorías a que se refieren los números 1º, letras a) y b), 3º, 4º y 5º de

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los artículos 20, 42 Nº 2º y 48 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, deberán
presentar al Servicio, dentro de los dos meses siguientes a aquél en que
comiencen sus actividades, una declaración jurada sobre dicha iniciación. El
Director podrá, mediante normas de carácter general, eximir de presentar esta
declaración a contribuyentes o grupos de contribuyentes de escasos recursos
económicos o que no tengan la preparación necesaria para confeccionarla, o
bien, para sustituir esta exigencia por otros procedimientos que constituyan un
trámite simplificado. Los contribuyentes favorecidos con esta facultad podrán
acogerse a la exención o al régimen simplificado dentro de los noventa días
siguientes a la publicación de la resolución respectiva, aun cuando no hayan
cumplido oportunamente con la obligación establecida en este artículo, no
siéndoles aplicable sanción alguna en ese caso. Sin embargo, el contribuyente
beneficiado con esta eximición o sustitución podrá, optativamente, efectuar la
declaración común de iniciación de actividades a que se refiere la primera parte
de este inciso.
Igualmente el Director puede eximir de la obligación establecida en este
artículo a aquellos contribuyentes no domiciliados ni residentes en el país, que
solamente obtengan rentas de capitales mobiliarios, sea producto de su tenencia
o enajenación, aun cuando estos contribuyentes hayan designado un
representante a cargo de dichas inversiones en el país.
Para los efectos de este artículo, se entiende que se inician actividades cuando
se efectúe cualquier acto u operación que constituya elemento necesario para la
determinación de los impuestos periódicos que afecten a la actividad que se
desarrollará, o que generen los referidos impuestos.
1.3.- Inscripción en el RUT e iniciación de actividades como trámite
conjunto:
Cabe recordar que, hasta julio del año 1993, ambos trámites se realizaban
separadamente y utilizando distintos formularios. Desde Julio de ese año, se está
aplicando nuevos procedimientos que unifican los trámites de obtención de R.U.T.
e iniciación de actividades a través de un formulario único, que incorpora la
información del contribuyente en línea, disminuyendo la concurrencia de éste al
S.I.I., el tiempo total del proceso, la cantidad de formularios usados y
simplificando los antecedentes solicitados y requisitos exigidos.
Formularios se deben utilizar
En el proceso unificado de solicitud de RUT y declaración de Inicio de
actividades se usan 2 formularios: 4415 Inscripción al Rol Unico
Tributario y declaración de Inicio de Actividad, y 4416 Anexo al
formulario de Inscripción al RUT y declaración de Inicio de
Actividades.
El S.I.I. mediante la Circular Nº 13 de fecha 19 de febrero de 1999,
estableció un nuevo procedimiento para que los contribuyentes puedan
obtener y completar Formularios de uso masivo sin tener que concurrir

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a las Oficinas del SII. Este procedimiento consiste en permitirle a los
contribuyentes que puedan bajar de la página wep que el Servicio tiene
en Internet los formularios que necesite. La incorporación de este
procedimiento, obliga a los funcionarios de Impuestos Internos, a
recibir todos aquellos formularios incluidos en la lista de los que están
habilitados y que, por lo tanto, provengan de la Impresión obtenida
desde la página Web, cuando son presentados por los contribuyentes
cumpliendo los requisitos de llenado y con sus respectivas copias. La
única limitación, es que el formulario sea impreso en forma legible.
2.- AVISO DE MODIFICACIONES
Fundamento legal:
El inciso final del Art. 68º del Código Tributario determina que las
sociedades deben poner en conocimiento del Servicio toda Modificación a
su Contrato Social.
La Resolución Ex. Nº 1652 de 05.07.85 de la Dirección Nacional,
determina que los contribuyentes deben informar al Servicio sus Cambios
de Domicilio. La Resolución Ex. Nº 2107 de 01.12.83, modificada por las
Resoluciones Ex. Nºs. 2252 y 5285 de fechas 28.12.83 y 22.09.93
respectivamente, determinan que los contribuyentes deben informarles al
Servicio las aperturas y cierres de sus Sucursales. La Resolución Ex. Nº
4024 de 08.09.94, de la Dirección Nacional, determina que los
contribuyentes deben informar al Servicio los cambios o ampliaciones de
actividades y/o giros.
El inciso final del Art. 69º del Código Tributario dice: "No podrá
efectuarse Disminución de Capital en las sociedades sin autorización
previa del Servicio". Cabe hacer presente que, la Resolución Ex. Nº 394 de
23.01.95, de la Dirección Nacional, autoriza a los Directores Regionales
para delegar en los funcionarios encargados de la atención de público de
las Secciones RUT e Inicio de Actividades, Timbraje de Documentos y
Término de Giro de su dependencia, la facultad de autorizar las
disminuciones de Capital.

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3.- OBLIGACION DE TIMBRAR DETERMINADOS DOCUMENTOS
TRIBUTARIOS:
Los contribuyentes se encuentran obligados a concurrir frecuentemente a las
oficinas del servicio con el objeto de que éste les timbre determinados documentos
tributarios.
El timbraje implica la legalización de la documentación respaldatoria de las
operaciones que el contribuyente efectúa durante el ejercicio de su actividad. Se
traduce en la aplicación de un timbre seco que se coloca en los documentos
tributarios y sus respectivas copias.
El servicio ha reglamentado este procedimiento en la Circular número 19, del 17
de mayo de 1995.
4.- LLEVAR CONTABILIDAD
Esta obligación no tiene por objeto la transferencia de sumas de dinero al fisco
sino la de facilitar la información y a consecuencia de ello la fiscalización del
cumplimiento de la ley tributaria.
La contabilidad debe ser llevada en el lugar en que el contribuyente realiza sus
actividades generadoras de renta, sin que necesariamente sea el domicilio del
contribuyente o el lugar donde se encuentra ubicada la gerencia de la empresa a
menos que haya sido autorizado para centralizar el proceso contable en un sólo
lugar.
El artículo 17 del Código Tributario establece que los libros de contabilidad y la
documentación sustentatoria deberá conservarse a disposición del Servicio de
Impuestos Internos mientras se encuentren vigentes los plazos de prescripción.
Esta misma norma establece que la obligación no es sólo de llevar contabilidad
sino que ella debe ser fidedigna.
Contabilidad fidedigna
El S.I.I. mediante oficio N° 1596, de fecha 25 de junio de 1990, estableció que los
libros contables deben ajustarse a prácticas contables adecuadas que reflejen
claramente el movimiento y resultado de la empresa; de modo que si algún libro
resulta oscuro, impidiendo controlar el movimiento y resultado de las operaciones
del contribuyente, dificultando así la acción fiscalizadora del Servicio, deberá ser
objetado, por no conformarse a lo dispuesto en el artículo 16° del Código
Tributario que establece que los sistemas de contabilidad deben ajustarse a
prácticas contables adecuadas que reflejen claramente el movimiento y resultado
de los negocios.
De acuerdo a lo anterior, entendemos por contabilidad fidedigna aquella:
a.- Que se ajusta a las normas legales y reglamentarias vigentes;

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b.- Que registra fiel, cronológicamente y por su verdadero monto las
operaciones, ingresos, desembolsos, inversiones y existencia de bienes
relativos a las actividades del contribuyente que dan origen a las rentas
efectivas que la ley obliga acreditar con excepción de aquellas partidas que
la ley permite omitir en su declaración;.
c.- Que sus registros se encuentran respaldados con documentación
fehaciente.
No hay contabilidad fidedigna
Entendemos que la contabilidad no es fidedigna en los siguientes casos:
a.S.I.I.

Cuando las anotaciones contables se hacen en libros sin timbre del

b.Cuando los registros contables se hacen en fechas posteriores al
timbraje.
c.-

Cuando se omite el registro de ingresos, inversiones, compras etc.

d.Cuando no existe documentación que demuestre o acredite las
anotaciones contables
e.-

Cuando se adulteran las cifras en la contabilidad o el balance

f.Cuando se emiten y registran facturas material o ideológicamente
falsas.
Formas que puede llevarse la contabilidad
La ley señala que las rentas efectivas deben acreditarse por contabilidad. La
Contabilidad puede ser completa o simplificada.
El S.I.I. mediante oficio Nº 1756, de fecha 24 de mayo de 1991, estableció que
para los efectos tributarios la "contabilidad completa" comprende los libros de
Caja, Diario, Mayor e Inventarios y Balances, o sus equivalentes y los libros
auxiliares que exija la ley o el propio Servicio, como ser el libro de Compras y
Ventas Diarias y el libro Auxiliar de Remuneraciones.
Se encuentran obligados a llevar contabilidad completa:
Todos los contribuyentes que tributen en 1º categoría salvo que la ley o el Director
Regional los exceptúe.
El Código de Comercio en su articulo 25 determina la documentación que se debe
tener en un sistema de contabilidad completa. Bajo ese concepto se incluyen: el
libro de caja; el libro diario; el libro mayor y el libro de inventario y balances.

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Aparte de estos libros deben llevarse los libros auxiliares que exijan otras
disposiciones leglaes como por ejemplo libro de compras, de ventas, de
remuneraciones, de F.U.T. y otros que el contribuyente considere necesarios.
Cuando se lleva contabilidad, los libros deben ser timbrados y autorizados por el
servicio.
Se encuentran obligados a determinar su renta mediante contabilidad simplificada:
a.- Los contribuyentes afectos a impuestos de 1º categoría que a juicio del
Director Regional tengan escaso movimiento, capitales pequeños en
relación a su giro etc.
b.- Contribuyentes afectos a impuestos de 2º categoría ( art. 42 Nº2 ley de
Rentas ).
También pueden utilizar éste sistema de contabilidad aquellos contribuyentes
acogidos al
Régimen de Presunción de renta que deseen contar con
documentación sustentatoria fidedigna para probar ingresos que justifiquen
determinadas inversiones y que mediante su régimen habitual no podrían hacerlo.
Esta contabilidad consiste en un libro o planillas de entradas y gastos, ambos
numerados correlativamente y timbrados por el servicio.
Contribuyentes no obligados a llevar contabilidad :
a.- Contribuyentes afectos al N° 2 del art. 20 de la ley de Impuesto a la
Renta por los beneficios obtenidos en la explotación de capitales
mobiliarios.
b.- Pequeño contribuyente del art. 22 de la ley de la Renta tales como
pequeños mineros artesanales, pequeños comerciantes que desarrollan su
actividad en la vía pública, suplementeros y los propietarios de talleres
artesanales u obreros.
c.- Lo establecido en el articulo 34 de la ley de la Renta correspondiente a
pequeños mineros de mediana importancia y el articulo 34bis de la misma
ley referidos a empresarios, personas naturales o sociedades de personas
que explotan vehículos destinados al transporte de pasajeros o carga.
Ejemplo: Buses, taxibuses, taxis.
d.- Contribuyentes afectos al Impuesto Único que grava los ingresos
provenientes de sueldos, salarios, pensiones, premios, gratificaciones, etc.
Fecha que debe confeccionarse el Balance
Con el objeto de obtener una mayor productividad en las labores de fiscalización y
los sistemas de control de lo NO DECLARANTES, el S.I.I. en la Circular N° 41
de fecha 30 de julio de 1981, estableció que los balances debían comprender un

Christian Aste M.

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período máximo de doce meses, y que todo ejercicio o período comercial debía
cerrarse indefectiblemente al 31 de Diciembre de cada año.
Esta circular, señaló que podían existir ejercicios inferiores a los doce meses
cuando se produce término de giro o cuando se trata del primer ejercicio
comercial. En este último caso, cualquiera que sea el tiempo transcurrido, el
balance debe practicarse al 31 de Diciembre y dicho período, en ningún caso,
puede exceder a los doce meses.
Infracciones relativas a la contabilidad
El Servicio se encuentra facultado para requerir al contribuyente la exhibición de
sus libros contables. Si el contribuyente se niega, se le sanciona con el artículo 97
N° 6 del Código Tributario, además de que en ese caso, el Director Regional,
puede apremiarlo ante la Justicia Ordinaria.
El contribuyente está obligado a conservar sus libros y su documentación
sustentatoria. Si los pierde debe informarlo al Servicio, el que lo sancionará en la
forma que establece el artículo 97 N° 7 del Código Tributario, salvo que la
pérdida sea fortuita. Incendio, robo, etc.
Debe existir una identidad entre lo que se declara y lo que se registra en los libros.
Y entre lo que se registra en los libros y lo que registran los documentos
respaldatorios. Los documentos deben estar respaldados con la realidad comercial,
de forma tal que si en stock no existe la mercadería que según los documentos
existe, sea porque hay más o menos, existirá una diferencia liquidable por la
autoridad.
Esto explica que el Servicio pueda requerir, incluso con el auxilio de la fuerza
pública, la confección o modificación de inventarios.
Tratándose de investigaciones administrativas sancionadas con pena corporal, la
ley permite al Servicio ordenar incautaciones. Las que deben comprender única y
exclusivamente documentos relacionados con el giro del presunto infractor. Se ha
discutido si en el concepto documento que señala la ley se comprenden o no los
computadores. Si bien, no existe un fallo claro sobre este punto, éste se ha
planteado judicialmente a través de recursos de protección, los que han sido
rechazados y acogidos indistintamente, por razones distintas a esta discusión. En
otras palabras, no existe hasta ahora ningún fallo que diga expresamente que en el
concepto documento se comprenden los computadores. Tampoco existe algún
fallo que diga lo contrario, por lo que es muy probable que el Servicio continúe
considerando que en dicho concepto se comprende la información almacenada en
los discos duros de los computadores.
En todo caso, la incautación que ordena el Servicio de Impuestos Internos, es
reclamable ante la justicia ordinaria, específicamente ante el Juez del Crimen que
tenga competencia en el domicilio del funcionario recurrido.
5.- OBLIGACION DE DECLARAR Y PAGAR

Christian Aste M.

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Antes de declarar, el contribuyente debe definir si se encuentra o no obligado a
pagar un impuesto determinado. Para poder establecerlo, el contribuyente debe
comparar la situación prevista en la norma legal con la situación de hecho_.
Si de la comparación, resulta la existencia de la obligación, corresponderá
determinar el monto del impuesto a pagar, para efecto de hacer líquida la
obligación tributaria, y consecuentemente exigible. En el cumplimiento de ese
segundo objetivo, concurren copulativa y conjuntamente la base imponible y
la tasa.
La determinación del impuesto ha sido conceptualizada por Carlos M. Giuliani
Fonrouge, como el acto o conjunto de actos emanados de la administración, de
los particulares o de ambos coordinadamente, destinados a establecer en cada
caso particular la configuración del presupuesto de hecho, la medida de lo
imponible y el alcance cuantitativo de la obligación_.
Formas de determinación
a.- Determinación Judicial
Es aquella determinación que se hace por la autoridad judicial, en los
casos que exista controversia respecto de la procedencia de la obligación y
o de su monto.
b.- Determinación administrativa
Esta forma de determinación ocurre cuando es la propia administración
tributaria la que establece la existencia de la obligación y su monto,
mediante el acto administrativo de la liquidación.
c.- Determinación mixta
Se verifica cuando el ente administrativo tributario ha establecido la
existencia de la obligación y su monto, con la colaboración del
contribuyente.
d.- Autodeterminación
Se produce en los casos que es el propio contribuyente el que determina el
crédito impositivo sin la intervención del ente público acreedor.
En este mecanismo de determinación, es el contribuyente el que señala si
existió o no el hecho gravado, y el monto de la obligación.
En Chile, es éste sistema el que se utiliza, puesto que son los mismos
contribuyentes los que mediante sus declaraciones de impuestos
mensuales o anuales, los que informan el monto de su obligación.

Christian Aste M.

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En todo caso, todos los mecanismos de determinación reconocen una
participación activa del contribuyente. En efecto si quien determina es el
juez, es porque el contribuyente u opuso objeciones a la determinación
que la administración hizo, o porque pretendió ante éste, el reconocimiento
de un derecho. Si quien determina es la administración, es porque el
contribuyente no determinó o porque determinó errada, incompleta o
fraudulentamente. Y si la determinación es coordinada, es porque el
contribuyente proporcionó los antecedentes suficientes para la
conformación de la determinación definitiva.
Secreto de la información tributaria
La información que el contribuyente proporciona al Servicio de Impuestos
Internos, en su declaración tributaria se encuentra amparada con el secreto,
conforme señala el artículo 35 del Código Tributario.
Declaración por Internet
La Dirección Nacional del S.I.I., mediante la Res. Nº 1112, de fecha
12.02.1999, autorizó a los contribuyentes para presentar, a través de Internet, las
declaraciones de impuestos anuales a la Renta que deben declararse en el
Formulario 22.
Para tal efecto, los interesados que presenten declaraciones que involucran
pago, deben, previamente, suscribir un mandato de Pago Automático de Cuentas
(PAC) con alguna de las instituciones autorizadas para recibir el pago de los
impuestos.
6.- OBLIGACION DE DAR AVISO DE TERMINO DE GIRO
El procedimiento de Término de Giro, está constituido por las etapas
administrativas, que se deben cumplir para que el Servicio otorgue a los
contribuyentes que ponen fin a sus actividades, el Certificado de Término
de Giro.
Objetivos del procedimiento de Término de Giro.
a) Revisar la autoliquidación de los impuestos que haya determinado el
contribuyente en el formulario "AVISO Y DECLARACION POR
TERMINO DE GIRO", verificando la exactitud de su declaración,
examinando la documentación sustentante; girar los impuestos resultantes
de la declaración, o proceder de acuerdo a la normativa legal para la
determinación de los impuestos, en el caso de existir tributos no incluidos
en la declaración.
b) Destruir los documentos timbrados y sin utilizar que dan derecho a
crédito fiscal, incluyendo las guías de despacho.
c) Dejar constancia, en los archivos manuales o computacionales del

Christian Aste M.

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Servicio, de los contribuyentes que ponen fin a sus actividades.
¿Quiénes deben dar aviso de Término de Giro.? _
La norma general del artículo 69 del Código Tributario señala que toda
persona, natural o jurídica, que ponga fin a su giro comercial o industrial o
que cese en sus actividades y que por esta razón deje de estar afecta a
impuestos, debe efectuar el trámite de término de giro. Por excepción, esta
misma norma permite que no se dé el aviso de término en los siguientes
casos:
a.- Empresas individuales que se conviertan en sociedades de
cualquier naturaleza, cuando la sociedad que se crea se haga
responsable solidariamente, en la respectiva escritura social, de
todos los impuestos que se adeudaren por la empresa individual,
relativas a su giro o actividad.
b.- Sociedades de cualquier naturaleza que aportan a otra u otras
todo su activo y pasivo, siempre que en la escritura de aporte la
sociedad que se crea o subsiste se haga responsable de todos los
impuestos que se adeuden por la sociedad aportante.
c.- Sociedades de cualquier naturaleza que se fusionen, siempre
que la sociedad que se crea o subsiste se haga responsable en la
escritura de aporte de todos los impuestos que adeudare la
sociedad fusionada que deja de existir.
d.- Disolución de sociedades de cualquier naturaleza por reunirse
todos los derechos o acciones en una persona jurídica y siempre
que esta última se haga responsable de todos los impuestos
adeudados por la sociedad que se disuelve, en una escritura pública
suscrita para tal efecto. Se hace presente que esta norma no se
aplica si los derechos o acciones se reúnen en una persona natural.
Plazo para dar aviso de Término de Giro
Según el artículo 69 inciso primero del Código Tributario los
contribuyentes deben dar aviso de Término de Giro al Servicio de
Impuestos Internos dentro de los dos meses siguientes al término del giro
de sus actividades. Así por ejemplo, si la actividad o giro finaliza el 20 de
octubre, debe informarse, a más tardar, el 21 de diciembre del mismo año.
Este plazo de dos meses empieza a correr desde el día siguiente a aquel en
que se produjo el término de giro o de actividades.
Sanciones por no dar aviso de Término de Giro. _
El retardo u omisión en la presentación del "Aviso y Declaración por
Término de Giro", cuando no constituya la base inmediata para la
determinación o liquidación de un impuesto, será sancionado de acuerdo al

Christian Aste M.

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artículo 97, Nº 1, del Código Tributario. Cuando no implique el pago
inmediato, por estar cubierto el tributo a juicio del contribuyente, pero
pueda constituir la base para liquidar o determinar un impuesto, se
sancionará de acuerdo al artículo 97, Nº 2, inciso tercero, del Código
Tributario.
Para los hechos ocurridos desde el 30 de julio de 1997, fecha de vigencia
de la Ley Nº 19506, se deberá considerar la UTM vigente al momento de
aplicarse la sanción, de lo contrario, la UTM que se debe considerar para
aplicar la sanción es la vigente al momento de cometerse la infracción. _
Si el "Aviso y Declaración por Término de Giro", constituye la base
inmediata para la determinación de impuesto, ya sea I.V.A. o Renta, el
retardo u omisión en su presentación se sancionará de acuerdo a lo
siguiente:
Impuesto a la Renta:
Atraso en declarar : Artículo 97, Nº 2, inciso primero del Código
Tributario.
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.):
Atraso en declarar : Artículo 97, Nº 2, inciso primero del Código
Tributario.
Atraso en pagar : Artículo 97, Nº 11, del Código Tributario.

VI.- ACCION FISCALIZADORA
Esta consagrada en el artículo 59 del Código Tributario y se puede conceptualizar
como:
La facultad que la ley reconoce al Servicio de Impuestos Internos, para que dentro
de los plazos de prescripción, examine y revise las declaraciones presentadas por
los contribuyentes.
Límites a la fiscalización
La facultad fiscalizadora que el ordenamiento jurídico le confiere al S.I.I.
reconoce las siguientes limitaciones:
1.- Los Derechos Constitucionales de los contribuyentes.
Ej.: Derecho a la igualdad en el trato; derecho a no ser discriminado;
derecho a la intimidad; derecho a la libertad para desarrollar cualquier
actividad económica, respetando las normas legales que la regulan;
derecho de propiedad; etc.

Christian Aste M.

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Estimamos innecesario reproducir lo que ya dijimos respecto de las
garantías constitucionales de los contribuyentes, cuando abordamos los
límites internos al poder tributario.
2.- Los plazos de prescripción (artículos 59, 200, 201 y 202 del C.T..).
Articulo 59 C.T.: "Dentro de los plazos de prescripción, el servicio podrá
examinar y revisar las declaraciones presentadas por los contribuyentes."
Articulo 200 C.T.: "El servicio podrá liquidar un impuesto, revisar
cualquiera deficiencia en su liquidación y girar los impuestos a que
hubiere lugar, dentro del termino de tres años contado desde la expiración
del plazo legal en que debió efectuarse el pago.
El plazo señalado en el inciso anterior será de seis años para la revisión de
impuestos sujetos a declaración, cuando esta no se hubiere presentado o la
presentada fuere maliciosamente falsa. Para estos efectos, constituyen
impuestos sujetos a declaración aquellos que deban ser pagados previa
declaración del contribuyente o del responsable del impuesto.
Los plazos anteriores se entenderán aumentados por el termino de tres
meses desde que se cite al contribuyente, de conformidad al articulo 63 o a
otras disposiciones que establezcan el tramite de la citación para
determinar o reliquidar un impuesto, respecto de los impuestos derivados
de las operaciones que se indiquen determinadamente en la citación. Si se
prorroga el plazo conferido al contribuyente en la citación respectiva, se
entenderán igualmente aumentados, en los mismos términos, los plazos
señalados en este articulo."
Articulo 201 C.T..: "En los mismos plazos señalados en el articulo 200, y
computados en la misma forma, prescribirá la acción del fisco para
perseguir el pago de los impuestos, intereses, sanciones y demás recargos.
Estos plazos de prescripción se interrumpirán:
1.º Desde que intervenga reconocimiento u obligación escrita.
2.º Desde que intervenga notificación administrativa de un giro o
liquidación.
3.º Desde que intervenga requerimiento judicial.
En el caso del numero 1.º, A la prescripción del presente articulo sucederá
la de largo tiempo del articulo 2515 del código civil. En el caso del
numero 2.º, Empezara a correr un nuevo termino que será de tres años, el
cual solo se interrumpirá por el reconocimiento u obligación escrita o por
el requerimiento judicial.
Decretada la suspensión del cobro judicial a que se refiere el articulo 147,
no procederá el abandono de la instancia en el juicio ejecutivo
correspondiente mientras subsista aquella.

Christian Aste M.

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Los plazos establecidos en el presente articulo y en el que antecede se
suspenderán durante el periodo en que el servicio este impedido, de
acuerdo a lo dispuesto en el inciso 2.º Del articulo 24, de girar la totalidad
o parte de los impuestos comprendidos en una liquidación cuyas partidas o
elementos hayan sido objeto de una reclamación tributaria."
Articulo 202 C.T.: "Sin perjuicio de las normas de los artículos 200 y 201,
el plazo de prescripción para el cobro del impuesto a las asignaciones por
causa de muerte y a las donaciones, será de seis años si el contribuyente no
hubiere solicitado la determinación provisoria o definitiva del impuesto.
En los demás casos dicho termino será de tres años.
Para los efectos del numero 2.º Del articulo 201, se entenderá que se
cumple con los requisitos que ese numero establece, desde que el servicio
pida la determinación provisoria o definitiva del impuesto."
3.- La ley Nº 18.320, publicada en el diario oficial del 17 de julio de 1984,
y actualizada al 30 de julio de 1997.
Establece que: El ejercicio de las facultades del Servicio de Impuestos
Internos para examinar la exactitud de las declaraciones y verificar la
correcta determinación y pagos menuales de los impuestos contemplados
en el decreto ley N° 825, sólo puede sujetarse a las siguientes normas:
a.- Se procederá al examen y verificación de los últimos
veinticuatro períodos mensuales por los cuales se presentó o debió
presentarse la declaración, anteriores a la fecha en que se notifique
al contribuyente requiriéndolo a fin de que dentro del plazo
señalado en el artículo 63 del Código Tributario presente al
Servicio los antecedentes correspondientes.
b.- Sólo si del examen y verificación de los últimos veinticuatro
períodos mensuales se detectaren omisiones, retardos o
irregularidades en la declaración, en la determinación o en el pago
de los impuestos, podrá el Servicio proceder al examen y
verificación de los períodos mensuales anterirores, dentro de los
plazos de prescripción respectivos y determinar en el mismo
proceso de fiscalización, o en uno posterior, tributos omitidos,
incluso aquellos que no pudieron determinarse anteriormente en
razón de estas mismas normas.
c.- El Servicio dispone de un plazo fatal de seis meses para citar
conforme el artículo 63, liquidar o formular giros por el lapso que
se ha examinado contado desde el vencimiento del término que
tiene el contribuyente para presentar los antecedentes requeridos
en la notificación señalada en el Número 1.
4.- La reserva de la cuenta corriente bancaria (articulo 62 del C.T..).

Christian Aste M.

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De acuerdo a la ley de cuentas corrientes bancarias y cheques los bancos
deben mantener en estricta reserva respecto de terceros el movimiento de
la cuenta corriente y sus saldos y solo podrán proporcionar esta
información al librador y a quien este haya facultado expresamente.
El articulo 62 del C.T.. modifica esta regla al establecer, que "La justicia
ordinaria podrá ordenar el examen de las cuentas corrientes en el caso de
procesos por delitos que digan relación con el cumplimiento de
obligaciones tributarias.
Asimismo, el director podrá disponer dicho examen, por resolución
fundada, cuando el servicio se encuentre investigando infracciones a las
leyes tributarias sancionadas con pena corporal."
La prohibición no impide al Servicio imponerse respecto de la existencia
de una cuenta corriente bancaria, lo que impide es acceder al movimiento
bancario.
5.- El secreto profesional (articulo 61 del C.T..).
Consiste en la reserva que un profesional debe guardar respecto de los
hechos que lleguen a su conocimiento o le son revelados en el ejercicio de
su profesión. Al profesional le esta prohibido por razones obvias divulgar
o hacer públicos estos hechos. La violación del secreto profesional esta
expresamente sancionada en el código penal, en consecuencia se debe
tener en especial consideración que los abogados pueden legítimamente
negarse a proporcionar antecedentes relativos a terceros y que digan
relación con hechos que han sido conocidos precisamente en el ejercicio
de su profesión.
El secreto profesional si se revela, se encuentra castigado en el articulo
247 inciso 2º del Código Penal.
Articulo 247 inciso 2º C.P.: "Las mismas penas se aplicaran a los que,
ejerciendo alguna de las profesiones que requieren titulo, revelen los
secretos que por razón de ella se les hubieren confiado."
Articulo 61 C.T.: "Salvo disposición en contrario, los preceptos de este
código, no modifican las normas vigentes sobre secreto profesional,
reserva de la cuenta corriente bancaria y demás operaciones a que la ley de
carácter confidencial."
Articulo 60 inciso 7º C.T.: "Con el fin de llevar a efecto la medida de que
trata el inciso anterior, el funcionario encargado de la diligencia podrá
recurrir al auxilio de la fuerza publica, la que le será concedida por el jefe
de carabineros mas inmediato sin mas tramite que la exhibición de la
resolución que ordena dicha medida, pudiendo procederse con
allanamiento y descerrajamiento si fuere necesario."

Christian Aste M.

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Personas que están obligadas al secreto profesional
Articulo 360 Nº 1 C.P.C: "No serán obligados a declarar:
1.º Los eclesiásticos, abogados, escribanos, procuradores, médicos
y matronas, sobre hechos que se les hayan comunicado
confidencialmente con ocasión de su estado, profesión u oficio;"
Articulo 231 C.P: "El abogado o procurador que con abuso
malicioso de su oficio, perjudicare a su cliente o descubriere sus
secretos, será castigado según la gravedad del perjuicio que
causare, con la pena de suspensión en su grado mínimo a
inhabilitación especial perpetua para el cargo o profesión y multa
de once a veinte sueldos vitales."
De estas disposiciones podemos inferir que quienes tienen esta
obligación son las personas que desempeñan una profesión que
requiera para su ejercicio de un titulo y que haya sido
reglamentada por el estado como ocurre, como por ejemplo, con
los médicos, los dentistas, las matronas, las enfermeras, los
químico farmacéuticos, los ingenieros, los abogados y los
contadores.
Alcance del secreto profesional
El secreto profesional no solo comprende lo que el profesional no
debe decir sino que también los documentos que pueden
comprometer el deber de reserva.
Articulo 171 C.P.P.: "Toda persona que tenga objetos o papeles
que puedan servir para la investigación será obligada a exhibirlos y
entregarlos.
Si la persona que los tenga o bajo cuya custodia estén, rehusa la
exhibición, podrá ser apremiada del mismo modo que el testigo
que se niega a prestar declaración, salvo que fuere de aquellas a
quienes la ley autoriza para negarse a declarar como testigo.
Tratándose de documentos que tengan el carácter de secretos de
acuerdo a las disposiciones del código de justicia militar, se
aplicara lo dispuesto en el articulo 53 bis de este código.
No serán aplicables respecto de los documentos a que se refiere
este articulo, los N° 3º y 4º del articulo 455 del Código Orgánico
de Tribunales."
Articulo 34 C.T.: "Están obligados a atestiguar bajo juramento
sobre los puntos contenidos en una declaración, los contribuyentes,
los que las hayan firmado y los técnicos y asesores que hayan

Christian Aste M.

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intervenido en su confección, o en la preparación de ella o de sus
antecedentes, siempre que el servicio lo requiera, dentro de los
plazos de prescripción. Tratándose de sociedades esta obligación
recaerá, además, sobre los socios o administradores que señale la
dirección regional. Si se trata de sociedades anónimas o en
comandita, están obligados a prestar ese juramento su presidente,
vicepresidente, gerente, directores o socios gestores, que, según el
caso, indique la dirección regional."
Es una norma de carácter excepcional ya que solo excluye el
secreto profesional en la medida que concurran los siguientes
supuestos:
a.- Que se trate de técnicos o asesores que hayan intervenido en la
confección de una declaración de impuesto, en su preparación o en
la de sus antecedentes.
b.- Que sean citados a atestiguar bajo juramento acerca de puntos
contenidos en esa precisa declaración y en lo que sea ajeno a dicha
declaración estarán en el derecho de invocar el secreto profesional
y negarse a prestar declaración.
6.- La excepción a la obligación de prestar declaración (artículos 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68 del C.T..)
Articulo 60 inciso 8 y 9 C.T..: "Para la aplicación, fiscalización o
investigación del cumplimiento de las leyes tributarias, el servicio podrá
pedir declaración jurada por escrito o citar a toda persona domiciliada
dentro de la jurisdicción de la oficina que la cite, para que concurra a
declarar, bajo juramento, sobre hechos, datos o antecedentes de cualquiera
naturaleza relacionados con terceras personas. Estarán exceptuados de
estas obligaciones, salvo en los casos de sucesión por causa de muerte o
comunidades en que sean comuneros los parientes, el cónyuge, los
parientes por consanguinidad en la línea recta o dentro del cuarto grado de
la colateral, el adoptante, el adoptado, los parientes por afinidad en la línea
recta o dentro del segundo grado de la colateral de dichos terceros.
Además estarán exceptuadas de estas obligaciones las personas obligadas
a guardar secreto profesional.
No estarán obligadas a concurrir a declarar las personas indicadas en él
articulo 191 del Código de Procedimiento Penal, a las cuales el servicio,
para los fines expresados en el inciso precedente, deberá pedir declaración
jurada por escrito."
Articulo 61 C.T.: "Salvo disposición en contrario, los preceptos de este
código, no modifican las normas vigentes sobre secreto profesional,
reserva de la cuenta corriente bancaria y demás operaciones a que la ley de
carácter confidencial."

Christian Aste M.

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Medios de fiscalización
1.- Información
2.- RUT
3.- La declaración de iniciación de actividades.
4.- La revisión y confección de inventarios
5.- La citación.
6.- Arraigo Administrativo
7.- Declaración jurada
8.- Éxamen de la contabilidad
9.- Término de giro.
10.- Tasación
Desarrollo
1.- La Información.
El más importante es la información, toda vez que a través de ella el
Servicio no sólo detecta las situaciones de evasión, sino que además
retroalimenta a las unidades de inspección.
Fuentes de información
Las fuentes de información, se clasifican según donde se encuentran
ubicadas, en internas y externas.
1.- Fuente interna de información
La principal fuente de información interna esta dada por las declaraciones
de impuestos, pues a partir de ellas el Servicio no sólo puede desarrollar su
gestión inspectiva sino que además trasmitirle al gobierno la incidencia
tributaria de sus políticas económicas.
Aparte de la auto declaración, existen contribuyentes que están obligados a
informarle al Servicio de Impuestos Internos, respecto de las retenciones y
pagos a cuenta que hacen a terceros.
Tienen esta obligación:
a.- Las personas naturales o jurídicas que están obligadas a retener
el impuesto,
b.- Las personas que paguen rentas o cualquier otro producto de
acciones, incluso de acciones al portador.
c.- Los Bancos o Bolsas de comercio por las rentas o cualquier otro
producto de acciones nominativas que, sin ser de su propiedad,
figuren inscritas a nombre de dichas instituciones;

Christian Aste M.

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d.- Los que paguen rentas a personas sin domicilio ni residencia en
Chile.
Además, tienen obligación legal de informar al Servicio de
Impuestos Internos, las siguientes personas y entidades:
a.- El Servicio de Aduana debe remitirle al Servicio, dentro
de los primeros diez días de cada mes, copia de las pólizas
de importación o exportación tramitadas en el mes
anterior - Art. 73 del Código Tributario -.
b.- Los notarios titulares, suplentes o interinos deben
comunicar al Servicio todos los contratos otorgados ante
ellos que sean suceptibles de revelar la renta de cada
contribuyente - Art. 76 del Código Tributario -.
c.- Los funcionarios encargados de registros públicos notarios, conservadores -, deben comunicar al Servicio los
contratos que les sean presentados para su inscripción - Art.
76 del Código Tributario -.
d.- Los Alcaldes, Tesoreros municipales y demás
funcionarios locales están obligados a proporcionar al
Servicio las informaciones que les sean solicitadas en
relación a patentes concedidas a contribuyentes, a rentas de
personas residentes en la comuna respectiva, o a bienes
situados en su territorio - Art. 80 del Código Tributario -.
Los tesoreros municipales deben enviar al Servicio copia
del rol de patentes industriales, comerciales y profesionales
en la forma que el determine - Art. 81 del Código
Tributario -.
e.- Los Bancos y demás instituciones de crédito, deben
enviar al Servicio de Impuestos Internos, en los casos
particulares que la Dirección Regional lo solicite, una copia
de los balances y estados de situación que se presenten ante
ellos - Art. 84 del Código Tributario -.
Los bancos e instituciones Financieras deben informar al
Servicio de Impuestos Internos, los intereses que hubieren
pagado o abonado a sus clientes, durante el año
inmediatamente anterior - Art. 101 Ley de la Renta -.
f.- El Banco del Estado, las cajas de previsión y las
instituciones bancarias y de crédito en general, deben
enviar al Servicio, en la forma que el Director Regional
determine, las copias de las tasaciones de bienes raíces que
hubieren practicado - Art. 85 del Código Tributario -.

Christian Aste M.

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g.- Los funcionarios fiscales, semifis-cales, de instituciones
fiscales y semifiscales de administración autónoma y
municipales, y las autoridades en general, están obligados a
proporcionar al Servicio todos los datos y antecedentes que
éste solicite para la fiscalizacion de los impuestos - Art. 86
del Código Tributario -.
h.- Las instituciones fiscales, semi-fiscales, municipales,
organismos de administración autónoma y las empresas de
todos ellos, como asimismo, las personas que deban llevar
contabilidad, deben mantener un registro especial en el que
se debe dejar constancia de los servicios profesionales u
otros propios de ocupaciones lucrativas, de que tomen
conocimiento en razón de sus funciones, giro o actividades
propias - Art. 87 del Código Tributario -.
i.- El síndico debe comunicar, dentro de los cinco días
siguientes al de su asunción al cargo, la declaratoria de
quiebra al Director Regional correspondiente al domicilio
del fallido - Art. 91 del Código Tributario -.
j.- Toda persona natural o jurídica que se ocupe
habitualmente de dar en arriendo cajas de seguridad debe
presentar en los meses de enero y junio al Servicio, una
declaración jurada respecto de las cajas de seguridad
arrendadas en sus oficinas o sucursales, indicando el
número de la caja y la individualización del arrendatario Art. 44 de la Ley N 16.271, sobre Impuesto a las Herencias
y Donaciones -.
k.- Los Bancos, cajas de ahorro, y en general, toda
institución de crédito debe suministrar al Servicio y a los
herederos, los datos que se les soliciten respecto a los
saldos de depósitos, los estados de las cuentas corrientes,
las garantías, custodias, etc. que tuviesen los clientes,
comitentes o arrendatarios que falleciesen - Art. 45 de la
Ley Nº 16.271, sobre Impuesto a las Herencias y
Donaciones -.
2.- Fuente externa de información.
Se dice que es información de fuente externa, toda aquella
información que la administración recaba de otros Estados.
Puede decirse, con carácter general, que cuanto más estrechas son
las relaciones económicas entre los Estados, cuestión que hoy
ocurre, más intensa es la necesidad que existe entre ellos de
coordinarse en sus formas y políticas impositivas, toda vez que

Christian Aste M.

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sólo mediante una coordinación adecuada, pueden evitarse los
antagonismos e incompatibilidades fiscales que se presentan
precisamente por el fenómeno de la globalización.
Esta coordinación que se ha materializado, en general mediante la
celebración de convenios - basados en los módelos de la O.C.D.E.,
de la Unión Europea, de E.E.U.U., y del C.I.A.T. - y que ha
permitido mejorar el control que las distintas administraciones
tributarias tienen sobre los nacionales que mantienen significativos
flujos comerciales o financieros con los contribuyentes de otros
estados, admite en el ámbito del intercambio de la información, las
siguientes graduaciones:
a.- Un intercambio automático de información, cuando se
trata de informaciones rutinarias, como son: la renta
recibida de fuente extranjera por residentes del país; los
impuestos retenidos en el país de la fuente; etc.;
b.- Un intercambio espontáneo de información, cuando el
intercambio de información que se produce se produce
en forma espontánea, esto es, sin que medie ningún
compromiso convencional; y
c.- Un intercambio específico de información, cuando la
información que se solicita, se refiere a un contribuyente
específico o a aspectos específicos de éste.
A diferencia de la información, que se obtiene de fuente interna, en
que las limitaciones se reducen a la exigencia y uso en forma de la
información, la información obtenida de fuente externa reconoce
más limitaciones.
En efecto, internacionalmente, se ha considerado que debe
rechazarse la solicitud de información, cuando : a) el Estado que
solicita la información, no ha agotado sus fuentes propias de
información; b) cuando por razones de hecho o de derecho, el
Estado solicitante no puede aportar la misma información; y c)
cuando el otorgamiento de la información importe vulneración a
normas propias - generalmente originadas por los derechos
constitucionales de cada Estado -(15).
Ahora bien y centrándonos en la realidad Chilena, podemos
afirmar que si bien Chile no ha celebrado - todavía - ningún tratado
específico de intercambio de información, ha incorporado a su
ordenamiento jurídico diversas normas, que requieren para su
implementación de información de fuente exterior.
En el plano interno, podemos citar a la ley 19.247 de fecha 15 de
Septiembre de 1993, que fijó como requisito para que los

Christian Aste M.

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nacionales pudieran usar como crédito el impuesto que pagaron en
el extranjero: a) que la inversión se hubiere materializado a través
del mercado cambiario formal; b) que el pago de los impuestos se
acredite mediante el correspondiente recibo o bien, con un
certificado oficial expedido por la autoridad competente del país
extranjero, debidamente legalizado y traducido si procediere; y c)
que el contribuyente se hubiere inscrito en el Registro de
Inversiones en el Extranjero que lleva el Servicio de Impuestos
Internos, y en la forma que fije dicho Servicio.
2. Exigencia del RUT
Como ya hemos dicho todas las personas naturales y jurídicas y las
entidades o agrupaciones sin personalidad jurídica, pero susceptibles de
ser sujetos de impuestos, deben estar inscritas en el Rol Unico Tributario
(R.U.T.) - Art. 66 del Código Tributario -.
Está exigencia constituye un medio de fiscalización, pues a través de dicho
número se controla en las bases de datos, la información tributaria atinente
a cada contribuyente.
3.- Declaración de iniciación de Actividades.
A través de está obligación que ya estudiamos, el Servicio registra y por lo
tanto controla a todos los patrimonios susceptibles de encontrarse
gravados con impuestos.
4.- Revisión y confección de inventarios:
Articulo 60 inciso 1º C.T..: "Con el objeto de verificar la exactitud de las
declaraciones o de obtener información, el servicio podrá examinar los
inventarios, balances, libros de contabilidad y documentos del
contribuyente, en todo lo que se relacione con los elementos que deban
servir de base para la determinación del impuesto o con otros puntos que
figuren o debieran figurar en la declaración. con iguales fines podrá el
servicio examinar los libros y documentos de las personas obligadas a
retener un impuesto."
Articulo 60 inciso 2º C.T..: "El director regional podrá disponer que los
contribuyentes presenten, en los casos que así lo determine, un estado de
situación. podrá exigirse, además, que este estado de situación incluya el
valor de costo y fecha de adquisición de los bienes que especifique el
director regional."
Esta situación tiene por objeto saber la disponibilidad tributaria del
contribuyente y dice relación con los bienes que ha comprado.
Articulo 60 inciso 3º C.T..: "No se incluirán en este estado de situación los
bienes muebles de uso personal del contribuyente ni los objetos que

Christian Aste M.

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forman parte del mobiliario de su casa habitación, con excepción de los
vehículos terrestres, marítimos y aéreos de uso personal, los que deberán
indicarse si así lo exigiere el director regional."
5.- La citación
Es una actuación del S.I.I.. que consiste en una comunicación escrita
notificada al contribuyente y emanada del jefe de la oficina respectiva por
la cual se le emplaza para que dentro del termino de un mes presente una
declaración o corrija, aclare, amplíe o confirme su declaración anterior.
Fundamento legal
Articulo 63 C.T..: "El servicio hará uso de todos los medios legales para
comprobar la exactitud de las declaraciones presentadas por los
contribuyentes y para obtener las informaciones y antecedentes relativos a
los impuestos que se adeuden o pudieren adeudarse.
El jefe de la oficina respectiva del servicio podrá citar al contribuyente
para que, dentro del plazo de un mes, presente una declaración o
rectifique, aclare, amplíe o confirme la anterior. sin embargo, dicha
citación deberá practicarse en los casos en que la ley la establezca como
tramite previo. a solicitud del interesado dicho funcionario podrá ampliar
este plazo, por una sola vez, hasta por un mes. esta facultad podrá ser
delegada en otros jefes de las respectivas oficinas.
La citación producirá el efecto de aumentar los plazos de prescripción en
los términos del inciso 3.º del articulo 200 respecto de los impuestos
derivados de las operaciones que se indiquen determinadamente en ella."
Finalidades de la citación
a) Por una parte constituye un importante medio de fiscalización con que
cuenta el S.I.I.. puesto que mediante ella puede requerir al contribuyente
para que presente una declaración omitida o bien para que proceda a su
verificación, aclaración o ampliación todo ello derivado de los
antecedentes que le sirven de fundamento al S.I.I..
b) Desde el punto de vista del contribuyente constituye una nueva
oportunidad que se le brinda para subsanar omisiones o errores en que se
hubiere podido incurrir respecto a la obligación de tener que efectuar
declaraciones de impuesto o en su defecto insistir en la determinación del
impuesto o una diferencia vía la formulación de una liquidación.
Contenido de la citación
Al tenor del articulo 63 inciso 3º y del articulo 200 inciso 3º la citación
debe especificar las materias sobre las cuales el contribuyente tiene
obligación de declarar o rectificar, aclarar, ampliar o confirmar lo

Christian Aste M.

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declarado anteriormente. esta especificación es de vital importancia pues
delimitara el ámbito de aplicación del aumento de los plazos de
prescripción.
Articulo 63 inciso 3º C.T.: "La citación producirá el efecto de aumentar los
plazos de prescripción en los términos del inciso 3º del articulo 200
respecto de los impuestos derivados de las operaciones que se indiquen
determinadamente en ella."
Articulo 200 inciso 3º C.T.: "Los plazos anteriores se entenderán
aumentados por el termino de tres meses desde que se cite al
contribuyente, de conformidad al articulo 63 o a otras disposiciones que
establezcan el tramite de la citación para determinar o reliquidar un
impuesto, respecto de los impuestos derivados de las operaciones que se
indiquen determinadamente en la citación. si se prorroga el plazo
conferido al contribuyente en la citación respectiva, se entenderán
igualmente aumentados, en los mismos términos, los plazos señalados en
este articulo."
¿Quien cita?
La ley ha señalado que la citación puede hacerla el jefe de la oficina
respectiva del S.I.I.. agregando mas adelante que esta facultad podrá ser
delegada en otros jefes de las respectivas oficinas.
Por jefe de oficina respectiva se ha entendido que son los directores
regionales en la jurisdicción de sus respectivos territorios..
Diversas resoluciones de delegación de facultades han autorizado a los
jefes de fiscalización y a los jefes de grupo de fiscalización para practicar
estas citaciones.
Procedencia de la citación
La regla general es que la citación es un tramite facultativo para el S.I.I..,
es decir, lo podrá practicar o no según lo estime conveniente, lo hará por lo
tanto en todos aquellos casos en que del estudio de los antecedentes
reunidos durante la revisión se desprenda la necesidad de citar al
contribuyente. esto aparece del empleo que hace la ley de la expresión
verbal podrá que deja en claro que se trata de una facultad del S.I.I.. y no
por lo general de una obligación.
Articulo 63 inciso 2º C.T..: "El jefe de la oficina respectiva podrá citar al
contribuyente para que, dentro del plazo de un mes, presente una
declaración o rectifique, aclare, amplíe o confirme la anterior. sin
embargo, dicha citación deberá practicarse en los casos en que la ley la
establezca como tramite previo. a solicitud del interesado dicho
funcionario podrá ampliar este plazo, por una sola vez, hasta por un mes.
esta facultad podrá ser delegada en otros jefes de las respectivas oficinas."

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La citación como trámite obligatorio
El inciso 2º del articulo 63 del C.T.. establece que sin embargo, dicha
citación deberá practicarse en los casos en que la ley la establezca como
tramite previo. De ello resulta que en aquellas oportunidades en que la ley
se haya preocupado de disponer expresamente que será necesario citar
previamente al contribuyente antes de practicarle una liquidación de
impuesto, la citación no va a ser una mera facultad sino que será
obligatoria hacerla antes de emitir una liquidación, si así no se hiciere el
procedimiento que conduzca a la liquidación quedara viciado de nulidad.
Casos en que esta diligencia esta concebida con carácter de obligatorio
a) Articulo 21 inciso 2º C.T..: "El servicio no podrá prescindir de las
declaraciones y antecedentes presentados o producidos por el
contribuyente y liquidar otro impuesto que el que de ellos resulte, a menos
que esas declaraciones, documentos, libros o antecedentes no sean
fidedignos. en tal caso, el servicio, previos los tramites establecidos en los
artículos 63 y 64, practicara las liquidaciones o reliquidaciones que
procedan, tasando la base imponible con los antecedentes que obren en su
poder. para obtener que se anule o modifique la liquidación o
reliquidación, el contribuyente deberá desvirtuar con pruebas suficientes
las impugnaciones del servicio en conformidad a las normas pertinentes
del libro tercero."
b) Articulo 22 C.T..: "Si un contribuyente no presentare declaración,
estando obligado a hacerlo, el servicio, previos los tramites establecidos en
los artículos 63 y 64, podrá fijar los impuestos que adeude con el solo
mérito de los antecedentes de que disponga."
c) Articulo 27 inciso 2º C.T..: "Cuando para otros efectos tributarios sea
necesario separar o prorratear diversos tipos de ingresos o de gastos y el
contribuyente no este obligado a llevar una contabilidad separada, el
servicio pedirá a este los antecedentes que correspondan, haciendo uso del
procedimiento contemplado en el articulo 63. a falta de antecedentes o si
ellos fueren incompletos, el servicio hará directamente la separación o
prorrateo pertinente."
Efectos de la omisión de la citación cuando ella es obligatoria
La omisión del tramite de la citación en aquellos casos en que la ley la ha
establecido como un tramite obligatorio previo a la liquidación acarrea por
consiguiente la nulidad de la liquidación de impuesto.
Plazo de la citación
Articulo 63 inciso 2º C.T..: "El jefe de la oficina respectiva del servicio
podrá citar al contribuyente para que, dentro del plazo de un mes, presente

Christian Aste M.

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una declaración o rectifique, aclare, amplíe o confirme la anterior. sin
embargo, dicha citación deberá practicarse en los casos en que la ley la
establezca como tramite previo. a solicitud del interesado dicho
funcionario podrá ampliar este plazo, por una sola vez, hasta por un mes.
esta facultad podrá ser delegada en otros jefes de las respectivas oficinas."
¿Cómo se notifica la citación ?
La citación puede notificarse: a.- Por carta certificada; b.- Personalmente;
o c.- Por cédula.
Requisitos para que se amplié el plazo para comparecer
a.- Que la petición se haga por escrito antes del vencimiento del plazo
primitivo y el plazo se puede ampliar por el numero de días necesarios
pero en ningún caso puede exceder de un mes.
b.- Que el contribuyente se encuentre en una situación de imposibilidad
absoluta de cumplir lo que se le ha pedido dentro del plazo primitivo.
Contestación de la citación
El contribuyente puede dar o no respuesta a la citación dentro del plazo
primitivo o prorrogado y pueden darse las siguientes situaciones:
1.- El contribuyente no da respuesta a la citación: una vez
transcurrido el plazo el S.I.I.. procederá a efectuar la liquidación en
que se incluirán todas las partidas agregadas según la citación o
bien tasara la base imponible con los antecedentes de que disponga
según los casos. en consecuencia el contribuyente habrá perdido la
oportunidad de desvirtuar determinados cobros o la forma de
efectuarlos sin tener que entrar a discutirlos en un juicio con el
fisco.
2.- El contribuyente da respuesta verbal a la citación: el
fiscalizador debe tomar nota de las respuestas levantando un acta
breve en tres ejemplares que debe firmar el contribuyente, el
funcionario y su jefe de grupo. Si el contribuyente o su
representante se negaren a firmar se dejara constancia escrita de
ello.
3.- El contribuyente da respuesta por escrito a la citación: es el
método que se recomienda, pues evita tergiversaciones.
Posición del contribuyente ante la citación
El contribuyente puede aceptar en forma expresa o tácita la objeción o
reparo efectuado por el S.I.I.., con lo cual este quedara en situación de
incluir los respectivos reparos en la liquidación que se practique.

Christian Aste M.

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Pero el contribuyente puede adoptar la posición contraria, es decir,
oponiéndose a los reparos que se le hayan formulado e incluso
acompañando documentos o antecedentes para apoyar su posición.
Puede dar por justificadas determinadas partidas y otras no.
Efectos de la citación
Por el solo hecho de citar al contribuyente se producen los siguientes
efectos:
a.- Hay un emplazamiento para el contribuyente para que dentro del plazo
de un mes prorrogable por otro mes a petición de este presente los
antecedentes.
b.- Si no se cumplen los requerimientos del emplazamiento o si se
cumplen pero de manera insuficiente, el S.I.I. tasará la base imponible con
los antecedentes que obran en su poder.
Articulo 64 incisos 1º y 2º C.T..: "El servicio podrá tasar la base imponible
con los antecedentes que tenga en su poder, en caso que el contribuyente
no concurriere a la citación que se le hiciere de acuerdo con el articulo 63
o no contestare o no cumpliere las exigencias que se le formulen, o al
cumplir con ellas no subsanare las deficiencias comprobadas o que en
definitiva se comprueben.
Asimismo, el servicio podrá proceder a la tasación de la base imponible de
los impuestos, en los casos del inciso 2.º del articulo 21 y del articulo 22."
c.- Cuando la citación esta legalmente notificada se aumentan los plazos
de prescripción en tres meses, si se pide prorroga de la citación el plazo de
prescripción se aumenta igualmente en el mismo plazo.
6.- Arraigo administrativo
Conforme el artículo 72 del Código Tributario, la Policía de
Investigaciones y Carabineros deben impedir que hagan abandono del
país, aquellas personas que se encuentren investigadas por presuntas
infracciones tributarias sancionadas con pena corporal.
La ley, junto con no establecer un plazo máximo de duración del arraigo
permite que se excepcione de él, al contribuyente que acredite con un
certificado emanado del propio Servicio que otorgó caución suficiente, a
juicio del Director Regional.
7.- Declaración Jurada
Para la aplicación, fiscalización o investigación del cumplimiento de las

Christian Aste M.

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leyes tributarias, el Servicio puede pedir declaración jurada por escrito o
citar a toda persona domiciliada dentro de la jurisdicción de la oficina
citadora - Art. 60 del Código Tributario -.
8.- Examinar la contabilidad
Con el objeto de verificar la exactitud de las declaraciones o de obtener
información el Servicio puede examinar los inventarios, balances, libros
de contabilidad y documentos del contribuyente, en todo lo que se
relacione con los elementos que deban servir de base para la
determinación del impuesto o con otros puntos que figuren o debieran
figurar en la declaración - Art. 60 del Código Tributario -.
9.- Término de giro
Como ya estudiamos, toda persona natural o jurídica que, por terminación
de su giro comercial o industrial, o de sus actividades, deje de estar afecta
a impuestos, debe dar aviso por escrito al Servicio, acompañando un
balance final o los antecedentes que estime necesario, y deberá pagar el
impuesto correspondiente hasta el momento del expresado balance, dentro
de los dos meses siguientes al término del giro de sus actividades - Art. 69
del Código Tributario -.
10.- Facultad de tasar:
Conforme el artículo 64 del Código Tributario: “El Servicio podrá tasar la
base imponible, con los antecedentes que tenga en su poder, en caso que el
contribuyente no concurriera a la citación que se le hiciere de acuerdo con
el artículo 63° o no contestare o no cumpliere las exigencias que se le
formulen, o al cumplir con ellas no subsanare las deficiencias
comprobadas o que en definitiva se comprueben.
Asimismo, el Servicio podrá proceder a la tasación de la base imponible
de los impuestos, en los casos del inciso 2° del artículo 21° y del artículo
22°.
Cuando el precio o valor asignado al objeto de la enajenación de una
especie mueble, corporal o incorporal, o al servicio prestado, sirva de base
o sea uno de los elementos para determinar un impuesto, el Servicio, sin
necesidad de citación previa, podrá tasar dicho precio o valor en los casos
en que éste sea notoriamente inferior a los corrientes en plaza o de los que
normalmente se cobren en convenciones de similar naturaleza
considerando las circunstancias en que se realiza la operación.
En igual forma, en todos aquellos casos en que proceda aplicar impuesto
cuya determinación se basa en el precio o valor de bienes raíces, el
Servicio de Impuestos Internos podrá tasar dicho precio o valor, si el fijado
en el respectivo acto o contrato fuere notoriamente inferior al valor
comercial de los inmuebles de características y ubicación similares, en la

Christian Aste M.

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localidad respectiva, y girar de inmediato y sin otro trámite previo el
impuesto correspondiente. De la tasación y giro sólo podrá reclamarse
simultáneamente dentro del plazo de 60 días contado desde la fecha de la
notificación de este último.
La reclamación que se deduzca se sujetará al procedimiento general
establecido en el Título II del Libro III de este Código”.
La regla general, como lo expresó la Dirección Nacional del Servicio de
Impuestos Internos, en oficio Nº 1395, de fecha 23.05.1995, es que los
precios de venta de los bienes transables sean determinados por el
mercado. Por lo tanto, desde el punto de vista fiscal, los precios de venta
de los productos son tributariamente aceptables, en cuanto éstos se fijen de
acuerdo con las variables y reglas que determinan el mercado.
Ahora bien, para los efectos de evitar que las partes contratantes fijen
precios inferiores a los bienes a los que realmente le asigna el mercado, de
acuerdo al principio económico de la oferta y la demanda, el legislador ha
establecido facultades en favor del Servicio para corregir tales distorsiones
y son las que se contienen en los artículos 64 del Código Tributario y 36
de la Ley de la Renta.
La primera de tales normas señala que "cuando el precio o valor asignado
al objeto de la enajenación de una especie mueble, corporal o incorporal, o
al servicio prestado, sirva de base o sea uno de los elementos para
determinar un impuesto, el Servicio, sin necesidad de citación previa,
podrá tasar dicho precio o valor en los casos en que éste sea notoriamente
inferior a los corrientes en plaza o de los que normalmente se cobren en
convenciones de similar naturaleza, considerando las circunstancias en que
se realiza la operación".
La segunda de las citadas disposiciones, expresa que "sin perjuicio de
otras normas de esta ley, para determinar la renta efectiva de los
contribuyentes que efectúen importaciones o exportaciones, o ambas
operaciones, la Dirección Regional podrá, respecto de dichas operaciones,
impugnar los precios o valores en que efectúen sus transacciones o
contabilicen su movimiento, cuando ellos difieran de los que se obtienen
de ordinario en el mercado interno o externo. Para estos efectos, la
Dirección Regional podrá solicitar informe al Servicio Nacional de
Aduanas".
Ahora bien, las facultades antes mencionadas son aplicables a situaciones
reales que se detectan en las acciones de fiscalización que realiza este
Servicio, teniendo presente las circunstancias concurrentes a cada
operación, y no se aplican de antemano a hechos que bajo ciertos
supuestos van a ocurrir en el futuro, vale decir, el ámbito de tales normas
no facultan al Servicio para garantizar a los contribuyentes que dichas
facultades no se aplicarán en el futuro si se dan ciertos hechos o
condiciones.

Christian Aste M.

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Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección del Servicio de Impuestos
Internos, mediante la Circular Nº 68, de fecha 28.11.1996,
estableció que dicha facultad no procede ejercerla, cuando se
efectúan las siguientes reorganizaciones empresariales:
a.- Divisiones. La razón es que los traspasos que se efectúan con
motivo de ella, no son propiamente aportes y por lo tanto no cabe
aplicar el articulo 64 del Código Tributario.
b.- Fusiones por creación o por incorporación. Las sociedades
aportantes al desaparecer, no reciben a cambio acciones o derechos
de la sociedad que las absorbe.
Al no producirse incremento patrimonial, no existe efecto
tributario. Sin efecto tributario, resulta improcedente aplicar el
articulo 64 del Código Tributario, toda vez que ese dispositivo se
aplica, sólo cuando la reorganización empresarial produce tal
efecto.
VII.- CODIGO TRIBUTARIO
Dictación del Código Tributario
Con fecha 06 de abril de 1959 el Congreso Nacional, mediante la ley 13.305
delegó facultades en el Ejecutivo con el objeto de que éste se avocara a la
codificación de las leyes tributarias. Para tal efecto, se designo una comisión
especializada, cuyo trabajo se materializó en el DFL.190 publicado el día 05 de
abril de 1960 y que empezó a regir desde el 01 de enero de 1961.
Este cuerpo legal, que sufrió numerosas e importantes modificaciones desde su
entrada en vigencia, fue derogado y reemplazado por el DL.830 de fecha 31 de
diciembre de 1974, vigente en su texto, desde fecha 01 de enero de 1975.
Estructura del Código Tributario
El Código Tributario se encuentra formado por 3 libros, más un título preliminar y
un título final. El título preliminar contiene normas sobre aplicación espacial y
material de la ley tributaria, atribuciones del Servicio, notificaciones y
definiciones de uso frecuente del legislador tributario.
El libro Primero contiene normas de administración, fiscalización y pago.
El libro Segundo trata de los apremios, y normas sobre infracciones y sanciones.
El libro Tercero de los tribunales, procedimientos y de la prescripción.
El Título final comprende normas de vigencia del Código.
Estructura del Servicio de Impuestos Internos
El S.I.I. es una entidad administrativa dependiente del Ministerio de Hacienda,

Christian Aste M.

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cuya función por ley es la aplicación y fiscalización de todos los impuestos
internos fiscales o de otro carácter en que tenga interés el Fisco, y cuyo control no
éste especialmente encomendado por la ley a una autoridad diferente.
El S.I.I. esta constituido por la Dirección Nacional, que tiene sede en Santiago,
Capital de la República de Chile, y por 16 Direcciones Regionales.
Facultades del Director Nacional
Las facultades del Director pueden clasificarse en facultades administrativas
propiamente tal y facultades tributarias administrativas.
A.- Facultades administrativas propiamente tales
Entre estas facultades, comprendidas en el art. 7 del D.F.L. Nº 7 y en la Ley
18.834., se encuentran fundamentalmente las siguientes atribuciones que el
Director del Servicio tiene en calidad de jefe superior del Servicio:
1) Planificar, y desarrollar políticas y programas que promuevan una eficiente
administración y fiscalización de los impuestos.
2) Dirigir, organizar, planificar y coordinar el funcionamiento del Servicio, dictar
las órdenes que estime necesarias o convenientes para la más expedita marcha del
Servicio.
3) Supervigilar el cumplimiento de las instrucciones que imparte y la estricta y
sujeción de los dictámenes y resoluciones a las instrucciones sobre las leyes y
reglamentos que emita la Dirección.
4) Administrar los bienes del Servicio de Impuestos Internos y encargar al
personal, además de las obligaciones y funciones propias del cargo, el
cumplimiento de otras obligaciones y funciones de acuerdo con la Ley Orgánica.
5) Nombrar al personal y poner término a sus funciones en cualquier momento;
destinarlo y asignarle comisiones de servicios o de estudio, y dictar otra
disposición sobre administración de personal y las relativas a régimen interno que,
a su juicio exclusivo, se requieran para garantizar la marcha eficiente del Servicio.
6) Dictar resoluciones destinadas a hacer efectiva la responsabilidad
administrativa de los funcionarios de acuerdo a las normas de la Ley 18.834.
7) Fijar horarios de trabajos ordinarios y ordenar la ejecución de trabajos
extraordinarios.
8) Fijar y modificar la organización interna de las unidades del Servicio,
asignándoles el personal necesario, fijarles y modificar sus sedes, juridiscciones
territoriales y sus dependencias, y sus atribuciones.
Facultades administrativas tributarias

Christian Aste M.

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Entre las facultades contenidas en el D.L. 830 (Código Tributario), y en el art. 7
del D.F.L. 7 de 30 de Septiembre de 1980, destacan las siguientes atribuciones,
vinculadas con la administración impositiva:
1) Interpretar administrativamente las disposiciones tributarias, fijar normas,
impartir intrucciones y dictar ordenes para la aplicación y fiscalización de los
impuestos.
2) Absolver las consultas sobre la aplicación e interpretación de las normas
tributarias le formulen los funcionarios del Servicio , por conducto regular, o las
autoridades.
3) Autorizar a los Subdirectores, Directores Regionales o a otros funcionarios
para resolver determinadas materias o para hacer uso de algunas de sus
atribuciones, actuando "por orden del Director".
4) Ordenar la publicación o la notificación por avisos de cualquiera clase de
resoluciones o disposiciones.
5) Disponer la colocación de afiches, carteles y letreros alusivos a impuestos o a
cumplimiento tributario en locales y establecimientos de servicios públicos e
industriales y comerciales. Será obligatorio para los contribuyentes su colocación
y exhibición en el lugar que prudencialmente determine el Director.
6) Mantener canje de información con Servicios de Impuestos de otros países para
efectos de determinar la tributación que afecte a determinados contribuyentes.
Facultades de los Directores Regionales
1) Absolver las consultas sobre aplicación e interpretación de las normas
tributarias.
2) Solicitar la aplicación de apremios y pedir su renovación en conformidad a la
ley. (Titulo I del Libro Segundo).
3) Aplicar, rebajar o condonar las sanciones administrativas fijas o variables.
4) Condonar total o parcialmente los intereses penales por la mora en el pago de
los impuestos, en los casos expresamente autorizados por la ley.
Sin embargo, la condonación de intereses o sanciones podrá ser total, si el
Servicio incurriere en error al determinar un impuesto, o cuando, a juicio del
Director Regional, dichos intereses o sanciones se hubieren originado por causa
no imputable al contribuyente.
5) Resolver administrativamente todos los asuntos de carácter tributario que se
promuevan, incluso corregir de oficio, en cualquier tiempo, los vicios o errores
manifiestos en que se haya incurrido en las liquidaciones o giros de impuestos.

Christian Aste M.

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6) Resolver las reclamaciones que presenten los contribuyentes, de conformidad al
libro Tercero.
7) Autorizar a otros funcionarios para resolver determinadas materias, aun las de
su exclusiva competenciaa, o para hacer uso de las facultades que le confiere el
Estatuto orgánico del Servicio, actuando “por orden del Director Regional”, y
encargarles, de acuerdo con las leyes y reglamentos, el cumplimiento de otras
funciones u obligaciones.
8) Ordenar a petición de los contribuyentes que se imputen al apgo de sus
impuestos o contribuciones de cualquiera especie las cantidades que le deban ser
devueltas por pagos en exceso de lo adeudado o no debido por ellos. La resolución
que se dicte se remitirá a la Contraloría General de la República para su toma de
razón.
9) Disponer en las resoluciones que se dicten en conformidad a lo dispuesto en los
números 5 y 6 de la presente letra, la devolución y pago de las sumas solucionadas
indebidamente o en exceso a títulos de impuestos, reajustes, intereses, sanciones o
costas. Estas resoluciones se remitirán a la Contraloría General de la República
para su toma de razón.
Ámbito de aplicación material del Código Tributario
Artículo 1 C.T.: "las disposiciones de este Código se aplicaran exclusivamente a
las materias de tributación fiscal interna que sean, según la ley, de la competencia
del Servicio de Impuestos Internos."
Requisitos copulativos para que sean aplicadas las normas del Código Tributario
a.- Que se trate de materias de tributación fiscal interna. Quedan fuera de la ley
tributaria los tributos fiscales externos. Son tributos fiscales externos, los
vinculados al comercio internacional de mercaderías. Ej. Aranceles aduaneros.
b.- Que estas materias sean de competencia del S.I.I. Quedan fuera de la ley
tributaria, los tributos fiscales que siendo internos, su fiscalización compete a
otros organismos del Estado.

Aplicación restrictiva de sus normas.
Articulo 4 C.T.: "Las normas de este Código solo rigen para la aplicación o
interpretación del mismo y de las demás disposiciones legales relativas a las
materias de tributación fiscal interna a que se refiere el articulo 1.º, Y de ellas no
se podrán inferir, salvo disposición expresa en contrario, consecuencias para la
aplicación, interpretación o validez de otros actos, contratos o leyes."
Ej. Concepto de Sociedad de Personas. De residente. Sólo sirven para interpretar
la ley tributaria.

Christian Aste M.

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Aplicación supletoria del Derecho Común
Articulo 2 C.T.: "En lo no previsto por este Código y demás leyes tributarias, se
aplicaran las normas de derecho común contenidas en leyes generales o
especiales."
Ej. En lo relativo a las notificaciones, plazos y actuaciones judiciales se aplica el
Código de Procedimiento Civil. En lo relativo a los libros de contabilidad y su
valor probatorio, se aplican las normas del Código de Comercio.
Ámbito de aplicación temporal de la Ley Tributaria
Articulo 3º del C.T.
Regla general: en materia de leyes estas entran a regir desde su publicación en el
diario oficial, fecha desde la cual se entienden conocidas por todos.
Artículo 7 Código Civil: "La publicación de la ley se hará mediante su inserción
en el diario oficial, y desde la fecha de este se entenderá conocida de todos y será
obligatoria. Para todos los efectos legales, la fecha de la ley será la de su
publicación en el diario oficial.
Sin embargo, en cualquiera ley podrán establecerse reglas diferentes sobre su
publicación y sobre la fecha o fechas en que haya de entrar en vigencia."
Vigencia en la ley tributaria
Regla General
Articulo 3º inciso 1º C.T.: "En general la ley que modifique una norma
impositiva, establezca nuevos impuestos o suprima uno existente, regirá desde el
día primero del mes siguiente al de su publicación. En consecuencia, solo los
hechos ocurridos a contar de dicha fecha estarán sujetos a la nueva disposición.
Con todo, tratándose de normas sobre infracciones y sanciones, se aplicara la
nueva ley a hechos ocurridos antes de su vigencia, cuando dicha ley exima tales
hechos de toda pena o les aplique una menos rigurosa."
Ejemplo: en el diario oficial del 03 de julio de publica la ley Nº 20.000 que deroga
el I.V.A.. Si la ley no tiene fecha especial de vigencia (derogase a contar de su
publicación) entra en vigor el día 1º de agosto de aquel año.
Principio de irretroactividad
La norma se aplica a situaciones que ocurren a partir de su fecha de vigencia. Las
situaciones ocurridas antes, se rigen por la ley anterior aunque las obligaciones
deben cumplirse durante la nueva ley.
Excepciones
a.- Ley sobre infracciones o sanciones

Christian Aste M.

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La ley que modifique normas sobre infracciones y sanciones se aplicara
también a hechos ocurridos antes de su vigencia, cuando la ley exima a estos de
toda pena o les aplique una menos rigurosa. Así por ejemplo, el dia 01 de agosto
un contribuyente no da boleta y la sanción es de 10 u.t.m. y clausura, se cursa el
denuncio en esa fecha. El dia 30 de septiembre se publica una ley que rebaja a 3
U.T.M. y elimina la clausura por tal infracción. En este caso, si esta pendiente la
aplicación de la sanción, se aplica la ley nueva, en caso contrario se aplica la ley
anterior.

Christian Aste M.

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b.- Ley sobre impuestos anuales
La ley que modifique la tasa de los impuestos anuales o los elementos que
sirven para determinar la base de ellos, entra en vigor el primero de enero del año
siguiente al de su publicación y los impuestos que deban pagarse a contar de dicha
fecha quedaran afectos a la nueva ley. Así por ejemplo, si el 25 de noviembre de
2000 se dicta una ley que eleva la tasa de primera categoría al 20%, esta
comenzará a regir el 01 de enero del 2001, debiendo pagarse en abril con esa tasa.
A pesar de que cuando ocurrieron los hechos gravados con ella, la tasa vigente era
un 15%. Por esto incluimos este impuesto dentro de los ejemplos de
retroactividad.
c.- La tasa de los intereses moratorios
Según la ley, los intereses que acceden al pago de una deuda tributaria se
deben pagar con la tasa vigente al tiempo del pago, cualquiera sea la fecha en que
hayan ocurrido los hechos gravados. Debí pagar el 12 de abril de 1999, y no lo
hago. Cuando pague deberé hacerlo con el interés que rija al tiempo del pago,
aunque sea mayor.
Ámbito de aplicación espacial
Las leyes tributarias al igual que todas las leyes rigen dentro del territorio de la
República.
Por esta razón, las leyes tributarias siempre IMPONEN un requisito de
territorialidad para poder aplicarse.
En el IVA venta, que el bien esté en Chile. En los servicios, que el servicio se
preste o utilice en Chile.
En el Impuesto a la Renta, que la fuente generadora esté en Chile. O que el
perceptor de ella tenga domicilio o residencia en Chile – tres años como mínimo
tratándose de extranjeros -.
No es infrecuente por lo mismo, que dos o más países graven la misma
manifestación de riqueza. Sin embargo, como este fenómeno no es deseado, pues
teóricamente la renta debe gravarse sólo una vez, los distintos Estados han
procurado salvar este problema, a través de tratados internacionales o mediante el
establecimiento de mecanismos legales que permitan atenuarlo o evitarlo.
Chile ha enfrentado el problema de la doble tributación de las dos formas. Ha
celebrado tratados de doble tributación con ARGENTINA, desde 1976 y con
México desde 1998. Y ha incorporado a su legislación, normas destinadas a
atenuar sus efectos.
Cabe tener presente, que el articulo 5 C.T.: "Faculta al Presidente de la República
para dictar normas que eviten la doble tributación internacional o que eliminen o
disminuyan sus efectos."
Desarrollo de las Facultades conferidas al Director Nacional

Christian Aste M.

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1.- "Interpretar administrativamente las disposiciones tributarias, fijar normas,
impartir instrucciones y dictar ordenes para la aplicación y fiscalización de los
impuestos."
Comentarios
a.- La interpretación que hace el Director del Servicio de Impuestos
Internos, no obliga a los tribunales sino que a la administración.
b.- Si bien el Director del S.I.I. puede fijar normas, impartir instrucciones,
y dictar órdenes para la aplicación y fiscalización de los tributos, no puede
por medio de dichas normas imponer obligaciones que por mandato
constitucional, sólo pueden imponerse por ley.
c.- Si el contribuyente se ajusta de buena fe, a una interpretación
sustentada por la Dirección Nacional o Direcciones Regionales del
Servicio, esta amparado con el artículo 26 del Código Tributario, que
impide al Servicio cobrar con efecto retroactivo, cuando se producen
modificaciones de criterio.
d.- Las modificaciones a las circulares y dictámenes del Servicio se
presumen de derecho conocidas por el contribuyente, desde que han sido
publicadas de acuerdo con el articulo 15 del Código Tributario.
2.- "Absolver las consultas que sobre la aplicación e interpretación de las normas
tributarias le formulen los funcionarios del servicio, por conducto regular, o las
autoridades."
Comentarios
a.- Las respuestas que el Director da a estas consultas, no son reclamables.
b.- El Director no responde las consultas formuladas por los
contribuyentes, sino que las planteadas por las autoridades o funcionarios
del mismo Servicio.
c.- Las normas por las que se ciñen las consultas, se contienen en la
Circular Nº 77de fecha 12 de agosto de 1974.
Dicha circular, define la consulta como “toda presentación hecha por el
público, sea o no contribuyente, u otros organismos del Estado o
autoridades, que requieran alguna información, pronunciamiento o
interpretación del Servicio y que no constituya una solicitud propiamente
tal, como las destinadas a impetrar algún derecho, beneficio, franquicia,
concesión de interés particular, reclamo u otra actuación específica
contemplada en las distintas leyes que fiscaliza el Servicio”.
3.- Nº 3 C.T.: "Autorizar a los subdirectores, directores regionales o a otros
funcionarios para resolver determinadas materias o para hacer uso de algunas de

Christian Aste M.

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sus atribuciones, actuando "por orden del director"."
Comentarios
a.- Esta facultad debe relacionarse con el artículo 7 letra i) de la Ley
orgánica del Servicio de Impuestos Internos, y con el artículo 43 de la ley
de bases de la administración del Estado, que expresamente autorizan la
delegación.
b.- El funcionario delegado, debe hacer constar en la resolución que dicta,
que corresponde a una atribución que le fue delegada. La norma en
comento, exige que se agregue en la resolución que se dicta, la
expresión: “Por orden del director Nacional”.
c.- Es ejemplo de esta delegación, la Res. N° 30 de fecha 16 de abril de
1981, mediante la cual el Director del Servicio, delegó en el Jefe del
Departamento de Investigación de Delitos Tributarios, la facultad de
ordenar la aposición de sellos y la incautación de los libros de contabilidad
y demás documentos relacionados con el giro del presunto infractor
tributario.
4.- Nº 4 C.T.: "Ordenar la publicación o la notificación por avisos de cualquiera
clase de resoluciones o disposiciones."
Comentarios
a.- Esta norma debe estudiarse en relación con los artículos15 y 26 del
Código Tributario. El primero, establece que las resoluciones de carácter
general deben insertarse en el diario oficial. El segundo, que sólo a partir
de su publicación en el diario oficial, se presume de derecho que el
contribuyente las conoce.
b.- Las modificaciones insertadas en el diario oficial son inoponibles, al
menos retroactivamente, al contribuyente que de buena fé se hubiera
ajustado a las normas modificadas.
c.- La notificación por aviso, es una modalidad de notificación que debe
usarse cuando la norma va tener un efecto general, o cuando sus
destinatarios sean un grupo significativo de contribuyentes.
5.- Nº 5 C.T..: "Disponer la colocación de afiches, carteles y letreros alusivos a
impuestos de servicio o a cumplimiento tributario, en locales y establecimientos
de servicios públicos e industriales y comerciales. Será obligatorio para los
contribuyentes su colocación y exhibición en el lugar que prudencialmente
determine el servicio."
Comentario
El contribuyente está obligado a exponer en su negocio el aviso referido,

Christian Aste M.

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so pena de ser sancionado, en la forma que establece el artículo 109 del
código Tributario.
6.- Nº 6.º C.T.: "Mantener canje de informaciones con servicios de impuestos de
otros piases para los efectos de determinar la tributación que afecte a
determinados contribuyentes. este intercambio de informaciones deberá solicitarse
a través del ministerio que corresponda y deberá llevarse a cabo sobre la base de
reciprocidad, quedando amparado por las normas relativas al secreto de las
declaraciones tributarias.
Comentarios
a.- Esta norma debe relacionarse con el artículo 41 Letra C de la Ley de
Impuesto a la Renta, que establece el régimen tributario de los
contribuyentes que debiendo pagar impuestos en Chile, se encuentran
también gravados en el exterior.
b.- Para acreditar dicha situación en Chile, el Servicio se encuentra
facultado para acceder a través de su Director, a información externa.
c.- La información a que accede el Servicio impositivo Chileno, se
encuentra condicionada a la reciprocidad, o sea si a Chile no le
proporcionan esa información, tampoco Chile la va a proporcionar.
d.- Obviamente que la entrega de esa información, está sujeta a las mismas
exigencias que regulan la información en Chile. De modo entonces, que si
esa información se encuentra amparada con el secreto o reserva bancaria,
no podrá proporcionarse.
Desarrollo de las Facultades conferidas a los Directores Regionales en la
jurisdicción de su territorio:
1.- Nº 1 C.T..: "Absolver las consultas sobre la aplicación e interpretación de las
normas tributarias."
Comentarios
a.- Esta facultad que tiene como objetivo, dar respuesta a las preguntas
formuladas directamente por los contribuyentes, se encuentra regulada en
la Circular N° 77 de fecha 12 de agosto de 1974.
En dicha Circular se establece que por regla general, las consultas deben
ser presentadas en la Dirección Regional correspondiente al domicilio del
consultante, y que una vez recibidas el procedimiento que debe seguirse
depende de si la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos ha
fijado un criterio respecto de ella.
Si existe un criterio definido por la Dirección Nacional, la Dirección
Regional debe contestar directamente al consultante, indicando en la

Christian Aste M.

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misma respuesta la fuente de la cual obtuvo dicho criterio.
Si no existe un criterio definido por la Dirección del Servicio o la
naturaleza del problema planteado merece dudas, sobre la apreciación de
los hechos o la aplicación del derecho, debe elevarse la consulta a la
Dirección Nacional, para que dicha autoridad la responda.
b.- De acuerdo con el artículo 45 de la Ley Orgánica del Servicio, los
informes que importen un cambio de doctrina o que se refieran a materias
sobre las cuales no haya precedentes, deben ser sometidas a la aprobación
del Director.
c.- Las consultas que recibe directamente la Dirección Nacional, deben ser
contestadas en forma directa. Si la respuesta importa fijar un nuevo criterio
o modificar otro anterior, procede emitir las instrucciones pertinentes a los
funcionarios.
2.- Nº 2 C.T.: "Solicitar la aplicación de apremios y pedir su renovación, en los
casos a que se refiere él titulo i del libro segundo."
Comentarios
a.- El apremio es una medida de fuerza decretada por la justicia ordinaria,
que consiste en el arresto al infractor de la ley Tributaria, por un período
que puede prolongarse hasta quince días, en los casos y con las
condiciones que en las letras siguientes se señalan:
b.- Los requisitos generales del apremio son:
b.a.- Apercibimiento al infractor, esto es advertencia del arresto en
caso de incumplimiento.
b.b.- Otorgamiento de un plazo razonable para que se cumpla por
el contribuyente infractor con la norma impositiva.
b.c.- Solicitud a la justicia ordinaria del Director Regional para que
se haga efectivo el apercibimiento, en caso de negativa al
cumplimiento.
b.d.- Citación al infractor a una audiencia por el juez receptor de la
solicitud de apremio.
b.e.- Celebración de la Audiencia,(exposición de los descargos del
infractor)
b.f.- Resolución judicial en cuya virtud se dispone cualquiera de
las tres alternativas siguientes; La libertad inmediata del infractor;
la suspención de la aplicación del apremio, si se alegare motivo
plausible; el arresto por un plazo que puede prolongarse por quince

Christian Aste M.

58

días, renovables a requerimiento del Director Regional del Servicio
de Impuestos Internos.
c.- La resolución que resuelve su aplicación es inapelable. Sin embargo
conforme los principios generales y lo establecido en la carta fundamental,
art 21, el contribuyente afectado podría interponer un Recurso de Amparo,
cuando su aplicación sea resuelta con infracción a la ley, como sería por
ejemplo el caso que no se oyera al contribuyente afectado, o cuando
existiendo motivo plausible para suspender su aplicación, se dispone por el
tribunal a quo, su arresto.
d.- Conforme el art. 94, los apremios podrán renovarse, cuando se
mantengan las circunstancias que lo motivaron.
e.- El apremio cesa, cuando se cumple la obligación tributaria.
f.- Las causales del apremio son:
f.a.- Caso en que el contribuyente citado conforme el art.34 del
Código Tributario, durante la investigación administrativa de un
delito tributario, no concurra sin causa justificada a la unidad
fiscalizadora que corresponda.
El art.34 del Código Tributario, impone la obligación de declarar
bajo juramento sobre los puntos contenidos en una declaración, a
las personas siguientes : Contribuyentes, personas naturales;
técnicos y asesores que hayan colaborado en su confección, o en la
preparación de ella o de sus antecedentes; socios, administradores,
vicepresidente, gerente, presidente, directores, socios gestores, que
indique el Director Regional, en caso de Sociedades o Personas
Jurídicas.
f.b.- Caso en que el contribuyente citado, conforme el art. 60
penúltimo inciso, no comparezca al Servicio de Impuestos
Internos.
El art. 60 inciso penúltimo del Código Tributario, impone la
obligación de comparecer a las unidades de fiscalización que
conforme a la pertinente citación corresponda, a toda persona
domiciliada dentro de los límites de juridicción de la oficina
citadora, con el objeto de que colabore con su declaración en la
aplicación, fiscalización, e investigación del cumplimiento
impositivo.
Se encuentran exceptuadas de esta obligación: a.- en los casos de
sucesión por causa de muerte o tratándose comunidades, en que
sean comuneros los parientes; él cónyuge, los parientes por
consaguíneidad en la linea recta, o dentro del cuarto grado de la
colateral, el adoptante el adoptado, los parientes por afinidad en

Christian Aste M.

59

línea recta, o dentro del segundo grado de la colateral de los
terceros eventualmente afectados con la declaración; b.- las
personas que conforme al secreto profesional, tienen la obligación
legal de mantener reserva profesional.
Tratándose de los contribuyentes señalados en el art. 191 del
Código de Procedimiento Penal, el Código Tributario le impone la
obligación de declarar pero lo exime de la obligación de concurrir
a declarar, motivo por el cual en estos casos la declaración deberá
prestarla por escrito.
f.c.- Tratándose de las siguientes infracciones que señala el art. 97
Nº 7 del Código Tributario: a.- No llevar contabilidad o los libros
auxiliares exigidos por la Dirección regional de acuerdo con las
disposiciones legales; b.- Mantener información contable tributaria
atrasada; c.- Llevar los libros en forma distinta a la ordenada o
autorizada por la ley; y d.- En todo caso, que el contribuyente no
exhiba los libros de contabilidad o documentos requeridos, o
entrabe el examen de los mismos.
Las citaciones que en cada causal se señalan, deben efectuarse por
carta certificada y a lo menos para quinto día contado desde la
fecha en que ésta se entienda recibida. Y entre una y otra citación
deberá mediar a lo menos un plazo de cinco días.
f.d..- Tratándose de la infracción señalada en el Número 11 del art.
97 del Código Tributario, que sanciona con multa, el retardo en
enterar en Tesorería impuestos sujetos a retención o recargo, a
quien corresponde requerir de apremio es al Servicio de Tesorería,
entidad que lo debe solicitar al Juez civil si no se le paga en el
término de cinco días, contado desde la fecha de la notificación.
g.- Es juez competente para conocer y aplicar el apremio de arresto, en los
casos de las letras f.a, f.b y f.c, el Juez del Crimen que corresponde al
domicilio del infractor, y en el caso de la letra f.d., al juez civil del
domicilio del contribuyente.
3.- Nº 3 C.T..: "Aplicar, rebajar o condonar las sanciones administrativas fijas o
variables."
Comentarios
a.- Las sanciones administrativas se traducen en multas que se aplican,
previo procedimiento reglado en el Código Tributario, a contribuyentes
responsables de la comisión de alguna infracción tributaria.
b.- Existen los siguientes Procedimientos Sancionatorios:
b.a.- El procedimiento general para la aplicación de sanciones, que

Christian Aste M.

60

debe aplicarse por la Dirección Regional del Servicio de Impuestos
Internos, en todos los casos que se investiguen, o denuncien, las
infracciones contenidas en los números 3, 15, y 16 del art. 97 del
Código Tributario, sancionadas únicamente con multas, y en todos
aquellas infraciones que sancionadas por la ley tributaria con
sanción corporal y multa, el Director Nacional del Servicio de
Impuestos Internos, decidiere privativamente no ejercer la acción
penal.
b.b.- El procedimiento especial para la aplicación de sanciones,
que debe aplicarse por la Dirección Regional del Servicio de
Impuestos Internos, en todos los casos que se investiguen, o
denuncien, las infracciones contenidas en los números 1,2, 6, 7,
10,11, 17, 19 y 20 del artículo 97.
c.-La Dirección del Servicio de Impuestos Internos, mediante la circular
Nº 72 de fecha 27 de noviembre de 1997, fijó los requisitos que debían
cumplirse por los infractores tributarios, para poder acogerse a alguna
rebaja o condonación administrativa.
d.- El ejercicio de esta facultad, se encuentra actualmente delegada en los
Jefes de los Departamentos Jurídicos Regionales.
4.- Nºº 4 C.T..: "Condonar total o parcialmente los intereses penales por la mora
en el pago de los impuestos, en los casos expresamente autorizados por la ley.
Comentarios
a.- Todo impuesto que no se pague dentro de plazo legal, se reajusta en el
mismo porcentaje de aumento que haya experimentado el I.P.C. en el
período comprenddido entre el último día del segundo mes que precede a
su vencimiento y el último día del segundo mes que precede al de su pago.
Los impuestos pagados fuera de plazo, pero dentro del mismo mes
calendario de su vencimiento, no serán objeto de reajuste.
Además de pagar el impuesto reajustado, el contribuyente está afecto a un
interés penal del uno y medio por ciento mensual por cada mes o fracción
de mes, en caso de MORA en el pago del todo o parte que adeudare de
cualquier clase de impuesto y contribuciones.
El interés se calcula sobre valores reajustados.
b.- El retardo en enterar en Tesorería impuestos sujetos a retención o
recargo, está sancionado con una multa de un 10% de los impuestos
adeudados. La multa aumenta en un dos por ciento por cada mes o
fracción de mes de retardo, no pudiendo exceder el total de ella al 30% de
los impuestos adeudados.
Ej. Diferencia IVA =

$2.993.002

Christian Aste M.
I.P.C.
Interés
Multa
Total

= 23%
= 49.5%
= 30%
=

61

$686.090
$1.816.201
$1.100.728
$6.586.021

c.- El Director Regional se encuentra facultado para condonar los interes
penales, en los siguientes casos:

c.1.- Podrá ser totalmente, si el servicio incurriere en error al
determinar un impuesto o cuando, a juicio del director regional,
dichos intereses o sanciones se hubieren originado por causa no
imputable al contribuyente."
Interpretando la expresión "causa no imputable al contribuyente",
empleada por el legislador en el inciso final del artículo 56º del
Código Tributario, la Dirección Nacional ha determinado que para
que opere la facultad del Director Regional de condonar totalmente
los intereses penales es menester que "el hecho no sea atribuible a
la acción directa del contribuyente, como lo sería la de un tercero,
un caso fortuito o una fuerza mayor". Los hechos que constituyan
"la causa no imputable al contribuyente" deberán ser acreditados
por éste, a menos que aparezcan de los mismos antecedentes o que
sean públicos y notorios.
Reuniéndose estos requisitos, el Director Regional tiene la facultad
de conceder la condonación total de los intereses penales, la cual
queda entregada a su juicio. No se requiere para otorgar esta
condonación la concurrencia de los demás requisitos generales
establecidos en otros incisos del artículo 56º citado.
c.2.- Podrá condonar total o parcialmente, cuando resultando
impuestos adeudados en virtud de una determinación de oficio
practicada por el Servicio, a través de una liquidación,
reliquidación o giro el contribuyente probare que ha procedido con
antecedentes que hacen excusable la omisión en que hubiere
incurrido.
c.3.- Podrá condonar cuando, tratándose de impuestos sujetos a
declaración, el contribuyente o el responsable de los mismos,
voluntariamente, formulare una declaración omitida o presentare
una declaración complementaria que arroje mayores impuestos y
probare que ha procedido con antecedentes que hacen excusable la
omisión incurrida.
d.- El Director Regional se encuentra obligado a condonar, cuando el
Servicio incurriere en un error al girar un impuesto.
A diferencia de los casos anteriores, la concesión del beneficio no queda

Christian Aste M.

62

entregada al arbitrio del Director Regional, sino que es obligatoria.
5.- Nº 5 C.T.: "Resolver administrativamente todos los asuntos de carácter
tributario que se promuevan, incluso corregir de oficio, en cualquier tiempo, los
vicios o errores manifiestos en que se haya incurrido en las liquidaciones o giros
de impuestos."
Comentarios
a.- Para que se pueda ejercer esta facultad, es menester que el vicio o error
sea manifiesto. Esto significa que debe desprenderse de la simple lectura
de la liquidación o del giro. Por ejemplo cuando existe un error en la suma
de las partidas de una liquidación. O cuando se grava un hecho que no se
encuentra afecto.
b.- La corrección puede hacerse a requerimiento de parte, o de oficio. En
uno y en otro caso, está supeditada a los plazos de prescripción. Pues una
vez transcurridos estos, la situación jurídica imperfecta se consolida.
c.- Tampoco puede el Director Regional, por la vía administrativa corregir
un vicio o error cometido en una liquidación o giro, sobre el cual existe
una sentencia ejecutoriada que rechaza el reclamo, salvo que dicho
rechazo se funde en razones formales, como puede ser su presentación
fuera de plazo.
d.- Si el impuesto se pagó, el contribuyente deberá pedir que se le
devuelva o se le impute a otros impuestos, conforme al artículo 126 o 51
del Código Tributario, según corresponda, y no pedir que se corrija la
liquidación.
e.- La petición de corrección que refiere este número puede hacerse, aún
cuando el impuesto hubiere sido girado, y la corrección corresponda a la
liquidación que funda el giro.
f.- La Subdirección de Estudios de la Dirección Nacional, en oficio ord.
N° 2064, de 227 de junio de 1986, dirigido a los Directores Regionales
manifestó la improcedencia de disponer la anulación o reemplazo de giros
emitidos con meros errores formales, tales como de N° de Rut del
contribuyente, de códigos de imputación, etc. por cuanto ello conlleva el
riesgo de invalidar los efectos jurídicos producidos por la notificación
oportuna de dichos giros, imposibilitando en consecuencia su cobro.
Los errores deben salvarse mediante la dictación de resoluciones
administrativas, conforme la facultad conferida en el artículo 6 letra B) N°
5 del Código Tributario.
6.- Nº 6 C.T.: "Resolver las reclamaciones que presenten los contribuyentes de
conformidad a las normas del libro tercero."

Christian Aste M.

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Comentarios
a.- La facultad de resolver las reclamaciones tributarias se encuentra
actualmente delegada en los Jefes de las Oficinas Jurídicas, los que
asumieron la calidad de jueces tributarios.
b.- Esta delegación ha sido objeto de diversos cuestionamientos de
constitucionalidad, en atención a que se ha estimado que conforme a la
Constitución Política, la función jurisdiccional es indelegable.
c.- Los recursos que sobre esta materia se han interpuesto, han sido
rechazados por la Corte Suprema, porque dicho tribunal ha considerado
que la inaplicabilidad resulta procedente invocarla únicamente respecto de
normas decisoria litis, calidad que no tendría la norma legal que faculta la
delegación en materia jurisdiccional.
En otras palabras la Corte Suprema, no se ha pronunciado derechamente
sobre el fondo de este tema.
d.- El procedimiento de reclamo se contiene en el artículo 123 y siguientes
del Código Tributario. Se le aplican supletoriamente las reglas contenidas
en el libro primero del Código Tributario, en virtud de lo que dispone el
artículo 148 y 2 del mismo texto.
e.- En cuanto al procedimiento de reclamo mismo, nos remitimos al
Capítulo en que lo analizamos.
7.- Nº 7 C.T.: "Autorizar a otros funcionarios para resolver determinadas
materias, aun las de su exclusiva competencia, o para hacer uso de las facultades
que le confiere el estatuto orgánico del servicio, actuando por "orden del director
regional", y encargarles, de acuerdo con las leyes y reglamentos, el cumplimiento
de otras funciones u obligaciones."
Comentarios
a.- Al igual que el Director Nacional el Director Regional, está facultado
para delegar sus atribuciones en otros funcionarios del mismo Servicio.
b.- Se exige la concurrencia de los requisitos establecidos en la ley 18.575,
Ley de Bases de la Administración del Estado, y que la resolución en la
que se actúa, conste que se actúa por orden del Director Regional.
c.- El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones importa un vicio
de nulidad, susceptible de invoarse en un recurso de protección, en un
reclamo tributario, o en el ejercicio de una acción propia de nulidad.
8.- Nº 8 C.T.: "Ordenar a petición de los contribuyentes que se imputen al pago de
sus impuestos o contribuciones de cualquiera especie las cantidades que les deban
ser devueltas por pagos en exceso de lo adeudado o no debido por ellos. La

Christian Aste M.

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resolución que se dicte se remitirá a la contraloría general de la república para su
toma de razón."
Comentarios
Cuando el contribuyente ha pagado en exceso o idebidamente un
impuesto, el Fisco está obligado a devolverle, si el contribuyente lo pidió y
el Servicio así lo resolvió.
Esta norma se vincula con el artículo 51 y 126 de la Ley Tributaria. Si el
contribuyente pide que se le devuelva el impuesto pagado indebidamente o
en exceso, deberá hacerlo en el plazo de un año, contado de la fecha que
ocurrió el hecho que motiva la petición.
Si no solicitó devolución en ese plazo, puede pedir la imputación del
impuesto pagado en exceso a otros impuestos debidos por él. El plazo que
tiene para hacerlo es de tres años. No puede pedir la devolución y la
imputación a la vez. Puede pedir o la devolución o la imputación. La
resolución que niega la devolución es reclamable conforme ela rtículo 123
y siguientes del Código Tributario.
9.- Nº 9 C.T.: "Disponer en las resoluciones que se dicten en conformidad a lo
dispuesto en los números 5.º y 6.º De la presente letra, la devolución y pago de las
sumas solucionadas indebidamente o en exceso a titulo de impuestos, reajustes,
intereses, sanciones o costas. Estas resoluciones se remitirán a la contraloría
general de la república para su toma de razón."
Comentario
Una vez que el tribunal resuelve que el pago que se hizo es indebido, debe
ordenar su devolución, mediante una resolución que debe remitirse a la
Contraloría para el trámite de toma de razón.
10.- Nº 10 C.T..: "Ordenar la publicación o la notificación por avisos de
cualquiera clase de resoluciones o disposiciones de orden general o particular."
Comentario
Al igual que el Director Nacional, el Director Regional está facultado para
ordenar la inserción de determinadas resoluciones en el diario oficial. Ej.
Resoluciones de cambio de sujeto.
Articulo 6 inciso 3 C.T.: "Sin perjuicio de estas facultades, el Director y los
Directores regionales tendrán también las que les confieren el presente código, el
estatuto orgánico del servicio y las leyes vigentes."
Articulo 6 inciso final C.T.: "Los Directores Regionales, en el ejercicio de sus
funciones, deberán ajustarse a las normas e instrucciones impartidas por el
director."

Christian Aste M.

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Articulo 7 C.T.: "Si en el ejercicio de las facultades exclusivas de interpretación y
aplicación de leyes tributarias que tiene el director, se originaren contiendas de
competencia con otras autoridades, ellas serán resueltas por la Corte Suprema.
Igual norma se aplicara respecto de las funciones que en virtud de este código y
del estatuto orgánico del servicio deben o pueden ser ejercidas por los directores
regionales o por los funcionarios que actúen "por orden del director" o "por orden
del director regional", en su caso."
Comentario
Esta norma se encuentra en concordancia con lo que establece el artículo
79 de la Constitución Política, ya que según dicha norma, a la Corte
Suprema le compete conocer las contiendas de competencia que se
susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales de
Justicia, cuando estas no correspondan al Senado.
Se han planteado contiendas de competencia entre la Contraloría General
de la República y el S.I.I., respecto de los alcances de determinadas
exenciones tributarias. Especifícamente respecto de la exención que
favorecía a los vehículos exentos de gravámenes de importación. Para el
Servicio la exención se aplicaba al tributo contenido en el artículo 1 del
D.L. 1761. Para la Contraloría esto debía ser resuelto por ella y Aduana.
La Corte Suprema falló en ese caso, a favor del S.I.I. - Fallo dictado el
19.01.1978 -.

Christian Aste M.

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Algunas definiciones
Para los fines del CódigoTributario, y demás leyes tributarias, salvo que
de sus textos se desprenda un significado diverso, se entenderá:
1º. - Por Director, el Director de Impuestos Internos, y por Director
Regional, el Director de la Dirección Regional del territorio jurisdiccional
correspondiente.
2º. Por Dirección, la Dirección Nacional de Impuestos Internos, y por
Dirección Regional, aquella que corresponda al territorio jurisdiccional
respectivo.
3º.- Por Servicio, el Servicio de Impuestos Internos.
4º.- Por Tesorería, el Servicio de Tesorería General de la República.
5º.- Por contribuyente, las personas naturales y jurídicas o los
administradores y tenedores de bienes ajenos afectados por impuestos.
6º.- Por representante, los guardadores, mandatarios, administradores,
interventores, síndicos y cualquiera persona natural o jurídica que obre por
cuenta o en beneficio de otra persona natural o jurídica".
7º.- Por persona, las personas naturales o jurídicas y los "representantes"."
8º.- Por residente, toda persona natural que permanezca en chile más de
seis meses en un año calendario, o más de seis meses en total dentro de
dos años tributarios consecutivos.
9º.- Por sueldo vital, el que rija en la provincia de Santiago.
Para todos los efectos tributarios los sueldos vitales mensuales o anuales o
sus porcentajes se expresaran en miles de pesos, despreciándose las cifras
inferiores a cincuenta centavos y elevando las iguales o mayores a esta
cifra al entero superior.
10º.- Por unidad tributaria, la cantidad de dinero cuyo monto, determinado
por ley y permanentemente actualizado, sirve como medida o como punto
de referencia tributario; y por unidad tributaria anual, aquella vigente en el
ultimo mes del año comercial respectivo, multiplicada por doce o por el
numero de meses que comprenda el citado año comercial. Para los efectos
de la aplicación de las sanciones expresadas en unidades tributarias, se
entenderá por unidad tributaria anual aquella que resulte de multiplicar por
doce la unidad tributaria mensual vigente al momento de cometerse la
infracción.
La unidad tributaria mensual o anual se expresa siempre en miles de pesos,
despreciándose las cifras inferiores a cincuenta centavos y elevándose las

Christian Aste M.

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iguales o mayores a esta suma al entero superior.
11º.- Por Indice de Precios al Consumidor, aquel fijado por el instituto
nacional de estadísticas.
12º.- Por instrumentos de cambio internacional, el oro, la moneda
extranjera, los efectos de comercio expresados en moneda extranjera, y
todos aquellos instrumentos que, según las leyes, sirvan para efectuar
operaciones de cambios internacionales.
13º.- Por transformación de sociedades, el cambio de especie o tipo social
efectuado por reforma del contrato social o de los estatutos, subsistiendo la
personalidad jurídica."
Direcciones Regionales en Santiago
1.- Santiago Centro.
2.- Santiago Poniente.
3.- Santiago Oriente.
4.- Santiago Sur.

Christian Aste M.

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LA COMPARECENCIA EN EL SERVICIO DE IMPUESTOS
INTERNOS
Concepto de comparecencia
Es el acto por medio del cual una persona se presenta ante el juez o la autoridad
publica, con el propósito de: a.- formular cualquier pretensión; b.- hacerse parte en
un negocio; c.- contestar o desvirtuar un cargo; o d.- cumplir un llamamiento.
Formas en que el contribuyente puede comparecer
a.- Personalmente; o
b.- Representado.
a.- Personalmente
Es cuando el compareciente actúa a nombre propio sin necesidad de
valerse de los servicios o representación de un tercero.
b. Representado
Cuando el contribuyente comparece a través de otra persona, que puede
ser su representante legal o convencional. En la representación, los efectos
se radican en el representado.
La representación convencional, puede tener origen en un mandato o en
una agencia oficiosa.
Cuando la representación se materializa ante la administración, y con el
objeto de que ésta cumpla funciones administrativas, se habla de
comparecencia administrativa. En caso contrario, esto es, cuando dicho
acto de apersonarse se hace ante un tribunal, se habla de comparecencia
judicial.
Comparecencia administrativa
La comparecencia administrativa, se encuentra regulada en el artículo 9
del Código Tributario.
Dicha norma expresa que toda persona natural o jurídica que actúe por
cuenta de un contribuyente, debe acreditar su representación, y que la
única formalidad exigida es que dicha representación conste en un
documento escrito.
El Servicio de Impuestos Internos autoriza la representación, sin que se
acompañe o pruebe el título correspondiente, bajo condición de que dentro
del plazo que el mismo determina – 15 días -, se ratifique la representación
o se pruebe el vínculo.

Christian Aste M.

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Si no se hace ni lo uno ni lo otro, el Servicio de Impuestos Internos deberá
tener por no presentada la solicitud o por no practicada la actuación
correspondiente.
La persona que actúa ante el servicio como administrador, representante
o mandatario del contribuyente, se entiende autorizado para ser notificado
a nombre de este mientras no haya constancia de la extinción del titulo de
la representación mediante aviso por escrito dado por los interesados a la
oficina del servicio que corresponda.
¿Qué pasa si el contribuyente no concurre ante un llamamiento del
Servicio de Impuestos Internos?
Hasta antes de la Reforma introducida por la Ley N° 19738, publicada en
el diario oficial de fecha 19 de junio del 2001, no comparecer a un
llamamiento del Servicio, no tenía otra consecuencia que la implícita en el
acto del llamamiento.
En efecto, si la comparecencia era requerida en el marco de una Citación,
no comparecer, le permitía al Servicio, liquidar al contribuyente en base a
los antecedentes que disponía.
Sin embargo, tras la reforma que comentamos, la no comparecencia al
Servicio será sancionada administrativamente, a menos que sea justificada,
si se ha producido después de un segundo requerimiento, notificado
conforme el artículo 11.
La sanción, que debe ser aplicada en relación al perjuicio fiscal
comprometido, debe aplicarse transcurrido 20 días desde el plazo de
comparecencia indicado en la segunda notificación.
El Senado, agregó que el Servicio debía certificar la concurrencia del
contribuyente al requerimiento notificado.
En estos momentos desconocemos cuál va ser la interpretación que hará el
Servicio a está norma. Cualquiera que sea ésta lo concreto es que intención
del legislador es sancionar únicamente las incomparecencias que sean
injustificadas.
Comparecencia judicial
La comparecencia judicial, se regula en la ley procesal y en la Ley 18.120.
Es distinta a la comparecencia administrativa, porque a diferencia de ella,
ésta se hace ante un órgano que ejerce funciones jurisdiccionales.
Cuando se actúa como representante de otro en un tribunal, el mandato
debe constar en escritura publica o en un escrito autorizado por el
secretario del tribunal.

Christian Aste M.

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ACTUACIONES DEL S.I.I.
Constituyen actuaciones del Servicio, todos los actos o gestiones que sus
funcionarios competentes efectúan en ejercicio de las facultades que el
Código Tributario y demás leyes impositivas les confieren para la aplicación y
fiscalización de los impuestos.
Las actuaciones del Servicio, pueden clasificarse en administrativas y
judiciales.
Actuaciones administrativas:
Son las que el Servicio realiza en ejercicio de funciones administrativas.
Ejemplos:
1.2.3.4.56.7.-

Controlar, efectuar fiscalizaciones;
Hacer notificaciones;
Practicar liquidaciones; giros;
Autorizar el timbraje de documentos.
Revisar libros;
Verificar datos proporcionados por el contribuyentes.
Realizar las clausuras de establecimientos comerciales; etc.
Oportunidad en que se deben realizar estas actuaciones.
Articulo 10 inciso 1º C.T.: "Las actuaciones del servicio deberán
practicarse en días y horas hábiles, a menos que por la naturaleza de los
actos fiscalizados deban realizarse en días u horas inhábiles."
Para determinar los días y horas hábiles se debe recurrir al C.P.C..
Días hábiles: los no feriados.
Horas hábiles: las que median entre las 08:00 hrs y 20:00 hrs. (Artículo 59
del C.P.C.)
Excepción
1.- Puede hacerse en días y horas inhábiles, cuando la naturaleza de los
actos fiscalizados así lo requieran. Ej. Restaurantes, hoteles,
establecimientos comerciales en general;
2.- Cuando se trata de notificaciones personales, pues como veremos, en
este tipo de notificaciones, debe distinguirse el lugar en que se hace la
notificación. Si es un lugar de libre acceso público, la notificación personal
puede efectuarse en cualquier día y a cualquier hora, procurando causar la
menor molestia posible al notificado.
Si la notificación personal se hace en la morada o lugar donde pernocta el

Christian Aste M.

71

notificado o en el lugar donde éste ordinariamente ejerce su industria,
profesión o empleo, o en cualquier recinto privado en que éste se
encuentre y al cual se permita el acceso del ministro de fe, la notificación
podrá hacerse en cualquier día, entre las seis y las veintidós horas.
Actuaciones judiciales:
Asumen este carácter todas las actuaciones que el Servicio realiza en el marco
de los procesos judiciales que sustancia, a través de sus Direcciones
Regionales.
Oportunidad en que deben practicarse
Las actuaciones judiciales deben practicarse en días y horas hábiles.
Son días hábiles los no feriados. Son horas hábiles las que median entre las
ocho y las veinte horas.
Excepción
Los tribunales pueden, a solicitud de parte, habilitar para la práctica de
actuaciones judiciales días u horas inhábiles, cuando haya causa urgente
que lo exija.
Se estimarán urgentes para este caso, las actuaciones cuya dilación pueda
causar grave perjuicio a los interesados, o a la buena administración de
justicia, o hacer ilusoria una providencia judicial.
El tribunal debe apreciar la urgencia de la causa y resolverla sin ulterior
recurso.
Formalidad
De toda actuación debe dejarse testimonio escrito en el proceso, con
expresión del lugar, día, mes y año en que se verifique, de las formalidades
con que se haya procedido, y de las demás indicaciones que la ley o el
tribunal dispongan.
A continuación y previa lectura, deben firmar todas las personas que hayan
intervenido; y si alguna no sabe o se niega a hacerlo, se expresará esta
circunstancia.
La autorización del funcionario a quien corresponda dar fe o certificado
del acto es esencial para la validez de la actuación.
Siempre que en una actuación haya de tomarse juramento a alguno de los
concurrentes, debe interrogársele por el funcionario autorizante al tenor de
la siguiente fórmula:"¿Juráis por Dios decir verdad acerca de lo que se os
va a preguntar ?", o bien, "¿Juráis por Dios desempeñar fielmente el cargo
que se os confía ?", según sea la naturaleza de la actuación. El interrogado

Christian Aste M.

72

deberá responder: "Sí juro".
Cuando sea necesaria la intervención de intérprete en una actuación
judicial, se recurrirá al intérprete oficial, si lo hay; y en caso contrario, al
que designe el tribunal.
Los intérpretes deberán tener las condiciones requeridas para ser peritos, y
se les atribuirá el carácter de ministros de fe.
Antes de practicarse la diligencia, deberá el intérprete prestar juramento
para el fiel desempeño de su cargo.
Plazos
Los plazos que señala el Código Tributario, son fatales cualquiera sea la
forma en que se exprese, salvo aquellos establecidos para la realización de
actuaciones propias del tribunal.
En consecuencia, la posibilidad de ejercer un derecho o la oportunidad
para ejecutar el acto se extingue al vencimiento del plazo. En estos casos
el tribunal, de oficio o a petición de parte, proveerá lo que convenga para
la prosecución del juicio, sin necesidad de certificado previo.
Los términos comenzarán a correr para cada parte desde el día de la
notificación.
Los términos comunes se contarán desde la última notificación.
Los términos señalados por el tribunal son prorrogables, si se cumplen los
requisitos siguientes:
1º Que la prórroga se pida antes del vencimiento del término; y
2º Que se alegue justa causa, la cual será apreciada por el tribunal
prudencialmente.
En ningún caso podrá la prórroga ampliar el término más allá de los días
asignados por la ley.
Todas las actuaciones necesarias para la formación del proceso se
practicarán por el tribunal que conozca de la causa, salvo los casos en que
se encomienden expresamente por la ley a los secretarios u otros ministros
de fe, o en que se permita al tribunal delegar sus funciones, o en que las
actuaciones hayan de practicarse fuera del lugar en que se siga el juicio.
Notificaciones
Concepto de notificación
Es una actuación que tiene por objeto poner en conocimiento del
contribuyente, una determinada actuación o resolución del servicio.
La notificación es una forma de comunicación.

Christian Aste M.

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Importancia de las notificaciones
Las actuaciones del servicio que requieren ser puestas en conocimiento del
interesado solo producen efectos en virtud de la notificación hecha
con arreglo a la ley.
Las resoluciones que el Servicio dicta sólo producen efecto en virtud de
notificación hecha con arreglo a la ley.
Los términos comienzan a correr para cada parte desde el día de la
notificación.
Los términos comunes se cuentan desde la ultima notificación.
Clases de notificación
1.- La notificación personal.
2.- La notificación por cédula.
3.- La notificación por carta certificada.
4.- La notificación por aviso postal simple.
5.- La notificación en el diario oficial.
6.- La notificación por aviso en los diarios.
7.- La notificación por el estado diario.
El S.I.I. también acepta por aplicación del derecho común la llamada
notificación tácita pero solamente en las materias relacionadas con las
reclamaciones tributarias.
Normas comunes a las notificaciones
El Código Tributario contiene normas comunes aplicables a todas las
notificaciones, las cuales son:
1.- Las notificaciones deben practicarse en tiempo hábil: las notificaciones
son actuaciones del S.I.I. y por ende deben practicarse en días y horas
hábiles conforme al articulo 10 del código tributario.
Articulo 10 C.T.: "Las actuaciones del servicio deberán practicarse en días
y horas hábiles, a menos que por la naturaleza de los actos fiscalizados
deban realizarse en días u horas inhábiles.
Los plazos de días que establece el Código se entienden de días hábiles.
Los plazos relacionados con las actuaciones del servicio que venzan en
días sábado o en día feriado, se entienden prorrogados hasta el día hábil
siguiente."
Son horas hábiles las que median entre las 8:00 y 20:00 horas, salvo para

Christian Aste M.

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las notificaciones personales – Artículo 41 del Código de Procedimiento
Civil -.
2.- Las notificaciones deben practicarse en lugar hábil: el Código
Tributario establece que:
a.- La notificación por carta certificada debe hacerse enviando dicha carta
a la casilla postal del notificado, o en defecto a su domicilio.
b.- La notificación por cédula deberá ser entregada en el domicilio del
notificado.
c.- La notificación personal debe hacerse en cualquier lugar que se
encuentre o sea habido el notificado.
Articulo 13 C.T.: "Para los efectos de las notificaciones, se tendrá por
domicilio:
a.- El que indique el interesado en la presentación o actuación de
que se trate;
b.- El que indique el contribuyente en su declaración de iniciación
de actividades;
c.- El que conste en la ultima declaración del impuesto respectiva;
d.- El domicilio postal - tratándose de notificaciones por carta
certificada -.
Según las instrucciones dadas por el S.I.I. en la Circular N° 48, de fecha
21 de agosto de 1998, el Servicio puede optar por cualquiera de los
domicilios señalados para efectuar la respectiva diligencia de notificación.
A falta de los domicilios señalados, se ha previsto por el legislador, según
establece el inciso final del Art. 13º, que la notificación por cédula o por
carta certificada pueda practicarse en los lugares donde es más probable
que se encuentre la persona que debe ser notificada y así tome
conocimiento de la notificación, y, al efecto considera como tales: "la
habitación del contribuyente o de su representante", esto es, el lugar o
morada donde la persona pernocte, o "los lugares en que éstos ejerzan su
actividad". Si estos últimos fueren dos o más, la notificación por cédula
podrá hacerse en cualquiera de ellos.
3.- Las notificaciones deben ser practicadas por un ministro de fé:
Articulo 51 D.F.L. Nº 7: "Los funcionarios pertenecientes a la planta de
fiscalizadores, tendrán de pleno derecho el carácter de ministro de fe, para
todos los efectos que señala el articulo 86º del código tributario."
Articulo 86 C.T..: "Los funcionarios del servicio, nominativa y
expresamente autorizados por el director, tendrán el carácter de ministros
de fe, para todos los efectos de este código y las leyes tributarias y en los

Christian Aste M.

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procesos por delitos que digan relación con el cumplimiento de
obligaciones tributarias."
4.- El consentimiento del notificado: Para que la notificación quede
perfecta no se requiere que el notificado consienta en ella ni que estampe
su firma o no ejecute acto alguno durante la diligencia.
5.- Recepción de la carta. Si el funcionario de correos no encuentra al
notificado en su domicilio, o si la persona adulta presente en el, se niega a
recibir la carta o firmar su recibo, o si remitida al domicilio postal
registrado en correos, dicha carta no es retirada dentro del plazo de 15 días
contado de su envío, debe dejarse contancia de este hecho en la carta, bajo
la firma del funcionario y la del Jefe de la Oficina de Correos que
corresponda, se devolverá al Servicio, aumentándose o renovándose por
este hecho los plazos de prescripción que establece el artículo 200 en tres
meses, contados desde la recepción de la carta devuelta.
Cabe hacer presente, que conforme el articulo 11 inciso 1º C.T.: "Toda
notificación que el servicio deba practicar se hará personalmente, por
cédula o por carta certificada dirigida al domicilio del interesado, salvo
que una disposición expresa ordene otra forma de notificación."

Desarrollo de las clases de notificaciones
1.- La notificación personal
Es la que se efectúa entregando personalmente al notificado, copia integra
de la resolución o documento que deba ser puesto en su conocimiento.
Para determinar en qué tiempo debe hacerse esta notificación, debemos
distinguir el lugar en qué está se práctica:
En los lugares y recintos de libre acceso público, la notificación personal
se puede efectuar en cualquier día y a cualquier hora, procurando causar la
menor molestia posible al notificado.
Si se hace en un lugar distinto del anterior, la notificación puede hacerse
en cualquier día, entre las seis y las veintidós horas, en la morada o lugar
donde pernocta el notificado o en el lugar donde éste ordinariamente
ejerce su industria, profesión o empleo, o en cualquier recinto privado en
que éste se encuentre y al cual se permita el acceso del ministro de fe.
Si la notificación se realizare en día inhábil, los plazos comienzan a correr
desde las cero horas del día hábil inmediatamente siguiente, y si se hubiere
practicado fuera de la comuna donde funciona el tribunal, los plazos se
aumentan con la tabla de emplazamiento.

Christian Aste M.

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Igualmente, son lugares hábiles para practicar la notificación el oficio del
secretario, la casa que sirva para despacho del tribunal y la oficina o
despacho del ministro de fe que practique la notificación.
La notificación personal es sin lugar a dudas la más perfecta de todas las
notificaciones, puesto que en ella hay certeza de que el interesado ha
tomado conocimiento de la resolución o actuación que se le notifica.
Constancia de la Notificación Personal
Como toda clase de notificación, de esta debe dejarse constancia o
certificación por escrito del lugar, día y hora en que se realiza con la firma
y timbre del funcionario encargado de la diligencia.
2.- La notificación por cédula
Concepto:
Consiste en entregar en el domicilio del notificado una cédula que
contenga la copia integra de la resolución o actuación de la que se trata
con los datos necesarios para su acertada inteligencia.
Articulo 11 inciso 1º C.T..: "Toda notificación que el servicio deba
practicar se hará personalmente, por cédula o por carta certificada dirigida
al domicilio del interesado, salvo que una disposición expresa ordene otra
forma de notificación."
Articulo 12 inciso 1º C.T.: "En los casos en que una notificación deba
hacerse por cédula, esta deberá contener copia integra de la resolución o
actuación de que se trata, con los datos necesarios para su acertada
inteligencia. Será entregada por el funcionario del servicio que
corresponda, en el domicilio del notificado, a cualquiera persona adulta
que se encuentre en el, y si no hubiere persona adulta que la reciba, se
dejara la cédula en ese domicilio."
Etapas de la notificación por cédula
a.- Entregar la cédula o copia: en esta el funcionario del S.I.I. (ministro de
fe) debe entregar la cédula, copia o documento en el domicilio del
notificado a cualquier persona adulta que se encuentre, a quien le pedirá
los siguientes datos:
- El nombre.
- La edad.
- La profesión.
- El domicilio.
Si no se encuentra persona adulta en el domicilio, el documento a notificar
deberá dejarse en ese domicilio.

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Por persona adulta se entiende hombre mayor de 14 años y mujer mayor
de 12 años.
b.- Diligencia adicional cuando no se encuentre persona adulta en el
domicilio: Cuando el funcionario del S.I.I. no encuentra a ninguna persona
adulta en el domicilio del notificado deberá enviar aviso al notificado el
mismo día comunicándole el hecho de la notificación mediante carta
certificada.
¿ Cuándo se exige la notificación por cédula ?
1.- Articulo 138 inciso 1º C.T.: "La sentencia será notificada al interesado
por carta certificada; sin embargo, esta notificación deberá hacerse por
cédula cuando así se solicitare por escrito durante la tramitación del
reclamo."
La sentencia que falle un reclamo es a la que hace alusión el inciso 1º del
articulo 138 del C.T..
2.- Articulo 161 Nº 1 C.T..: "Las sanciones por infracción a las
disposiciones tributarias, que no consistan en penas corporales, serán
aplicadas por el Director Regional competente o por funcionarios que
designe conforme a las instrucciones que al respecto imparta el director,
previo el cumplimiento de los tramites que a continuación se indican:
1.º En conocimiento de haberse cometido una infracción o reunidos los
antecedentes que hagan verosímil su comisión, se levantará un acta por el
funcionario competente del servicio, la que se notificara personalmente o
por cédula."
3.- Articulo 165 Nº 2 C.T.: "Las denuncias por las infracciones
sancionadas en los números 1.º, 2.º, 6.º, 7.º, 10, 11 y 17 y 19, del articulo
97, se someterán al procedimiento que a continuación se señala:
2.º En los casos a que se refieren los números 6.º, 7.º, 10 y 17 y 19,
del articulo 97, las infracciones serán notificadas personalmente o
por cédula por los funcionarios del servicio, y las multas
respectivas serán giradas inmediatamente de vencido el plazo a que
se refiere el numero siguiente, en caso de que el contribuyente no
haga uso del recurso establecido en dicho numero. Si se presenta
este recurso, se suspenderá el giro de la multa hasta que se resuelva
sobre los descargos del contribuyente."
4.- Articulo 165 Nº 5 inciso 1º C.T.: "Las denuncias por las infracciones
sancionadas en los números 1.º, 2.º,6.º, 7.º, 10, 11 y 17 y 19, del articulo
97, se someterán al procedimiento que a continuación se señala:
5.º El Director Regional resolverá el reclamo dentro del quinto día
desde que los autos queden en estado de sentencia y, en contra de

Christian Aste M.

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esta, solo procederá el recurso de apelación para ante la corte de
apelaciones respectiva, el que se concederá en ambos efectos.
Dicho recurso deberá entablarse dentro de décimo día, contado
desde la notificación personal o por cédula de dicha resolución.
Solo podrá concederse la apelación previa consignación por el
recurrente en un banco a la orden del tesorero general de la
república, de una cantidad igual al veinte por ciento de la multa
aplicada, con un máximo de 10 unidades tributarias mensuales. La
consignación aludida se devolverá a la parte recurrente si el
recurso fuere acogido. Si fuere desechado o el recurrente se
desistiere de el, se aplicara a beneficio fiscal. Si el recurso fuere
desechado por la unanimidad de los miembros del tribunal de
segunda instancia, este ordenara que el recurrente pague a
beneficio fiscal una cantidad adicional igual al monto de la
consignación indicada y se condenara en las costas del recurso al
recurrente cuando el servicio hubiere comparecido en segunda
instancia.
Cabe consignar que las notificaciones judiciales se notifican en el
domicilio que el litigante hubiere designado en su primera gestión judicial.
Dicha designación se considerará subsistente mientras no haga otra la
parte interesada, aún cuando de hecho cambie su morada.
En los juicios seguidos ante los tribunales inferiores el domicilio debe
fijarse en un lugar conocido dentro de la jurisdicción del tribunal
correspondiente, pero si el lugar designado se halla a considerable
distancia de aquel en que funciona el juzgado, podrá éste ordenar, sin más
trámites y sin ulterior recurso, que se designe otro dentro de límites más
próximos.

3.- La notificación por carta certificada
Concepto
Es la que se practica dirigiendo al domicilio del interesado una carta
certificada.
Se materializa con la entrega que hace el funcionario de correos de Chile
a cualquier persona adulta que se encuentre en el lugar de la notificación.
La persona que recibe la carta, debe firmar el recibo correspondiente.
Articulo 11 inciso 2º C.T..: "La carta certificada mencionada en el inciso
precedente podrá ser entregada por el funcionario de correos que
corresponda, en el domicilio del notificado, a cualquiera persona adulta
que se encuentre en el, debiendo esta firmar el recibo respectivo."
Según lo dispuesto en el inciso segundo del nuevo Art. 13º, el

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contribuyente podrá también fijar un domicilio postal para ser notificado
por carta certificada, señalando para tal efecto, la casilla o apartado postal
u oficina de correos donde ésta deberá remitírsele.
De este modo, los contribuyentes que por cualquier circunstancia, tengan
dificultades para la recepción de su correspondencia, pueden superar dicho
inconveniente fijando un domicilio postal para recibir oportunamente los
avisos y notificaciones que el Servicio les remita.
Conforme las instrucciones del S.I.I. (Circular 48/1997) la carta certificada
debe remitirse en primer lugar al domicilio postal fijado, y a falta de éste al
que indique el contribuyente en su declaración de iniciación de actividades
o al que indique el interesado en su presentación o actuación o al que
conste en la última declaración de impuesto respectiva.
A falta de los domicilios indicados en el párrafo precedente, la notificación
por carta certificada puede practicarse, según lo dispuesto en el nuevo
inciso final del artículo 13º, en la habitación del contribuyente o de su
representante o en los lugares en que éstos ejerzan su actividad.
La carta certificada remitida al domicilio postal, debe ser retirada por el
interesado o su representante, dentro del plazo de 15 días contados desde
su envío por el Servicio. El funcionario de Correos hará entrega de la carta
al interesado o a la persona a la cual éste haya conferido poder para retirar
su correspondencia, debiendo estas personas firmar el recibo respectivo.
(Art. 11º, incisos tercero y cuarto).
En cuanto a la entrega de la carta certificada, se ha previsto en el Art. 11,
inciso cuarto, que en el evento que el funcionario de correos no encontrare
en el domicilio al notificado o a otra persona adulta o éstos se negaren a
recibirla o a firmar el recibo, o no retiraren la remitida al domicilio postal
dentro del plazo de 15 días contados desde su envío, se proceda a dejar
constancia de este hecho en la carta y luego, bajo la firma del funcionario
y del Jefe de la Oficina de Correos que corresponda, se devuelva al
Servicio.
El procedimiento que se ha establecido permitirá al Servicio tener la
certeza de que la carta no ha sido entregada al destinatario, y podrá
adoptar, en tal evento, las medidas conducentes para practicar la
notificación por otros medios, que pueden ser la notificación personal o
por cédula, evitándose el riesgo de que se promuevan incidentes de
nulidad por falta de notificación.
La devolución de la carta certificada determina, según lo dispuesto en el
inciso cuarto del Art. 11º, que se aumenten o renueven, en tres meses, los
plazos de prescripción para revisar, liquidar y girar impuestos y aplicar las
sanciones pecuniarias que accedan a los impuestos adeudados, que
establece el Artículo 200º del Código Tributario. En consecuencia, si la
carta devuelta es recibida antes de que haya vencido el plazo de

Christian Aste M.

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prescripción normal, se produce el aumento de tres meses a contar del
último día del plazo, y si ésta se recibe después de transcurrido el plazo de
prescripción, éste se renueva por un término de tres meses a contar de la
recepción, por el Servicio, de la carta devuelta.
La recepción de la carta por el Servicio se acreditará con el atestado de un
Ministro de Fe, quien dejará constancia, en el mismo sobre, de la fecha en
que ésta ha sido devuelta por Correos. Dicho sobre se agregará a los
antecedentes del caso respectivo.
Cómputo de los plazos en las notificaciones por carta certificada
En las notificaciones por carta certificada los plazos que hubieren de
computarse empiezan a correr tres días hábiles completos después del
envío de la carta.
Debe entenderse por fecha de envío la fecha en que la respectiva oficina
del S.I.I., entrega la carta al servicio de correos y este certifica su
recepción.
Constancia del envío de la carta certificada
Los funcionarios del S.I.I. encargados del despacho de la carta certificada
deben dejar constancia del hecho del envío en el expediente o documento
de que se trata estampando el lugar, fecha, su firma y timbre.
Recepción de la carta certificada después de los tres días
En ciertos casos calificados el interesado puede ser admitido a probar que
recibió la carta certificada después del mencionado plazo de tres idas.
Si así fuere los plazos correspondientes solo empiezan a correr desde la
fecha en que efectivamente se entregó la carta certificada en el domicilio
del destinatario.
4.- La notificación por aviso postal simple
Articulo 11 inciso final C.T..: "las resoluciones que modifiquen los
avalúos de bienes raíces podrán ser notificadas mediante el envío de un
aviso postal simple dirigido a la propiedad afectada o al domicilio que para
estos efectos el propietario haya registrado en el Servicio, y a falta de éste,
al domicilio del propietario que figure registrado en el Servicio. Estos
avisos pueden ser confeccionados por medios mecánicos y carecer de
timbres y firmas."
Conforme a lo establecido en el inciso final del Art. 11º, antes
reproducido, las resoluciones que modifiquen los avalúos y/o
contribuciones de bienes raíces, se pueden notificar por medio de aviso
postal simple. Respecto del lugar hábil para enviar el aviso postal, la ley

Christian Aste M.

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19506 ha incorporado una modificación que permite que éste pueda
remitirse, además de a la propiedad afectada, al domicilio que, para estos
efectos, el propietario haya registrado en el Servicio, y, a falta de éste, al
domicilio del propietario que figure registrado en el Servicio.
En virtud de lo señalado, el Servicio puede optar por remitir el aviso postal
a la propiedad afectada o al domicilio que, para estos efectos registre el
contribuyente en el Servicio, el cual puede ser un domicilio postal. Ahora
bien, si el contribuyente no ha registrado un domicilio especial para ser
notificado por este medio, el Servicio puede, optativamente, enviar el
aviso postal a la propiedad afectada o al domicilio que figure registrado en
el Servicio, incluso al domicilio postal a que se refiere el inciso segundo
del Artículo 13º.
Las mismas reglas relacionadas con el lugar hábil para practicar la
notificación por aviso postal, se han incorporado al Art. 44º del Código
Tributario, respecto del envío del aviso-recibo para el pago del Impuesto
Territorial.
5.- La notificación por aviso en el diario oficial
Concepto
Es la que se práctica haciendo publicar un aviso por una vez en el diario
oficial.
Actuaciones del servicio que deben publicarse en el diario oficial
Las actuaciones del servicio que deben ser publicadas en el diario oficial
son las que cumplen con dos condiciones que señalaremos sin perjuicio de
otras a las que específicamente se refiere la ley.
a.- Que sean de carácter general: Esto es, que estén dirigidas o afecten a
grupos mas o menos extensos de contribuyentes, los que por esta razón no
puedan individualizarse, como por ejemplo, los arrendatarios agrícolas, los
dueños de taxis.
b.- Que sea preciso que se notifique a estos contribuyentes a fin de que
ajusten su conducta tributaria a los preceptos o instrucciones contenidos en
las resoluciones, oficios o actuaciones publicadas, es decir, las actuaciones
generales que se publiquen deben ser aquellas destinadas a orientar o
seguir la conducta tributaria de los contribuyentes o a instruirlos respecto
de modalidades administrativas que ellos deben observar para una mejor
fiscalización o una más expedita atención.

En consecuencia, esta forma de notificación se utiliza, tanto para
comunicar resoluciones o instrucciones que tienen un efecto vinculatorio
general como para hacer oponible a terceros, resoluciones de carácter

Christian Aste M.

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particular.
Según el artículo 15 del Código Tributario, las notificaciones por avisos y
las resoluciones o los avisos, relativos a actuaciones e carácter general que
deban publicarse, se insertarán por una vez en el diario oficial, pudiendo
disponer el Director, Subdirectores o Directores Regionales su publicación
en extracto.
Casos en que procede:
1.- Articulo 43 C.T.: "La Dirección Regional estará obligada a
comunicar con un mes de anticipación, a lo menos, a la fecha inicial
del periodo de pago del impuesto territorial, la circunstancia de haberse
modificado la tasa o de haberse alterado el avalúo por reajustes
automáticos. La comunicación se hará mediante la publicación de tres
avisos, a lo menos, en un periódico de los de mayor circulación de la
ciudad cabecera de la provincia respectiva, debiendo indicarse en el
aviso el porcentaje o monto en que dicha contribución se haya
modificado."
2.- Articulo 6 letra A Nº 4 C.T. "Corresponde al servicio de impuestos
internos el ejercicio de las atribuciones que le confiere su estatuto
orgánico, el presente código y las leyes y, en especial, la aplicación y
fiscalización administrativa de las disposiciones tributarias.
Dentro de las facultades que las leyes confieren al servicio,
corresponde:
A.- Al Director de Impuestos Internos:
4.º Ordenar la publicación o la notificación por avisos de cualquiera
clase de resoluciones o disposiciones."
B.- Al Director Regional:
10° Ordenar la publicación o la notificación por avisos de cualquiera
clase de resoluciones o disposiciones de orden general o particular”.
La Dirección Nacional del S.I.I., mediante la Circular N° 48 de fecha
23 de agosto de 1996, estableció que las resoluciones particulares que
emitan los Directores Regionales, como lo son por ejemplo, las
autorizaciones a los contribuyentes que lo solicitan, para excepcionarse
de los sistemas de cambio de sujeto de IVA, deben señalar en su parte
resolutiva que éstas deben publicarse en extracto en el Diario Oficial,
por cuenta y cargo del peticionario.
La fecha de vigencia de la Resolución particular dictada, será siempre a
contar del día 1º del mes siguiente al de la publicación de su extracto
en el Diario Oficial.
3.- Artículo 26 del Código Tributario: “En caso que las circulares,
dictámenes y demás documentos mencionados en el inciso 1° sean
modificados, se presume de derecho que el contribuyente ha conocido

Christian Aste M.

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tales modificaciones desde que han sido publicadas de acuerdo con el
artículo 15”.
6.- La notificación por el estado diario
Concepto
Consiste en incluir la resolución que se ha de notificar en un estado que
debe formarse y fijarse diariamente en un lugar visible en la dirección
regional.
Esta clase de notificación, sólo se emplea para ciertas resoluciones que se
dictan en el procedimiento establecido en el Art. 165º del Código
Tributario.
En efecto, todas las resoluciones dictadas en la primera instancia de ese
procedimiento, con excepción de la sentencia, se entienden notificadas a
las partes desde que se incluyen en un estado que debe formarse y fijarse
diariamente en la Dirección Regional.
El mismo día que se hace esta notificación, el Servicio debe remitirle al
notificado un aviso. Si no se envía este aviso, la notificación se anula.
En atención a dicha circunstancia, la Dirección Nacional del S.I.I. ha
instruido a sus funcionarios en el sentido de que den estricto cumplimiento
a dicha norma, y que estampen en el expediente el atestado de haber
enviado la carta en la misma fecha de la notificación.
7.- Notificación tácita
Articulo 55 C.P.C.: "Aunque no se haya verificado notificación alguna o
se haya efectuado en otra forma que la legal, se tendrá por notificada una
resolución desde que la parte a quien afecte haga en el juicio cualquiera
gestión que suponga conocimiento de dicha resolución sin haber antes
reclamado la falta o nulidad de la notificación.
Asimismo, la parte que solicito la nulidad de una notificación, por el solo
ministerio de la ley, se tendrá por notificada de la resolución cuya
notificación fue declarada nula, desde que se le notifique la sentencia que
declara tal nulidad. En caso que la nulidad de la notificación haya sido
declarada por un tribunal superior, esta notificación se tendrá por
efectuada al notificársele el "cúmplase" de dicha resolución."
Aunque no se haya verificado notificación alguna o se haya efectuado en
otra forma que la legal, se tendrá por notificada una resolución desde que
la parte a quien afecte haga en el juicio cualquier gestión que suponga
conocimiento de dicha resolución sin haber reclamado de la falta o nulidad
de la notificación.

Christian Aste M.

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NORMAS CONTABLES
Los libros contables, constituyen un medio probatorio de particular
relevancia en materia tributaria.
Antes de que analicemos el valor probatorio de los libros contables,
cuestión que haremos en el capítulo de la prueba tributaria, estimo fundamental
referirme a las normas contables, especialmente la contenida en el artículo 21 del
Código Tributario.
La primera parte de este dispositivo establece que le: "Corresponde al
contribuyente probar con los documentos, libros de contabilidad u otros medios
que la ley establezca, en cuanto sean necesarios u obligatorios para él, la verdad
de sus declaraciones o la naturaleza de los antecedentes y monto de las
operaciones que deban servir para el cálculo del impuesto.
Hasta aquí no existen objeciones que formular, toda vez que la norma civil
obliga probar a quien reconoce la existencia de una obligación o a quien alega su
extinción. Como en las declaraciones tributarias el contribuyente no tiene otra
opción que hacer lo uno o lo otro, consideramos que resulta razonable que se le
exija demostrar su efectividad.
Ahora bien, dado que lo que se declara debe ser lo mismo que se registra en la
contabilidad, y lo que se registra en la contabilidad debe ser lo mismo que se
contiene en los documentos, consideramos también que resulta razonable que se
exija al contribuyente que, pruebe la efectividad de su declaración, con los
antecedentes que la ley le obliga llevar.
Consecuencia de lo anterior, es que el servicio está impedido de prescindir de
las declaraciones y antecedentes presentados o producidos por el contribuyente y
liquidar otro impuesto que el que de ellos resulte, salvo que como dice la segunda
parte del dispositivo en análisis, cualquiera de dichos antecedentes –
declaraciones, registros contables, documentos, etc. –sean no fidedignos.
En tal caso, el servicio, previo los trámites establecidos en los artículos 63
y 64, practicará las liquidaciones o reliquidaciones que procedan, tasando la base
imponible con los antecedentes que obren en su poder.
Para obtener que se anule o modifique la liquidación o reliquidación, el
contribuyente deberá desvirtuar con pruebas suficientes las impugnaciones del
servicio, en conformidad a las normas pertinentes del libro tercero."
Aquí observamos un cambio en lo que es la regla probatoria general, puesto
que cuando esto ocurre – antecedentes no fidedignos – el Servicio lo que hace es
liquidar, o sea afirmar que el contribuyente es deudor de una obligación, sin
diponer de mayor prueba que los antecedentes que obran en su poder.

Christian Aste M.

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Sí el contribuyente quiere desvirtuar la efectividad del hecho afirmado por
Impuestos Internos en la liquidación, deberá recurrir a los medios probatorios
generales, pues conforme a la ley, en este caso especial, quien prueba no es quien
afirma la existencia del hecho sino que quien manifiesta que esa obligación no
existe.
Cabe subrayar, que es condición para que el Servicio pueda prescindir de
la prueba aportada por el contribuyente, que dichos antecedentes sean no
fidedignos.
Hacemos presente que esta obligación probatoria, no puede ser suplida por
la prudencia del juez, puesto que como dijo la Excma. Corte Suprema en fallo de
fecha 28 de marzo de 1988, el artículo 21 no otorga al juez ninguna facultad
discrecional para apreciar prudencialmente cuando falte la prueba de rigor.
En definitiva, de acuerdo al artículo 21, quien prueba es el contribuyente.
La prueba que debe hacer el contribuyente no es fácil. No lo es, porque si al
contribuyente lo liquidan es porque sus declaraciones o antecedentes
respaldatorios – contabilidad, documentos, etc. – no son fidedignos para
Impuestos Internos.
Si no son fidedignos para impuestos Internos en la fase administrativa,
tampoco lo serán en la fase judicial, con el agravante de que existen normas que
obligan a los contribuyentes probar única y exclusivamente con los mismos
antecedentes que se califican como no fidedignos.
En efecto, el artículo 71 de la ley de la Renta, precisa que si el contribuyente
alegare que sus ingresos o inversiones provienen de rentas exentas o afectas a
impuestos sustitutivos o rentas efectivas de un monto superior a las presumidas de
derecho, deberá acreditarlo mediante contabilidad fidedigna”
Contabilidad fidedigna
El articulo 17 inciso 1º C.T. señala que: "toda persona que deba acreditar
la renta efectiva, lo hará mediante contabilidad fidedigna, salvo norma en
contrario."
Estimamos que el legislador quiso decir contabilidad completa y no
contabilidad fidedigna, puesto que la contabilidad debe ser siempre fidedigna.
Concepto
Es contabilidad fidedigna: aquella que se ajusta a las normas legales y
reglamentarias vigentes y que va registrando fiel y cronológicamente las
operaciones del contribuyente.
Un factor importante para calificar de fidedigna una contabilidad es que las
operaciones registradas en ella se encuentran respaldadas por la correspondiente

Christian Aste M.

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documentación en los casos en que la ley obligue a emitirla o que por la
naturaleza de las operaciones sea corriente o normal su emisión, como por
ejemplo, la contabilidad no es fidedigna cuando se lleva en libros que no han sido
timbrados ante el S.I.I..
Según el Servicio de Impuestos Internos (Of. 1956, de fecha 25 de junio de
1990) los libros de contabilidad deben ajustarse a prácticas contables adecuadas
que reflejen claramente el movimiento y resultado de la empresa; de modo que si
algún libro resulta oscuro, impidiendo controlar el movimiento y resultado de las
operaciones del contribuyente, dificultando así la acción fiscalizadora del
Servicio, deberá ser objetado.
Cabe señalar que la Corte Suprema, con fecha 18 de abril de 1988, rechazó un
recurso de casación que había interpuesto el Fisco contra un fallo que había
dictado la Iltma. Corte de Temuco, con fecha 10 de abril de 1987, porque en su
concepto el Servicio de Impuestos Internos antes de liquidar, tasar o regular las
ventas, compras, o gastos del contribuyente debía demostrar que su contabilidad
no era fidedigna. Dicha demostración, según el fallo recurrido (confirmado por la
Corte), debía basarse en antecedentes documentales ciertos, que además tenían
que señalarse en las liquidaciones reclamadas.
Contabilidad completa
Concepto
Se entiende que el contribuyente debe llevar el libro diario, el libro diario
mayor, el libro de balances, el libro de caja, etc., sin perjuicio de los libros
auxiliares que exige la ley o el propio S.I.I.., como por ejemplo, el libro de
compraventa, el libro de existencia, el libro de remuneraciones.
Libro diario:
En el libro diario se asientan por orden cronológico y día a día las operaciones
mercantiles que ejecuta el comerciante expresando detalladamente el carácter y
circunstancias de cada una de ellas.
Si se lleva un libro de caja y de facturas, puede omitirse en el diario el asiento
detallado, tanto de las cantidades que entran, como de las compras, ventas y
remesas de mercaderías que el comerciante hace.
La anotación hecha en el libro diario para contabilizar una operación efectuada
por el comerciante, recibe el nombre de asiento o partida.
El asiento consta de: fecha, cuenta o cuentas deudoras, cuenta o cuentas
acreedores, cantidad que se carga o acredita en cada una de las cuentas, y una
breve glosa, o explicación de la operación efectuada.

Los asientos contables pueden ser simples o compuestos. Son simples cuando

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intervienen sólo dos cuentas, y compuestos cuando lo hacen más de dos cuentas.
Libro mayor
Es un registro obligatorio, en el que se centralizan todas las cuentas del libro
diario.
La fórmula que tradicionalmente se utiliza es titular la página con el nombre de
la cuenta. Luego dividirla en varias columnas. En la primera se anota el mes y el
día de la operación. En la segunda el detalle, en la tercera el debe, en la cuarta el
haber, y en la quinta el saldo, que puede ser : deudor o acreedor.
En el libro diario se debe colocar una referencia al mayor, es decir al folio
que tiene la cuenta en la página del mayor. Se anotan las cuentas intervinientes en
cada fecha, y los valores registrados por estas.
Libro de inventarios y balances
Al abrir su giro, el comerciante debe hacer en el libro de balances una
enunciación estimativa de todos sus bienes, tanto muebles como inmuebles, y de
todos sus créditos activos y pasivos.
La estimación que hace el comerciante es según su criterio y sin
intervención de autoridad. Sin perjuicio de su posterior revisión en caso de
quiebra o fiscalización tributaria.
Esta estimación se denomina inventario general inicial, y sirve para
determinar el capital del comerciante, y además para abrir el libro diario y las
respectivas cuentas del mayor.
El libro de balances, es un registro en el que se deben anotar los
inventarios y balances realizados en distintas épocas.
Después de transcurrido un ejercicio – lapso entre dos inventarios -, el
comerciante debe confeccionar un nuevo inventario general, en el que no sólo
debe anotar el activo, pasivo y capital, sino que también el resultado, sea de
pérdida o ganancia. Este inventario general final, se debe registrar en el libro de
balances tal como el inventario inicial.

El balance general demuestra la situación de la empresa en un momento
dado. Así como el inventario general final nos proporciona el dato de la utilidad
global, el balance nos permite identificar de dónde proviene la utilidad o la
pérdida.
Para cerrar las cuentas de resultado se utiliza una cuenta especial llamada
pérdidas y ganancias. Esta cuenta no se emplea durante el ejercicio, puesto que su
objetivo es resumir en una sola cuenta todas las pérdidas y las ganacias.

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Aparte de estos libros obligatorios, el contribuyente debe llevar los
siguientes libros, cuando concurren los requisitos exigidos por la ley, para cada
uno de ellos.
Conforme la Circular N° 41, de fecha 30.07.1981 los balances que se
confeccionan para efectos tributarios (of. 2244/97) deben comprender un período
máximo de doce meses, incluso en las siguientes situaciones:
a.- Cuando se produce término de giro;
b.- Cuando es primer ejercicio; o
c.- Cuando opera por primera vez la autorización de cambio de fecha de
balance.
En lo que dice relación a lo señalado en la letra c) debe tenerse presente
que los Directores Regionales dejaron sin efecto todas aquellas Resoluciones que
autorizaban a los contribuyentes a cerrar sus balances en una fecha distinta al 31
de Diciembre de cada año.
En consecuencia, todo ejercicio o período comercial debe cerrarse para efectos
tributarios indefectiblemente al 31 de Diciembre de cada año y no puede exceder
al máximo de doce meses, a menos que exista término de giro o que se trate del
primer ejercicio comercial del contribuyente.
Utilizamos la expresión para efectos tributarios para significar que como lo
han dicho el propio Servicio de Impuestos Internos en oficio N° 2244/97, y la
Corporación de Fomento de la Producción en Resolución Nº 95, de fecha
16.07.85, los contribuyentes pueden confeccionar sus balances financieros en
cualquier fecha.
Ahora bien, con respecto a la forma de determinar el balance financiero, el
Servicio de Impuestos Internos ha instruído en oficio N° 4766 de fecha 24 de
diciembre de 1985, que no existe ningún impedimento para que éste se
confeccione bajo los términos financieros, siempre que su resultado final y el
procedimiento utilizado se ajuste a las normas tributarias contenidas en los
artículos 29º y siguientes de la Ley de la Renta; en especial, en lo que dice
relación con la aplicación del sistema de corrección monetaria de los activos y
pasivos de la empresa.
1.- Libro Auxiliar de Remuneraciones
"Todo empleador con cinco o más trabajadores deberá llevar un libro auxiliar
de remuneraciones, el que deberá ser timbrado por el Servicio de Impuestos
Internos".
"Las remuneraciones que figuren en el libro a que se refiere el inciso anterior
serán las únicas que podrán considerarse como gastos por remuneraciones en la
contabilidad de la empresa" (Art. 61º de la Ley Nº 18.620, D.O. de 6 de julio de
1987).

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El libro Auxiliar de Remuneraciones, creado por la Ley Nº 16.840, de
24.05.68, fue incorporado al artículo 70º del D.L. Nº 2.200, el que a su vez fue
derogado por la Ley 18.620, sobre Código del Trabajo e incorporado en el artículo
61.
Su reglamento, aprobado por Decreto Nº 375 del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, publicado en el D.O. de 05.09.69, está vigente en todo aquello
que es compatible con la nueva disposición legal.
El Libro Auxiliar de Remuneraciones debe contener a lo menos, las siguientes
menciones: "1º.- Nombre y apellido del trabajador, y "2º.- Remuneración
imponible, no imponible y remuneración total. La fiscalización del cumplimiento
de las obligaciones emanadas de su Reglamento corresponde a los Inspectores del
Trabajo.
Para los efectos de dicho Reglamento, se entiende por remuneración: el sueldo
o salario efectivamente percibido por el trabajador en dinero, especies,
determinadas o ragalías contractuales, por trabajo a destajo, horas extraordinarias,
gratificaciones, participaciones en los beneficios, bonificaciones o cualesquiera
retribuciones accesorias, con excepción de las asignaciones regidas por el DFL Nº
245, de 23 de julio de 1953 del Ministerio de Hacienda y del artículo 27 de la Ley
Nº 7.295.
Los estipendios pagados a personas que no tengan la calidad de trabajadores no
se anotan en el Libro Auxiliar de Remuneraciones, sin perjuicio de ser aceptados
como gasto, siempre que reúna los requisitos establecidos en la Ley sobre
Impuesto a la Renta.
El Libro Auxiliar de Remuneraciones debe presentarse antes de su iniciación a
la Oficina de Impuestos Internos que corresponda, foliado correlativamente para
su timbraje.
Al término de cada ejercicio financiero, los empleadores deberán sumar lo
pagado durante cada año a los trabajadores incluidos en el Libro Auxiliar de
Remuneraciones.
Sólo se consideran como gastos para los fines del Impuesto a la Renta que
afecte al respectivo empleador, el monto de las remuneraciones que se registren en
el Libro Auxiliar de Remuneraciones, siempre que éstos reúnan los requisitos
establecidos en la Ley de la Renta, sin perjuicio de lo prevenido respecto de los
estipendios pagados a personas que no tengan la calidad de trabajadores.
En consecuencia, las anotaciones consignadas en este libro no constituirán
prueba de que las remuneraciones hayan sido pagadas y/o percibidas, a menos que
el recibo de ellas conste en el mismo libro bajo la firma del beneficiario, por lo
cual, si los empleadores desean que el libro constituya esa prueba, deberán abrir
otra columna destinada al efecto. Por supuesto que si el empleador utiliza otro
medio para acreditar el pago de las remuneraciones registradas en el Libro, puede
prescindir de esta columna.

Christian Aste M.

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El Libro Auxiliar de Remuneraciones debe llevarse en el lugar de
funcionamiento de la empresa, establecimiento, faena o de ubicación del predio
agrícola respectivo y el timbraje debe efectuarse en las oficinas de Impuestos
Internos correspondientes a los mismos.
Las empresas o establecimientos que estén autorizados por el Servicio de
Impuestos Internos para llevar contabilidad centralizada, podrán llevar el Libro
Auxiliar de Remuneraciones en la oficina que lleva su contabilidad. Sin
embargo, para que el contribuyente pueda llevar su Libro de Remuneraciones en
el lugar donde Impuestos Internos le autorizó centralizar su contabilidad , es
previo que la Dirección del trabajo dicte una resolución accediendo a ello, en la
cual deberá dejar constancia que las oficinas o sucursales que comprende la
autorización.
2.- Libro de compras y ventas
De acuerdo al artículo 59 del D.L. 825, los vendedores y prestadores de
servicios afectos a los impuestos de los Títulos II y III, con excepción de los que
tributen de acuerdo con el Párrafo 7º del Título II, deben llevar los libros
especiales que determine el Reglamento, y registrar en ellos todas sus operaciones
de compras, ventas y servicios utilizados y prestados.
Conforme al artículo 74 del Reglamento los contribuyentes afectos a los
impuestos de la ley del I.V.A., deben llevar un sólo Libro de Compras y Ventas,
en el cual deben registrar día a día todas sus operaciones de compra, de ventas, de
importaciones, de exportaciones y de prestaciones de servicios, incluyendo
separadamente aquellas que recaigan sobre bienes y servicios exentos.

3.- Libro FUT.
Las modificaciones efectuadas a la Ley de la Renta, por las leyes Nºs. 18.293,
18.489 y 18.985, establecieron una modalidad nueva de tributación para los
contribuyentes afectos a la Primera Categoría que declaran sus rentas a base de
contabilidad completa y de un balance general.
En virtud de dichas normas, incorporadas a la actual Ley de la Renta, los
contribuyentes sujetos al régimen de la primera categoría, deben pagar sus
impuestos terminales – Global Complementario y Adicional – por las rentas que
hubieren retirado de la empresa o que se le hubieren distribuido.
En el primer caso, hasta completar el FUT, y en el segundo, por el total del
monto distribuido, a menos que dicha distribución se hubiere efectuado con cargo
a utilidades no tributarias.
Tanto los retiros como las distribuciones llevan asociado el crédito del
impuesto de Primera Categoría que se hubiere pagado por la utilidad retirada o
distribuida.

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Para controlar tanto el monto de las utilidades tributarias susceptible de ser
retirado, como los créditos asociados a dichas utilidades, la ley estableció
que los contribuyentes gravados en la primera categoría sobre la base de un
balance general, debían llevar un registro especial denominado F.U.T. (Fondo
de Utilidades Tributables).
4.- Aparte de los libros de contabilidad exigidos por la ley, los contribuyentes
deben llevar los libros adicionales o auxiliares que exija el director regional, a su
juicio exclusivo, de acuerdo con las normas que dicte para el mejor cumplimiento
o fiscalización de las obligaciones tributarias.
Sin perjuicio de los libros obligatorios antes indicados, el contribuyente puede
llevar otros registros destinados a facilitarle el control de la información.
Dentro de estos registros destacan:
a.- El libro de caja, puesto que por medio de el, él contribuyente puede
controlar en forma más o menos exacta el monto total de sus ingresos y egresos.
b.- Mayores auxiliares. Informan el movimiento partticular de cada una de
las cuentas registradas en el mayor.
Ej. En el mayor se registra la cuenta cliente. En el mayor auxiliar se detalla
el movimiento de cada uno de los clientes.
Etc.
Contabilidad simplificada
Conforme la Circular Nº 50, de fecha 09.10.1986, para los fines del Impuesto a
la Renta, la contabilidad simplificada consiste en un Libro de Entradas y Gastos,
timbrado por el Servicio, o en una Planilla de Entradas y Gastos.
Lo anterior, sin perjuicio de los libros que exijan otras leyes, como es el caso
por ejemplo del Libro de Compras y Ventas que establece el Art. 74º del
Reglamento del D.L. Nº 825, de 1974 y de otros libros que disponga el Director
Regional.
Forma que deben llevarse los libros contables
Los libros de contabilidad deben ser llevados en lengua castellana y sus
valores expresarse en moneda nacional, debiendo ser conservados por los
contribuyentes, junto con la documentación correspondiente, mientras este
pendiente el plazo que tiene el servicio para la revisión de las declaraciones.
Esta obligación se entiende sin perjuicio del derecho de los contribuyentes
de llevar contabilidad en moneda extranjera para otros fines.
Articulo 18 C.T..: "Para todos los efectos tributarios, los

Christian Aste M.

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contribuyentes, cualquiera que sea la moneda en que tengan
pagado o expresado su capital, llevaran contabilidad,
presentaran sus declaraciones y pagaran los impuestos que
correspondan, en moneda nacional.
No obstante, la dirección regional podrá exigir el pago de
los impuestos en la misma moneda en que se obtengan las
rentas o se realicen las respectivas operaciones gravadas.
En casos calificados, cuando el capital de una empresa se
haya aportado en moneda extranjera o la mayor parte de su
movimiento sea en esa moneda, el director regional podrá
autorizar que se lleve la contabilidad en la misma moneda,
siempre que con ello no se disminuya o desvirtúe la base
sobre la cual deban pagarse los impuestos."
De acuerdo a las instrucciones de la Dirección Nacional del Servicio de
Impuestos Internos, para los efectos de otorgar la referida autorización (llevar la
contabilidad en moneda extranjera) el Director Regional debe estarse a los
requisitos establecidos en el Art. 18º del Código Tributario y al resultado del
análisis que haga de los antecedentes aportados por los interesados (Of. 2977 de
fecha 29 de agosto de 1986), toda vez que dicha autorización no va ser otorgada sí
el cambio implica una disminución en el resultado tributario (Oficio Nº 1128, de
fecha 09.04.1986).
En todo caso, el Director Regional competente se encuentra facultado para
revocar la autorización que hubiere otorgado. Esto puede suceder cuando, por
ejemplo, cambien las condiciones invocadas al solicitarse la autorización; la
contabilidad no se lleva de acuerdo a principios generalmente aceptados o sea
oscura y no permita determinar la verdadera base de los impuestos, o por
cualquier otra causa que pueda ser revelada a través de las labores de fiscalización
efectuadas.
Cabe señalar que según el propio Servicio de Impuestos Internos, la
contabilidad en moneda extranjera no debiera representar obstáculo para la
función fiscalizadora, si el contribuyente cumple con los principios contables
generalmente aceptados.
En consecuencia:
a.- No existe la posibilidad de que los contribuyentes lleven su contabilidad
con algunos asientos en moneda nacional y otros en moneda extranjera. Deben
llevarse o en moneda nacional, regla general, o en moneda extranjera, norma de
excepción.
b.- Lo anterior no impide que para fines internos de la empresa, el
contribuyente haga anotaciones marginales en las que establezca la equivalencia
que tienen en otras monedas las operaciones que realiza.

Christian Aste M.

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c.- La autorización a un contribuyente para que lleve la contabilidad en moneda
extranjera, no significa que pueda disminuir o desvirtuar la base sobre la cual
deban pagarse los impuestos.
Contabilidad computacional
El artículo 17 del código Tributario, faculta al Director del Servicio de
Impuestos Internos, para fijar las medidas de control que deben cumplir los
contribuyentes para reemplazar la contabilidad normal por hoja suelta.
El Director del Servicio mediante la Resolución N° 4228 de junio de 1999, y la
Circular N° 36 de fecha 02 de julio de 1999, estableció el procedimiento que
debían seguir los contribuyentes que optaran tanto por llevar la contabilidad en
hoja suelta impresa computacionalmente, como llevarla también en hoja suelta,
pero en forma no computacional.
Aunque para ambos contribuyentes se estableció la obligación de requerir
autorización previa al Servicio de Impuestos Internos, se dispuso que los
contribuyentes que optaran por llevar la contabilidad en hoja suelta impresa
computacionalmente, debían dar cumplimiento a las exigencias contenidas en el
punto 4 de la Resolución Nº 4228 de 1999, en los términos allí señalados, esto es:
a) Contar con una casilla de correo electrónico; y b) Comprometerse
expresamente en la solicitud a declarar y pagar todos lo impuestos y a presentar
los informes y declaraciones que el Servicio le solicite por Internet.
Se señaló que si el contribuyente ha ejercido la opción de llevar contabilidad
computacional, sólo se procederá al timbraje de las hojas sueltas o formularios
continuos si se verifica que tiene la nota respectiva en el sistema computacional
del Servicio.
En el caso que el contribuyente hubiere optado por sustituir los libros por hojas
sueltas llevadas a mano o en otra forma no computacional, el Servicio autoriza el
timbraje, siempre que previamente exhiba la resolución que lo autoriza.
Bajo el N° 5 de la Circular en comento, se estableció que los contribuyentes
que a la fecha de publicación de la Resolución Nº4228 de 1999, utilizaban hojas
sueltas para llevar su contabilidad, debían solicitar la autorización correspondiente
dentro del plazo establecido en el resolutivo número seis de la citada Resolución ,
esto es, antes del 30 de Noviembre de 1999. Si no solicitaban la autorización o ella
les fuere denegada, sólo podrían continuar utilizando tales sistemas hasta el 31 de
Diciembre de 1999
En consecuencia, los contribuyentes que a partir del 01 de Enero de año 2000
sean detectados utilizando sistemas de contabilidad en hojas sueltas sin la
autorización correspondiente, serán sancionados en la forma que precisa la
Circular N° 36, esto es, conforme el artículo 97 Nº 7 del Código Tributario.
Cambio de Sistema contable:

Christian Aste M.

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El S.I.I. mediante la Circular N° 50, de fecha 09 de octubre de 1986, estableció
que para dar curso a la solicitud sobre cambio de sistema contable, el Director
Regional debía considerar las razones y fundamentos que tiene el contribuyente
para efectuar dicho cambio, pudiendo ordenar incluso, la práctica de una auditoria
tributaria.
De acuerdo con lo establecido en el párrafo 6 (17) 80.01 y siguientes del
Manual VI del Servicio, por sistema de contabilidad debe entenderse el conjunto
de elementos materiales que permitan el registro, acumulación y entrega de
información de los hechos económicos realizados por la empresa, como son los
libros de contabilidad , registros y comprobantes, y el conjunto de principios,
normas y procedimientos para efectuar dicho registro, acumulación y entrega de
información.
El artículo 16º del Código Tributario no impone ni rechaza un determinado
sistema contable, sino que sólo ordena que éstos deben ajustarse a prácticas
contables adecuadas que reflejen claramente el movimiento y resultado de los
negocios, todo ello con miras a resguardar debidamente el interés fiscal, como se
señala en el Suplemento del Manual Nº 6 (18) 10, de fecha 12.12.67. A este
respecto, en el Oficio Circular Nº 2465, de 11.07.85, se reitera lo anterior y se
expresa que ni el Código Tributario ni ninguna otra legislación vigente confieren
facultad a los Directores Regionales para aprobar o rechazar a priori, en términos
generales, un determinado sistema contable que desee implantar un contribuyente
en su empresa y que solo es procedente objetar o rechazar el sistema utilizado,
cuando al practicar su auditoría, con fines de fiscalización, se concluya que es
obscuro y no permite controlar el movimiento y resultado de los negocios o que
haga impracticable la conciliación de sus resultados con las normas de la Ley de la
Renta, dificultando la acción fiscalizadora del Servicio.
La autorización de cambio de sistema contable rije en general a contar del 1º
de Enero del año siguiente al de la presentación de la solicitud.
Jurisprudencia administrativa
1.- El S.I.I. mediante oficio N° 834, de fecha 20 de marzo de 1990, estableció:
1.a) Que el mero reemplazo del formato de un libro diario de contabilidad por
otro, no constituye cambio de sistema contable de una empresa, siempre y cuando
se conforme con lo dispuesto en el Art. 27° del Código de Comercio, en el sentido
que las operaciones mercantiles se asienten por orden cronológico y día por día.
1.b) Que un sistema de contabilidad comprende un conjunto de elementos
materiales, así como de principios, normas y procedimientos para efectuar el
registro, acumulación y entrega de información de los hechos económicos
realizados por la empresa.
1.c) Que el sistema contable no se altera por el simple cambio del formato de
uno de sus libros.

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Infracciones tributarias vinculadas a la contabilidad
Art. 97 N° 6 “La pérdida o inutilizaron de los libros de contabilidad o
documentos que sirvan para acreditar las anotaciones contables o que estén
relacionados con las actividades afectas a cualquier impuesto, con multa de hasta
el 20% del capital efectivo con un tope de 30 unidades tributarias anuales, a
menos que la perdida o inutilización sea calificada de fortuita por el Director
Regional.
Los contribuyentes deberán en todos los casos de pérdida o inutilización:
a) Dar aviso el servicio dentro de los 10 días siguientes, y
b) Reconstituir la contabilidad dentro del plazo y conforme a las normas
que fije el servicio, plazo que no podrá ser inferior a treinta días.
Sin embargo, no se considerara fortuita, salvo pruebas en contrario, la
pérdida o inutilización de los libros de contabilidad o documentos mencionados en
el inciso primero cuando se dé aviso de este hecho o se detecte con posterioridad a
una citación, notificación o cualquier otro requerimiento del servicio que diga
relación con dichos libros y documentación.
En todo caso, la pérdida o inutilización de los libros de contabilidad
suspende la prescripción establecida en el articulo 200º, hasta la fecha en que los
libros legalmente reconstituidos queden a disposición del servicio.
Para los efectos previstos en el inciso primero de este numero se entenderá
por capital efectivo el definitivo en el articulo 2º, Nº 5, de la ley de impuesto a la
renta.
En aquellos casos en que, debido a la imposibilidad de determinar el
capital efectivo, no sea posible aplicar la sanción señalada en el inciso primero, se
sancionara dicha pérdida o inutilización con una multa de hasta 30 unidades
tributarias anuales."
Articulo 97 Nº 7 “El hecho de no llevar la contabilidad o los libros auxiliares
exigidos por la dirección regional de acuerdo con las disposiciones legales, o de
mantenerlos atrasados, o de llevarlos en forma distinta a la ordenada o autorizada
por la ley, y siempre que no se dé cumplimiento a las obligaciones respectivas
dentro del plazo que señale el servicio, que no podrá ser inferior a diez días, con
multa de una unidad tributaria mensual a una unidad tributaria anual."

Titulo II
DECLARACION TRIBUTARIA
Objetivo

Christian Aste M.

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Las declaraciones de impuestos se hacen con el objeto de determinar la
procedencia o liquidación de un impuesto.
Requisitos
Las declaraciones de impuestos, deben presentarse conforme las normas
legales o reglamentarias y con las instrucciones que imparta la dirección
incluyendo toda la información que fuere necesaria.
La ley exige que las declaraciones se presenten por escrito y bajo juramento.
Aunque el servicio debe proporcionar los formularios que deben utilizar
los contribuyentes para confeccionar sus declaraciones, la falta de ellos no exime a
los contribuyentes de la obligación de presentarlas dentro de los plazos legales o
reglamentarios.
Junto con sus declaraciones, los contribuyentes están obligados a presentar los
documentos y antecedentes que la ley, los reglamentos o las instrucciones de la
dirección regional les exija.
Este articulo era antes importante, ya que hoy en día no se presentan todos los
antecedentes, solo se presenta la declaración.
Lugar en que deben presentarse las declaraciones tributarias
Las declaraciones deben presentarse en las oficinas del servicio u otras que
señale la dirección, en la forma y cumpliendo las exigencias que esta determine.
Obligados a declarar
Se encuentrán obligados a presentar su declaración de impuestos:
1.- Todos los que en el IVA se encuentran gravados como deudores
indirectos – vendedores y prestadores de servicio - ; y
2.- Los contribuyentes que se encuentren gravados con los siguientes
impuestos en la Ley de la Renta:
2.1.- Con el impuesto de 1ª categoría (articulo 20 de la L.I.R.);
2.2.- Con el impuesto adicional que grava a las personas naturales
extranjeras sin domicilio ni residencia en chile, y a las personas
jurídicas constituidas fuera de chile que tengan cualquier clase de
establecimiento en chile; y
3.- Con el impuesto Global Complementario, que grava las rentas
obtenidas por personas naturales y patrimonios personalizados con
domicilio o residencia en Chile.

Christian Aste M.

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No se encuentran obligados a presentar declaraciones de impuesto anual
1.- Los pequeños mineros artesanales.
2.- Los pequeños comerciantes que desarrollan actividades en la
vía publica.
3.- Los suplementeros.
4.- Los propietarios de un taller artesanal u obrero.
5.- Los pescadores artesanales.
Oportunidad en que deben presentarse las declaraciones de impuestos
La fecha en que deben presentarse las declaraciones de impuesto, dependen del
tipo de impuesto que se trate. Los impuestos anuales se declaran en el mes de
abril. Los mensuales, en los 12 primeros días de cada mes, etc.
El Director Regional del Servicio, puede ampliar el plazo para la presentación
de las declaraciones siempre que a su juicio exclusivo existan razones fundadas
para ello.
Cuando el Director hace uso de esta facultad, debe dejar constancia escrita de
la prórroga y de su fundamento.
En todo caso, las prórrogas no son concedidas por mas de cuatro meses, salvo
que el contribuyente se encuentre en el extranjero y las declaraciones se refieran al
impuesto a la renta.
Si el Director Regional amplia el plazo para la presentación de declaraciones,
los impuestos deben pagarse con los reajustes e intereses penales que procedan.
No obstante lo dicho, el Presidente de la República se encuentra facultado para
fijar y modificar las fechas de declaración y pago de los diversos impuestos y
establecer los procedimientos administrativos que juzgue mas adecuados a su
expedita y correcta percepción.
Cuando el plazo de declaración y pago de un impuesto venza en día feriado, en
día sábado o el día 31 de diciembre, este debe prorrogarse hasta el primer día hábil
siguiente.
Asimismo, el Presidente de la República se encuentra facultado, para ampliar
el plazo para la presentación de documentos y antecedentes de carácter tributario
exigidos por la ley o los reglamentos.
Cabe señalar, que esta facultad puede ser delegada en el Director del Servicio
de Impuestos Internos mediante decreto expedido a través del ministerio de
hacienda.

Christian Aste M.

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Obligaciones asociadas a las declaraciones tributarias:
Están obligados a atestiguar bajo juramento sobre los puntos contenidos en una
declaración, no sólo los contribuyentes y los que la firmaron, sino que también
los técnicos y asesores que intervinieron en su confección, o en la preparación de
ella o de sus antecedentes.
Tratándose de sociedades esta obligación recae, además, sobre los socios o
administradores que señale la dirección regional. Si se trata de sociedades
anónimas o en comandita, están obligados a prestar juramento su presidente,
vicepresidente, gerente, directores o socios gestores, que, según el caso, indique la
dirección regional.
Cabe tener presente la relación que existe entre esta norma y el articulo 100 del
C.T. De acuerdo a dicho artículo – 100 del Código Tributario – el contador que al
confeccionar o firmar cualquier declaración o balance o que como encargado
de la contabilidad de un contribuyente incurriere en falsedad o actos dolosos, será
sancionado con multa de una a diez unidades tributarias anuales y podrá ser
castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo, según la gravedad
de la infracción, a menos que le correspondiere una pena mayor como copartícipe
del delito del contribuyente, en cuyo caso se aplicara esta ultima. Además, debe
oficiarse al colegio de contadores para los efectos de las sanciones que procedan.
Salvo prueba en contrario, no se considera dolosa o maliciosa la intervención
del contador, si existe en los libros de contabilidad, o al termino de cada ejercicio,
la declaración firmada del contribuyente, dejando constancia de que los asientos
corresponden a datos que este ha proporcionado como fidedigno.
Secreto tributario
El director y demás funcionarios del servicio no sólo están impedidos de
divulgar el contenido de las declaraciones tributarias, sino que además obligados a
evitar que estas o sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos
tomados de ellas sean conocidos por personas ajenas al servicio.
La obligación anterior, sin embargo, no obsta al examen de las declaraciones
por los jueces o el otorgamiento de la información que estos soliciten sobre datos
contenidos en ellas, cuando dicho examen o información sea necesario para la
prosecución de los juicios sobre impuesto, sobre alimentos y en procesos por
delitos comunes, ni a la publicación de datos estadísticos en forma que no puedan
identificarse los informes, declaraciones o partidas respecto de cada contribuyente
en particular.

Christian Aste M.

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LIQUIDACION Y GIRO DE LOS IMPUESTOS
Concepto de Liquidación
Es acto administrativo en virtud del cual el S.I.I. determina un impuesto.
Es una actuación de la administración cuya finalidad es la de determinar
un impuesto en base a las declaraciones y antecedentes que presenta el
contribuyente o derivada de la facultad de esta para fiscalizar y aplicar los
impuestos con los antecedentes que obren en su poder.
La liquidación monetariza la obligación tributaria, es decir, hace liquida la
obligación.
Formalidades o requisitos
1.- Debe ser por escrito.
2.- Debe tener lugar y fecha cierta.
3.- Se le da un numero correlativo en las unidades de impuesto que dice
relación con el numero de orden.
4.- Debe individualizarse precisa y claramente al contribuyente con su R.U.T..
y domicilio.
5.- Se deben indicar los antecedentes de hechos precisos que sirvan de base a
la liquidación.
6.- Se debe indicar la base imponible o las partidas gravadas por la tasa del
impuesto.
7.- Se debe indicar el monto del impuesto.
8.- Debe ser firmada y timbrada por el fiscalizador correspondiente con el
visto bueno de su superior.
9.- La liquidación debe ser notificada legalmente. La regla general es que sea
por carta certificada en materia tributaria.
Funciones de la liquidación
Con la liquidación se termina el proceso de determinación
del impuesto y en ella se manifiesta la posición de la administración en cuanto al
verdadero monto del tributo.
Por lo tanto podemos señalar que la liquidación cumple los

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siguientes roles.
1.- Constituye la etapa final en el proceso de determinación de impuestos
efectuada por el S.I.I..
2.- Fija la pretensión de la administración respecto de la correcta
determinación y monto de un impuesto.
3.- Compete al contribuyente aceptar la determinación de la obligación o en
su defecto impugnarla mediante la deducción del reclamo respectivo.
Oportunidad en que debe practicarse la liquidación
1.- Cuando el contribuyente no concurre a la citación del artículo 63, o
concurriendo da una respuesta que es considerada insatisfactoria por la unidad de
fiscalziación.
La citación que refiere el artículo 63 del Código Tributario, es un trámite de
fiscalización de carácter facultativo, que asume el carácter de obligatorio en tres
casos.
a.- Cuando el servicio considera que la contabilidad y o respaldos
documentales del contribuyente no es fidedigna;
b.- Cuando el contribuyente no presenta su declaración tributaria, estando
obligado a hacerlo;
c.- Cuando deban separarse o prorratear diversos tipos de ingresos o de gastos
y el contribuyente no este obligado a llevar una contabilidad separada.
En los dos primeros casos - a y b -, si el contribuyente no comparece o comparece
dando una respuesta que se estima como insatisfactoria, se expone a que el
servicio lo liquide con los antecedentes que obran en su poder.
En el tercer caso – letra c – no hay una liquidación sino que un prorrateo
efecutado por el propio Servicio.
2.- Cuando producto de la revisión y examen de las declaraciones y antecedentes
producidos por el contribuyente se determina que este adeuda diferencias de
impuestos. En ese caso, el S.I.I. puede representar las diferencias a través de la
liquidación.
En efecto, el articulo 24 inciso 1º C.T., establece que los contribuyentes a los
cuales se les determinen diferencias de impuestos, el servicio les debe practicar
una liquidación en la que debe dejar constancia de las partidas no comprendidas
en su declaración o liquidación anterior. En la misma liquidación debe indicarse el
monto de los tributos adeudados y, cuando proceda, el monto de las multas en que
haya incurrido el contribuyente por atraso en presentar su declaración y los
reajustes e intereses por mora en el pago.

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Efectos de la liquidación cuando esta notificada legalmente
1.- Interrumpe el plazo de prescripción:
Articulo 201 Nº 2 C.T..: "En los mismos plazos señalados en el articulo 200, y
computados en la misma forma, prescribirá la acción del fisco para perseguir el
pago de los impuestos, intereses, sanciones y demás recargos.
Estos plazos de prescripción se interrumpirán:
liquidación."
2.- Empieza a correr el plazo para que el contribuyente reclame o se conforme con
la liquidación:
Articulo 124 inciso 3º C.T.: "El reclamo deberá interponerse en el termino fatal de
sesenta días, contado desde la notificación correspondiente. Con todo, dicho plazo
fatal se ampliara a un año cuando el contribuyente de conformidad con lo
dispuesto en el inciso tercero del articulo 24, pague la suma determinada por el
servicio dentro del plazo de sesenta días, contado desde la notificación
correspondiente."
Articulo 123 C.T.: "Se sujetaran al procedimiento del presente titulo todas las
reclamaciones por aplicación de las normas tributarias, con excepción de las
regidas expresamente por los títulos III y IV de este libro."
Articulo 124 inciso 1º C.T.: "Toda persona podrá reclamar de la totalidad o de
algunas de las partidas o elementos de una liquidación, giro, pago o resolución
que incida en el pago de un impuesto o en los elementos que sirvan de base para
determinarlo, siempre que invoque un interés actual comprometido. En los casos
en que hubiere liquidación y giro, no podrá reclamarse de este, salvo que dicho
giro no se conforme a la liquidación que le haya servido de antecedente. Habiendo
giro y pago, no podrá reclamarse de este ultimo, sino en cuanto no se conforme al
giro."
3.- La no presentación del reclamo dentro del plazo legal deja a firme la
liquidación y por consiguiente hace liquida la obligación tributaria.

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EL GIRO
Concepto
Es la orden competente para que el contribuyente ingrese en arcas fiscales
una cantidad determinada por impuestos.
Articulo 37 1ª parte C.T.: "Los impuestos deberán ser girados por el servicio
mediante roles u ordenes de ingreso, salvo los que deban pagarse por medio de
timbres, estampillas o papel sellado. El director dictara las normas administrativas
que estime más convenientes para el correcto y expedito giro de los impuestos."
En definitiva, es una orden competente que el S.I.I. extiende al
contribuyente para que ingrese en arcas fiscales un valor determinado por
concepto de impuestos, reajustes, intereses y multas.
Requisitos del giro
1.- Debe ser por escrito.
2.- Se debe señalar la fecha y el numero de orden.
3.- Debe hacer referencia al numero de liquidación que le sirve de antecedente.
4.- Debe señalar el tipo de impuesto de que se trata.
5.- Debe señalar el periodo tributario que comprende.
6.- Debe señalar las disposiciones legales que le sirven de fundamento.
7.- Debe señalar el plazo que el contribuyente tiene para pagar.
8.- El giro se debe notificar legalmente.
Efectos del giro notificado legalmente
1.- Interrumpe la prescripción del articulo 201 Nº 2 del C.T..
Articulo 201 Nº 2 C.T.: "En los mismos plazos señalados en el articulo 200, y
computados en la misma forma, prescribirá la acción del fisco para perseguir
el pago de los impuestos, intereses, sanciones y demás recargos.
liquidación."
2.- Permite efectuar el pago.
3.- Permite efectuar pagos parciales.
4.- Constituye un titulo ejecutivo para efectuar el cobro de los impuestos que
los contribuyentes no han pagado según el articulo 168 y siguientes del C.T.,
5.- Fija la suma adeudada por el contribuyente y se hace exigible vencido el
plazo para su pago.
Oportunidad en que pueden girarse los impuestos:
Dependiendo del hecho o circunstancia que hace procedente la emisión del
giro, será la oportunidad o momento en que el servicio debe o quede habilitado

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para practicar esta actuación la que además determinara el inicio del plazo de
prescripción.
Articulo 200 inciso 1º C.T.: "El servicio podrá liquidar un impuesto, revisar
cualquiera deficiencia en su liquidación y girar los impuestos a que hubiere lugar,
dentro del termino de tres años contado desde la expiración del plazo legal en que
debió efectuarse el pago."
El Servicio de Impuestos Internos, puede girarle al contribuyente los
impuestos, cuando concurran cualquiera de las circunstancias siguientes:
1.- Cuando exista una declaración o petición del contribuyente en la que se
establezca que éste adeuda impuestos.
2.- Cuando se trata de impuestos que la administración pueda girar de
inmediato. De acuerdo al art. 24 del C.T. la administración puede girar de
inmediato los impuestos en los siguientes casos:
a.- Cuando el contribuyente hubiere sido declarado en quiebra – sin perjuicio
de la verificación que deba hacer el Fisco -.
b.- Cuando se trata de impuestos de recargo, retención o traslación, que no
hayan sido declarados oportunamente, el servicio puede girar de inmediato y sin
otro tramite previo, los impuestos correspondientes sobre las sumas
contabilizadas.
c.- Cuando se trata de devoluciones o imputaciones de impuestos, el Servicio
se encuentra facultado para girar de inmediato las sumas devueltas o imputadas, si
se hubiere ejercido accional penal tributaria.
3.- Cuando el S.I.I. haya REALIZADO una liquidación de impuestos, y el
contribuyente no hubiere reclamado.
En efecto, salvo disposición en contrario, los impuestos liquidados que no son
reclamados, deben girarse transcurrido el plazo de sesenta días que existe para
reclamar.
Si el contribuyente hubiere deducido reclamo, los impuestos y multas
correspondientes a la parte reclamada de la liquidación deben girarse sólo una vez
que la dirección regional se haya pronunciado sobre el reclamo o deba éste
entenderse rechazado de conformidad al artículo 135 o en virtud de otras
disposiciones legales.
Para el giro de los impuestos y multas correspondientes a la parte no reclamada
de la liquidación, dichos impuestos y multas se establecerán provisionalmente con
prescindencia de las partidas o elementos de la liquidación que hubieren sido
objeto de la reclamación.

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Situaciones que puden distinguirse
1.- Giro de impuesto en base a una declaración o petición del
contribuyente.
2.- Giro de impuesto determinado por la administración.
3.- Giro de impuesto derivado de una liquidación de impuesto.
4.- Giro de impuesto emitido sin tramite previo.
1.- Giro de impuesto en base a una declaración o petición del contribuyente
Si el antecedente que sirve de base a la emisión del giro lo constituye una
declaración o petición del contribuyente y esta ha sido formulada con anterioridad
al vencimiento del plazo legal en que el tributo resultante debe ser pagado es
indudable que el S.I.I. debe emitir el giro antes de que se produzca tal
vencimiento.
Lo contrario, significaría tener que quedar afecto a los recargos legales por el
cumplimiento extemporáneo, en atención a que siendo el giro la orden competente
con la que el contribuyente puede enterar en arcas fiscales el monto del tributo
debe permitírsele hacerlo dentro del plazo.
Como está situación improbable sería injusta, la ley estableció que no procede
cobrar reajuste ni interés cuando el atraso es imputable al Servicio de Impuestos
Internos o a Tesorería.
2.- Giro de impuesto determinado por la administración
Tratándose de aquellos impuestos cuya determinación corresponde a la
administración con prescindencia del contribuyente entendiendo la determinación
como la realización de los actos y procedimientos destinados a precisar la
ocurrencia de un hecho gravado, persona respecto de la cual se produjo,
valorización de tal hecho y aplicación de la tasa entendiendo la determinación
como ocurre con el impuesto territorial la oportunidad en que se debe emitir el
giro es con anterioridad a la expiración del plazo legal en que debe efectuarse el
pago.
Con todo la administración puede emitir el giro dentro del plazo de tres años a
partir de esa fecha.
3.- Giro de impuesto derivado de una liquidación de impuesto.
La acción fiscalizadora del S.I.I. generalmente detecta diferencias de
impuestos, que culmina con la respectiva liquidación de impuestos, además
señalamos que la liquidación interrumpe la prescripción.
Formulada una liquidación corresponde precisar el momento en que el S.I.I..
queda inhabilitado para proceder al giro del impuesto para que el contribuyente
pueda enterar en arcas fiscales y que por otra parte determina el vencimiento del
plazo de tres años que tiene para hacerlo. a este respecto podemos distinguir las

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siguientes situaciones:
a.- Si el contribuyente no dedujere reclamación dentro del plazo fatal de
sesenta días hábiles contados desde la notificación de la liquidación una vez
transcurrido dicho termino el termino de tres años de que el S.I.I. dispone para
girar se inicia desde el momento en que la liquidación fue notificada al
contribuyente.
b.- Si el contribuyente hubiere formulado reclamo en contra de la liquidación
puede procederse al giro de los impuestos una vez que sobre el se pronuncie el
juez tributario. respecto del termino dentro del cual el S.I.I. debe emitir el giro es
de tres años computado de la siguiente manera:
Debe computarse el periodo comprendido entre la notificación de la
liquidación y la interposición del reclamo (momento en que se suspende el plazo
de prescripción) continuando con su cómputo una vez que se pronuncie el juez
tributario hasta completar los tres años.
Si el contribuyente reclamase y solicitase además la fijación de un plazo para
fallar, una vez transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado sentencia, el
contribuyente puede pedir se tenga por rechazado el reclamo, y apelar en el mismo
acto de dicha resolución.
Si así ocurriere, el plazo debe continuar corriendo desde la fecha que el tribunal
provea esta petición.
c.- Cabe por ultimo precisar la situación de la liquidación respecto de las cuales
se ha deducido un reclamo pero por alguna circunstancia sea esta de tiempo o de
alguna formalidad este reclamo se tiene por no presentado. En este evento se
estima que la sentencia interlocutoria que tiene por no presentado el reclamo,
produce los mismos efectos que la sentencia definitiva respecto de la oportunidad
en que el S.I.I.. debe emitir el giro, el cual esta señalado en la letra a, ya vista.
4.- Giro de impuesto emitido sin trámite previo
El articulo 24 del C.T. contempla tres situaciones en que el Servicio puede
girarle al contribuyente sin necesidad de un trámite previo (citación – liquidación).
Articulo 24 inciso 4º C.T.: "En los casos de impuestos de
recargo, retención o traslación, que no hayan sido
declarados oportunamente, el servicio podrá girar de
inmediato y sin otro tramite previo, los impuestos
correspondientes sobre las sumas contabilizadas; como
también por las cantidades que hubieren sido devueltas o
imputadas y en relación con las cuales se haya interpuesto
acción penal por delito tributario. En el caso de quiebra del
contribuyente, el servicio podrá, asimismo, girar de
inmediato y sin otro tramite previo, todos los impuestos
adeudados por el fallido, sin perjuicio de la verificación que

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deberá efectuar el fisco en conformidad con las normas
generales."
a.- Los impuestos de recargo, retención o traslación que no hayan sido
declarados oportunamente pueden girarse sin trámite previo, siempre que
se encuentren debidamente contabilizados.
b.- Las cantidades devueltas o imputadas y en relación con las cuales se ha
interpuesto acción penal por delito tributario.
Conforme la Circular N° 48 de fecha 21 de agosto de 1997, a la
liquidación o giro de las cantidades referidas debe aplicársele los reajustes
e intereses que establece el artículo 53 del Código Tributario y las
sanciones que previene el Artículo 97 Nº 11 del mismo Código.
c.- Todos los impuestos adeudados por el fallido.

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VIII.- INFRACCIONES TRIBUTARIAS
Concepto
Podemos conceptualizar a
las infracciones tributarias como aquellos
incumplimientos culposos o dolosos que se encuentran sancionados por la ley.
Los incumplimientos culposos constituyen infracciones administrativas, y los
dolosos: delito tributario.
Clasificación de las infracciones tributarias
I.- Atendiendo a la naturaleza de la sanción:
1.- Infracciones civiles
1.- Infracciones administrativas
1.- Infracciones penales

II.- Atendiendo a la persona que las cometen:
1.- Propias del contribuyente. (articulo 97 del C.T..).
2.- Del contador y o asesores (articulo 100 C.T..).
3.- La de los funcionarios del Servicio (articulo 101 C.T..).
4.- La de los otros funcionarios públicos (articulo 102 C.T..).
5.- La de los auxiliares de la administración de justicia que tienen la
calidad de ministros de fe. (artículos 103 al 109 C.T..)

I.- Desarrollo de la primera clasificación.
1.- Infracciones civiles
Es el retardo u omisión del pago de un tributo en que incurre el
contribuyente causando un daño al estado, lo que es sancionado con una sanción
civil.
La sanción civil es la indemnización de perjuicios que consiste en
intereses moratorios y multas (recargos que en forma fija o porcentual determina
la ley por la mora u omisión en el pago de un tributo).
De acuerdo al artículo 53 del Código Tributario, el no pago de los
impuestos dentro de los plazos legales, obliga pagar la suma debida con los
reajustes – variación I.P.C. – e intereses penales – 1.5% por mes o fracción de mes
de retardo -.
Aparte de los reajustes e intereses, el deudor tributario debe pagar

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una multa, si incurre en las siguientes infracciones tributarias:
1.- Si retarda u omite la presentación de la declaración que
constituya la base inmediata para la determinación o liquidación de sus impuestos
debe pagar una multa de un diez por ciento, calculada sobre los impuestos que
resulten de la liquidación.
En el caso que el retardo exceda el plazo de 5 meses, la multa
indicada se aumentará en un dos por ciento por cada mes o fracción de mes de
retardo, no pudiendo exceder el total de ella del treinta por ciento de los impuestos
adeudados.
Cuando la declaración no implique la obligación de efectuar un
pago inmediato, por estar cubierto el impuesto a juicio del contribuyente, la multa
que se debe aplicar es de una unidad tributaria mensual a una unidad tributaria
anual.
2.- Si retarda en enterar en Tesorería impuestos sujetos a retención
o recargo, la multa será de un diez por ciento de los impuestos adeudados. La
multa indicada se aumentará en un dos por ciento por cada mes o fracción de mes
de retardo, no pudiendo exceder el total de ella del treinta por ciento de los
impuestos adeudados.
De acuerdo al proyecto de reforma tributaria, aprobado
recientemente en el Congreso, si la omisión de la declaración o la diferencia en de
impuesto, hubiere sido detectada por el Servicio en un proceso de fiscalización, la
multa inicial será de un 20%, y su tope un 60%.
Características de las infracciones civiles
a.- Reemplaza la indemnización de perjuicios (los intereses y las
multas).
b.- Es un recargo de un monto fijo o porcentual.
c.- El acreedor no esta obligado a justificar los perjuicios.
d.- Es compatible con otras sanciones de tipo penal o administrativo.
e.- Su aplicación no esta sometida a procedimientos especiales sino
que a simples tramites: giro del servicio o cobro conjunto con el
impuesto por tesorería.
El Servicio de Impuestos Internos, mediante la Circular Nº 48, de
fecha 21.08.1997, estableció que en virtud de la modificación introducida por la
Ley Nº 19.5061, las multas expresadas en UTA o UTM deben determinarse según
su valor vigente al momento de dictarse la resolución que aplica la sanción,
evitándose de este modo la desvalorización que se producía bajo la anterior

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normativa, entre el momento de cometerse la infracción y la aplicación de la
sanción correspondiente.
2.- Infracciones administrativas
Es toda violación culpable de una obligación penada por la ley con
una sanción administrativa.
La sanción administrativa es aquella que persigue un interés
publico mediante la aplicación de una multa regulada según la gravedad de la
infracción y la calidad del infractor entre un mínimo y un máximo.
Características de las infracciones administrativas
a.- Revisten el carácter de un castigo.
b.- Admiten una graduación. Siempre existe un mínimo y un
máximo. La sanción debe aplicarse según su gravedad y la calidad
del infractor.
c.- Se aplican conforme a procedimientos administrativos. El procedimiento general para la aplicación de sanciones, que consulta el
artículo 161 y los procedimientos especiales del articulo 165.
Constituyen infracciones administrativas:
1.- Art. 97 Nº 1
"El retardo u omisión en la presentación de declaraciones,
informes, o solicitudes de inscripciones en roles o registros obligatorios, que no
constituyan la base inmediata para la determinación o liquidación de un impuesto
con multa de una unidad tributaria mensual a una unidad tributaria anual.
En caso de retardo u omisión en la presentación de
informes referidos a operaciones realizadas o antecedentes relacionados con
tercera personas, se aplicaran las multas contempladas en el inciso anterior. Sin
embargo, si requerido posteriormente bajo apercibimiento por el Servicio, el
contribuyente no da cumplimiento a estas obligaciones legales en el plazo de 30
días, se le aplicará además, una multa que será de hasta 0,2 Unidades Tributarias
Mensuales por cada mes o fracción de mes de atraso y por cada persona que se
haya omitido, o respecto de la cual se haya retardado la presentación respectiva.
Con todo, la multa máxima que corresponda aplicar no podrá exceder a 30
Unidades Tributarias Anuales, ya sea que el infractor se trate de un contribuyente
o de un Organismo de la Administración del Estado.
Ej. Inciso primero:

No declaración de iniciación de

actividades.
Ej. Inciso segundo: No entrega de antecedentes requeridos

Christian Aste M.
por el Servicio de Impuestos Internos, en base al artículo 60
Tributario1.

110
del Código

Requisitos del tipo contenido en el inciso primero:
a.- Que se retarde u omita la presentación de informes o
registros obligatorios;
b.- Que dichos antecedentes no constituyan la base
inmediata para la determinación o liquidación de un
impuesto.
Requisito del tipo contenido en el inciso segundo:
Que el ente requerido se retarde u omita la presentación de
informes referidos a operaciones realizadas o antecedentes relacionados con
tercera personas.
Si se le apercibe, y no da cumplimiento dentro del plazo de
30 días, existe un recargo de la multa igual a 0,2 Unidades Tributarias Mensuales
por cada mes o fracción de mes de atraso y por cada persona que se haya omitido,
o respecto de la cual se haya retardado la presentación respectiva.
TOPE: 30 U.T.A.
La Dirección Nacional del Servicio, mediante la Circular
N° 67 de fecha 05 de noviembre de 1998, señaló que este segundo tipo infractor,
agregado por la ley Nº 19.5782, se refiere a los informes que se encuentren
establecidos en diversas normas legales o reglamentarias, o que el Servicio
hubiere dispuesto mediante resoluciones.
Según la norma en comento, en el evento de que el
contribuyente no dé cumplimiento a la obligación de presentar el o los informes
mencionados dentro del plazo establecido en cada caso, deberá denunciarse la
infracción por retardo u omisión, y, además, el Servicio podrá requerirlo por
escrito, para que, dentro del plazo de 30 días hábiles, presente el informe omitido,
bajo apercibimiento de aplicarle las sanciones que el precepto establece. Dicho
emplazamiento podrá formularse en los siguientes términos: "Se requiere, bajo
apercibimiento de aplicarse la sanción prevista en el inciso segundo del Nº 1 del
1

El artículo 60 inciso penúltimo del Código Tributario, establece que: “Para la aplicación,
fiscalización o investigación del cumplimiento de las leyes tributarias, el Servicio podrá pedir
declaración jurada por escrito o citar a toda persona domiciliada dentro de la jurisdicción de la
oficina que la cite, para que concurra a declarar, bajo juramento, sobre hechos, datos o
antecedentes de cualquiera naturaleza relacionados con terceras personas...”.
2
La Ley Nº 19.578, publicada en el Diario Oficial de 29 de Julio de 1998, entre otras
modificaciones, agregó este nuevo inciso segundo al artículo 97 N° 1 del Código
Tributario.

Christian Aste M.

111

artículo 97º del Código Tributario, para que presente, dentro del plazo de 30 días
hábiles, los siguientes informes:".
Este requerimiento, de acuerdo a la Circular N° 67, debe
notificarse al contribuyente por carta certificada.
Para el cálculo de la multa deberá considerarse tanto el
tiempo de retardo, como el número de personas cuyos antecedentes se hayan
omitido o su presentación se haya retardado. Los meses o fracción de mes de
atraso a que se refiere la norma se contarán considerando que el primer día del
cómputo es el siguiente al vencimiento del plazo de 30 días hábiles dado en el
requerimiento y deben contarse hasta el día de la presentación del informe o hasta
el día en que se dicte la resolución que aplica la multa, si éste aún no se
hubiere presentado.
De consiguiente, conforme al nuevo inciso segundo del
número 1 del artículo 97º, la multa que en él se contempla se aplicará del siguiente
modo: a.- Debe determinarse la tasa de la sanción que se aplicará; b.- Debe
establecerse el número de personas omitidas o respecto de las cuales se retardó la
presentación respectiva; c.- Debe definirse el número de meses o fracción de mes
de retardo; y d.- Finalmente, procederse al cálculo de la sanción de acuerdo a la
siguiente fórmula:
Tasa determinada x Número de personas omitidas o
respecto de las cuales se retardó la presentación x Número de meses o fracción de
mes de retardo = Sanción que debe imponerse.
Así, por ejemplo, si un contribuyente incurre en un atraso
de 3 meses y 12 días en la presentación de un informe, en el que ha debido
colacionar antecedentes de 100 personas, y se resuelve imponerle una multa con
tasa de 0,15 U.T.M., la sanción que procederá aplicar será la siguiente:
Tasa determinada x Nº Personas x Meses de atraso =
0,15
x
100
x
4
= 60
U.T.M.
El Servicio estableció que la presentación de una
declaración incompleta en cuanto al número de personas que en ella debió
incluirse, da origen a la sanción que se analiza por cada persona que se haya
omitido. Tanto en este caso, como en aquellos en que no se presente la declaración
que se haya requerido bajo apercibimiento, la determinación del número de
personas omitidas para los efectos de la aplicación de la sanción correspondiente,
deberá establecerse por el fiscalizador, a través de una auditoria y consignarse en
la denuncia que al efecto se formule.
En lo relativo al procedimiento para aplicar esta nueva
sanción, el legislador ha resuelto, en atención a la mayor gravedad que le atribuye
a este nuevo tipo infraccional, someter su conocimiento y fallo al procedimiento
previsto en el artículo 165 Nº 2 del Código Tributario, y no al trámite para la

Christian Aste M.

112

aplicación de la infracción contemplada en el actual inciso primero del Nº 1 del
artículo 97 del citado cuerpo orgánico que se rige por el Nº 1 del artículo 165.
Jurisprudencia administrativa:
Según el oficio N° 120, de fecha 27 de abril de 1992, “No
procede aplicar multas a contribuyentes exentos del impuesto Global
Complementario que presenten con retraso su declaración anual”.
En efecto, según el oficio referido los contribuyentes cuyas
rentas no excedan del límite señalado exento se encuentran liberados de cumplir
con la obligación de declarar, por lo que es legalmente improcedente aplicarles la
multa que indica el Art. 97º Nº 1, del Código Tributario.
2.- 97 N° 2
“El retardo u omisión en la presentación de declaraciones o
informes, que constituyan la base inmediata para la determinación o liquidación
de un impuesto, con multa de diez por ciento de los impuestos que resulten de la
liquidación, siempre que dicho retardo u omisión no sea superior a 5 meses.
Pasado este plazo, la multa indicada se aumentará en un dos por ciento por cada
mes o fracción de mes de retardo, no pudiendo exceder el total de ella del treinta
por ciento de los impuestos adeudados.
Esta multa no se impondrá en aquellas situaciones en que
proceda también la aplicación de la multa por atraso en el pago, establecida en el
Nº 11 de este artículo y la declaración no haya podido efectuarse por tratarse de un
caso en que no se acepta la declaración sin el pago.
El retardo u omisión en la presentación de declaraciones
que no impliquen la obligación de efectuar un pago inmediato, por estar cubierto
el impuesto a juicio del contribuyente, pero que puedan constituir la base para
determinar o liquidar un impuesto, con multa de una unidad tributaria mensual a
una unidad tributaria anual”.
Requisitos del tipo:
a.- Que se retarde u omita la presentación de declaraciones
o informes; y
b.- Que dichas declaraciones o informes constituyan la base
para determinar o liquidar un impuesto.
Ej. No presentación de declaración formulario 22, sobre
impuesto a la renta.
Nº 9, de fecha 19.01.1988, estableció que a contar del 31 de diciembre de 1987,
las infracciones consistentes en el atraso en declarar los impuestos, cuando sea
también aplicable la multa por atraso en pagar y se trate de tributos que sólo

Christian Aste M.

113

pueden declararse y pagar simultáneamente y no se acepte la declaración sin el
pago, se sancionarán solamente con la multa establecida en el Nº 11 del artículo
97º del Código Tributario.
Jurisprudencia administrativa
Según el oficio Nº 5354, de fecha 11.09.1975, en el caso de
contribuyentes sometidos obligatoriamente al sistema de pagos provisionales
mensuales (PPM), que omitieren su declaración y pago oportuno, pero
solucionaren la totalidad de los impuestos anuales que les corresponda pagar, en el
momento de su declaración y pago anual, sólo cabe el giro de las multas, intereses
penales, reajustes y recargos que procedan.
Ello, por cuanto sería improcedente el giro de los
impuestos provisionales mensuales, dado que se ha cumplido con la obligación
tributaria anual, que es el objetivo que se persigue con los PPM. Por lo tanto,
corresponde aplicar el interés penal hasta la fecha en que se extinguió la
obligación anual. Igualmente, procede la aplicación de las multas establecidas en
el artículo 97º Nos. 2 y 11, del Código Tributario, por el retardo u omisión en la
presentación de declaraciones o informes que constituyan la base inmediata para
la determinación o liquidación de un impuesto y por el retardo de dichos pagos
provisionales, respectivamente.
Ello, sin perjuicio del reajuste del artículo 53º del Código
Tributario, correspondiente.
3.- Art. 97 Nº 3:
“La declaración incompleta o errónea, la omisión de
balances o documentos anexos a la declaración o a la presentación incompleta de
éstos que puedan inducir a una liquidación de un impuesto inferior al que
corresponda, a menos que el contribuyente pruebe haber empleado la debida
diligencia, con multa de cinco por ciento al veinte por ciento de las diferencias de
impuesto que resultaren”.
a.- Que la declaración se presente;
b.- Que dicha declaración sea incompleta o errónea; y
c.- Que la declaración induzca a una liquidación impositiva
inferior al que corresponda.
Aunque el Manual de Instrucciones del Servicio no aclara
mayormente el significado y aplicación de esta infracción, nos permitimos señalar
que su aplicación se limita a los casos en que la declaración que presenta el
contribuyente determina un impuesto inferior al que correspondía.
Por no estar mencionada entre las infracciones que se rigen
por el procedimiento especial del artículo 165º del Código Tributario, debe
concluirse que la infracción prevista en el Nº 3 del artículo 97º debe ceñirse al

Christian Aste M.

114

procedimiento general, contemplado en el artículo 161º del citado cuerpo legal, lo
que implica que es necesario levantar previamente Acta de Denuncio, dando
inicio a un procedimiento jurisdiccional, al término del cual, mediante la sentencia
que acoja la denuncia, recién se fijará la multa.
Esta conclusión concuerda con la contenida en la Circular
Nº 134, de fecha 27.12.60, que sobre el artículo 97º, Nº 3, expresa: "Con relación
a los impuestos de la Ley Nº 12.120 (hoy D.L.825), esta infracción sólo podrá
verificarse cuando, con motivo de revisiones que se practiquen a un determinado
contribuyente, se compruebe que ha sido culpa de éste el presentar declaraciones
erróneas o incompletas. En estos casos, deberá elevarse un acta de denuncio, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 161º del Código Tributario que trata de
procedimiento general para la aplicación de sanciones, y en la sentencia
condenatoria que al respecto se dicte, deberá dejarse expresa constancia de haber
existido culpa de parte del infractor".
4.- Art. 97 Nº6
"La no exhibición de libros de contabilidad o de libros
auxiliares y otros documentos exigidos por el Director 3 o el Director Regional de
acuerdo con las disposiciones legales, la oposición al examen de los mismos o a la
inspección de establecimientos de comercio, agrícolas, industriales o mineros, o el
acto de entrabar en cualquier forma la fiscalización ejercida en conformidad a la
ley, con multa de una unidad tributaria mensual a una unidad tributaria anual”.

a.- No exhibir los libros y documentos contables a los
fiscalizadores; u
b.- Oponerse a la fiscalización
EJ. Negativa del contribuyente a exhibir el contenido de
cajones, armarios, cajas de seguridad, kardex, etc. En la misma infracción incurren
los Bancos que se niegan o entraban el examen e investigación de las operaciones
de importación de clientes, efectuadas por su intermedio. Los responsables de esta
infracción serán los representantes legales de dichos Bancos.
Normas legales atingentes a este tipo infractor:
El artículo 95º del Código Tributario, en la parte final de su
inciso 1, indica que "procederá, además el apremio en los casos de las infracciones
señaladas en el Nº 7 del artículo 97º y también en todo caso en que el
contribuyente no exhiba sus libros o documentos de contabilidad o entrabe el
examen de los mismos", referencia esta última que, evidentemente, es la
infracción prevista y sancionada en el Nº 6 del artículo 97º.
3

Esta expresión fue agregada por la Ley Nº 19.506, publicada en el Diario Oficial de 30
de Julio de 1997, con el preciso objeto de incluir los libros de contabilidad y otros
documentos que exija la Dirección Nacional del Servicio, entre los presupuestos de los
hechos contravencionales previstos en este número.

Christian Aste M.

115

El D.L. Nº 825, sobre Impuesto a las Ventas y Servicios:
Dispone en su artículo 59º: "Los vendedores y prestadores de servicios afectos a
los impuestos de los Títulos II y III, con excepción de los que tributan de acuerdo
con el Párrafo 7 del Título II, deberán llevar los libros especiales que determine el
reglamento, y registrar en ellos todas sus operaciones de compras, ventas y
servicios utilizados y prestados. El reglamento señalará, además, las
especificaciones que deberán contener los libros mencionados".
Luego, en el artículo 62º, agrega: "Los libros exigidos en el
presente párrafo deberán ser mantenidos permanentemente en el negocio o
establecimiento, debiendo anotarse en ellos, día a día, las operaciones cuyo
registro se ordena en los artículos anteriores. El incumplimiento de lo dispuesto en
el inciso precedente hará incurrir al infractor en las sanciones contempladas en los
números 6 y 7 del artículo 97º del Código Tributario, sin necesidad de la
notificación previa exigida en la última de dichas disposiciones".
Por su parte, el Reglamento del citado D.L. Nº 825, indica
en su artículo 74º: "Los contribuyentes afectos a los impuestos de la ley, deberán
llevar un solo Libro de Compras y Ventas, en el cual registrarán día a día todas sus
operaciones de compras, de ventas, de importaciones, de exportaciones y de
prestaciones de servicios, incluyendo separadamente aquellas que recaigan sobre
bienes y servicios exentos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, los
vendedores y prestadores de servicios podrán llevar un número mayor de libros de
acuerdo a sus necesidades contables.
En igual forma, los vendedores y prestadores de servicios
al régimen de tributación simplificada para los pequeños contribuyentes,
establecido en el párrafo 7 del Título II de la ley, deberán llevar un libro foliado y
timbrado, legalmente, en el que diariamente registrarán todas sus operaciones en
forma global, incluyendo aquellas que recaigan sobre bienes exentos; no obstante,
para los efectos del crédito a que tienen derecho según el artículo 30º de la ley, las
compras y utilización de servicios deberán ser registradas en dicho libro con los
mismos datos que se describen en el artículo 75º de este Reglamento.
Los mencionados libros deberán ser mantenidos
permanentemente en el negocio o establecimiento; el incumplimiento de esta
obligación hará acreedor al infractor a las sanciones contempladas en los números,
6 y 7 del artículo 97º del Código Tributario".
El artículo 101º de la actual Ley de la Renta, que
contempla la obligación para ciertas personas de emitir informes obligatorios para
ser presentados al Servicio de Impuestos Internos, establece en su inciso último:
"Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, las mismas personas
obligadas a retener el impuesto de Segunda Categoría sobre las rentas gravadas en
el Nº 1 del artículo 42º, quedarán también obligadas a certificar por cada persona,
en la forma y oportunidad que determine la Dirección, el monto total de las rentas

Christian Aste M.

116

del citado Nº 1 del artículo 42º que se le hubiere pagado en el año calendario, los
descuentos que se hubieren hecho de dichas rentas por concepto de leyes sociales
y, separadamente, por concepto de impuestos de Segunda Categoría, y el número
de personas por las cuales se le pagó asignación familiar. Esta certificación se hará
sólo a petición del respectivo empleado, obrero o pensionado, para acompañarlo a
la declaración que exigen los números 3 y 5 del artículo 65º. El incumplimiento de
esta obligación, la omisión de certificar parte de las rentas o la certificación de
cantidades no descontadas por concepto de leyes sociales y/o de Impuestos de
Segunda Categoría se sancionará con la multa que se establece en el inciso
primero del Nº 6 del artículo 97º del Código Tributario, por cada infracción".

Christian Aste M.

117

5.- Art. 97 Nº 7
“El hecho de no llevar contabilidad o los libros auxiliares
exigidos por el Director o el Director Regional de acuerdo con las disposiciones
legales, o de mantenerlos atrasados, o de llevarlos en forma distinta a la ordenada
o autorizada por la ley, y siempre que no se dé cumplimiento a las obligaciones
respectivas dentro del plazo que señale el Servicio, que no podrá ser inferior a diez
días, con multa de una unidad tributaria mensual a una unidad tributaria anual”.
a.- No llevar contabilidad o documentos auxiliares; o
b.- Llevarlos atrasados o en forma distinta a la ordenada o
autorizada por la ley; y
c.- En ambos casos, no dar cumplimiento a la obligación
que le imponga el Servicio, en el plazo de 10 días.
En efecto, la infracción mencionada en el Nº 7 del citado
artículo 97º del Código Tributario no se configura por el
mero hecho de constatarla en primera instancia.
El Código ordena conceder un plazo mínimo de 10 días al
infractor, a fin de que subsane la omisión o irregularidad
respectiva. Vencido este plazo sin que se dé cumplimiento
a lo solicitado por el Servicio, se configura la infracción en
referencia.
Ej.: No llevar los libros de contabilidad, que ordenan los
artículos 16º y 17º del Código Tributario, y 68º de la Ley de la Renta. No llevar
los libros auxiliares ordenados en los artículos 59º del D.L. Nº 825, sobre
Impuesto al Valor Agregado, y 74º, de su Reglamento. No llevar los libros
especiales exigidos en el artículo 92º del Reglamento del D.L. Nº 825, para los
efectos del Impuesto adicional a las ventas e importaciones de bebidas
alcohólicas. No llevar el Libro Auxiliar de Remuneraciones. No llevar el libro
FUT. Llevar con atraso o en forma distinta los libros antes mencionados.
Advertimos que la no utilización de las cuentas especiales
ordenadas para el control del IVA puede sancionarse según el artículo 97º, Nº 7,
en atención a que la circular Nº 134, de 05-11-75, en su Nº 19, bajo el título
"Sanciones por no utilizar las cuentas especiales que señala el Reglamento",
expresa lo que sigue: "La no utilización de las cuentas especiales que señala el
artículo 99º del Reglamento del Impuesto a las Ventas y Servicios y cuyas
instrucciones se imparten en el punto 12 de la Circular Nº 38, de 26 de febrero de
1975, podrá sancionarse con las penas establecidas en el artículo 97º, Nº 7, del
Código Tributario”.
Es del caso advertir que de acuerdo a la actual Ley sobre
Impuesto a las Ventas y Servicios y a su respectivo Reglamento, las obligaciones
de abrir cuentas especiales en la contabilidad, para registrar los impuestos
recargados en las operaciones efectuadas y los consignados en las facturas
recibidas de los proveedores y prestadores de servicios, se encuentran contenidas
en el artículo 60º de la Ley y artículo 77º del citado Reglamento.

Christian Aste M.

118

6.- Art. 97 Nº 10
“El no otorgamiento de guías de despacho, de facturas,
notas de débito, notas de créditos o boletas en los casos y en la forma exigidos por
las leyes, el uso de boletas no autorizadas o de facturas, notas de débito, notas de
crédito o guías de despacho sin el timbre correspondiente, el fraccionamiento del
monto de las ventas o el de otras operaciones para eludir el otorgamiento de
boletas, con multa del 50% al 500% del monto de la operación, con un mínimo de
2 unidades tributarias mensuales y un máximo de 40 unidades tributarias anuales.
En el caso de las infracciones señaladas en el inciso 1º,
éstas deberán ser, además, sancionadas con clausura de hasta veinte días de la
oficina, estudio, establecimiento o sucursal en que se hubiere cometido la
infracción.
La reiteración de las infracciones señaladas en el inciso 1º
se sancionará además con presidio o relegación menor en su grado máximo. Para
estos efectos se entenderá que hay reiteración cuando se comentan dos o más
infracciones entre las cuales no medie un período superior a tres años.
Para los efectos de aplicar la clausura, el Servicio podrá
requerir el auxilio de la fuerza pública, la que será concedida sin ningún trámite
previo por el Cuerpo de Carabineros, pudiendo procederse con allanamiento y
descerrajamiento si fuere necesario. En todo caso, se pondrán sellos oficiales y
carteles en los establecimientos clausurados.
Cada sucursal se entenderá como establecimiento distinto
para los efectos de este número.
En los casos de clausura, el infractor deberá pagar a sus
dependientes las correspondientes remuneraciones mientras que dure aquélla. No
tendrán este derecho los dependientes que hubieren hecho incurrir al
contribuyente en la sanción.
a.- Encontrarse afecto a impuesto; y
b.- No otorgar documentos tributarios, u otorgarlos sin dar
cumplimiento a los requisitos exigidos por la ley.
Ej. No otorgamiento de guías de despacho, de facturas,
notas de débito, notas de crédito o boletas, en los casos en que la ley lo exige, o su
otorgamiento sin cumplir con algunos de los requisitos legales o reglamentarios.
El uso de boletas no autorizadas o de facturas, notas de débito, notas de crédito o
guías de despacho sin el timbre correspondiente. El fraccionamiento del monto de
las ventas o el de otras operaciones, para eludir el otorgamiento de boletas.
Infracción a las disposiciones señaladas en el artículo 55º, inciso tercero, del D.L.
Nº 825, relativas a la emisión de guías de despacho. Etc.

Christian Aste M.

119

Jurisprudencia administrativa:
- Según el Oficio Circular Nº 7366, de fecha 23 de
noviembre de 1978, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 55º, inciso 3º,
del D.L. Nº 825, en vigencia, las guías de despacho emitidas sin estar numeradas y
timbradas por el S.I.I., o sin cumplir con todos los demás requisitos señalados en
el artículo 70º del D.S. Nº 55, de 1977, Reglamento de la Ley sobre Impuesto a las
Ventas y Servicios, equivale al no otorgamiento de la correspondiente factura y
constituye la infracción que previene y sanciona el artículo 97º, Nº 10, del Código
Tributario, lo cual habilita a los Ministros de Fe para notificar la denuncia por no
otorgar la factura respectiva.
Lo anterior, atendido a que la guía de despacho que puede
justificar el no otorgamiento de la factura - reemplazándola temporalmente - sólo
es aquella que cumple con los requisitos aludidos, ya que la omisión de ellos trae
como consecuencia que ese documento no sea legalmente idóneo ni útil para
sustituir a la factura, y hace renacer, por lo tanto, la obligación de emitir y entregar
este último documento.
- Según el oficio Nº 7.305, de fecha 22.11.1978, la omisión
de la extensión de la boleta de venta por un retiro de mercaderías a que se refiere
el artículo 8º, letra d), del D.L. Nº 825, en vigencia, configura la infracción que
previene y sanciona el artículo 97º Nº 10 del Código Tributario.
Lo expuesto, en atención a que en los casos de retiros de
mercaderías que se consideran ventas, en conformidad con lo dispuesto en el
artículo 8º, letra d), del D.L. Nº 825, citado, el Impuesto al Valor Agregado
(I.V.A.) se devenga en el momento del retiro del bien respectivo y
simultáneamente nace la obligación de emitir la boleta de venta, al tenor de lo
señalado en los artículos 9º, letra e), y 55º, inciso 4º, ambos del Decreto Ley Nº
825, precitado.

Jurisprudencia Judicial:
- La Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha
20.07.1999, estableció que la circunstancia de que no se haya exhibido al
fiscalizador la factura que respaldaba el transporte de mercaderías el día en que se
cursó la denuncia, no configura la infracción prevista en el Nº 10 del artículo 97
del Código Tributario, por haberse desvirtuado el cargo con la agregación al
proceso de dicha factura.
Si bien se pudo cometer en la especie la infracción del Nº
17 del artículo 97 del citado Código –que sanciona el traslado de bienes
corporales muebles en vehículos destinados al transporte de carga sin la
correspondiente factura– no puede castigarse al reclamante por cargos que no
fueron formulados en la denuncia, y respecto de los cuales no tuvo, por tanto, la
oportunidad de defenderse. /Redacción del Ministro señor Cornelio Villarroel

Christian Aste M.

120

Ramírez. Dictada por los Ministros señores Carlos Cerda Fernández, Domingo
Kikisch Mourgues y Cornelio Villarroel Ramírez. JIM NEZ CARRASCO, Juan
Con SII RECLAMACION TRIBUTARIA. Rol Nº 794-96.
- La Corte de Apelaciones de San Miguel, con fecha
05.04.1999, estableció que “La conducción de mercaderías en camión con una
guía de despacho emitida dos días antes de la fiscalización, no es equiparable a la
figura delictiva del artículo 97, Nº 10 del Código Tributario, que castiga el no
otorgamiento de guía de despacho.
La analogía "in lam partem" sustentada por la parte
reclamada, consistente en equiparar un documento cuestionable por su fecha a uno
inexistente, resultó inadmisible para los sentenciadores.
En este procedimiento debe apreciarse la prueba conforme
a las normas de la sana crítica (sentencia de esta Corte, de 30 de mayo de 1994,
I.C. 633-92) y de acuerdo a ese mecanismo de apreciación probatoria la Corte
entiende que los antecedentes producidos con respecto a una avería sufrida por el
camión que transportaba la mercadería, en la localidad de Coelemu (documentos
de fs. 4, 28, 29 y 30), revisten suficiente mérito de convicción para explicar
razonable y verosímilmente la distancia temporal producida entre la fecha de
expedición de la guía de despacho y la fecha del control (dos días). Redacción del
Abogado Integrante señor Carlos Kunsemüller Loebenfelder. Pronunciada por los
Ministros señor Hernán Matus Valencia, señora Gabriela Hernández Guzmán y
Abogado Integrante señor Carlos Kunsemüller Loebenfelder. FORESTAL LEON
LIMITADA con SII. APELACION. Rol Nº 801-98.
- La Excma. Corte Suprema, con fecha 23.03.1998,
conociendo de la apelación interpuesta por un contribuyente en contra del fallo de
primera instancia recaído sobre una acción de protección incoada por el mismo
contribuyente, confirmó en todas sus partes los razonamientos de la Iltma. Corte
de Apelaciones de Santiago, que consideró que no es ilegal o arbitraria la
actuación del Servicio de Impuestos Internos que aplica la sanción de clausura
computando sólo los días en los cuales el contribuyente habitualmente desempeña
su actividad, y no considera los días en que el contribuyente no ejerce el comercio
o industria de su giro.
- La Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 5 de
enero de 1998, resolvió que la extensión de una factura sobre primera venta de un
vehículo importado, sin incluir en la base imponible los impuestos adicionales de
los artículos 43 bis y 46 del D.L. Nº 825, que deberían considerarse para el cálculo
del IVA, no tipifica la infracción de no otorgamiento de factura en la forma
exigida por las leyes (artículo 97, Nº 10 del Código Tributario), puesto que el
Reglamento del D.L. Nº 825 sólo prescribe que en las facturas debe indicarse
separadamente la cantidad recargada por concepto de impuesto, cuando proceda
(artículo 69), requisito que en la especie aparece cumplido. Redactada por la
Ministro señora Gabriela Pérez Paredes. Pronunciada por los Ministros señor
Sergio Valenzuela Patiño y señora Gabriela Pérez Paredes y Gloria Olivares
Godoy. CIDEF S.A. con SII. RECLAMACION TRIBUTARIA.

Christian Aste M.

121

- La Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 23 de
septiembre de 1997, revoca la sentencia del Juez Tributario de la Dirección
Regional Stgo. Centro, que había rechazado el reclamo en contra de una denuncia
en la que se le había imputado al contribuyente la infracción prevista en el Nº 10
del art. 97 del Código Tributario, basado en que no habría documentación legal
por honorarios por cheque protestado.
El contribuyente alegó que no correspondía emitir boleta
de honorarios por ser una empresa de cobranza que presta servicios a su
mandante, a quienes les emite boleta por el servicio prestado, de acuerdo al D.L.
825. El tribunal deniega el reclamo por estimar que la contribuyente estaba
obligada a emitir boleta de honorarios, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 88 del
Código Tributario y Resolución Nº Ex. 1414, de 1978.
Con fecha 23 de septiembre de 1997, la I. Corte de
Apelaciones de Santiago revoca la sentencia apelada y acoge el reclamo deducido.
Tiene presente, para ello, que la reclamante es una empresa dedicada a prestar
servicios de cobranza cuya actividad se clasifica en el art. 20 Nº 5 de la Primera
Categoría, no afectos a IVA y que la Resolución 1414, de 1978, no la alcanza, por
cuanto las únicas personas jurídicas obligadas a emitir boletas por dicha
resolución son las sociedades de profesionales que son exclusivamente sociedades
de personas que prestan servicios o asesorías profesionales por medio de sus
socios. Por lo tanto, la reclamante no estaba obligada a emitir boleta y, en
consecuencia, no ha cometido la infracción prevista en el Nº 10 del art. 97 del
Código Tributario. Redacción del Ministro señor Cornelio Villarroel Ramírez.
PRONUNCIADA POR LOS SEÑORES MINISTROS don Cornelio villarroel
Ramírez, ... Fernando Román Díaz, César Frigerio ... Autoriza doña Mercedes
Duarte Farías.
12.08.1997, la I. Corte de Apelaciones de Santiago revoca la sentencia dictada por
el Juez Tributario de la Dirección Regional Stgo. Centro, por resolución de 9 de
junio de 1997, que había rechazado el reclamo en contra de una denuncia en la
que se le imputa al contribuyente la infracción prevista en el Nº 10 del art. 97 del
Código Tributario, basada en que no habría documentación legal por traslado
interno de mercadería a la sucursal Coyhaique.
El reclamante alegó que si bien es cierto el chofer no
portaba guía de despacho, si llevaba las facturas de compra de las mercaderías que
portaba. El tribunal deniega el reclamo por cuanto las facturas que hace valer el
contribuyente amparan el traslado desde el domicilio de la empresa emisora al
domicilio en Santiago del reclamante, por lo que no podrían amparar el traslado
desde Santiago a Coyhaique.
Con fecha 12 de agosto de 1997, la I. Corte de Apelaciones
de Santiago revoca la sentencia apelada y acoge el reclamo deducido. Tiene
presente, para ello, que quien transportaba la mercadería era el propio dueño, lo
que se acreditó con la factura correspondiente, razón por la cual no se encuentra

Christian Aste M.

122

en la situación prevista en el art. 55 del D.L. 825. Pronunciada por los señores
Ministros don Humberto Espejo Zuñiga, María Morales Villagrán, Raimundo
Díaz.
- La Excma. Corte Suprema, con fecha 30.07.1997, acoge
el recurso de queja deducido por el reclamante y acoge la reclamación desechando
la denuncia.
El Juez Tributario de la Dirección Regional Stgo. Oriente
del S.I.I., por resolución de 6 de septiembre de 1994, rechaza el reclamo en contra
de una notificación de infracción en la que se le imputa al contribuyente la
infracción prevista en el Nº 10 del art. 97 del Código Tributario, consistente en la
no emisión de boleta por venta de consumos realizada por un motel. El reclamante
expresó que dada la modalidad de la operación a nivel nacional de este tipo de
establecimientos el cliente hace varios pedidos de consumo espaciados en el
tiempo los que son despachados a la misma mesa o habitación y después de haber
realizado todos los consumos pide la cuenta y se le entrega la boleta o factura.
Además, los clientes aún no habían terminado su estadía en el establecimiento.
Expresa el fallo que las alegaciones del reclamante sólo constituye una versión
distinta de los hechos denunciados, toda vez que no han sido acreditados y en
autos no rolan antecedentes que permitan presumir la veracidad de ellos, por lo
que se confirma la notificación de infracción.
Con fecha 5 de abril de 1995, la I. Corte de Apelaciones de
Santiago confirma el fallo apelado.
La Excma. Corte Suprema, con fecha 30 de julio de 1997,
acoge el recurso de queja deducido por el reclamante y acoge la reclamación
desechando la denuncia. Tiene presente para ello que se ha cometido falta o abuso
porque la conducta exigida por el S.I.I. es reñida con la costumbre mercantil
inveterada en nuestro país, consistente en que la boleta o factura se emite al
momento en que el cliente o consumidor se retira del establecimiento, de esta
forma se viola el art. 6 del Código de Comercio. Tal costumbre no se contradice
con lo dispuesto por el art. 55 del D.L. 825, que dispone que en los casos de
prestación de servicios, la factura deberá emitirse en el mismo período en que la
remuneración se perciba o se ponga, en cualquier forma a disposición del
prestador del servicio. En este caso es insostenible que por los consumos deba
emitirse documento tributario en el acto en que se efectuó la entrega real o
simbólica, por cuanto ello significaría que habría que dar un trato tributario
diferente en cada caso, ya se trate de hospedaje, ya de los consumos.
-La Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha
04.07.1996, rechazó el recurso de apelación interpuesto por el contribuyente en
contra del fallo dictado por el Tribunal Tributario, por que consideró que en el
caso en que una sociedad, con giro de fabricación y comercialización de artículos
de calzado, entregue esas mercaderías a uno de sus vendedores por medio de una
guía de despacho, cuyo detalle corresponde a mercadería en tránsito para posible
venta, para los efectos de comercializarla en determinadas Regiones del territorio
nacional, quien debía vender a comerciantes y no al detalle, si ese vendedor

Christian Aste M.

123

desobedece tales instrucciones, ya que es sorprendido por funcionarios
fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos vendiendo zapatos en la feria
libre de una ciudad del país, sin otorgar documento legal, procede confirmar la
resolución del Juez Tributario que ordenó el giro de la multa y decretó sanción de
clausura.
Lo expuesto, atendido a que la no emisión de boleta por
dichas ventas vulnera la obligación establecida en los Arts. 52º a 55º del D.L. Nº
825, sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, infracción sancionada en el Nº 10
del Art. 97º del Código Tributario, y teniendo presente, además, que de
conformidad a lo dispuesto en el Art. 2.320º del Código Civil, la sociedad
denunciada es responsable de los hechos de sus dependientes, como ocurre en el
caso de autos.
- La Excma. Corte Suprema, con fecha 04.06.1996, rechazó
el recurso de queja interpuesto en contra de la sentencia dictada por la Corte de
Arica, en consideración a que en los autos se acreditó la emisión de determinadas
facturas sin cumplir con los requisitos legales y reglamentarios vigentes. En
efecto, funcionarios fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos verificaron
que en ciertas facturas de ventas no estaban detalladas las mercaderías, el precio
unitario, cantidad y valor de las especies, hechos reconocidos por la propia
empresa recurrente, lo que constituye una vulneración a la obligación establecida
en los Arts. 52º a 55º del D.L. Nº 825, de 1974, la que se encuentra sancionada en
el Nº 10 del Art. 97º del Código Tributario, disposición que no sólo sanciona la no
emisión de documentos sino también su emisión, pero sin ajustarse a la forma
exigida por las leyes; conclusión que encuentra su natural correlación en lo
dispuesto en el Art. 71º bis, inciso segundo, del Reglamento del D.L. Nº 825, el
cual señala textualmente "La "emisión" de los documentos referidos en el inciso
anterior, sin cumplir con los requisitos establecidos en este Reglamento, o por la
Dirección del Servicio de Impuestos Internos, hará aplicable lo dispuesto en el Nº
5 del Articulo 23º del Decreto Ley Nº 825, de 1974, y las sanciones que
establecen el Nº 10 del Artículo 97º o el Artículo 109º del Código Tributario,
según corresponda."
Ahora bien, la expresión "según corresponda" que emplea
el Art. 71º bis del Reglamento, en su inciso segundo, está indicando que si la
emisión defectuosa contiene una sanción específica, como en la especie lo
prescribe el Art. 97º, Nº 10, del Código Tributario (multa y clausura), tal preciso
castigo es el aplicable, mientras que, por el contrario, si no hay especificación en
la sanción, procederá resolverla conforme a lo dispuesto en el Art. 109º del mismo
Código.
Como, en el presente caso, la Ley y el Reglamento
contienen específicamente la sanción que corresponde, la aplicación del Nº 10 del
Art. 97º, citado, aparece inevitable. En la especie, la Excma. Corte Suprema
declaró sin lugar el Recurso de Queja interpuesto por la sociedad recurrente, en
contra de los señores Ministros de la Iltma. Corte de Apelaciones de Arica, por
estimar que no existía falta o abuso susceptible de enmendarse por esta vía.

Christian Aste M.

124

La Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha
15.03.1996, estableció que en el caso en que a una empresa con giro comercial de
restaurante en una visita inspectiva practicada por funcionarios fiscalizadores del
Servicio de Impuestos Internos, es denunciada por la no emisión de boletas
correspondientes a ventas del ramo, por comparación entre los vales de la
máquina registradora del negocio por ventas efectuadas y las boletas otorgadas, es
dable concluir que tal diferencia debe atribuirse a ventas no documentadas, lo que
constituye una vulneración a la obligación establecida en los Arts. 52º a 55º del
D.L. Nº 825, sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, sancionada por el Nº 10 de
Art. 97º del Código Tributario, con multa del 50% al 500% del monto de la
operación con un mínimo de dos Unidades Tributarias Mensuales y un máximo de
cuarenta Unidades Tributarias Anuales y, además, con clausura de establecimiento
del infractor hasta por veinte días.
- La Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago con fecha
11.01.1996, estableció que en el caso que el contribuyente denunciado por
infracción a la obligación prevista en los Arts. 52º a 55º del D.L. Nº 825,
reconociere la infracción, pero la atribuyere a la acción de ex empleados o
exdependientes suyos, alegando en sus descargos la inimputabilidad de esos
hechos, procede confirmar la Resolución del Servicio de Impuestos Internos que
ordenó el giro de la multa y decretó la sanción de clausura, teniendo presente que
de conformidad a lo dispuesto en el Art. 2.320, incisos primero y quinto, del
Código Civil, toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones, sino
del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado. Así el empresario es
responsable de los actos de sus dependientes, como ocurre en el caso de autos.
- La Iltma. Corte de Santiago, con fecha 19.12.1995,
resolvió que en los casos que las mercaderías extranjeras que se importan al país
sean trasladadas a un local comercial del importador, su posterior traslado desde
ese local comercial al domicilio particular del propio importador, sin respaldo de
documentación legal alguna, constituye una vulneración a la obligación
establecida en los Arts. 52º a 55º del D.L. Nº 825, sobre Impuestos a las Ventas y
Servicios, sancionada por el Nº 10 del Art. 97º del Código Tributario.
- La Excma. C. Suprema, con fecha 27.11.1995, resolvió
que la norma contenida en el Nº 10º del Art. 97º del Código Tributario sanciona la
falta de otorgamiento de documentos tales como boletas o guías de despacho en
los casos y en la forma exigidos por la Ley; en consecuencia, debe entenderse que
la infracción puede consistir no sólo en la omisión del documento sino en su
otorgamiento defectuoso, bastando para constituirla la circunstancia de omitirse,
por ejemplo, el número de RUT o el domicilio del comprador, o datar
erróneamente el documento, tal como en la especie ha ocurrido.
- La Iltma. Corte de Apelaciones de Arica, con fecha
13.07.1995, estableció que en el caso en que a una empresa con giro comercial de
importaciones al practicársele una auditoria a los registros contables por
funcionarios fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos, y posteriormente
inventario de sus existencias de mercaderías, se le detecta un faltante de
inventario, por comparación entre sus facturas de compras e inventario, es dable

Christian Aste M.

125

concluir que dicho faltante corresponde a ventas no documentadas, lo que hace
incurrir al contribuyente infractor en las sanciones que establece el Art. 97º, Nº 10,
del Código Tributario, ya que vulnera lo dispuesto en el Art. 52º y siguientes del
D.L. Nº 825, sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, en concordancia con el Art.
68º del decreto Supremo Nº 55, de 1977, de Hacienda, reglamentario de la citada
ley.
resolvió que la corrección de la fecha en la guía de despacho a que se refiere el
reclamo no puede estimarse en la especie, constitutiva de la infracción tipificada
en el artículo 97 Nº 10 del Código Tributario, disposición legal que sanciona el no
otorgamiento de dicho documento en la forma señalada en la ley y no la
corrección de un simple error de referencia en cuanto a la fecha del mismo sin que
exista antecedente que tal enmendadura la haya efectuado el contribuyente con
intención maliciosa.
27.10.1994, resolvió que en el caso de traslado de una partida de madera efectuada
por una sociedad contribuyente con giro comercial en elaboración y
comercialización de madera, desde su barraca ubicada en una determinada
localidad a otro punto del país, el otorgamiento de una guía de despacho sin
indicar la sucursal de origen de la carga y emitida con fecha extemporánea,
constituye una vulneración a la obligación establecida en los Arts. 52º a 55º del
D.L. Nº 825, sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, sancionada por el Nº 10 del
Art. 97º del Código Tributario, con una multa de 50% al 500% del monto de la
operación, con un mínimo de dos unidades tributarias mensuales y un máximo de
cuarenta unidades tributarias anuales y, además, con clausura del establecimiento
infractor, hasta por veinte días.
30.09.1994, resolvió que en el caso de traslado de bienes corporales muebles o
materiales, de bodega a bodega, efectuado por una sociedad contribuyente con
giro comercial de Ingeniería y Construcciones, que no importen ventas, el
otorgamiento de una guía de despacho sin indicar el día de su emisión constituye
una vulneración a la obligación establecida en los Arts. 52º a 55º del D.L. Nº 825,
sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, en relación con lo dispuesto en el Art.
70º de su Reglamento, contenido en el D.S. Nº 55, de 1977, de Hacienda, en el
sentido que la guía de despacho debe cumplir, entre otros requisitos, con el de
contener la fecha, la cual debe corresponder a la del envío de las especies,
infracción sancionada por el Nº 10 del art. 97º del Código Tributario, con una
multa del 50% al 500% del monto de la operación, con un mínimo de dos
unidades tributarias mensuales y un máximo de cuarenta unidades tributarias
anuales y, además, con clausura del establecimiento infractor, hasta por veinte
días.
- La Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco, con fecha
22.10.1979, resolvió que procede desechar el recurso de protección que
interponga un contribuyente en contra de la resolución del Servicio de Impuestos
Internos que denegó la reclamación interpuesta en contra de un denuncio por

Christian Aste M.

126

infracción al artículo 97º Nº 10 del Código Tributario, en razón de no haber
entregado al comprador la correspondiente boleta de compraventa, por carecer
dicho recurso de todo asidero jurídico, ya que lo que se pretende con el desnaturalizándolo- es revisar a través de una resolución contenciosaadministrativa que, después de terminado el procedimiento quedó ejecutoriada.
Aun cuando lo expuesto basta para el rechazo del recurso, a igual resultado habría
que llegar si se acepta incluso la alegación del reclamante, de que extendió
oportunamente la boleta y que el comprador no la recibió en ese momento,
aduciendo que regresaría de inmediato a efectuar una mayor compra, toda vez que
la infracción se habría producido de igual forma, ya que emitir, que es el verbo
rector en el texto que describe la obligación, no sólo importa el deber de extender
o escribir el pertinente documento, sino también, de acuerdo al léxico y a la lógica
natural de este quehacer, la de entregarlo o ponerlo en manos del consumidor,
como claramente se desprende del artículo 52º y siguientes del D.L. Nº 825, en el
momento de la entrega real o simbólica de las especies, y no después, bajo
condiciones o sujeta a problemas particulares del comprador, cualesquiera que
éstos sean. "Emitir" es extender y entregar, o dar junto al intercambio, en las
prestaciones de las partes, y no solamente escribir y guardar la boleta hasta cuando
el comprador quiera tomarla y retirarla.
- La Iltma. Corte de Apelaciones de Iquique, con fecha
19.03.1965, resolvió que procede aplicar la sanción contemplada en el artículo
97º, Nº 10, del Código Tributario, sanción que consiste en una multa determinada,
a un comerciante que omitió indicar en las boletas de compraventa la naturaleza
de la mercadería vendida, por cuanto los requisitos que la Ley de Impuesto a las
Compraventas establece para el otorgamiento de las boletas de que trata, tienen
por objeto el debido resguardo de los intereses fiscales.
La exigencia relativa a la "naturaleza de la operación", de
que deben dar cuenta dichos documentos, no pueden entenderse limitada a
expresar si la operación constituye compraventa u otra convención afecta al
tributo, particularmente si el establecimiento comercial gira en el rubro de dos
tipos de mercaderías, afectas a tasas diferentes de impuesto.
8.- Art. 97 Nº 11
“El retardo en enterar en Tesorería impuestos sujetos a
retención o recargo, con multa de un diez por ciento de los impuestos adeudados.
La multa indicada se aumentará en un dos por ciento por cada mes o fracción de
mes de retardo, no pudiendo exceder el total de ella del treinta por ciento de los
impuestos adeudados”.
Debe tenerse presente que, para que se configure esta
infracción basta con el mero retardo, aunque no sea culpable o doloso, es decir,
basta con que el pago se haga fuera del plazo legal o reglamentario
correspondiente. Ejemplos de impuestos sujetos a retención son los del artículo
20º Nº 2 y art. 42º Nº 1, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, y ejemplos de
impuestos sujetos a recargo son los impuestos a las ventas y servicios.
Sobre el particular, cabe aclarar que no procede aplicar la

Christian Aste M.

127

multa que señala el Nº 11 del artículo 97º. por atraso en el pago de impuestos
municipales o de tributos con destino específico, en razón a que de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1º del Código Tributario, las normas tributarias se
aplican sólo a los tributos fiscales internos.
a.- Pagar a Tesorería con retraso;
b.- Impuestos sujetos a retención o recargo. Se discute si el
I.V.A. es un impuesto de retención o de recargo en todas su fases, o sólo en el
débito. Nosotros creemos que es un impuesto de recargo en el débito no en el
crédito, pues en el crédito el Impuesto no se recarga se soporta.
El proyecto de Reforma Tributaria aprobado recientemente
en el Congreso, agrega al inciso final del artículo 97 N° 11 lo siguiente:
"En los casos en que la omisión de la declaración o “en
todo o en parte de los impuestos que se encuentren retenidos o recargados haya
sido detectada”4 por el Servicio en procesos de fiscalización, la multa prevista en
este número y su límite máximo, serán de veinte y sesenta por ciento,
respectivamente.".
2.- En el inciso final que se propone agregar en el número 11º, ha por la siguiente:
9.- Art. 97 Nº 15:
15º.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
establecidas en los artículos 34º y 60º, inciso penúltimo, con una multa del veinte
por ciento al cien por ciento de una unidad tributaria anual."
a.- No asistir a una citación del S.I.I.; y
b.- Que la citación se funde en el artículo 34 o 60 inciso
penúltimo del Código Tributario.
Art. 34: “Están obligados a atestiguar bajo juramento sobre
los puntos contenidos en una declaración, los contribuyentes, los que las hayan
firmado y los técnicos y asesores que hayan intervenido en su confección o en la
preparación de ella o de sus antecedentes, siempre que el Servicio lo requiera,
dentro de los plazos de prescripción. Tratándose de sociedades esta obligación
recaerá, además, sobre los socios o administradores que señale la Dirección
Regional. Si se trata de sociedades anónimas o en comandita, están obligados a
prestar ese juramento su presidente, vicepresidente, gerente, directores o socios
gestores, que, según el caso, indique la Dirección Regional.
Art. 60 inciso penúltimo: “Para la aplicación, fiscalización
4

En el proyecto primitivo se expresaba: “En los casos en que la omisión de la
declaración o las diferencias de impuestos hayan sido detectadas por el Servicio en
procesos de fiscalización, la multa prevista en este número y su límite máximo, serán de
veinte y sesenta por ciento, respectivamente.".

Christian Aste M.

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o investigación del cumplimiento de las leyes tributarias, el Servicio podrá pedir
declaración jurada por escrito o citar a toda persona domiciliada dentro de la
jurisdicción de la oficina que la cite, para que concurra a declarar, bajo juramento,
sobre hechos, datos o antecedentes de cualquiera naturaleza relacionados con
terceras personas. Estarán exceptuados de estas obligaciones, salvo en los casos de
sucesión por causa de muerte o comunidades en que sean comuneros los parientes,
el cónyuge, los parientes por consanguinidad en la línea recta o dentro del cuarto
grado de la colateral, el adoptante, el adoptado, los parientes por afinidad en la
línea recta o dentro del segundo grado de la colateral de dichos terceros. Además,
estarán exceptuados de estas obligaciones las personas obligadas a guardar secreto
profesional”.
9.- Art. 97 Nº 16:
“La pérdida o inutilización de los libros de contabilidad o
documentos que sirvan para acreditar las anotaciones contables o que estén
relacionados con las actividades afectas a cualquier impuesto, con multa de hasta
el 20% del capital efectivo con un tope de 30 unidades tributarias anuales, a
menos que la pérdida o inutilización sea calificada de fortuita por el Director
Regional.
Los contribuyentes deberán en todos los casos de pérdida o
inutilización: a) Dar aviso al Servicio dentro de los 10 días siguientes, y b)
Reconstituir la contabilidad dentro del plazo y conforme a las normas que fije el
Servicio, plazo que no podrá ser inferior a treinta días.
El incumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior se
sancionará con una multa de hasta diez unidades tributarias mensuales. Sin
embargo no se considerará fortuita, salvo prueba en contrario, la pérdida o
inutilización de los libros de contabilidad o documentos mencionados en el inciso
primero, cuando se dé aviso de este hecho o se detecte con posterioridad a una
citación, notificación o cualquier otro requerimiento del Servicio que diga relación
con dichos libros y documentación.
En todo caso, la pérdida o inutilización de los libros de
contabilidad suspenderá la prescripción establecida en el artículo 200, hasta la
fecha en que los libros legalmente reconstituidos queden a disposición del
Servicio.
Para los efectos previstos en el inciso primero de este
número se entenderá por capital efectivo el definido en el artículo 2º, Nº 5, de la
Ley de Impuesto a la Renta.
En aquellos casos en que, debido a la imposibilidad de
determinar el capital efectivo, no sea posible aplicar la sanción señalada en el
inciso primero, se sancionará dicha pérdida o inutilización con una multa de hasta
30 unidades tributarias anuales.
Requisitos del tipo contenido en el inciso primero:

Christian Aste M.

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a.- Que se produzca la pérdida o inutilización de los libros
de contabilidad o documentos que sirvan para acreditar las anotaciones contables
o que estén relacionados con las actividades afectas a cualquier impuesto.
b.- Que la pérdida no sea calificada como fortuita.
Se presume que la pérdida no es fortuita, si el aviso se da
con posterioridad a una citación, notificación o cualquier otro requerimiento del
Servicio que diga relación con dichos libros y documentación.
Requisitos del tipo contenido en el inciso segundo
a.- La omisión de avisar al Servicio en el plazo de 10 días;
y
b.- La omisión de reconstituir la contabilidad en los plazos
y en la forma que disponga la Dirección Regional.
De verificarse las omisiones anotadas, aún cuando la
pérdida o inutilización haya sido considerada fortuita, debe aplicarse la sanción de
multa de hasta 10 Unidades Tributarias Mensuales, respecto de cada una de
aquellas contravenciones.

La Dirección Nacional del Servicio, mediante la Res. N°
109 Ex., resolvió que todo contribuyente que extravíe o le sean robados o hurtados
talonarios completos o parciales de facturas, notas de débitos notas de créditos,
autorizadas legalmente y sin utilizar, estará obligado a dar cuenta por escrito de
este hecho a la Inspección de Impuestos Internos que corresponda, dentro del
plazo de 48 horas establecido en el Nº 16º, letra a), del artículo 97º, del Código
Tributario (Actualmente diez días).
Los contribuyentes que se encuentren en la situación
señalada en el número anterior deberán, además, ordenar la publicación por tres
días consecutivos de un aviso que describa ese hecho, en un diario de circulación
nacional. Las páginas del diario donde aparezcan dichas publicaciones serán
presentadas en la misma Inspección de Impuestos Internos donde dio cuenta del
extravío, robo o hurto. Los referidos avisos deberán contener, a lo menos, los
siguientes datos: a) Nombre completo o razón social del contribuyente, según sea
el caso. b) Domicilio completo (ciudad, calle Nº, oficina/Depto. Nº, etc.). c)
R.U.N. o R.U.T. d) Números y series de los documentos. e) Indicar si se trata de
extravío, robo o hurto.
Según ordena esta Resolución, el Servicio de Impuestos
Internos no autorizará el timbraje de nuevos talonarios de facturas, notas de
créditos o notas de débitos, mientras el afectado no complete los trámites
indicados en los números 1 y 2 de esta Resolución.

Christian Aste M.

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Jurisprudencia Administrativa
- La Dirección Nacional del Servicio de Impuestos
Internos, mediante oficio N° 6365, de fecha 21 de noviembre de 1977, estableció
que: “La pérdida o inutilización de los libros de contabilidad y/o documentación
relacionada con las actividades afectas a cualquier impuesto configuran
infracciones que sanciona el artículo 97º, Nº 16, del Código Tributario, a menos
que el contribuyente dé aviso oportuno al Servicio y reconstituya la contabilidad
dentro del plazo y conforme a las normas que fije el Servicio, plazo que no podrá
ser inferior a treinta días, el cual deberá ser determinado para cada caso de
acuerdo a las circunstancias.
Para configurar la infracción que sanciona, la referida
disposición legal no exige que la pérdida o inutilización sea imputable al
contribuyente, por lo cual se infiere que dicha norma es aplicable en el evento en
que, habiendo el Servicio solicitado los libros de contabilidad de un contribuyente,
para los efectos de ser revisados en la misma oficina, tales documentos hayan sido
extraviados estando ya en poder del funcionario que los requirió.
En el caso de haberse practicado y notificado una citación
al contribuyente y su contestación hiciere imprescindible recurrir a las anotaciones
registradas en la contabilidad extraviada en las circunstancias anotadas, de
acuerdo con lo preceptuado en los artículos 63º y 97º, Nº 16, del Código
Tributario, el plazo de que dispone el contribuyente para dar respuesta a la
citación comenzará a correr desde el momento en que se reconstituya la
contabilidad, siempre que ello ocurra dentro del plazo y conforme a las normas
que fije el Servicio, o desde el vencimiento de aquél si tal reconstitución no se
hiciere en los términos señalados.
Lo dicho se aviene, además, con lo dispuesto en el inciso 2º
del Nº 16 del artículo 97º, citado, conforme al cual la pérdida de que se trata
suspende el plazo que tiene el Servicio para liquidar un impuesto, revisar
cualquier deficiencia en la liquidación del mismo y girar los impuestos que
procedieren”.
El solo cumplimiento de los requisitos contemplados en las
letras a) y b) del artículo 97 Nº 16 del Código Tributario no obliga a pronunciarse
favorablemente en la calificación de la pérdida de la factura.

Jurisprudencia Judicial
- La Excma. Corte Suprema con fecha 25 de junio de 1998,
conociendo del recurso de casación en el fondo, Rol 1.403-1998 (Iquique), y con
los votos de los Ministros señores Osvaldo Faúndez V., Ricardo Gálvez B.,
Orlando Alvarez H. y los Abogados Integrantes señores Arturo Montes R. y José
Bernales, resolvió que:

Christian Aste M.

131

“El artículo 97 Nº 16 sanciona la pérdida o destrucción de
otro documento relacionado con las actividades afectas a cualquier impuesto, a
menos que el Director Regional califique de fortuita la pérdida o inutilización y
que, además, el contribuyente cumpla con los requisitos de denuncia y publicidad
que la disposición establece. Así entonces, puede observarse que la ley faculta al
Director Regional para calificar la pérdida como fortuita o no; y para tal cometido,
lo dota de poder discrecional, en la medida que sólo le prohíbe declarar fortuitas
las pérdidas a que se refiere el inciso segundo en las condiciones que allí señala –,
y en cuanto no establece cuáles son los elementos de juicio para concluir en la
fortuidad, ni la oportunidad o medios para acreditarla.
Por lo tanto, el solo cumplimiento de los requisitos
contemplados en las letras a) y b) del citado artículo 97 Nº 16, no obliga al
Director Regional a pronunciarse favorablemente en la calificación de la pérdida,
ni tampoco cuando resuelve el reclamo contemplado en el Nº 3 del artículo 165
del Código Tributario, pues en ambos casos la ley lo faculta para apreciar dicha
circunstancia con arreglo a la prudencia. La misma atribución tiene la Corte
cuando conoce de la apelación que se deduce contra el fallo del Director
Regional”.
El mérito anterior, le permitió a la Corte Suprema concluir
que: “a los jueces les corresponde apreciar soberanamente si las circunstancias de
la pérdida o inutilización permiten o no calificarla de fortuita; que en tal
determinación, no constituye imposición el cumplimiento de los restantes deberes
del contribuyente; y que, para efectos de la calificación, tales jueces pueden
fundarse en los antecedentes que les parezcan pertinentes, con prescindencia
incluso de considerar qué parte los aportó al proceso, toda vez que en esta materia
la ley no contempla normas reguladoras de la prueba”.
En consecuencia, resolvió que la calificación que había
hecho la Corte de Alzada no podía ser fiscalizada por la Corte Suprema, puesto
que la inexistencia de parámetros valorativos legales impide examinar si han
existido, o no, errores de derecho.
- La Corte de Apelaciones, con fecha 29.06.2000, resolvió
que el artículo 97, Nº 16 del Código Tributario, que sanciona con multa la pérdida
de documentos contables o que tengan relación con impuestos, es doblemente
objetable en el ámbito de los principios constitucionales: de una parte, en cuanto
carece de un verbo rector de la conducta que sanciona, pues se refiere al mero
hecho de la "pérdida", y no a un quehacer, con lo cual contraviene la exigencia
final del Nº 3º del artículo 19 de la Constitución Política, conforme al cual
ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta correspondiente esté
expresamente descrita en ella.
De otra parte, la interpretación de la autoridad tributaria en
el sentido de obligar al contribuyente a probar que la pérdida ha sido fortuita,
infringe el inciso penúltimo del acápite tercero del citado precepto constitucional,
que prohíbe al legislador presumir de derecho la responsabilidad penal. Redacción
del Ministro señor Carlos Cerda Fernández. Regístrese y devuélvase. Pronunciada

Christian Aste M.

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por los Ministros señores Cerda, Villarroel y Solís. AGRICOLA SUNBERRY
LIMITADA con SII. APELACION. Rol Nº 700-98 (Santiago).
- La Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, resolvió con
fecha 30.05.2000 que no es posible interpretar la norma del artículo 97, Nº 16 del
Código Tributario, de manera tal que el solo hecho de la pérdida de los
documentos contables allí referidos pueda ser considerada dolosa o culpable. No
es dable a la ley presumir la responsabilidad ni la culpabilidad de los actos que
llevan a cabo las personas, según principio recogido en el apartado 3º del artículo
19 de la Constitución Política.
- La Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, resolvió que
no es sancionable la pérdida de los libros de contabilidad, autodenunciada por el
contribuyente dentro de plazo y calificada como tal por el Director Regional del
S.I.I.
- La Iltma. Corte de Apelaciones Santiago, con fecha 14 de
enero de 1999, resolvió que la pérdida temporal de facturas, encontradas varios
años después, sin haber sido utilizadas en operación alguna, debe entenderse
fortuita, por haber cumplido el contribuyente con la operación de dar cuenta del
hecho dentro de plazo y sin perjuicio fiscal.
resolvió que las guías de despacho no tienen por objeto documentar la venta de las
especies –que es el hecho gravado– sino la entrega o retiro de las mismas, que en
su caso puede o no corresponder a una operación afecta, en consecuencia, no
puede sostenerse que las guías de despacho sean instrumentos que sirvan de base a
la contabilidad del contribuyente. De lo anterior se infiere que el extravío de una
guía no configura la infracción del art. 97 Nº 16 del C.T.
- La Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, con fecha
02.07.1998, resolvió que no es impedimento para calificar como fortuita la
pérdida, si el contribuyente no hizo las publicaciones que ordena al efecto una
resolución del Servicio, ya que este requisito no se encuentra establecido por la
ley, sino en una instrucción que sólo tiene fuerza obligatoria interna.
- La Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha
09.06.1993, resolvió que es negligente y por lo tanto no fortuita, la conducta del
contribuyente de mantener un talonario de facturas dentro de un vehículo
estacionado durante la noche en el interior de su domicilio.

10.- Art. 97 Nº 17:
“La movilización o traslado de bienes corporales muebles
realizado en vehículos destinados al transporte de carga sin la correspondiente
guía de despacho o factura, otorgadas en la forma exigida por las leyes, será
sancionado con una multa del 10 por ciento al 200 por ciento de una unidad

Christian Aste M.

133

tributaria anual.
Sorprendida la infracción, el vehículo no podrá continuar
hacia el lugar de destino mientras no se exhiba la guía de despacho o factura
correspondiente a la carga movilizada, pudiendo, en todo caso, regresar a su lugar
de origen. Esta sanción se hará efectiva con la sola notificación del acta de
denuncio y en su contra no procederá recurso alguno.
Para llevar a efecto la medida de que trata el inciso
anterior, el funcionario encargado de la diligencia podrá recurrir al auxilio de la
fuerza pública, la que le será concedida por el Jefe de Carabineros más inmediato
sin más trámite, pudiendo procederse con allanamiento y descerrajamiento si fuere
necesario.
a.- Estar afecto a I.V.A.; y
b.- Trasladar bienes corporales muebles; sin guía de despacho o factura.
Es oportuno señalar que el artículo 55º del D.L. Nº 825, se
refiere a la obligación de emitir guías de despacho y a la obligación de exhibirlas
durante el traslado de los bienes, aunque el traslado no importe venta.
En efecto, el inciso final del artículo mencionado indica
que: "La guía de despacho a que se refiere el inciso tercero, o la factura o boleta
respectiva, deberá exhibirse a requerimiento del Servicio de Impuestos Internos,
durante el traslado de especies afectas al Impuesto al Valor Agregado, realizado
en vehículos destinados al transporte de carga. Para estos efectos, el vendedor o
prestador de servicios deberá emitir guías de despacho también cuando efectúe
traslados de bienes corporales muebles que no importen ventas. La no emisión de
guías de despacho oportunamente, será sancionada en la forma prevista en el Nº
10 del Art. 97º, del Código Tributario, siendo responsable solidario quien
transporte las especies cuando no identifique al vendedor o prestador del servicio
11.- Art. 97 Nº 19
“El incumplimiento de la obligación de exigir el
otorgamiento de la factura o boleta, en su caso, y de retirarla del local o
establecimiento del emisor, será sancionado con multa de hasta una unidad
tributaria mensual en el caso de las boletas, y de hasta 20 unidades tributarias
mensuales en el caso de facturas, previos los trámites del procedimiento
contemplado en el artículo 165º de este Código y sin perjuicio de que al
sorprenderse la infracción, el funcionario del Servicio pueda solicitar el auxilio de
la fuerza pública para obtener la debida identificación del infractor, dejándose
constancia en la unidad policial respectiva."
a.- Haber realizado una compra o contratado un servicio;
b.- No exigir la entrega de boleta o factura.

Christian Aste M.

134

12.- Art. 97 N° 20
“La deducción como gasto o uso del crédito fiscal que
efectúen, en forma reiterada, los contribuyentes del impuesto de Primera
Categoría de la Ley de la Renta, que no sean sociedades anónimas abiertas, de
desembolsos que sean rechazados o que no den derecho a dicho crédito, de
acuerdo a la Ley de la Renta o al decreto ley Nº 825, de 1974, por el hecho de
ceder en beneficio personal y gratuito del propietario o socio de la empresa, su
cónyuge o hijos, o de una tercera persona que no tenga relación laboral o de
servicios con la empresa que justifique el desembolso o el uso del crédito fiscal,
con multa de hasta el 200% de todos los impuestos que deberían haberse enterado
en arcas fiscales, de no mediar la deducción indebida”.
a.- Ser contribuyente del Impuesto de Primera Categoría y
o de I.V.A.; y
b.- Existencia de un desembolso. Se requiere la existencia
de un desembolso, esto es, de un acto de disposición de dinero o especies de la
empresa o sociedad.
c.- Destino del desembolso. Los desembolsos que llevan al
ilícito, deben ser de aquellos que junto con no estar destinados a la empresa ni
redundar en su favor, cedan en beneficio personal y gratuito del propietario o
socio de la empresa, su cónyuge o hijos, o de una tercera persona que no tenga
relación laboral o de servicios con la empresa.
Según Impuestos Internos (Circular 67/98) este beneficio
se podrá manifestar de diversas formas. Por ejemplo, es posible que la empresa
realice directamente un desembolso destinado a pagar o extinguir una deuda del
sujeto beneficiado, o incurra en gastos que son propios o naturales de este último,
o, de otro lado, puede ocurrir que el desembolso esté asociado al uso o goce, a
cualquier título, por parte del sujeto beneficiado, de un bien que forma parte del
activo de la empresa, caso en el cual, todos los gastos relacionados con la
mantención o utilización de dicho activo que se paguen con fondos de la empresa,
reunirán las características suficientes para dar lugar a la infracción.
El presupuesto sancionatorio que la norma prevé en cuanto
a que el desembolso haya cedido en beneficio personal y gratuito de una tercera
persona que no tenga relación laboral o de servicios con la empresa, concurrirá
respecto de las personas que no sean dependientes de la empresa o que no le
presten o hayan prestado servicios a ésta.
Respecto de las personas que tengan vínculos laborales o
de servicios con la empresa debe tenerse presente que no todo desembolso que se
efectúe en su beneficio debe aceptarse para considerarlo excluido del ámbito de
aplicación del precepto sancionatorio. En efecto, para liberarlos de sanción, la
norma que se comenta exige que los desembolsos que la empresa realice respecto
de las personas antes mencionadas sean de tal naturaleza, entidad o fundamento,
que resulten justificados por la relación de dependencia o de servicios que éstas

Christian Aste M.

135

tengan con la empresa.
En consecuencia, los desembolsos que no reúnan las
condiciones que la mencionada relación con la empresa permita justificar,
configurarán también la figura infraccional que se analiza.
d.- La reiteración como elemento de tipicidad. Para que
proceda la aplicación de la sanción que se origina en alguna de las infracciones
que establece el nuevo Nº 20 del artículo 97º, se requiere que el contribuyente
haya incurrido en el uso del crédito fiscal o en la deducción como gasto de
aquellos desembolsos que la norma reconoce como improcedentes, en forma
reiterada, esto es, en más de una oportunidad dentro de un mismo o de distintos
períodos tributarios, pero siempre que estén comprendidos en el lapso de
prescripción de tres años de la acción del Servicio para perseguir la aplicación de
las sanciones.
Para los efectos de estimar si existe reiteración, no se exige
que entre cada acto punible medie una sentencia condenatoria, bastando que en el
período ya mencionado el contribuyente haya realizado un desembolso, anterior al
que se examina, que dedujo como gasto o utilizó como crédito fiscal, sin importar
el monto, la naturaleza de los impuestos evadidos ni la clase de terceros a que la
norma alude, que participen del beneficio indebido con recursos de la empresa.
También habrá reiteración cuando un mismo desembolso
se utilice indebidamente como gasto y crédito fiscal. Cabe tener presente, a
propósito de la reiteración como elemento del tipo infraccional, que el monto de la
multa que se aplique cuando se detecte la conducta punible, deberá calcularse
considerando el perjuicio fiscal que han provocado todos los actos constitutivos de
la misma, incluida la primera deducción que por si sola no era suficiente para
configurar la infracción.
Se pueden presentar tres situaciones en que se
configurarán los hechos contravencionales tipificados en la norma que se analiza:
a) Que sólo se utilice en forma reiterada el crédito fiscal originado en desembolsos
que no den derecho a dicho crédito, por el hecho de ceder aquellos en beneficio
personal y gratuito de determinadas personas, lo que determinará la aplicación de
una sanción por las diferencias en I.V.A. b) Que sólo se incurra en forma reiterada
en la deducción como gasto de desembolsos que sean rechazados por cumplirse
las condiciones que la norma sancionatoria describe, hecho que conducirá a
aplicar una sanción por las diferencias en el impuesto a la renta de primera
categoría, y c) Que se efectúen desembolsos que deben ser rechazados tanto desde
la perspectiva del empleo del crédito fiscal por parte de la empresa, como por la
circunstancia de no ser idóneos para deducirlos de la renta bruta del contribuyente
de primera categoría, debiendo en tal evento determinarse la evasión del impuesto
de primera categoría y del I.V.A. para aplicar los castigos correspondientes.
No se aplica esta norma a los gastos que, si bien son
rechazados tributariamente, inciden en beneficio de la empresa, y son propios de
ella o para ella. Asimismo, también quedan fuera de la figura típica aquellos

Christian Aste M.

136

desembolsos que, no obstante ser rechazados en razón de no relacionarse con el
giro de la empresa, o no ser necesarios para producir la renta, tienen un destino
diverso al que exige el numeral 20, como en el caso que el beneficiario sea un
dependiente de la empresa, y dicha relación permita justificarlos.
Procedimiento
De acuerdo a la Circular 67/98, las denuncias por
infracciones tipificadas en el artículo 97 Nº 20, se notificarán conjuntamente con
la liquidación por la diferencia de los impuestos originados en los mencionados
hechos contravencionales, constituyendo, por consiguiente, un presupuesto
necesario para ello, que se haya presentado la declaración de los impuestos
correspondientes.
En el evento que no sea necesario practicar una liquidación
de impuestos en razón de haber presentado el contribuyente una declaración
rectificatoria, la denuncia por la infracción en comento se notificará
conjuntamente con el giro a que dé lugar la mencionada rectificatoria.
Finalmente, en la denuncia que se levante se deberá indicar
la o las infracciones anteriores a la que se ha detectado y los elementos de prueba
que han permitido comprobarlas.
13.- Infracción genérica. Art. 109: Toda infracción a las
normas tributarias que no tenga señalada una sanción específica, será sancionada
con multa no inferior a un uno por ciento ni superior a un ciento por ciento de una
unidad tributaria anual, o hasta el triple del impuesto aludido si la contravención
tiene como consecuencia la evasión del Impuesto.
Las multas establecidas en el presente Código no estarán
afectas a ninguno de los recargos actualmente establecidos en disposiciones
legales y aquellas que deban calcularse sobre los impuestos adeudados, se
determinarán sobre los impuestos reajustados según la norma establecida en el
artículo 53º.
3.- Infracciones penales
Es toda violación dolosa de las normas tributarias
tendientes a evadir impuestos.
Además del dolo, las diferencias entre una infracción
administrativa y un delito tributario, son:
a.- La sanción, pues las infracciones administrativas se con
multa y en algunos casos, también con clausura. Las
penales con multa y pena corporal.
b.- La autoridad que las aplica. Las administrativas son
aplicadas por el tribunal tributario. Las penales, por la

Christian Aste M.

137

justicia del Crimen.
c.- El procedimiento que se utiliza para aplicarlas. Si la
infracción es administrativa, se aplica el procedimiento del
artículo 161 o 165, dependiendo de la infracción. Si es
penal, el procedimiento que se aplica es el que contiene el
Código de Procedimiento Penal, con las modificaciones
que establece el artículo 163 del Código Tributario.
d.- Los plazos de prescripción. Si la sanción es
administrativa la prescripción es de tres años. Si es penal,
el plazo es de 5 o 10 años años según la pena asignada. Si
ésta es de simple delito: 5 años. Si es crimen: 10 años.
Es el Director Nacional del S.I.I. quien decide
privativamente si ejerce o no acción penal, por aquellas infracciones tributarias
sancionadas penalmente. Cuando decide no hacerlo, se aplica sólo la sanción
administrativa, conforme al Procedimiento Sancionatorio General que establece el
artículo 161 del Código Tributario.
Características de las infracciones penales
a. La pena corporal es compatible con sanciones de tipo
administrativo y aún civiles.
b.- Dentro de la clasificación de los delitos nos
encontramos con crímenes, simples delitos y faltas.
c.- Los juicios criminales por delitos tributarios
sancionados con pena corporal solo podrán ser iniciados por querella o denuncia
del S.I.I.. o del consejo de defensa del estado a requerimiento del director.
Constituyen delitos tributarios:
1- Art. 97 Nº 4:
"Las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas
que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda o
la omisión maliciosa en los libros de contabilidad de los asientos relativos a las
mercaderías adquiridas, enajenadas o permutadas o a las demás operaciones
gravadas, la adulteración de balances o inventarios o la presentación de éstos
dolosamente falseados, el uso de boletas, notas de débito, notas de crédito o
facturas ya utilizadas en operaciones anteriores, o el empleo de otros
procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de
las operaciones realizadas o a burlar el impuesto, con multa de 50% al 300% del
valor del tributo eludido y con presidio menor en sus grados medios o máximos.
Los contribuyentes afectos al Impuesto a las Ventas y
Servicios u otros impuestos sujetos a retención o recargo, que realicen

Christian Aste M.

138

maliciosamente cualquiera maniobra tendiente a aumentar el verdadero monto de
los créditos o imputaciones que tengan derecho a hacer valer, en relación con las
cantidades que deban pagar, serán sancionados con la pena de presidio menor en
su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y con multas del 100% al
300% de lo defraudado.
El que, simulando una operación tributaria o mediante
cualquier otra maniobra fraudulenta, obtuviere devoluciones de impuesto que no
le correspondan, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado
máximo a presidio mayor en su grado medio y con multa del 100% al 400% de lo
defraudado.
Si, como medio para cometer los delitos previstos en los
incisos anteriores, se hubiere hecho uso malicioso de facturas u otros documentos
falsos, fraudulentos o adulterados, se aplicará la pena mayor asignada al delito
más grave.
Requisitos
a.- Ser contribuyente. A menos que la inculpación sea
como cómplice o encubridor.
b.- Haber presentado una declaración de impuesto
incompleta o falsa.
c.- Haber actuado dolosamente. El dolo supone la
concurrencia de un elemento cognoscitivo, que supone el querer el hecho punible.
En la especie, proponerse la evasión. Y un elemento volutivo, materializado en la
realización de una conducta idónea a la concreción de ese objetivo dañoso. Por
ejemplo: Subdeclarar los débitos fiscales. Excluir determinados ingresos de la
declaración, etc.
No se requiere conocer toda la dinámica operativa de los
impuestos basta que se capte el significado social del injusto. La valoración
paralela en la esfera del lego, según KAUFFMANN.
La Dirección de Impuestos Internos en la Circular Nº 111,
de 29.08.1975. (Parte Pertinente), estableció que los contribuyentes que no
indiquen en sus declaraciones mensuales de impuestos a los servicios el verdadero
monto total del crédito fiscal que tengan derecho a deducir del impuesto adeudado
sobre los servicios prestados, aun en el caso de que por aplicación de dicho crédito
no deban pagar suma alguna por concepto de dicho impuesto, que no señalen
además el remanente no utilizado del crédito o que realicen cualquier maniobra
tendiente a desfigurar el verdadero monto de los créditos que tengan derecho a
hacer valer, podrán sancionarse con las penas establecidas en el Nº 4 del artículo
97º del Código Tributario.
Más adelante, en la Circular Nº 134, de fecha 05.11.1975,
expresó que conforme lo dispone el artículo 97º, Nº 4, del Código Tributario,
constituyen conductas que pueden ser sancionadas con multa y pena corporal,
entre otras, las siguientes: a) Disminución intencionada del débito fiscal,
encaminada a defraudar al Fisco, motivada por: - No emisión de boletas y

Christian Aste M.

139

facturas, o emisión de las mismas por montos inferiores a los reales, cuando ella
no sea esporádica y forme parte del procedimiento usual del contribuyente. Empleo de doble juego de boletas y/o facturas, con contabilización de uno solo de
ellos. - Errores de sumas habituales en la determinación de las ventas mensuales,
dentro del Libro de Ventas. - Errores de sumas habituales, en el traspaso de las
boletas al Libro Mayor de Ventas. - Confección de boletas o facturas sin su copia
correspondiente, cuando esta última es hecha posteriormente por montos
inferiores a los reales. - El empleo de cualquier otro procedimiento doloso
encaminado a desfigurar el verdadero monto de las ventas o del débito fiscal. b)
Aumento intencionado del crédito fiscal, motivado por: - Empleo de facturas de
compra falsas. - Adulteración de facturas de compras auténticas. - Errores de suma
intencionados y habituales, dentro del Libro de Compras. - Cualquier otra
maniobra tendiente a desfigurar el verdadero monto de los créditos fiscales.
La Corte de Apelaciones Valparaíso, con fecha 18.06.1981
en causa "Eduardo Stark y Otros", estableció que las expresiones
"maliciosamente", "maliciosa" y "dolosamente", insertas en los tipos penales del
artículo 97º, Nº 4, del Código Tributario, resultan ser términos sinónimos y
aunque no constituyan un elemento del tipo legal, ya que no importan tal
exigencia de un requisito anímico especial y, por tanto, no correspondan a un
elemento subjetivo del tipo, en lo cual están acordes tanto la doctrina como la
jurisprudencia de nuestros tribunales, al aludir el legislador en forma expresa al
dolo implícito en cada delito, se ha querido solamente que con este mayor realce
legal se obligue al juez a conceder especial atención a la prueba del mismo, sin
bastarse con la sola presunción establecida en el artículo 1º del Código Penal.
En efecto, la presunción de dolo, que pesa sobre el
imputado, establecida en el artículo 1º, precitado, no significa una inversión en el
peso de la prueba ni convierte al proceso criminal en una investigación de cargos
que el acusado está obligado a desvirtuar, ya que conforme al artículo 109º del
Código de Procedimiento Penal, corresponde al Juez investigar con igual celo, no
sólo los hechos y circunstancias que establecen y agravan la responsabilidad del
inculpado sino también los que la eximan de ella o la extingan o atenúen. De
consiguiente, la expresión "maliciosa", empleada por la ley, no tiene otro
significado que el de "intencional", lo cual corresponde, según señala Eduardo
Novoa, en su Curso de Derecho penal Chileno, Tomo I, "a una forma de dolo, que
es el dolo directo".
Jurisprudencia judicial
La Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha
02.03.1999, estableció que los delitos mencionados en el inciso 1º del Nº 4 del
artículo 97 del Código Tributario, prescriben en 5 años, desde el día de su
comisión. En cambio, aquellos descritos en el inc. 2º del mismo numeral,
prescriben en 10 años, pues la pena allí contemplada es propia de crímenes
comunes, y no especiales, para estos efectos. (Consid. 10º).
El uso malicioso de facturas falsas no importa un medio
para cometer el delito del inc. 2º del Nº4 del artículo 97 del Código Tributario,

Christian Aste M.

140

sino que constituye el delito en sí mismo, sin que corresponda castigar
conjuntamente el mismo hecho a título principal y accesorio. (Consid. 11º).
La agravante, de reiteración, del artículo 112 del Código
Tributario, sólo opera tratándose de ejercicios anuales completos. (Consid. 11º).
resolvió que las declaraciones que no correspondan en parte a la realidad
tributaria, no son necesariamente falsas.
- La Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, con fecha
18.06.1981, resolvió que los delitos tributarios continuados constituyen un solo
delito.
En efecto, cada uno de los referidos tipos penales se ha
considerado como un delito, único, que aunque compuesto de pluralidad de actos,
son demostrativos de que el propósito del agente fue realizar las infracciones, en
su conjunto, que dieron como resultado la finalidad previamente concebida, poco
a poco ejecutada.
Con respecto a los hechos de esta causa, algunas, varias o
múltiples omisiones maliciosas en los libros de contabilidad como diversos
procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de
las ventas efectuadas, que llevan como finalidad burlar el impuesto, corresponde
estimar dichas actuaciones, tal como lo hiciera el juez "a quo", como un solo
delito del artículo 97º, Nº 4, del Código del ramo, ya sea el delito de omisión
maliciosa, como el de procedimiento doloso, de modo que al condenarse en
conjunto todas las omisiones y todos los procedimientos dolosos, es porque
evidentemente se reúnen los requisitos que se exigen para la figura jurídica,
aceptada en ciertos casos por nuestra jurisprudencia, y que es denominada por la
doctrina el delito continuado.
2.- Art. 97 Nº 5:
“La omisión maliciosa de declaraciones exigidas por las
leyes tributarias para la determinación o liquidaciones de un impuesto, en que
incurran el contribuyente o su representante, y los gerentes y administradores de
personas jurídicas o los socios que tengan el uso de la razón social, con multa del
cincuenta por ciento al trescientos por ciento del impuesto que se trata de eludir y
con presidio menor en sus grados medio a máximo"
a.- Que una ley tributaria exija la presentación de
declaraciones. Dentro de este elemento deben entenderse incluidos aquellos casos
en que el Servicio de Impuestos Internos exige la presentación de declaraciones en
uso de las facultades que al respecto le hubiere conferido la ley.
b.- Que se trate de una declaración exigida para la
determinación o liquidación de un impuesto. En consecuencia, no se configuraría
la infracción si las declaraciones fueren exigidas con fines de información o

Christian Aste M.

141

estadística.
c.- Que se haya omitido la declaración.
d.- Que la omisión sea maliciosa, es decir, el contribuyente
debe incurrir en la omisión en estudio con la intención positiva de privar al Fisco
de la percepción de tributos que legítimamente le corresponden.
3.- Art. 97 Nº 8:
“El comercio ejercido a sabiendas sobre mercaderías,
valores o especies de cualquiera naturaleza sin que se hayan cumplido las
exigencias legales relativas a la declaración y pago de los impuestos que graven su
producción o comercio, con multa del cincuenta por ciento al trescientos por
ciento de los impuestos eludidos y con presidio o relegación menores en su grado
medio. La reincidencia será sancionada con pena de presidio o relegación menores
en su grado máximo".
a.- Ejercer el comercio, sin dar cumplimiento a las
exigencias legales.
Por "comercio ejercido" debe entenderse la ejecución de
uno o más actos de comercio. El Código de Comercio no define el concepto de
acto de comercio, sino que se limita a enumerar actos de comercio, en su artículo
3º. Los Tribunales de Justicia, siempre han sostenido que la comercialidad de un
acto nunca se presume, ni aun tratándose de actos entre comerciantes. Ella
siempre debe ser probada y la prueba incumbe al que alega la comercialidad del
acto.
b.- Que el objeto del comercio sea mercaderías, valores o
especies de cualquiera naturaleza, cuya producción o comercio esté gravado con
algún tributo. Como ley que establece tributos a la producción o comercio de
especies se puede mencionar la Ley sobre Impuestos a las Ventas y Servicios,
D.L. Nº 825 y sus modificaciones.
c.- Que no se haya cumplido con las obligaciones de
declarar y pagar el impuesto de que se trate. El cumplimiento de cualquiera de
estas obligaciones excluye el requisito, ya que se requiere en forma copulativa que
no se haya declarado ni pagado el impuesto.
d.- Que el contribuyente tenga conocimiento de que no se
ha cumplido con las obligaciones señaladas. La expresión "a sabiendas", que
emplea el Nº 8 del artículo 97º, en referencia, significa que el contribuyente debe
tener conocimiento de la circunstancia de no haberse declarado ni pagado el
impuesto que grava la producción o comercio de las especies que, a su vez, son
objeto del ejercicio del comercio.
Sin perjuicio de que podría producirse un concurso ideal,
con el 97 N° 5 o 97 N° 4, pues quien ejerce el comercio sin dar cumplimiento a las
normas legales, normalmente no declara o subdeclara, observamos que en su
materialización concurre quien compró sin impuesto las mercaderías, valores o

Christian Aste M.

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especies.
4.- Art. 97 Nº 9:
“El ejercicio efectivamente clandestino del comercio o de
la industria con multa del 30% de una unidad tributaria anual a cinco unidades
tributarias anuales y con presidio o relegación menores en su grado medio y,
además, con el comiso de los productos e instalaciones de fabricación y envases
respectivos”.
Elementos de esta infracción:
1.- Que se ejerza el comercio o la industria. Por ejercicio
del comercio debe entenderse la ejecución de uno o más actos de comercio.
Respecto del ejercicio de la industria cabe observar que el Código de Comercio no
distingue entre comerciantes e industriales y pueden considerarse a estos últimos
en relación de especie o género con respecto a los primeros.
En efecto, la actividad industrial está considerada entre los
actos de comercio, en el Nº 5 del artículo 3º del Código de Comercio. Sin
embargo, las leyes tributarias con frecuencia han distinguido entre comerciantes e
industriales, sin dar ningún antecedente ni definición de dichos conceptos.
2.- Que el ejercicio del comercio o de la industria sea
efectivamente clandestino. La clandestinidad.- El Diccionario de la Lengua dice
que es clandestino lo que se hace secretamente por temor a la ley o para eludirla.
Este concepto coincide con el sentido con que el Código usó esta palabra,
particularmente en su segunda acepción: Lo que se hace secretamente para eludir
el cumplimiento de la ley.

5.- Art. 97 Nº 12:
12º.- La reapertura de un establecimiento comercial o
industrial o de la sección que corresponda, con violación de una clausura impuesta
por el Servicio, con multa de veinte por ciento de una unidad tributaria anual a dos
unidades tributarias anuales y con presidio o relegación menor en su grado
medio."
Requisitos del tipo
a.- Que el Servicio haya aplicado una sanción de clausura.
La sanción de clausura consiste en obligar al contribuyente a mantener cerrado su
establecimiento comercial o industrial o una parte de él, según corresponda,
colocando en un lugar visible un letrero con indicación de la causa por la cual se
ha clausurado el establecimiento y la autoridad que lo ha ordenado.
La sanción de clausura se aplica previa resolución que la
ordene. Pero no basta que se haya dictado la resolución y que ésta se haya
notificado al infractor y que se encuentre firme y ejecutoriada; debe, además,

Christian Aste M.

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haberse iniciado el cumplimiento de la sanción, esto es, debe haberse clausurado
materialmente el establecimiento comercial o industrial.
b.- Que se encuentre vigente el período de la clausura. Si el
período de la clausura hubiere ya transcurrido íntegramente no podría hablarse
propiamente de violación de clausura y no se incurriría en la infracción que se
analiza.
c.- Que viole la clausura. El mismo Código señala la forma
en que debe violarse la clausura para que se configure esta infracción: mediante la
reapertura del establecimiento comercial o industrial o de la parte que
corresponda.
Por reapertura del establecimiento debe entenderse el
hecho de volver a ejercer el comercio o la industria, según el caso, en el
establecimiento que fue clausurado.

6.- Art . 97 Nº 13:
“La destrucción o alteración de los sellos o cerraduras
puestos por el Servicio, o la realización de cualquiera otra operación destinada a
desvirtuar la aposición de sellos o cerraduras, con multa de media unidad
tributaria anual a cuatro unidades tributarias anuales y con presidio menor en su
grado medio. Salvo prueba en contrario, en los casos del inciso precedente se
presume la responsabilidad del contribuyente y, tratándose de personas jurídicas,
de su representante legal”.

Christian Aste M.

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Requisitos del tipo
a.- Que se hayan colocado sellos o cerraduras por el
Servicio. Ambas son medidas conservativas, que se pueden decretar en cualquiera
de los casos siguientes:
a.1.- Cuando se está investigando la comisión de presuntos
delitos tributarios.
En efecto, el artículo 161 N° 10 del Código Tributario
autoriza a la Dirección del Servicio para ordenar, durante la investigación
administrativa de delitos tributarios, la aposición de sellos y la incautación de los
libros de contabilidad y demás documentos relacionados con el giro del negocio
del presunto inculpado.
a.2.- Cuando se está en el procedimiento sancionatorio que
describe el artículo 161.
Este artículo bajo el Nº 3, expresa que "pendiente el
procedimiento, se podrán tomar las medidas conservativas necesarias para evitar
que desaparezcan los antecedentes que prueben la infracción o que se consumen
los hechos que la constituyen, en forma de que no se impida el desenvolvimiento
de las actividades del contribuyente".
Entre las medidas conservativas que pueden adoptarse, de
acuerdo con la disposición transcrita, está la aposición de sellos, medida que
puede tomarse dentro del procedimiento general establecido para la aplicación de
sanciones. Debe ser ordenada por resolución del Servicio, la cual es susceptible de
recursos ante la justicia ordinaria.
a.3.- Cuando se clausura un establecimiento comercial o
industrial, oficinas o estudios profesionales.
b.- Que se hayan destruido dichos sellos o cerraduras o que
se haya realizado cualquier otra operación destinada a desvirtuar la medida
Puede afirmarse que, en general, cualquiera operación que
permita desvirtuar la medida preventiva que se expone dará lugar a la
concurrencia de este requisito.
Presunción de responsabilidad: El tipo infractor señala que
"Salvo prueba en contrario", en los casos de destrucción o alteración de sellos o
cerraduras puestos por el Servicio o realización de cualquiera otra operación
destinada a desvirtuar la aposición de dichos sellos o cerraduras, "se presume la
responsabilidad del contribuyente y, tratándose de personas jurídicas, de su
representante legal.
Por aplicación de los principios que informan nuestro
sistema procesal penal, sostenemos que está presunción se encuentra derogada
tácitamente, por lo que debe acreditarse la responsabilidad del representante legal

Christian Aste M.

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de la empresa.
No nos parece posible que se pueda presumir la
responsabilidad penal.
7.- Art. 97 N° 14:
“La sustracción, ocultación o enajenación de especies que
queden retenidas en poder del presunto infractor, en caso de que hayan adoptado
medidas conservativas, con multa de media unidad tributaria anual a cuatro
unidades tributarias anuales y con presidio menor en su grado medio. La misma
sanción se aplicará al que impidiere en forma ilegítima el cumplimiento de la
sentencia que ordene el comiso."
Requisitos del tipo contenido en la primera parte: “La
sustracción, ocultación o enajenación de especies que queden retenidas en poder
del presunto infractor, en caso de que hayan adoptado medidas conservativas...”.
a.- Que el Servicio haya ordenado, como medida
conservativa, la retención de especies, dejándolas en poder del presunto infractor.
Para que concurra este requisito es necesario que el
Servicio, en uso de sus atribuciones, haya ordenado, como medida conservativa,
que determinadas especies queden retenidas en poder del presunto infractor.
El Servicio se encuentra facultado para decretar medidas
conservativas cuando se encuentra tramitando el procedimiento sancionatorio del
artículo 161 5 y cuando se encuentra investigando presuntos delitos tributarios6.
b.- Que se encuentren vigentes las medidas conservativas.
Que se encuentren vigentes las medidas conservativas. Para que se configure el
delito no basta que se haya ordenado, como medida conservativa, la retención de
especies en poder del presunto infractor. Es indispensable que esta medida se
encuentre vigente, por cuanto si ya hubiera sido dejada sin efecto, por resolución
ejecutoriada, no se configuraría el delito tipificado en el número 14º del artículo
97º.
c.- Que las especies que se encuentran retenidas en poder
del presunto infractor sean sustraídas, ocultadas o enajenadas.
5

El artículo 161º del Código Tributario establece en su número 3º que, pendiente el
procedimiento, se podrán tomar las medidas conservativas necesarias para evitar que
desaparezcan los antecedentes que prueben la infracción o que se consumen los
hechos que las constituyen, en forma que no se impida el desenvolvimiento de las
actividades del contribuyente.
6
El número 10 del artículo 161º del Código Tributario entrega al Servicio la investigación
de los hechos en que deberá fundarse la respectiva denuncia o querella por delito
tributario, y a la justicia del crimen la sustanciación del respectivo proceso y la aplicación
de las sanciones, tanto pecuniarias como corporales. El inciso segundo del ya citado
último número del artículo 161º establece: "Con el objeto de llevar a cabo la
investigación previa a que se refiere el inciso precedente, el Director podrá ordenar la
aposición de sellos y la incautación de los libros de contabilidad y demás documentos
relacionados con el giro del negocio del presunto infractor". La aposición de sellos se
ordena precisamente en los casos en que resulta necesario dejar especies retenidas en
poder del presunto infractor.

Christian Aste M.

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De acuerdo con el Diccionario de la Lengua, sustraer
significa "apartar, separar, extraer; hurtar, robar fraudulentamente; separarse de lo
que es obligación, de lo que se tenía proyectado o de alguna otra cosa". Ocultar,
de acuerdo con la definición que da el mismo Diccionario, es "esconder, tapar,
disfrazar, encubrir a la vista". Enajenación es cualquier acto entre vivos por el cual
se transfiere el dominio o se constituye un derecho que limite el dominio sobre
alguna cosa.
Requisito del tipo contenido en la segunda parte: “La
misma sanción se aplicará al que impidiere en forma ilegítima el cumplimiento de
la sentencia que ordene el comiso."
a.- Que se haya dictado una sentencia ordenando el comiso.
El comiso, en materia Tributaria, puede definirse como la pérdida de las especies
que no han pagado el tributo o que contravienen en alguna forma las disposiciones
legales o reglamentarias. En la actualidad, el comiso esta establecido como pena
accesoria en el artículo 97º Nº 9º, del Código Tributario, que sanciona "el ejercicio
efectivamente clandestino del comercio o de la industria con multa de treinta por
ciento de una unidad tributaria anual a cinco unidades tributarias anuales, y con
presidio o relegación menores en su grado medio y, además, con el comiso de los
productos e instalaciones de fabricación y envases respectivos".
La sentencia que ordene el comiso puede ser dictada:
- Por el Juez del Crimen que conozca el proceso iniciado a
raíz de la querella o denuncia presentada por el Servicio, o por el Consejo de
Defensa a requerimiento del Director, por el delito de fabricación y comercio
efectivamente clandestino de alcoholes y bebidas alcohólicas. En este caso, el
comiso será una pena accesoria que el Juez aplicará en los casos en que condene
al infractor a las penas corporales y pecuniarias establecidas en el artículo 97º, Nº
9, del Código Tributario.
- Por el Director Regional o delegatario que aquél designe,
en los casos en que el Director del Servicio, en uso de la facultad que le confiere el
artículo 162º del Código Tributario, haya decidido no deducir querella por el
delito previsto y sancionado en el número 9 del artículo 97º del Código Tributario.
En este caso, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 162º del
mismo Código, la sanción pecuniaria será aplicada con arreglo al procedimiento
general del artículo 161º.
b.- Que se trate de impedir, en forma ilegítima, el
cumplimiento de dicha sentencia.
Para que concurra este requisito debe tratarse de impedir el
cumplimiento de la sentencia por medios ilegítimos, o sea, contrarios a la ley.
Sería, en cambio, un medio legítimo de impedir dicho cumplimiento el recurso de
apelación que se deduzca por el contribuyente en contra de sentencia que aplicó
dicha sanción.

Christian Aste M.

147

Entendemos que el delito mencionado en el primer inciso
del Nº 14º del artículo 97º, lleva implícita la comisión del delito contemplado en el
Nº 13º del mismo artículo.
En efecto, para disponer de las especies afectadas por la
medida conservativa la persona previamente debió destruir o alterar los sellos o
cerraduras o haber realizado cualquier otra maniobra que desvirtúa la medida
dispuesta por el Servicio. Por lo tanto, es un delito de mayor gravedad que, de
consiguiente, debería tener una pena mayor que la del número 13º, sin embargo, la
sanción de ambos preceptos es idéntica.
Por lo tanto, lo que habrá aquí será una conducta
sancionada en dos tipos penales distintos. Cuando esta situación ocurre, debe
aplicarse la pena mayor aumentada en grado.

8.- Art. 97 N° 18
“Los que compren y vendan fajas de control de impuestos
o entradas a espectáculos públicos en forma ilícita, serán sancionados con multa
de una a diez unidades tributarias anuales y con presidio menor en su grado
medio.
La sanción pecuniaria establecida en el inciso precedente
podrá hacerse efectiva indistintamente en contra del que compre, venda o
mantenga fajas de control y entradas a espectáculos en forma ilícita.“

II.- Desarrollo de la segunda clasificación, esto es, aquella
que clasifica a las infracciones en función de las personas que las cometen:
1.- Las cometidas por el contribuyente
Son las contenidas en el artículo 97.
El título segundo del Libro Primero, se titula “De las
infracciones y sanciones. Su párrafo primero expresa: “De los contribuyentes y
otros obligados”.
Si analizamos los tipos penales descritos en el artículo 97,
observaremos que la mayoría de ellos razona sobre la base de un incumplimiento
atribuido a un contribuyente.
Existen, sin embargo, infracciones que cometen quienes no
son contribuyentes. Por ejemplo: Movilizar mercadería sin guía, o comprar sin
exigir el documento tributario.
Otros tipos infractores a pesar de suponer en un rol activo
al contribuyente, permiten que asuman también responsabilidad quienes sin ser
contribuyentes, intervienen en la comisión del hecho. Por ejemplo. Sujetos que

Christian Aste M.

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facilitan documentos tributarios falsos.
Para determinar la responsabilidad, debemos distinguir si
ésta es administrativa o penal. De acuerdo al artículo 98º del Código Tributario las
multas son de cargo del contribuyente y las demás personas que la ley obligue. La
sanción penal en cambio, de acuerdo al artículo 99º en relación con el artículo 58
del actual Código de Procedimiento Penal7 sólo puede aplicarse en contra de las
personas naturales que hubieren intervenido en el hecho punible.
2.- Infracción del contador
El artículo 100 del Código Tributario, expresa: “El
contador que al confeccionar o firmar cualquier declaración o balance o que como
encargado de la contabilidad de un contribuyente incurriere en falsedad o actos
dolosos, será sancionado con multa de una a diez unidades tributarias anuales y
podrá ser castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo, según la
gravedad de la infracción, a menos que le correspondiere una pena mayor como
copartícipe del delito del contribuyente, en cuyo caso se aplicará esta última.
Además, se oficiará al Colegio de Contadores para los efectos de las sanciones
que procedan.
Salvo prueba en contrario, no se considerará dolosa o
maliciosa la intervención del contador, si existe en los libros de contabilidad, o al
término de cada ejercicio, la declaración firmada del contribuyente, dejando
constancia de que los asientos corresponden a datos que éste ha proporcionado
como fidedignos.
a.- Que se trate de un contador. Para estos efectos,
Contador es el profesional habilitado para el ejercicio de esa profesión. La
infracción en referencia sanciona la conducta desarrollada por un contador en el
carácter de tal; por consiguiente, si una persona no se encuentra legalmente
habilitada para el ejercicio de dicha profesión y de hecho incurriere en las
conductas que el Código Tributario señala en el artículo 100º, será responsable de
la participación que pueda caberle en otra infracción tributaria o podrá ser
sancionada por el ejercicio ilegal de la profesión, pero no incurre en la infracción
específica que habría cometido en carácter de profesional.
b.- Que dicho contador haya confeccionado o firmado
cualquier declaración o balance, o se encuentre a cargo de una contabilidad. Por
consiguiente, si un contador ha confeccionado una declaración o balance, sin
firmarlo, incurre en la conducta prevista por la ley, es igualmente responsable si
firma tales documentos, aun cuando no los haya confeccionado. También puede
ser objeto de la infracción el hecho de que el contador se encuentre a cargo de una
contabilidad.
Por "encontrarse a cargo", debe entenderse la circunstancia
7

Vigente en las Regiones de Coquimbo y la Araucanía a contar del 16 de diciembre del año
2000.

Christian Aste M.

149

de tener bajo su responsabilidad profesional una determinada contabilidad, aun
cuando ella sea ejecutada por el personal dependiente directamente del contador o
del contribuyente.
En todo caso, debe tratarse de una contabilidad exigida por
la ley y no de una llevada por el contribuyente sin que exista obligación al
respecto.
c.- Que en el desempeño de su profesión, con respecto a los
hechos ya señalados, el contador haya incurrido en falsedades o actos dolosos. Por
estos últimos debe entenderse aquellos actos que tengan por fin causar un
perjuicio económico al Fisco.
Eximente de responsabilidad especial para esta infracción:
El artículo 100º del Código Tributario ha creado una eximente especial para la
infracción en estudio, consistente en la declaración firmada por el contribuyente
dejando constancia de que los asientos consignados por el contador se han hecho
sobre la base de datos proporcionados como fidedignos por aquél.
Esta declaración del contribuyente exime de
responsabilidad penal al contador "salvo prueba en contrario". Es decir, si se
acredita que, no obstante existir la referida declaración firmada por el
contribuyente, el contador ha actuado a sabiendas de que la contabilidad no refleja
el movimiento efectivo del negocio, dicha declaración no producirá el efecto de
eximirlo de responsabilidad penal.
Debe tenerse presente que la declaración del contribuyente
debe hacerse al término de cada ejercicio y ella tendrá valor para el ejercicio en
que se ha formulado, sin que pueda atribuírsele un carácter general. Esto es, si un
contador ha incurrido en falsedades en tres ejercicios y sólo existe esta declaración
respecto de uno de ellos, estará exento de responsabilidad penal por ese ejercicio,
aunque la declaración corresponda al último ejercicio.
La sanción que contempla el artículo 100º, para el
contador, en sus actividades profesionales que dicen relación con la tributación de
su cliente, está en concordancia con disposiciones del Código Penal, que castiga a
ciertos profesionales por conductas que pueden llegar a ser francamente
inmorales8´.
Debemos considerar finalmente, que esta norma se aplica
en los casos que al contador no le corresponda una participación de mayor entidad
en la comisión del hecho investigado.

8

Art. 231.- El abogado o procurador que con abuso malicioso de su oficio, perjudicare a
su cliente o descubriere sus secretos, será castigado según la gravedad del perjuicio
que causare, con la pena de ...”. Art. 232.- El abogado que, teniendo la defensa actual
de un pleito, patrocinare a la vez a la parte contraria en el mismo negocio, sufrirá las
penas de inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la profesión y multa de ...”.

Christian Aste M.

150

Si es así, esto es, si el contador hubiere intervenido como
coautor de un delito tributario, se le sancionará en esa calidad 9.
3.- Cometidas por funcionarios del Servicio
ARTICULO 101º.- Serán sancionados con suspensión de
su empleo hasta por dos meses, los funcionarios del Servicio que cometan alguna
de las siguientes infracciones:
1º.- Atender profesionalmente a los contribuyentes en
cuanto diga relación con la aplicación de leyes tributarias, excepto la atención
profesional que puedan prestar a sociedades de beneficencia, instituciones
privadas de carácter benéfico y, en general, fundaciones o corporaciones que no
persigan fines de lucro.
2º.- Permitir o
incumplimiento de las leyes tributarias.

facilitar

a

un

contribuyente

el

3º.- Ofrecer su intervención en cualquier sentido para
reducir la carga tributaria de un contribuyente o para liberarle, disminuirle o evitar
que se le aplique una sanción.
4º.- Obstaculizar injustificadamente la tramitación o
resolución de un asunto o cometer abusos comprobados en el ejercicio de su
cargo.
5º.- Infringir la obligación de guardar el secreto de las
declaraciones en los términos señalados en este Código.
En los casos de los números 2º y 3º si se comprobare que el
funcionario infractor hubiere solicitado o recibido una remuneración o
recompensa, será sancionado con la destitución de su cargo, sin perjuicio de las
penas contenidas en el Código Penal.
Igual sanción podrá aplicarse en las infracciones señaladas
en los números 1º, 4º y 5º, atendida la gravedad de la falta.
La reincidencia en cualquiera de las infracciones señaladas
en los números 1º, 4º y 5º, será sancionada con la destitución de su cargo del
funcionario infractor”
Los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos se
encuentran sometidos a normas más restrictivas que las que existen para otros
funcionarios públicos.
A las prohibiciones transcritas se suma el artículo 40 del
9

De hecho, este es el criterio que sigue el Servicio, cuando se querella en contra de un
contribuyente. Si en el delito cometido intervino un contador se le encauza como
coautor de ese delito (que tiene mayor sanción).

Christian Aste M.

151

DFL Nº 7 10, "Los funcionarios del Servicio están sujetos a las siguientes
prohibiciones e inhabilidades:
a) Ejercer libremente su profesión o su especialidad técnica
u otra actividad remunerada, y expedir informes en materias de su especialidad;
b) Ocupar cargos directivos, ejecutivos y administrativos
en entidades que persigan fines de lucro;
c) Revelar al margen de las instrucciones del Director el
contenido de los informes que se hayan emitido, o dar a personas ajenas al
Servicio noticias acerca de hechos o situaciones de que hubiere tomado
conocimiento en el ejercicio de su cargo, y
d) Además le son aplicables las prohibiciones
contempladas en el Código Tributario y en el DFL Nº 338, de 1960, "Estatuto
Administrativo", y las sanciones correspondientes, en su caso.
Quedan exceptuados de estas prohibiciones e inhabilidades
el ejercicio de derechos que atañen personalmente al funcionario o que se refieran
a la administración de su patrimonio, siempre y cuando ello no diga relación con
la aplicación de las leyes tributarias; y la atención docente, labores de
investigación o de cualquiera otra naturaleza, no remuneradas o remuneradas en
cualquier forma, prestadas a Universidades o Instituciones de enseñanza y siempre
que correspondan a materias contempladas en los planes de estudio de las carreras
que se imparten en dichas instituciones.
Igualmente quedan exceptuadas la atención remunerada
sobre la base de honorarios prestada a organismos regidos por el Título II de la ley
Nº 18.575 y la atención no remunerada prestada a sociedades de beneficencia,
instituciones de carácter benéfico y, en general, a instituciones sin fines de lucro.
Con todo, para que operen estas excepciones, será
necesario obtener autorización previa y expresa del Director, quien podrá prestarla
o no sin expresar causa. Si estas autorizaciones se hicieran necesarias respecto del
Director, serán prestadas por el Ministro de Hacienda"
Nº 58, de fecha 04.12.1981, estableció que los datos y antecedentes que el
Servicio entrega a entidades públicas son secretos, exceptuándose de dicho secreto
sólo los casos en que fuere necesario dar cumplimiento a otras disposiciones
legales. Por su parte, las informaciones que el Servicio obtiene en el curso de las
fiscalizaciones e investigaciones que realiza en cumplimiento de sus funciones son
de carácter reservado por su naturaleza y, por lo tanto, a su respecto se configura
el deber de guardar el secreto establecido en el artículo 155º del Estatuto
Administrativo.

10

Ley Orgánica del Servicio, publicada en el Diario Oficial de 15.10.80.

Christian Aste M.
4.-

Cometidas

por

otros

funcionarios

152

públicos

o

municipales
Articulo 102 C.T..: "Todo funcionario, sea fiscal o
municipal o de instituciones o empresas publicas, incluyendo las que tengan
carácter fiscal, semifinal, municipal o de administración autónoma, que falte a las
obligaciones que le impone este código o las leyes tributarias, será sancionado con
multa de cinco por ciento de una unidad tributaria anual a cuatro unidades
tributarias anuales. la reincidencia en un periodo de dos años será castigada con
multa de media unidad tributaria anual a cuatro unidades tributarias anuales, sin
perjuicio de las demás sanciones que pueden aplicarse de acuerdo con el estatuto
que rija sus funciones."
El Estatuto administrativo11, establece bajo su artículo 87
que Todos los funcionarios tendrán derecho a ejercer libremente cualquier
profesión, industria, comercio u oficio conciliable con su posición en la
Administración del Estado, siempre que con ello no se perturbe el fiel y oportuno
cumplimiento de sus deberes funcionarios, sin perjuicio de las prohibiciones o
limitaciones establecidas por ley".
5.- Las cometidas por notarios, conservadores y otras
infracciones genéricas
Artículo 103º.- Los notarios, conservadores, archiveros y
otros ministros de fe que infrinjan las obligaciones que les imponen las diversas
leyes tributarias, serán sancionados en la forma prevista en dichas leyes.
Articulo 104 C.T..: "Las mismas sanciones previstas en los
artículos 102 y 103, se impondrán a las personas en ellos mencionadas que
infrinjan las obligaciones relativas a exigir la exhibición y dejar constancia de la
cédula del rol único tributario o en su defecto del certificado provisorio, en
aquellos casos previstos en este código, en el reglamento del rol único tributario o
en otras disposiciones tributarias."
Respecto de los Notarios, cabe hacerse presente que el
artículo 78º, inciso primero, del Código Tributario, ha contemplado una
responsabilidad adicional, al disponer que los notarios tendrán la obligación de
vigilar el pago del tributo que corresponda a cada documento que autoricen o
protocolicen, en relación a los impuestos de la Ley de Timbres y Estampillas,
siendo solidariamente responsables del pago de los mismos, sin perjuicio de los
dispuesto en el artículo 158.
Dicha responsabilidad cesa si el impuesto hubiere sido
enterado en arcas fiscales, de acuerdo con la determinación que hiciere la justicia
ordinaria, de conformidad al artículo 158º. En consecuencia, los notarios son
solidariamente responsables de los tributos anteriormente citados, en caso de que
11

Contenido en la Ley 18.834, publicada en el Diario Oficial de 23.09.89

Christian Aste M.

153

éstos no hayan sido enterados por las personas obligadas al pago. Es ésta una
responsabilidad excepcional que la ley ha contemplado respecto de esos
funcionarios, y no cabe, por tanto, hacerla efectiva en los conservadores,
archiveros y otros ministros de fe.
Consideraciones Generales
1.- Las infracciones a las obligaciones tributarias no
conllevan la nulidad de los actos o contratos en que ellas inciden.
2.- Las multas establecidas en el Código Tributario, no
están afectas a ningún recargo.
3.- Las multas que deben calcularse sobre impuestos
adeudados, se determinarán sobre los impuestos reajustados, según las normas
establecidas en el art. 53.
4.- Las sanciones civiles son compatibles con las sanciones
administrativas y penales.
5.- Los procedimientos que se utilizan para aplicar las
sanciones administrativas son diferentes a los que se utilizan para aplicar las
sanciones penales.
6.- Aunque es incompatible la sanción administrativa de la
sanción penal, cuando se aplica la sanción penal debe aplicarse también una
sanción administrativa.
7.- Los plazos de prescripción de la sanción administrativa
es de tres años. En cambio la prescripción de la sanción penal es de cinco o diez
años, dependiendo del tipo de delito que se trate.
8.- No existe ningún procedimiento especial para aplicar
las sanciones civiles.
9.- En cuanto a su naturaleza jurídica la Jurisprudencia de
la Corte Suprema ha resuelto que la facultad del Servicio de Impuestos Internos
para aplicar sanciones como las de multa y clausura de establecimientos
corresponde al ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, como entidad
administrativa destinada a controlar las obligaciones legales que tienen todos los
contribuyentes 12.
En efecto, en fallo que dictó la Excma. Corte Suprema, con
fecha la facultad del Servicio de Impuestos Internos de aplicar una sanción como
12

Fallo confirmado por la Excma. Corte Suprema, con fecha 23 de diciembre de 1993.
Pronunciada por los Ministros señores Oscar Carrasco A., Victor Hernández R.,
Guillermo Navas B. y los Abogados Integrantes señores Alejandro Silva B. y Alvaro
Rencoret S. COLLAO VIÑEZ, Alfonso. APELACION DE PROTECCION. Rol Nº 22.288
(Valparaíso).

Christian Aste M.

154

la que se le impuso al recurrente corresponde al ejercicio de la función
jurisdiccional que toca al mismo, como entidad administrativa destinada a
controlar las disposiciones legales tributarias que tienen todos los contribuyentes,
por lo que el que se haya denunciado la falta de emisión de una boleta de
compraventa, el que se haya dado cumplimiento a la tramitación consecuente y el
que se haya dictado una sentencia condenatoria por tal infracción, es una clara
demostración de que ha operado en plenitud y de manera legítima la atribución
jurisdiccional que le corresponda a dicho Servicio.
10.- Las sanciones que el Servicio imponga se aplicarán
dentro de los márgenes que correspondan, tomando en consideración:
1.- La calidad del reincidente en infracción de la misma
especie.
2.- La calidad del reincidente en otras infracciones
semejantes.
3.- El grado de cultura del infractor.
4.- El conocimiento que hubiere o pudiere haber tenido de
la obligación legal infringida.
5.- El perjuicio fiscal que pudiere derivarse de la
infracción. 6.- La cooperación que el infractor prestare para
esclarecer su situación.
7.- El grado de negligencia o el dolo que hubiere mediado
en el acto u omisión.
8.- Otros antecedentes análogos a los anteriores o que
parezca justo tomar en consideración, atendida la
naturaleza de la infracción y sus circunstancias.
La redacción de este artículo, evidencia que las disposiciones del artículo 107º
solo se refieren a la aplicación de sanciones y, específicamente, a aquellas que
aplica el Servicio.
Respecto de las sanciones impuestas por la Justicia del Crimen en los juicios
criminales por delitos tributarios, rige el Código Penal, que establece normas
precisas para la aplicación de las penas en relación con las circunstancias
modificatorias de la responsabilidad penal, como son las atenuantes, eximentes y
agravantes.
Variable facultativa
El art. 106 del Código Tributario, faculta al Director Regional para remitir13,
13

Extracto de Resoluciones Exentas que conceden condonación de recargos legales
por declaraciones Formulario 29, presentadas fuera de plazo, vía Internet. SERVICIO
DE IMPUESTOS INTERNOS Por resoluciones exentas N°s., 690, de 21.06.2000;567,
de 28.06.2000; 162, de 21.06.2000; 141, de 21.06.2000; 840, de 15..06.2000; 533, de
16.06.2000; 944, de 29.06.2000; 634,de 29.06.2000; 251, de 30.06.2000; 364, de
20.06.2000; 429, de 22.06.2000; 61, de 13.06.2000; 238, de 30.06.2000; 126, de
28.06.2000; 138, de 20.06.2000 y 95, de 29.06.2000, respectivamente, los Directores de
la I, II, III, IV, V, VI, VII,VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI, Direcciones Regionales Del
Servicio, resolvieron beneficiar con la condonación total de las multas e intereses a los
contribuyentes que hayan presentado su Formulario 29 de Declaración y Pago

Christian Aste M.

155

rebajar, o suspender 14 las sanciones pecuniarias, cuando el contribuyente probare
que ha procedido con antecedentes que hagan excusable la acción u omisión en
que hubiere incurrido o que el implicado se hubiere denunciado, confesando la
infracción y su circunstancias.
Condonación administrativa
Para evitar la discrecionalidad que puede darse en este
ámbito, la Dirección Nacional del Servicio normó el otorgamiento de la
condonación administrativa15, invocando al efecto lo dispuesto en el artículo 6
Letra A N° 1 en relación al artículo 106 del Código Tributario.
La Circular 36 de fecha 31 de mayo del año 2000,
estableció que los contribuyentes que autodenuncien las infracciones en que han
incurrido o que denunciados por los funcionarios del Servicio, la confiesen y sin
reclamar se allanen a pagar la multa, pueden acogerse a un procedimiento
simplificado que consulta la condonación administrativa de la multa.
Los requisitos para acceder a este beneficio, son:
a) Que, se trate de las infracciones contempladas en el
Artículo 97, números 6, 7, 10, 16, 17 y 19 ó en el Artículo 109, ambos del Código
Tributario.
Respecto de la infracción contemplada en el inciso primero
del No. 16, mencionado, no procede acoger a este sistema los casos que el
Director Regional califique de complejos. Tampoco procede dicho acogimiento
tratándose de aquellas infracciones sancionadas por el Artículo 109 del Código
con un porcentaje del impuesto eludido;
b) Que, el infractor se autodenuncie o que denunciado por
los funcionarios del Servicio no reclame;
c) Que, no haya dado maltrato de hecho o de palabra al
funcionario que efectúa la denuncia;
d) Que, no se encuentre denunciado, querellado o
condenado por delito tributario;

Simultáneo Mensual de IVA para el período tributario mayo 2000 y siempre que ésta no
haya implicado un pago, hasta las 24 horas del día 13 de junio del 2000.
14
Manual del S.I.I. Volumen V, Párrafo 5728.01: De conformidad con el artículo 106º del
Código Tributario, "las sanciones pecuniarias podrán ser remitidas, rebajadas o
suspendidas a juicio exclusivo del Director Regional, si el contribuyente probare que ha
procedido con antecedentes que hagan excusable la acción u omisión en que hubiere
incurrido". Al suspender una sanción pecuniaria, el Director Regional deberá tomar en
consideración las condiciones previstas en el artículo 107º del Código Tributario. Esta
suspensión no lleva aparejada necesariamente la condonación de la sanción, la que
debe ser solicitada expresamente por el infractor y decretada por el tribunal respectivo.
15
Lo hizo en la Circular 36 de fecha 31 de mayo del año 2000.

Christian Aste M.

156

e) Que, concurra a la Unidad del Servicio correspondiente
el día que le haya señalado el funcionario denunciante;
f) Que, no se encuentre observado (antes era bloqueado) en
el sistema computacional del Servicio, y
g) Que, no esté en mora en la declaración y/o pago de
impuestos que fiscaliza el Servicio, ni en el pago de multas que éste le haya
aplicado.
Las condonaciones que se otorgan en esta Circular, se
sujetan a la condición de que el contribuyente no interponga recursos en contra de
la Resolución que aplica las sanciones; que la multa rebajada se pague dentro del
plazo que se señale y que el interesado acredite el pago oportuno de la multa, en el
mismo plazo.
El pago oportuno de la multa rebajada deberá acreditarse
exhibiendo el correspondiente comprobante de pago y acompañando en el mismo
acto fotocopia de dicho comprobante.
El incumplimiento de alguna de estas condiciones acarrea
la nulidad de la condonación concedida, y no procede que se dicte una nueva
Resolución volviendo a conceder la condonación anulada.
Para la aplicación de las sanciones pecuniarias se establece
el monto que se aplicará a la primera infracción denunciada dentro de los últimos
24 meses; este monto se aumentará en un 50% del monto de la primera infracción
en cada una de las sucesivas denuncias que se practiquen a un contribuyente
dentro de los mencionados 24 meses, por infracciones de la misma especie. De
este modo, la multa de la segunda infracción corresponderá a un 150% de la
primera, la tercera a un 200%, la cuarta a un 250% y así sucesivamente hasta
alcanzar los topes legales o administrativos.
Respecto de la condonación de las multas, en general, se
concederán los 2/3 de la multa, salvo en los casos en que específicamente esta
Circular fije un porcentaje diferente.
En cuanto a la sanción de clausura, se establece su
aplicación y condonación en forma determinada para cada caso, considerando la
gravedad de la infracción cometida y el número de denuncios anteriores dentro de
los últimos 24 meses.

Christian Aste M.

157

NUEVAS INFRACCIONES
Incorporadas en el proyecto de Reforma Tributaria recientemente aprobado:
1.- Inciso final del artículo 97 N° 4º:
“El que maliciosamente confeccione, venda o facilite, a cualquier título, guías de
despacho, facturas, notas de débito, notas de crédito o boletas, falsas, con o sin
timbre del Servicio, con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de los
delitos descritos en este número, será sancionado con la pena de presidio menor en
sus grados medio a máximo y con una multa de hasta 40 unidades tributarias
anuales.”.”.
Comentarios:
a.- Las conductas descritas, hasta ahora se han sancionado como propias de los
coautores cómplices.
b.- Respecto de estas conductas, no se aplica la fianza calificada que establece el
artículo 163 letra f).
c.- Para que se configure el tipo, no basta con que se vendan confeccionen o
vendan documentos falsos, SE REQUIERE QUE EXISTA MALICIA, esto es,
dolo directo.

2.- Agrega bajo el N° 21 una nueva infracción tributaria:
"21º.- La no comparecencia ante el Servicio, a un segundo requerimiento
notificado al contribuyente conforme a lo dispuesto en el artículo 11, con una
multa de una unidad tributaria mensual a una unidad tributaria anual, la que se
aplicará en relación al perjuicio fiscal comprometido y procederá transcurridos 20
días desde el plazo de comparecencia indicado en la segunda notificación.".
El Senado agregó a continuación de la expresión “no comparecencia” la voz
“injustificada”, y ha incorporado, después del punto final, que pasa a ser seguido
(.), la frase: “El Servicio deberá certificar la concurrencia del contribuyente al
requerimiento notificado.”.
Comentarios:
a.- En el proyecto primitivo, bastaba que no se compareciera a un segundo
requerimiento para que se sancionara conforme esta norma.
b.- El senado flexibilizó está infracción, por la vía de establecer que su
configuración se producía cuando la no comparecencia fuere injustificada.
No se establece la forma en que se supone el contribuyente debe acreditar la
justificación de su no comparecencia.
Por lo tanto, lo que habrá aquí será una interpretación administrativa del Director
que definirá el procedimiento para dar cumplimiento a está exigencia.
Si no se hace así, asumimos que la comprobación de esto debe hacerse ante el
Tribunal Tributario, y siempre que el contribuyente reclame del giro.

Christian Aste M.

158

3.- Agrega bajo el número 22º, la siguiente infracción:
“El que maliciosamente utilizare los cuños verdaderos u otros medios
tecnológicos de autorización del Servicio para defraudar al Fisco, será sancionado
con pena de presidio menor en su grado medio a máximo y una multa de hasta seis
unidades tributarias anuales.".”.
Comentarios:
c.- Para que se configure el tipo, no basta con que se utilicen cuños verdaderos u
otros medios tecnológicos para defraudar al Fisco, se requiere que exista
MALICIA.
d.- El requisito aquí no es la existencia de cuños falsos. Tampoco la existencia de
perjuicio. Lo que se requiere es que se defraude al Fisco, por medio de la
utilización maliciosa de sus medios tecnológicos de autorización.
4.- Agrega bajo el número 23º, la siguiente infracción:
“El que maliciosamente proporcionare datos o antecedentes falsos en la
declaración inicial de actividades o en sus modificaciones o en las declaraciones
exigidas con el objeto de obtener autorización de documentación tributaria, será
sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo y con multa de
hasta ocho unidades tributarias anuales.
El que concertado facilitare los medios para que en las referidas presentaciones se
incluyan maliciosamente datos o antecedentes falsos, será sancionado con la pena
de presidio menor en su grado mínimo y con multa de una unidad tributaria
mensual a una unidad tributaria anual.".”.
Comentarios:
c.- Para que se configure el tipo, no basta con que se proporcione información
falsa. Se requiere que dicha información sea maliciosamente falsa, y tenga como
propósito obtener la autorización de documentación tributaria.
Se debe tener especial cuidado en la información que se entrega al Servicio para
obtener el timbraje.

Christian Aste M.

159

PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS
PRIMERA INSTANCIA
1.- En los reclamos: El Director Regional dentro de cuyo territorio tenga su
domicilio el contribuyente que reclama.
2.- En las infracciones a las normas tributarias, y la aplicación de sanciones
pecuniarias: el Director Regional que tenga competencia en el territorio donde
tiene domicilio el infractor.
3.- En los impuestos a la asignaciones por causa de muerte y a las donaciones: El
juez de letras en lo civil que haya concedido o deba conceder la posesión efectiva
de la herencia del causante o del domicilio del donante.
4.- En los impuestos establecidos en la Ley de Timbres y Estampillas, el Juez de
letras que tenga competencia en el lugar donde se otorgó el instrumento público o
se solicitó la autorización o protocolización del instrumento privado.
SEGUNDA INSTANCIA
Regla general:
Conoce en segunda instancia, la Corte de Apelaciones que tenga
competencia en el territorio de la Dirección Regional que dictó la resolución
apelada.
En el caso, de que la respectiva Dirección Regional abarque un
territorio en el cual tengan competencia dos o más Cortes de Apelaciones,
conocerá de estos recursos la Corte que tenga competencia en el lugar del
domicilio del contribuyente.
Regla especial:
La apelación deducida en contra de resoluciones dictadas por la
Dirección Regional al conocer los reclamos de avalúos de bienes raíces, es
conocida por una sala especial, que se denomina Tribunal Especial de Alzada de
primera o de segunda serie, según la naturaleza del inmueble. Si es agrícola, es de
primera serie. En los demás casos, se segunda serie.
El Tribunal Especial de Alzada de primera Serie está integrado por
tres miembros, un ministro de la Corte que lo preside, y dos representantes del
Presidente de la República, uno de los cuales debe ser empresario agrícola.
El Tribunal Especial de Alzada de Segunda Serie, se integra con
cuatro miembros. Un ministro de Corte, que lo preside y cuyo voto además es
dirimente. Dos representantes del Presidente de la República. Y un arquitecto que
es designado también por el Presidente de la República pero de una terna que le
propone el Intendente Regional, previa consulta al Consejo Regional de

Christian Aste M.

160

Desarrollo respectivo.
Intervención de la Corte Suprema
Le corresponde a la Corte Suprema conocer y fallar los siguientes
recursos extraordinarios:
a.- El recurso de casación en la forma;
b.- El recurso de casación en el fondo;
c.- El recurso de queja;
d.- El recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.
Los dos primeros recursos, pueden interponerse en el Procedimiento General de
Reclamo, y en el Procedimiento Sancionatorio General.
El Recurso de Queja, puede interponerse en contra el fallo que dicta la Corte de
Apelaciones en el Procedimiento Sancionatorio Especial.
El Recurso de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad, puede interponerse en
todos los juicios tributarios, en que se pretenda aplicar una norma legal que se
considere inconstitucional.
1.- PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO GENERAL
El procedimiento general para la aplicación de sanciones, debe aplicarse por la
Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos, en todos los casos que se
investiguen, o denuncien, las infracciones contenidas en los números 3, 15, y 16
del art. 97 del Código Tributario, sancionadas únicamente con multas, y en todos
aquellas infraciones que sancionadas por la ley tributaria con sanción corporal y
multa, el Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, decidiere
privativamente no ejercer la acción penal.
MATERIAS EN QUE SE APLICA
1- Infracciones sancionadas únicamente con multa:
a.- Art. 97 Nº 3:
"Las declaración incompleta o errónea, la omisión de balances o
documentos anexos a la declaración o la presentación incompleta de éstos que
puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda, a
menos que el contribuyente pruebe haber empleado la debida diligencia....".
b.- Art. 97 Nº 15:
" El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en los
art.34 y 60 inciso penúltimo....".

Christian Aste M.

161

c.- Art. 97 Nº 16:
"La pérdida o inutilización de los libros de contabilidad o documentos que
sirvan para acreditar las anotaciones contables o que esten relacionadas con las
actividades afectas a cualquier impuesto....., a menos que la pérdida o
inutilización sea calificada de fortuita por el Director Regional ..."
2.- Infracciones sancionadas con pena corporal y multa, cuando el Director
Nacional del Servicio decida no querellarse:
a- Art. 97 Nº 4:
a.1.- "Las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan
inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda o la
omisión maliciosa en los libros de contabilidad de los asientos relativos a las
mercaderías adquiridas, enajenadas......."
a.2.- “Los contribuyentes afectos al Impuesto a las Ventas y Servicios u
otros impuestos sujetos a retención o recargo, que realicen maliciosamente
cualquier maniobra tendiente a aumentar el verdadero monto de los créditos o
imputaciones que tengan derecho a hacer valer, en relación con las cantidades
que deban pagar...”.
a.3.- “El que, simulando una operación tributaria o mediante cualquier otra
maniobra fraudulenta, obtuviere devoluciones de impuesto que no le
correspondan ...”.
a.4.- “El que maliciosamente confecciones, venda o facilite a cualquier
título guías de despacho, facturas, .... falsas, con o sin timbre del Servicio, con
el objeto de cometer o posibilitar la comisión de los delitos descritos en este
número...” (Incorporado por la ley 19.738, de fecha 19 de junio del 2001).
b.- Art. 97 Nº 5:
"La omisión maliciosa de declaraciones exigidas por las leyes tributarias
para la determinación o liquidación de un impuesto, en que incurran el
contribuyente...."
c.- Art. 97 Nº 8:
"El comercio ejercido a sabiendas sobre mercaderías, valores, o especies
de cualquiera naturaleza sin que se hayan cumplido las exigencias legales
relativas a su declaración y pago de los impuestos que graven su producción o
comercio....."
d.- Art. 97 Nº 9:
"El ejercicio efectivamente clandestino del comercio o de la industria ....".
e.- Art. 97 Nº 12:
"La reapertura de un establecimiento comercial o industrial o de la sección
que corresponda, con violación de una clausura impuesta por el Servicio..."
f.- Art . 97 Nº 13:

Christian Aste M.

162

" La destrucción o alteración de los sellos o cerraduras puestos por el
Servicio, o la realización de cualquiera otra operación destinada a desvirtuar la
aposición de sellos o cerraduras..."
g.- Art. 97 N° 14:
"La sustracción, ocultación, o enajenación
de especies que queden
retenidas en poder del presunto infractor, en caso de que se hayan adoptado
medidas conservativas.."
h.- Art. 97 N° 18
“Los que compren y vendan fajas de control de impuestos o entradas de
espectáculos públicos en forma ilícita...."
i.- Art. 97 N° 22:
“El que maliciosamente utilizare los cuños verdaderos u otros medios
tecnológicos de autorización del Servicio para defraudar al Fisco...”.
k.- Art. 97 N° 23:
“El que maliciosamente proporcionare datos o antecedentes falsos en la
declaración inicial de actividades o en sus modificaciones o en las
declaraciones exigidas con el objeto de obtener autorización de
documentación tributaria...”.
PROCEDIMIENTO
1.- Cuando el fiscalizador, ministro de fe, constate la comisión de alguna de
las infracciones sometidas a este procedimiento, debe levantar un acta, en la
que además de individualizar al presunto infractor, debe hacer una relación
circunstanciada de los hechos que la configuran.
2.- Esta acta debe notificarse personalmente o por cédula al presunto infractor,
quien dispone desde ese momento de un plazo de diez días para formular su
descargos.
3.- Si hay descargo, se inicia la etapa de discusión. En el escrito de descargo,
el reclamante debe consignar con claridad y precisión los medios de prueba
que piensa valerse. "En lo Principal : Formula descargos. Primer Otrosí :
Ofrece medios de prueba. Segundo Otrosí : Patrocinio y Poder.(Optativo)"
En el caso que la infracción consista en la no presentación de una declaración,
o en la presentación de una declaración incorrecta, que hubiere significado una
evasión total o parcial de un impuesto, el contribuyente puede acompañar en el
mismo escrito que reclama, la declaración que no presentó o su rectificatoria.
La suma del escrito de descargo en este caso, será: "En lo principal:
Acompaña o rectifica declaración, para el fin que indica. Primer Otrosí: En
subsidio, formula descargos. Segundo Otrosí : Ofrece medios de prueba.
Tercer Otrosí :Patrocinio y Poder (optativo.)"

Christian Aste M.

163

Si no hubiere malicia, y la declaración adjuntada por el contribuyente fuere
satisfactoria, el Servicio debe liquidar el impuesto, y absolverlo de toda
sanción.
4.- Durante la tramitación del Procedimiento, el juez se encuentra facultado
para adoptar todas las medidas conservativas necesarias para evitar que
desaparezcan los antecedentes que prueben la infracción o que se consumen
los hechos que la constituyen.
5.- Contra la resolución que ordene las medidas anteriores y sin que ello obste
a su cumplimiento, podrá recurrirse ante el Juez de Letras de Mayor Cuantía
en lo Civil que corresponda, quien resolverá con citación del jefe del Servicio
del lugar donde se cometió la infracción.
6.- Contra el fallo que dicte el tribunal civil, es posible interponer recurso de
apelación. Este recurso se concede en el sólo efecto devolutivo, lo que
significa que el fallo se cumple, no obstante encontrarse pendiente su
apelación.
7.- Formulado los descargos, se ordenará recibir la prueba que el inculpado
hubiere ofrecido, dentro del término que se le señale.
Sólo se admite como medios de prueba aquellos, que el contribuyente hubiere
ofrecido en su escrito de descargos.
En virtud de que no existe ninguna norma especial en el Código Tributario,
sobre los medios de prueba, y su valor probatorio, corresponde aplicar en este
punto, como en otros de este procedimiento, las disposiciones que sobre esta
materia se contienen en el derecho común, con las siguientes observaciones:
a.- El Servicio, a través de un abogado con poder en el juicio, puede objetar
como inexacta y dentro del plazo legal de tres días, las copias de los
instrumentos públicos que hubieren sido otorgadas sin los requisitos legales.
b.- Respecto de los instrumentos públicos y privados presentados por el
reclamante, el Fisco y consecuentemente el S.I.I. inviste siempre la calidad de
tercero.
c.- Los asientos, registros y papeles domésticos hacen fe CONTRA, quien los
ha escrito o firmado, siempre que el S.I.I. no los rechace en la parte que les
sea favorable a ellos.
d.- Sin perjuicio de que el Código Tributario en el art. 132, faculta al Director
Regional, para fijar la forma y oportunidad en que la testimonial deba
producirse. La regla general es que él que solicita la testimonial lo haga dentro
de los dos días siguientes a la fecha de notificación de la resolución que
ordenó recibir la causa a prueba, y que se fije como oportunidad para la
testimonial los dos últimos días del probatorio.

Christian Aste M.

164

e.- El abogado del Director Regional o Nacional del Servicio de Impuestos
Internos puede antes de principiar la testimonial, interrogar a los testigos, para
efecto de configurar en su contra alguna de las causales de inhabilidad que
previene la ley. Las tachas deben ser resueltas en la definitiva. Concluido el
interrogatorio para la inhabilidad, se procede a la interrogación del testigo
sobre la base de la minuta del interrogatorio, o sobre la base de la controversia
base de la prueba.
8.- Evacuado los descargos, y siempre que no se hubieren decretado
diligencias o habiéndose decretado se hubieren practicado, el Director
Regional o el funcionario delegado, debe dictar sentencia.
Sin embargo, previo a la dictación de la sentencia, el tribunal tributario debe
fijar el valor de lo discutido, para efecto de determinar la procedencia del
recurso de casación.
9.- Por aplicación del Nº 9 del art. 161 del Código Tributario, en su relación
con el art. 148 del mismo cuerpo legal, y este último en su relación con el libro
I del Código de Procedimiento Civil, la sentencia que se dicte en este
procedimiento en cuanto la naturaleza de la tramitación lo permita, debe
contener las exigencias que prevee el art. 170 del Código de Procedimiento
Civil y el auto cordado de la Corte Suprema, de fecha 30 de Septiembre de
1920, para las sentencias definitivas.
10.- Contra la sentencia que falla el reclamo, pueden interponerse los
siguientes recursos:
a.- Rectificación, aclaración o enmienda, aplicando lo dispuesto en el
número 9 del art. 161 en su relación con el art. 139, y 148 del Código
Tributario, este último en su relación con el art. 182 del Libro I del Código
de Procedimiento Civil
Según la naturaleza de la reclamación, las sanciones que se aplican en este
procedimiento, suspenden la ejecución de la sentencia o los trámites del
juicio.
b.- Reposición, aplicando lo dispuesto en el número 5 del art. 161 en su
relación con el art. 139.
Este recurso debe interponerse dentro del plazo de diez días contados
desde la notificación de la sentencia. Conjuntamente con su interposición,
El recurrente puede acompañar nuevos antecedentes.
La interposición del recurso de reposición no suspende los efectos de la
sentencia recurrida. La resolución que niega el recurso es inapelable, a
menos que se hubiere interpuesto en subsidio, el recurso de apelación.
c.- Reposición y en subsidio apelación. Aplicando la misma norma que se
citó en el número anterior, el contribuyente puede interponer en subsidio

Christian Aste M.

165

de la reposición, y para el caso que esta no sea acogida, recurso de
apelación.
d.- Apelación. Como se señaló, por aplicación de lo que dispone el art. 139
del Código Tributario, el contribuyente puede interponer en forma
autónoma y como único recurso, el recurso de apelación.
A través de este recurso, se pretende que un tribunal superior, modifique
conforme a derecho lo resuelto por el tribunal inferior.
Es competente la Corte de Apelaciones que tenga competencia en el
territorio de la Dirección Regional que dictó la resolución apelada.
Requisitos de la Apelación
Según lo dispone el art. 189 del Código de Procedimiento Civil, aplicable
al efecto, conforme el art. 2 y art. 148 del Código Tributario, este último
en su relación con el art. 161 Nº 9 del mismo cuerpo legal, son requisitos
de la apelación:
a.- Interponerse por escrito;
b.- Contener los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya; y
c.- Señalar las peticiones concretas, que se someten a la decisión del
tribunal.
Si la apelación se interpone en subsidio del recurso de reposición, basta
que la reposición cumpla con estos requisitos.
Particularidad de la apelación en este procedimiento:
La Corte de oficio o a petición de parte, puede ordenar la suspensión total
o parcial del cobro por un plazo de dos meses. Plazo que puede
prorrogarse por sólo una vez, mientras se resuelve el recurso.
Esta norma inaplicable en la práctica, nos permite inferir, que la apelación
debe concederse en el sólo efecto devolutivo, y que para que la sentencia
que se recurre suspenda sus efectos, es necesario, que la parte le solicite a
la Corte que ordene suspender el procedimiento de cobro. La Corte falla
esta petición, dando traslado al Servicio de Tesorería.
Alternativas procesales de la Corte:
La Corte puede:
a.- Revocar lo resuelto por el tribunal tributario;
b.- Confirmar su fallo, o
c.- Confirmarlo con declaración:
Si el recurso se rechaza, el afectado o el Fisco, pueden interponer los
siguientes recursos procesales ante la Excma. Corte Suprema:

Christian Aste M.

166

1.- Recurso de Casación en la forma:
Objetivo del recurso
Lograr la invalidación de la sentencia dictada por la Corte, en los casos
que esta hubiere incurrido en un vicio procesal susceptible de enmendarse
mediante la interposición de este recurso.
2.- Recurso de Casación en el fondo
Objetivo de este recurso
Lograr la invalidación de aquella sentencia dictada por la Corte en
infracción a la ley, cuando dicha infracción hubiere influido
sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Christian Aste M.

167

2.- PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO ESPECIAL
MATERIAS A LAS QUE SE APLICA
a.- Art. 97 Nº 1
"El retardo u omisión en la presentación de declaraciones, informes, o
solicitudes de inscripciones en roles o registros obligatorios, que no
constituyan la base inmediata para la determinación o liquidación de un
impuesto"
Ej. No declaración de iniciación de actividades.
b.- 97 N° 2
"El retardo u omisión en la presentación de declaraciones o informes, que
constituyan la base inmediata para la determinación o liquidación de un
impuesto..."
"...El retardo u omisión en la presentación de declaraciones que no impliquen
la obligación de efectuar un pago inmediato, por estar cubierto el impuesto a
juicio del contribuyente, pero que puedan constituir la base inmediata para
determinar o liquidar un impuesto.."
Ej. No presentación de declaración formulario 22, sobre impuesto a la renta.
c.- Art. 97 Nº6
"La no exhibición de libros de contabilidad o de libros auxiliares y otros
documentos exigidos por la Dirección Regional conforme las disposiciones
legales, la oposición a la fiscalización efectuada por los funcionarios
fiscalizadores del Servicio..."
d.- Art. 97 Nº 7
"El hecho de no llevar contabilidad o los libros auxiliares exigidos por la
Dirección Regional de acuerdo con las disposiciones legales o de mantenerlos
atrasados, o de llevarlos en forma distinta a la ordenada o autorizada por la
ley...."
e.- Art. 97 Nº 10
"El no otorgamiento de guías de despacho, de facturas, notas de crédito, notas
de débito, o boletas, en los casos y en la forma exigidos por las leyes, el uso de
facturas, notas de crédito, notas de débito, o guías de despacho sin timbre, uso
de boletas no autorizadas...."
f.- Art. 97 Nº 11
"El retardo en enterar en Tesorería impuestos sujetos a retención o recargo..."
Ej. Retardo en declarar y pagar el I.V.A. o el Impuesto único al trabajo.
g.- Art. 97 Nº 17:
"La movilización o traslado de bienes corporales muebles ....sin la
correspondiente guía de despacho o factura..."
h.- Art. 97 Nº 19

Christian Aste M.

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"El incumplimiento de la obligación de exigir el otorgamiento de factura o
boleta en su caso....."
i.- Art. 97 N°20:
“La deducción como gasto o uso del crédito fiscal que efectúen, en forma
reiterada, los contribuyentes del impuesto de Primera Categoría de la Ley de la
Renta, que no sean sociedades anónimas abiertas, de desembolsos que sean
rechazados o que no den derecho a dicho crédito”.
k.- Art. 97 N° 21:
“La no comparecencia injustificada ante el Servicio, a un Segundo
requerimiento notificado al contribuyente conforme a lo dispuesto en el
artículo 11, ...”
PROCEDIMIENTO
1.- Las infracciones sancionadas en el Art. 97 Nº 1, 2 y 11 del Código
Tributario, deben ser giradas por el Servicio, o por Tesorería y posteriormente
notificadas. Las infracciones comprendidas en los números 6, 7, 10, 17, 19, 20
y 21 del Código Tributario, deben girarse sólo una vez que haya transcurrido
el plazo de quince días que la ley establece para reclamar.
2.- El giro de las multas se notifica por carta certificada, según las reglas
generales, en tanto las infracciones deben notificarse personalmente o por
cédula.
3.- Notificado el giro o la notificación según el caso, procederá a computarse
el plazo de quince días que dispone el contribuyente sancionado, para formular
por escrito su reclamación, cuya suma indicará "En lo principal : Formula
reclamo. Primer Otrosí : Presenta testigos, y pide su citación por el tribunal.
(Opcional). Segundo Otrosí : Patrocinio y Poder."
4.- Concluida la fase de impugnación, comenzará la fase probatoria de ocho
días, computada desde la notificación por el estado diario, de la resolución que
recibe la causa a prueba. Esta resolución cuya naturaleza jurídica es la de una
interlocutoria, debe junto con fijar los hechos sustanciales, pertinentes y
controvertidos sobre los cuales debe recaer la prueba, establecer el día y hora
en que deberá rendirse la testimonial., (generalmente los dos últimos días del
probatorio).
Los medios de prueba que se pueden invocar en este procedimiento son los
mismos que se utilizan en los demás procedimientos, con la particularidad, de
que su apreciación corresponde al tribunal de acuerdo a los principios de la
sana crítica.
Particularidad de la prueba en este procedimiento
a.- El contribuyente puede utilizar como medio de prueba, todos aquellos
que estime necesarios para la comprobación de los hechos. Para que sean

Christian Aste M.

169

aceptados, los testigos deben cumplir con los siguientes requisitos:
a.a.- Deben ser ofrecidos en el escrito de descargos; y
a.b.- No pueden exceder a cuatro en total.
b.- El Director Regional o el funcionario al cual le delegue esta facultad,
como juez de la instancia, podrá en lo relativo a la prueba:
b.a.- Citar a declarar a personas que no figuran en la lista de
testigos ofrecidas por el reclamante.
b.b..- Decretar las diligencias probatorias que en su concepto sean
necesarias para la comprobación de los hechos en discusión.
b.c.- Valorar la prueba conforme a los principios de la sana crítica.
5.- Las resoluciones que se dictan en este procedimiento, con excepción de la
sentencia, se entienden notificadas a la parte desde que se incluyan en un
estado que deberá fijarse diariamente en la Dirección Regional.
6.- El plazo que el Director Regional dispone para resolver la reclamación, es
de cinco días contado desde que la causa, queda en estado de sentencia.
7.- Contra la sentencia definitiva proceden los siguientes recursos procesales:
a.- Rectificación, aclaración o enmienda, aplicando lo dispuesto en el
número 6 del art. 165 en su relación con el art. 139, y 148 del Código
Tributario, este último en su relación con el art. 182 del Libro I del Código
de Procedimiento Civil
Objetivos del recurso
Lograr que el propio tribunal que dictó la sentencia, aclare sus puntos
dudosos u obscuros; salve sus omisiones; y rectifique los errores de copia,
de referencia, o de cálculo, que aparezcan en la misma sentencia.
La interposición de este recurso, suspende la ejecución de la sentencia o
los trámites del juicio, según sea la naturaleza de la reclamación.
b.- Recurso de Apelación
Objetivo del recurso
Lograr que la Corte de Apelaciones que tenga competencia en el territorio
de la Dirección Regional que dictó la resolución apelada, la modifique.
Además de los requisitos generales, que señalamos para el procedimiento
anterior, el apelante debe consignar a la orden del Tesorero General de la

Christian Aste M.

170

República, el equivalente al 20% de la multa aplicada, con un máximo de
10 U.T.M.

Modalidad de apelación que concede la ley:
La apelación en este procedimiento, se concede en ambos efectos, o sea la
interposición de este recurso, suspende los efectos de la resolución que
dicta el tribunal tributario.
A diferencia del procedimiento anterior, la apelación se conoce por la
Corte en forma preferente, en cuenta y sin esperar la comparecencia de las
partes.
En todo caso, la Corte se encuentra facultada para ordenar que el fallo se
dicte oyendo a las partes, o sea previa vista de la causa.
Consecuencias del rechazo del recurso
- Si el recurso se rechaza, el monto consignado debe aplicarse a beneficio
fiscal.
- Lo mismo ocurrirá si el recurrente se desiste del recurso.
- Si el recurso se rechaza por unanimidad de la Corte, se aplicará a
beneficio fiscal una cantidad adicional igual al monto consignado, más el
pago de las costas si el Servicio hubiere comparecido en segunda
instancia.
Recursos que proceden contra la sentencia de segunda instancia
En contra de la sentencia que dicta la Corte Apelaciones, es posible
recurrir única y exclusivamente de queja ante la excelentísima Corte
Suprema, fundado en la existencia de falta o abuso, en su dictación.

Christian Aste M.

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PROCEDIMIENTO DE RECLAMO
1.- PROCEDIMIENTO GENERAL DE RECLAMO
La Dirección Nacional del S.I.I., mediante la Circular Nº 56 de fecha 21.09.2000,
estableció que de conformidad con lo que dispone el Código Tributario la Ley
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado, en forma previa o coetánea a la presentación de cualquier reclamo, el
interesado puede solicitar al respectivo Director Regional del Servicio de
Impuestos Internos, que en su calidad de autoridad administrativa, se pronuncie
sobre sus planteamientos, especialmente sobre:
1.- Corrección de los vicios o errores manifiestos en que se haya incurrido
en una liquidación o giro (Art. 6° letra B N° 5).
2.- Condonación de los intereses penales y multas en los casos indicados
en la ley (Arts. 6° letra B N°s.3, 4; 56° y 106°).
El empleo efectivo de este procedimiento es de gran conveniencia para el
contribuyente, toda vez que la existencia de vicios o errores manifiestos en una
liquidación o giro puede ser resuelta en forma breve y sumaria por el Director
Regional, sin necesidad de los formalismos, plazos y procedimientos que implica
la comparecencia a la instancia jurisdiccional del Tribunal tributario.
A estos fines, se entiende por vicio o error manifiesto aquél que aparece en forma
clara y patente de la sola lectura del documento en que consta el acto
administrativo o de los documentos y demás antecedentes que le deban servir de
fundamento; del mismo modo, constituyen vicios o errores manifiestos las
incorrecciones en que haya incurrido el Servicio en el cumplimiento de las normas
de la Ley 18.320, sobre Incentivo al Cumplimiento Tributario.
No constituyen vicios o errores manifiestos aquellos que se fundan en cuestiones
sobre las que exista debate entre el contribuyente y el Servicio, cuestiones que,
necesariamente, deberán ser resueltas en la instancia jurisdiccional.
El acceso al procedimiento administrativo se hace por la vía de una presentación
escrita dirigida al respectivo Director Regional en la que se expresan los vicios de
que adolecería el procedimiento seguido por el Servicio. Esta presentación, es
conveniente impetrarla dentro del plazo para reclamar ante el Tribunal Tributario,
pudiendo hacerse incluso ambas actuaciones en el mismo escrito, ejerciendo la
acción para ante el Tribunal en forma subsidiaria y sólo para el caso que no fuere
acogido el planteamiento que se formula en la instancia administrativa.
1.- Procedimiento General de Reclamaciones (Art. 124° a 148°, Código
Tributario) Sin perjuicio del procedimiento que se indica en la Circular referida,
toda persona (contribuyente), se encuentra habilitada para reclamar ante el
Tribunal Tributario, solicitándole que deje sin efecto alguna actuación del
Servicio de Impuestos Internos por estimarla contraria a la legalidad vigente.

Christian Aste M.

172

Caracteristicas de este Procedimiento.
1.- Es Público, esto significa que a diferencia de lo que acontece en el
Sumario Penal, el reclamante podrá imponerse del contenido de todas las
piezas procesales, salvo aquellas que la Dirección Regional ordeno
mantener en carácter de confidenciales, las que por su mismo carácter no
pueden utilizarse como argumento fundante.
2.- Es especial, por cuanto a pesar de que la normativa jurídica de carácter
procesal funcional,y orgánico le es aplicable, existen ciertas instituciones
de derecho, que resultan alteradas por normas especiales, como son:
2.a) El feriado Judicial, a que se refiere el art. 313 del Código
Orgánico de Tribunales, le es inaplicable, en la medida que las
actuaciones verificadas en el perído de dicho feriado, deban
cumplirse por o ante el S.I.I.
2.b) El Director Regional,
extintiva, disponiendo por
eliminación de los rubros
correspondan a revisiones
prescripción.

aplicará de oficio la prescripción
mandato legal, la anulación o
de la liquidación reclamada, que
efectuadas fuera del plazo de

2.c) En la apelación no procede la deserción.
2.d) No procede el abandono de la instancia.
3.- Esencialmente Unilateral, por cuanto no existe contradictor en la
primera instancia. A menos que la Dirección Regional del S.I.I. se haga
parte.
4.- De carácter técnico. Las materias reclamadas son generalmente
complejas.
5.- De consecuencias económicas. Su sentencia, la mayoría de las veces,
conlleva a una obligación económica de parte del Contribuyente o del
Fisco.
6.- Cautelar al interés fiscal. En efecto, aún cuando este pendiente el fallo
del reclamo, el Director Regional puede ordenar que se practiquen nuevas
liquidaciones en relación al mismo impuesto que hubiere dado origen a la
reclamación y la interposición de una reclamación no obsta al ejercicio por
parte del Fisco a las acciones de cobro que procedan.
7.- Acumulativo, por cuanto en un mismo reclamo se comprenden los
impuestos nacidos de hechos gravados de idéntica naturaleza de aquel que
dio origen a los tributos objeto del reclamo y que se devenguen durante el
curso de la causa.

Christian Aste M.

173

PROCEDIMIENTO
1.1.- Quién puede reclamar. El artículo 124° del Código, responde a esta
interrogante, al señalar que puede reclamar cualquier persona, siempre que
invoque un interés actual comprometido. Lo anterior, implica que el reclamante
debe expresar el motivo por el que estima encontrarse agraviado o afectado por el
acto administrativo en contra del cual recurre; este agravio debe afectar a un
interés pecuniario y no meramente moral o teórico.
Además, debe ser un interés actual, esto es, no debe tratarse de obtener una
resolución meramente declarativa por parte del Tribunal Tributario, sino que, debe
estar destinada a solucionar una controversia existente en la práctica.
1.2.- De qué se puede reclamar. (Art. 124° del Código Tributario)
a.- De la liquidación de un impuesto. Se puede reclamar de toda la
liquidación o de una o algunas de las partidas o elementos de ella.
b.- Del giro de un impuesto. En el caso de existir liquidación y giro sólo
puede reclamarse de este último cuando no concuerde con la liquidación
que le sirve de antecedente.
c.- Del pago, sólo cuando no se conforma al giro.
d.- De la resolución, que incida en el pago de un impuesto o en los
elementos que sirvan de base para determinarlo.
e.- De la resolución del Director Regional que deniegue una petición de
devolución de impuestos solicitada sobre la base de lo indicado en los N°s,
1°, 2°, y 3° del Art. 126° del Código Tributario. f.- De la tasación del
precio o valor de un bien raíz practicada por el Servicio para aplicar
impuestos cuya determinación se base en dicho precio o valor (Art. 64,
inciso cuarto, Código Tributario).
g.- De los intereses aplicados por el Servicio, relacionados con hechos que
incidan en una liquidación o reliquidación de impuestos ya notificada al
contribuyente. (Art. 161° N° 7, Código Tributario).
h.- De las sanciones pecuniarias aplicadas por el Servicio y que digan
relación con hechos que inciden en una liquidación o reliquidación de
impuestos ya notificada al contribuyente. (Artículo 161° N° 7).
1.3.- Qué materias no son reclamables. El ordenamiento jurídico va más allá del
mero hecho de señalar que actuaciones de la administración tributaria pueden ser
objeto de un reclamo; además, indica ciertas materias que no pueden ser
reclamadas. Sobre este particular cabe señalar que no pueden ser objeto de un
reclamo tributario, entre otras:
a.- Las Circulares e instrucciones impartidas por el Director o por los
Directores Regionales al personal. (Artículo 126° inciso 3).
b.- Las respuestas dadas por el Director o por los Directores Regionales o
por otros funcionarios del Servicio a las consultas generales o particulares
que se les formulen sobre la aplicación o interpretación de la ley tributaria.
(Art. 126° inciso

Christian Aste M.

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Estas actuaciones pueden ser, sin embargo, objeto de reposición conforme
prescribe el artículo 9° de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado.
c.- Las resoluciones dictadas por el Director o por los Directores
Regionales sobre materias cuya decisión el Código u otros cuerpos legales
entreguen a su juicio exclusivo. (Artículo 126° inciso final).
Estas resoluciones pueden ser, no obstante, objeto de reposición conforme al
artículo 9° de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.
d.- Las citaciones efectuadas de conformidad con lo que dispone el
artículo 63° del Código Tributario.
e.- Las resoluciones dictadas por el Tribunal Tributario durante el proceso
de reclamación, las que, en su caso, podrán ser objeto de recursos de
índole jurisdiccional.
f.- Las nuevas liquidaciones o reliquidaciones emitidas en cumplimiento
de un fallo no son reclamables. Sin perjuicio de lo señalado, pueden
impugnarse ante el Tribunal que ordenó la actuación del Servicio cuando
no se ajusten al fallo que les sirve de fundamento.
g.- Finalmente cabe recordar que en ningún caso constituyen reclamo las
peticiones de devolución de impuestos cuyo fundamento sea:
Corregir errores propios del contribuyente.
Obtener la restitución de sumas pagadas doblemente, en exceso o
indebidamente a título de impuestos, reajustes, intereses y multas.
Obtener la restitución de tributos que dispongan leyes de fomento
o que establecen franquicias tributarias.
Estas peticiones proceden en el plano administrativo y deben ser resueltas
por el respectivo Director Regional de conformidad con el N° 5 de la letra
B del artículo 6° del Código Tributario.
La resolución que al efecto dicte el Director Regional, si deniega la
solicitud del contribuyente, es reclamable.
1.4.- Ante quién se reclama. En caso que el reclamo se deduzca en contra de una
liquidación, giro o resolución, éste debe dirigirse al Tribunal Tributario, que tiene
la calidad de tribunal de primera instancia para estos efectos, que corresponda a la
Dirección Regional del Servicio que emitió la liquidación o el giro o que dictó la
resolución en contra de la cual se reclame.
En el caso de reclamaciones en contra del pago, es competente para conocer del
reclamo, el Tribunal Tributario correspondiente a la Dirección Regional que
emitió el giro al cual corresponda el pago. Si se tratare de liquidaciones, giros o
pagos, emitidos por Unidades de la Dirección Nacional del Servicio, el reclamo
deberá ser deducido ante el Tribunal Tributario correspondiente a la Dirección
Regional en cuya jurisdicción tenía el reclamante su domicilio al momento de ser
notificado de revisión, de citación, de liquidación o de giro.
1.5.- Lugar en que se presenta el reclamo. Por regla general, el reclamo debe
presentarse en la oficina que sirve de secretaría al Tribunal Tributario respectivo,

Christian Aste M.

175

dentro del horario de atención de público. Sin perjuicio de ello, por excepción y a
objeto de facilitar el acceso de los contribuyentes a las instancias jurisdiccionales,
se admite que el escrito de reclamación u otros que deban presentarse durante el
transcurso del proceso puedan ser presentados en la Unidad del Servicio que
posea jurisdicción en la comuna en que se encuentra el domicilio del interesado.
Esta Unidad, una vez recibido el escrito no tiene otra obligación que la de remitir
éste a la brevedad al tribunal respectivo y no adquiere responsabilidad alguna
sobre el pronunciamiento que el escrito merezca.
Como se ha señalado, los escritos deben presentarse durante el horario en que las
Oficinas del Servicio se encuentran abiertas al público. No obstante, si la
presentación que deba hacerse pende de un plazo fatal, éste vence en un día
determinado y el interesado no alcanzó a entregarlo en las oficinas indicadas en el
párrafo precedente, excepcionalmente podrá presentarlo hasta las 24 horas de ese
día en la casa de un funcionario del Servicio especialmente designado al efecto, y
cuyo domicilio se encuentra expuesto al público en un sitio destacado de cada
Tribunal.
Debe destacarse, finalmente, que toda presentación que deba hacerse en este
procedimiento debe efectuarse en forma personal, y que, consecuentemente, no
procede la remisión de escritos de reclamo u otras presentaciones por medio de
Correos, ni aún cuando se emplee la carta certificada, u otros medios tales como
Fax, E-mail, etc.
1.6.- Plazo para reclamar (Art. 124° inciso 3 Código Tributario). El plazo general
para reclamar es, de sesenta (60) días hábiles contados desde la notificación por
parte del Servicio de la actuación administrativa de que se reclama. Por excepción,
si no pudiere aplicarse la regla precedente, el plazo se contará desde la fecha de la
resolución, o del acaecimiento del acto o hecho en que la reclamación su funde.
La notificación puede haberse efectuado personalmente, por cédula o por carta
certificada. Tratándose de notificaciones por carta certificada, que es la forma
general de notificación que emplea el Servicio, los plazos empiezan a contarse (3)
días hábiles después del envío de la carta por el Servicio al Correo; en las
anteriores los plazos corren desde el momento mismo de efectuada la notificación.
Características de este plazo:
a.- Es un plazo legal, toda vez que se encuentra establecido expresamente
por la ley.
b.- Es un plazo de días hábiles. En consecuencia, en su cómputo deben
descontarse los días feriados, que actualmente son: Los domingo de todo
el año. El 01 de enero de cada año. Los días en que se celebren las
festividades religiosas del viernes y sábado correspondientes a la "semana
santa" de cada año. Los días 01 y 21 de mayo. Los días en que legalmente
se celebran las festividades de Corpus Cristi y San Pedro y San Pablo. El
15 de agosto de cada año. El primer día lunes del mes de septiembre de
cada año. Los días 18 y 19 de septiembre de cada año. El día en que se
celebra la festividad del "Día de la Raza" o "De la Hispanidad" El 01 de
noviembre. Los días 08 y 25 de diciembre. Los demás días declarados
festivos por ley.

Christian Aste M.

176

Debe tenerse especialmente presente respecto de los días sábado, que no obstante
que en estos días las oficinas del Servicio de Impuestos Internos no se encuentran
abiertas al público, para los fines del cómputo del término para reclamar éstos son
días hábiles y, por consiguiente, deben computarse en el cálculo del plazo.
En consecuencia, si el último día del plazo para presentar el reclamo, recayere
precisamente en día sábado, aquél podrá ser presentado hasta las 24,00 horas de
ese día en el domicilio del funcionario especialmente habilitado para ello, según se
expresa en el numeral 1.5, precedente. En ningún caso, opera respecto del cálculo
de este plazo la prorroga a que se refiere el inciso final del artículo 10° del Código
tributario.
c.- Es un plazo fatal, es decir, se extingue por su sólo transcurso, sin que
necesite de un pronunciamiento especial al efecto.
d.- No admite prórroga. Este plazo no puede ser ampliado por la autoridad
administrativa o judicial, cualquiera sean las razones que se puedan
esgrimir para ello.
1.7.- Plazo especial para reclamar. Si el contribuyente paga los impuestos
determinados en la liquidación dentro del plazo de sesenta días hábiles contados
desde la fecha de la notificación de aquella, el plazo anteriormente descrito se
amplía a un año. Este plazo de un (1) año empieza a contarse desde la fecha de la
respectiva notificación; cabe recordar, entonces, lo dicho al respecto en el punto
anterior.
Características de este plazo especial:
a.- Es un plazo legal, fatal e improrrogable.
b.- Por ser de (1) año, no se suspende durante los feriados; así por ejemplo,
el plazo que comienza a correr el 01 de agosto del 2000 vencerá el 01 de
agosto del 2001 a las 24 horas.
1.8.- Requisitos que debe cumplir el reclamo. El reclamo, como tal, es una
expresión del derecho de petición que garantiza constitucionalmente el N° 14 del
artículo 19° de la Constitución Política de la República. En tal sentido, el reclamo
debe formularse en términos respetuosos y convenientes. A estos fines, se
considera que el reclamo:
a.- Debe presentarse por escrito, en lo posible dactilografiado; no necesita
usarse papel especial. Se solicita que se presente en original y tres copias,
una de las cuales le será devuelta al reclamante, con anotación del día de
presentación.
b.- El reclamante debe individualizarse, con su nombre, apellido,
dirección, número de Rol Único Tributario. En el acto de la presentación
del reclamo se le exigirá la exhibición de su Rol Unico Tributario o, en su
reemplazo, de la Cédula Nacional de Identidad.
c.- En caso de reclamar el representante legal o mandatario del
contribuyente, debe acompañar o exhibir el título en que conste su calidad
de tal.

Christian Aste M.

177

d.- El reclamo debe estar firmado por el contribuyente y/o por el
representante legal, mandatario o apoderado, según corresponda. e.- El
reclamo debe precisar sus fundamentos (Art. 125° N° 1 C.T.). Lo anterior
implica que el reclamante debe consignar en el escrito los motivos o
razones que justifican el reclamo o en virtud de los cuales, estima
infundadas, ilegales o improcedentes las imputaciones que le formula el
Servicio. Estos razonamientos deben formularse en forma clara, expresa y
precisa.
f.- Debe presentarse acompañado de los documentos en que se funda,
excepto aquellos que por su volumen, naturaleza, ubicación u otras
circunstancias, no pueden agregarse a la solicitud. (Art. 125° N°2 C.T.).
Aún cuando esto no es obligatorio, es conveniente, para los fines de
facilitar al Tribunal Tributario el conocimiento de la cuestión debatida, se
adjunte al reclamo una copia de la liquidación, giro o resolución reclamada
así como de las actas de notificación respectivas.
g.- Debe contener en forma precisa y clara, las peticiones que se someten a
la consideración del Tribunal Tributario. (Art. 125° N°3 del Código
Tributario).
Debe hacerse hincapié en que el reclamo debe ser completo, esto es, debe
contener todas y cada una de las impugnaciones que se pretenda formular
respecto de la actuación fiscalizadora de que se trate. Lo anterior tiene
como fundamento la circunstancia que con la presentación del reclamo se
extingue la oportunidad procesal que tiene el contribuyente para producir
sus excepciones. Con posterioridad a esta oportunidad, las
argumentaciones que se hagan no pueden fundarse en excepciones que no
se hayan hecho valer durante el reclamo. También cabe hacer la precisión
que si el reclamo es deducido antes del vencimiento del plazo legal para
reclamar, no podrá efectuarse adiciones a él, ni aún cuando se pretenda
incluir éstas antes del vencimiento de dicho plazo.
Si el reclamo omite alguno de los requisitos indicados en las letras a), b), o
d), de plano y sin necesidad de resolución alguna se tendrá por no
efectuada la actuación.
Si se omite el requisito indicado en la letra c), se dictará una resolución
que aperciba al interesado para acompañar el "título" en que conste su
representación en un plazo máximo de 3 días hábiles. En el caso que no se
cumpliere con esta exigencia en el plazo conferido al efecto, el Tribunal
tendrá por no presentado el reclamo. Lo anterior, toda vez que en este
procedimiento no procede la comparencia de un tercero que no tenga la
calidad de representante del afectado con el acto que se pretende
impugnar, así como tampoco la comparecencia con "fianza de rato".
Si el reclamo no cumple con alguno de los requisitos indicados en las
letras e), f) o g) precedentes, el Tribunal Tributario dicta una Resolución
ordenando el cumplimiento de los requisitos omitidos, dentro del plazo
que señale al efecto, el cual no podrá ser inferior a 15 días hábiles, bajo
apercibimiento de tener por no presentada la reclamación de no
completarse los antecedentes solicitados. (Art. 125°, inc. 2° del C.T.).

Christian Aste M.

178

No es requisito para reclamar de una liquidación o giro el pago previo de
los impuestos, intereses y sanciones; pero debe tenerse presente que la
reclamación no impide al Fisco realizar el cobro correspondiente cuando
se trata de impuestos reclamados, que ya hayan sido girados de
conformidad a la ley.
Como contrapartida a lo anterior, en este caso, el contribuyente podrá
solicitar al Juez Tributario que decrete la suspensión total o parcial del
cobro judicial por un plazo determinado o hasta que se dicte sentencia de
primera instancia. (Art. 148° inc. 2° del C.T.)
1.9.- La representación en la tramitación del reclamo. Al igual que en la
generalidad de las materias que se tramitan ante la administración tributaria, los
interesados pueden actuar personalmente o representados.
Sin embargo, tratándose de actuaciones que deban verificarse ante los Tribunales
Tributarios, la ley establece reglas especiales respecto de la manera en que debe
acreditarse la representación de quien comparece a nombre de otro, las cuales se
apartan de los principios establecidos por el artículo 9° del Código Tributario.
En primer término, debemos tener presente que el artículo 129° del Código
Tributario reconoce expresamente la comparecencia judicial de los contribuyentes
mediante mandatarios al expresar que: "En las reclamaciones a que se refiere el
presente Título, sólo podrán actuar los contribuyentes por sí o por medio de sus
representantes legales y mandatarios". Conforme a esta disposición el mandatario
no requiere poseer un título profesional especial que lo habilite para comparecer,
pudiendo, entonces, recaer esta representación en cualquier persona.
Lo anterior, sin perjuicio de lo que se señala en el numeral 1.10, siguiente. Ahora
bien, no existiendo una regulación especial en el Código Tributario respecto de la
forma de acreditar el título de la representación en las actuaciones judiciales ante
los órganos que ejercen jurisdicción en materia tributaria, procede aplicar las
normas establecidas en los artículos 6° y 7° del Código de Procedimiento Civil, en
su carácter de supletorios según dispone expresamente el artículo 148° del Código
Tributario.
Conforme al artículo 6° del Código de Procedimiento Civil, el que comparezca en
juicio a nombre de otro, en desempeño de un mandato o en ejercicio de un cargo
que requiera especial nombramiento, tiene como primera obligación la de exhibir
el título que acredite su representación. Asimismo, del análisis de la norma
indicada aparece que en el juicio tributario, se puede acreditar la representación
con un mandato o poder que cumpla con las siguientes condiciones:
1° El constituido por escritura pública otorgada ante Notario Público o
ante Oficial del Registro Civil a quien la ley confiera esta facultad. Debe
resaltarse que el mandato debe constituirse por escritura pública, en
consecuencia no será suficiente el poder que conste en un documento
otorgado o suscrito ante Notario, si dicho documento no tiene la calidad de

Christian Aste M.

179

escritura pública.
2° El que conste de una declaración escrita del mandante, autorizada por el
Secretario del Tribunal que deba conocer de la causa. La última de las
mencionadas será la forma más corriente de constituir el mandato en
materia jurisdiccional y ante el Tribunal Tributario se hará concurriendo
personalmente el poderdante ante el Ministro de Fe del Tribunal, quien
procederá, previa verificación de su identidad, a autorizar el poder.
Sin perjuicio de lo mencionado, a objeto de facilitar el acceso al
procedimiento, los contribuyentes podrán también autorizar los poderes
para comparecer en el proceso ante el Jefe de la Unidad del Servicio
correspondiente.
Reglas particulares:
a.- Representación de personas jurídicas. Si bien, para los fines de las
notificaciones que debe efectuar la administración tributaria, es válida la
actuación que al efecto se realice con el administrador o gerente de
sociedades o cooperativas o con el presidente o gerente de personas
jurídicas, (Art. 14 Código Tributario) ello no implica necesariamente que
dichas personas estén habilitadas para deducir "reclamo tributario" a
nombre de dichos contribuyentes.
A estos fines, la única persona que puede actuar por la persona jurídica en
el juicio tributario es aquella a quien los estatutos de la misma le confieran
dicha facultad, y atendidas las limitaciones que aquellos le impongan,
como puede ser la actuación de consuno de dos o más socios, etc. En tal
sentido, el representante de una persona jurídica que pretenda deducir
"reclamo" en este procedimiento, debe necesariamente acreditar la
personería con que actúa, para lo cual deberá exhibir el título donde se le
han conferido las facultades pertinentes.
b.- Delegación del mandato. El mandato con que una persona actúa en
nombre de otra en el proceso de "reclamo" puede ser delegado por ésta,
salvo que el mandante, expresamente lo haya prohibido. Para fines
prácticos, la delegación debe constar por escrito y cumplir con análogos
requisitos a los señalados precedentemente.
c.- Expiración del mandato. De acuerdo con las reglas estatuidas por el
artículo 10° del Código de Procedimiento Civil, toda persona que actúe en
juicio a nombre de otra mantendrá esta facultad en tanto no exista en el
proceso constancia expresa de la expiración de su mandato. En
consecuencia, en tanto esta constancia no exista, el Tribunal Tributario
notificará y realizará sus actuaciones válidamente con el señalado
representante.
1.10.- Caso en que se debe actuar representado por abogado habilitado para el
ejercicio de la profesión. (Artículo 2° inciso 11, Ley 18.120, de 1982, sobre
Comparecencia en Juicio). Si bien por regla general no es necesario que el
representante que actúa por cuenta del reclamante, posea la calidad de abogado, en
casos muy especiales el Tribunal Tributario, por resolución fundada, podrá exigir
que el compareciente tenga esta calidad.

Christian Aste M.

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1.11.- Resolución que recae en el escrito de reclamo. Una vez que el escrito de
reclamo pasa a conocimiento del Juez Tributario, éste analiza los antecedentes y,
en el caso que cumpla con todos los requisitos previamente indicados en el
apartado 1.8 precedente, dictará una resolución, la que se notifica por carta
certificada, en la cual admitirá a tramitación el reclamo y, pedirá informe al
fiscalizador actuante sobre puntos específicos del reclamo que deban ser
analizados para los efectos de dilucidar la procedencia del mismo.
Por el contrario, si el reclamo no cumple alguno de dichos requisitos, procederá a
dictar una resolución en la que se apercibe al contribuyente a cumplirlos en un
plazo perentorio o, si se trata del requisito indicado en la letra c), tendrá por no
presentado el reclamo, de plano. En contra de la resolución que declara
improcedente el reclamo o hace imposible su continuación, el contribuyente puede
recurrir por la vía de la reposición y/o de la apelación de acuerdo a lo que se
expone en el apartado N° 6 de estas instrucciones.
1.12.- Recursos que proceden durante la tramitación del reclamo (Artículo 133°,
Código Tributario) Durante la tramitación del reclamo el único recurso que se
admite en contra de las resoluciones que se dicten es el de reposición para ante el
mismo Tribunal. Este medio de impugnación debe ser deducido fundadamente,
dentro del término de cinco días hábiles contados desde la notificación de la
resolución que se impugna
1.13.- Participación del Servicio de Impuestos Internos como "parte" del proceso.
Conforme a la Circular en análisis, el Servicio de Impuestos Internos se reserva la
facultad de "hacerse parte", en algunos procesos, para los fines de participar en la
recepción de ciertas pruebas, o hacer efectivo el derecho de impetrar medidas
cautelares".
A tal fin, el Subdirector Jurídico, designará un abogado que represente a la
Institución en estas circunstancias. (Mayores antecedentes sobre este
procedimiento se encuentran en la Circular 9, de 1999, la que se puede revisar en
la página WEB del Servicio en INTERNET)
1.14.- Medidas conservativas a favor del Fisco. Según la Circular que
comentamos, el Servicio de Impuestos Internos, en representación del Fisco de
Chile, se encuentra habilitado para impetrar en el proceso medidas cautelares que
le permitan asegurar que el reclamante en definitiva cumplirá lo fallado por los
Tribunales en la medida que éstos, al término del proceso, desechen el reclamo
planteado.
En tal sentido, desde el momento en que el Tribunal Tributario de Primera
Instancia acoge a tramitación el reclamo deducido por el contribuyente, podrá
solicitar a aquél se decrete una medida precautoria, v.gr. la indicada en el N° 4 del
artículo 290° del Código de Procedimiento Civil, esto es la de prohibición de
celebrar actos o contratos sobre bienes determinados.
El reclamante puede deducir oposición a esta solicitud del Servicio, la que será

Christian Aste M.

181

tramitada por el Tribunal en forma incidental y en cuaderno separado. La
resolución que se pronuncie sobre la oposición sólo es susceptible de ser
impugnada por la vía del recurso de reposición según se ha expresado en el
numeral 1.12 precedente.
Sin perjuicio de ser esta la posición oficial del Servicio de Impuestos Internos,
hacemos presente que esta posición puede ser objetada. En primer lugar, porque
no existe razón constitucional para justificar que un mismo órgano sea juez y
parte. En segundo lugar, porque el artículo 148 del Código Tributario se remite
sólo al Libro Primero del Código de Procedimiento Civil. Las medidas cautelares
se contienen en el Libro II.
1.15.- Acceso al expediente y demás antecedentes del proceso. El contribuyente y
su representante debidamente acreditado tienen libre acceso al expediente y a los
demás antecedentes que formen parte del proceso, en cualquier estado de la
tramitación.
Sin perjuicio de ello, el reclamante en ningún caso podrá sustraer el expediente u
otros antecedentes que formen parte de la causa de la secretaría del Tribunal. En
su caso, podrá solicitar fotocopias de una o más piezas del proceso, lo que el
Tribunal autorizará a costa del solicitante y tomando las medidas de resguardo
convenientes. Si, eventualmente se requiriere retirar alguna pieza del expediente,
deberá solicitarse al Tribunal por escrito, pudiendo éste autorizar dicho retiro. En
todo caso, del desglose se dejará constancia agregando, en el mismo lugar una
nueva foja con la indicación de la resolución que lo autorizó y el número y
naturaleza de las piezas desglosadas. Asimismo, se agregará fotocopia
autentificada por el Ministro de Fe del Tribunal de las piezas retiradas. Terminado
el proceso y ordenado el archivo de los antecedentes, el reclamante podrá solicitar
la devolución de la documentación agregada a los autos.
El Tribunal podrá autorizar esta devolución dejando constancia en los autos del
retiro.
1.16.- Documentación confidencial. Por excepción, el artículo 130° del Código
Tributario autoriza al Tribunal a conferir a algunas piezas el carácter de
"confidencial". Estas piezas no forman en caso alguno parte del proceso y,
consecuentemente no podrá fundarse en ellas la sentencia que se dicte en el caso
concreto. A estas piezas no tendrá acceso el contribuyente ni su representante.
2.- Derecho del contribuyente de rectificar declaraciones o pagos de impuestos
correspondientes al período reliquidado. (Artículo 127°, Código Tributario).
Cuando un contribuyente reclama de una liquidación de impuestos practicada por
el Servicio, conjuntamente y dentro del mismo plazo, puede solicitar la
rectificación de cualquier error de que adolecieran las declaraciones o pagos de
impuestos correspondientes al período reliquidado, siempre que se cumplan las
siguientes condiciones:
a.- Que se le hayan reliquidado impuestos;

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b.- Que la nueva liquidación sea reclamada dentro de plazo legal; c.- Que
el contribuyente haya incurrido en errores en una o más declaraciones o
pago de impuestos en el período revisado, o sea, los años tributarios o
espacio de tiempo que haya comprendido la fiscalización del Servicio. De
ser acogida la rectificación, no dará derecho a devolución de dinero, sino
sólo a la compensación con las cantidades correspondientes a los
impuestos que se le determinen. Esta petición se fallará junto con el
reclamo.
3.- Informes que se emitan con ocasión del reclamo. Ante el reclamo presentado,
el Tribunal puede solicitar información adicional al área de Fiscalización
correspondiente del Servicio de Impuestos Internos, para disponer de los
antecedentes globales asociados a la controversia. Estos informes se ponen en
conocimiento del reclamante para que le formule las observaciones que estime
pertinentes; para estos fines, normalmente se le envía una copia por carta
certificada.
3.1.- Plazo para formular observaciones al Informe El reclamante, tiene el plazo
de diez (10) días hábiles contados desde la notificación de la resolución que pone
en su conocimiento el Informe, para formular las observaciones que este le
merezca.
a.- De días hábiles
b.- Legal
c.- Fatal
d.- Improrrogable.
4.- Etapa de Prueba. Formuladas o no las observaciones al informe referido en el
numeral 3 anterior, el Tribunal Tributario, de oficio o a petición de parte, si estima
que existen en el proceso hechos sustanciales y pertinentes, controvertidos, puede
recibir la causa a prueba, para lo cual fijará un término probatorio, normalmente
de diez (10) días hábiles.
Este término es de gran importancia ya que sólo durante su transcurso, el
contribuyente podrá presentar documentos, rendir prueba testimonial o solicitar
alguna diligencia probatoria.
a.- De días hábiles
b.- Judicial
c.- Fatal para presentar documentos, rendir prueba testimonial o pedir
alguna diligencia probatoria.
d.- Por ser un plazo de índole judicial, no se extingue por su solo
transcurso y deberá dictarse una resolución del Tribunal que lo declara
cerrado o da curso progresivo a los autos. Normalmente, ocurrirá esto
último a través de la resolución que cita a las partes a oír sentencia.
4.1.- Resolución que ordena recibir la causa a prueba. El Juez ordena recibir la
causa a prueba, por medio de una resolución que se denomina "Auto de Prueba".

Christian Aste M.

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Contenido del "Auto de Prueba"
a.- Ordena recibir la causa a prueba.
b.- Fija el plazo del término probatorio. Normalmente, como se ha
señalado, un plazo de 10 días hábiles.
c.- Fija el hecho o hechos pertinentes y sustanciales, controvertidos,
indicando expresamente los puntos sobre los cuales deberá recaer la
prueba.
d.- Fija los días en que la prueba testimonial debe rendirse.
e.- Fija el plazo dentro del cual debe acompañarse la lista de testigos; sólo
pueden declarar los testigos individualizados en la lista.
f.- Determina la forma en que la testimonial debe rendirse.
Notificación del "Auto de Prueba". Normalmente la notificación se hará por
medio de la carta certificada, excepcionalmente podrá efectuarse en forma
personal o por cédula, cuando las circunstancias así lo exijan.
Recurso que procede en contra del "Auto de Prueba". Atendido lo que dispone el
artículo 133° del Código tributario, en contra de esta resolución del tribunal sólo
procede el "recurso de reposición", el cual ha de ser deducido dentro del término
de quinto día hábil contados desde la fecha de la notificación respectiva.
4.2.- Medios de Prueba Volver al índice El Código Tributario no establece una
nómina relativa a los medios de prueba aceptables en materia de reclamaciones
tributarias. En tal sentido, acudiendo a la legislación común, arribamos a la
enumeración contenida en el Código de Procedimiento Civil (Art. 341°), de
acuerdo con la cual, en materia de reclamos tributarios tienen aplicación:
Documentos públicos o privados Testigos
Inspección personal del Tribunal
Informe de Peritos
Presunciones
Tan sólo estos medios de prueba pueden hacerse valer como tales en el juicio
tributario.
Respecto de la Absolución de Posiciones, que consiste en llamar a confesar en
juicio a la contraparte, cabe considerar que este medio de prueba no es procedente
en ninguno de los procedimientos de reclamo, por cuanto ni los funcionarios que
actuaron en la fiscalización que derivó en el acto administrativo que se impugna,
ni los Directores Regionales tienen la calidad de parte en las reclamaciones
tributarias.
Como se ha dicho previamente, los otros medios de prueba de que puede valerse
el reclamante para acreditar la verdad de sus declaraciones o la naturaleza de los
antecedentes y monto de las operaciones que deban servir para el cálculo del
impuesto son:
a.- Documentos, esto es, escritos de cualquier naturaleza en los cuales se
consignan hechos. Los documentos pueden ser públicos o privados, En esta última

Christian Aste M.

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categoría se consideran también los libros de contabilidad y demás antecedentes
contables que sirven de respaldo a sus anotaciones.
Tratándose de documentos privados, lo normal es que éstos para ser tenidos como
prueba, deban aparecer revestidos de antecedentes que permitan acreditar que son
fidedignos.
Finalmente, es importante señalar respecto de la prueba de documentos que si ella
consta de fotocopias, las mismas deben estar debidamente autentificadas ante un
Ministro de Fe que atestigüe que ellas son copias fieles al original. Sin este
requisito, la fotocopia de un documento carece de valor probatorio.
Oportunidad en que se deben acompañar los documentos:
Este medio de prueba se puede presentar en cualquier estado del juicio hasta el
vencimiento del término probatorio.
b.- Testigos. Son personas ajenas al litigio planteado y que poseen conocimiento
acerca de los hechos que se tratan de probar o les constan por haberlos
presenciado o haber tenido referencia de ellos. Es de la esencia del testigo y
constituye un requisito para dar mérito probatorio a sus declaraciones que sea un
extraño a los hechos que se tratan de probar, que no tenga interés alguno en ellos y
que no resulten para él consecuencias directas ni indirectas de los hechos sobre los
que declara. La parte reclamante tiene la posibilidad de presentar la declaración de
hasta seis (6) testigos por cada uno de los hechos que deban acreditarse.
La responsabilidad de la comparecencia de los testigos pertenece a la parte que los
presenta. A efecto que esta prueba sea admisible, la parte interesada deberá
adjuntar dentro del plazo que le indique el Tribunal (normalmente dentro de los
dos primeros días hábiles del término probatorio) una nómina de los testigos de
que piensa valerse, con expresión del nombre, apellidos, domicilio, profesión u
oficio de cada uno de ellos. No se admitirá la declaración de testigos que no
figuren en dicha nómina.
c.- Inspección personal del tribunal. Consiste en el examen o visita que practica el
Tribunal por sí mismo a la cosa que se litiga o al lugar del suceso para cerciorarse
de la verdad de los hechos que se alegan. d.- Informe de Peritos. Es el dictamen
efectuado por personas que tienen conocimientos especiales sobre determinadas
ciencia o arte y que resulta pertinente para la mejor apreciación de hechos que por
su naturaleza requieren de dichos conocimientos para conocer su exacta
dimensión o efectos. La actuación de peritos durante la instancia del "reclamo"
puede originar costos, los que deberán ser sufragados por la parte interesada en
rendir esta prueba.
e.- Presunciones. Desde el punto de vista probatorio, la presunción no es un medio
de prueba propiamente tal, ya que a diferencia de los anteriores no es producido
por las partes ni existe fuera del ámbito del razonamiento judicial.
Consiste en las deducciones lógicas que, a la luz de su conocimiento y

Christian Aste M.

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experiencia, el Juez obtiene del análisis de hechos del proceso, que le permiten
tener por demostrado el acaecimiento de hechos desconocidos, y cuya existencia
es precisamente lo que se trata de demostrar en el proceso.

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5.- Etapa de sentencia. Vencido el término probatorio, el Juez Tributario citará a
las partes para sentencia, poniendo con ello fin a la etapa probatoria. Dictada esta
resolución el Tribunal no acepta nuevas presentaciones ni probanza alguna por
parte del reclamante. En esta etapa el Tribunal debe revisar si con los antecedentes
existentes en el proceso se encuentra en situación de dilucidar el caso planteado y
resolverlo conforme a derecho. Si considera que estas condiciones existen, sin
más procederá a dictar la sentencia definitiva, resolviendo la cuestión debatida.
Por el contrario, si estima necesario recibir algún antecedente sobre un hecho
pertinente, substancial podrá decretar una "medida para mejor resolver", la que
deberá ser tramitada en un breve plazo, no superior a 20 días hábiles. Cumplida la
medida, el Tribunal estará en condiciones de dictar sentencia sin más dilación. La
sentencia definitiva, es una actuación del Tribunal que contiene la resolución de
todos los puntos reclamados por el contribuyente y en la que se define el destino
del acto reclamado. En ésta se contienen instrucciones precisas a fin de que el área
de fiscalización de la administración tributaria pueda dar efectivo cumplimiento a
lo resuelto. Por regla general, la sentencia no puede pronunciarse sobre cuestiones
que no hayan sido referidas en las peticiones concretas efectuadas por el
contribuyente en su reclamo. Sin perjuicio de ello, en forma excepcional el
Tribunal se pronunciará sin necesidad que el contribuyente los hubiere
considerado en su reclamo, sobre los siguientes puntos: Impuestos devengados
durante el reclamo: (Art. 134°, inciso 3, Código Tributario) Por el sólo ministerio
de la ley, se entienden reclamados los impuestos que nazcan de hechos gravados
de idéntica naturaleza de aquél que dio origen a los tributos objeto del reclamo,
que se devenguen durante el curso de la causa. Prescripción: (Art. 136°, inciso 1,
Código Tributario). El Tribunal dispondrá la anulación o eliminación de los rubros
de la liquidación reclamada que corresponda a revisiones efectuadas fuera de los
plazos de prescripción, aún cuando ello no hubiere sido motivo del reclamo del
contribuyente.
Condena en costas: (Art. 136°, inciso 2, Código Tributario). Si el reclamo es
rechazado en todas sus partes, el Tribunal condenará en costas al reclamante, las
que se fijarán en una suma no inferior al 1% del monto de los impuestos
reclamados ni superior al 10% de los mismos. El Tribunal puede eximir de esta
sanción procesal al reclamante cuando, a su juicio exclusivo, considere que ha
tenido motivos plausibles para reclamar. De esta decisión el Tribunal deberá hacer
declaración expresa. Las costas se giran una vez que queda ejecutoriada la
sentencia que las impone.
Se entiende que la sentencia está ejecutoriada desde el momento en que se notifica
el decreto que la manda cumplir, una vez que han terminado los recursos
interpuestos en su contra o, desde que transcurre el plazo de 10 días contados
desde su notificación a las partes, sin que se haya hecho valer recursos en su
contra, circunstancia que certificará un funcionario del tribunal con categoría de
ministro de fe (Art. 174°, Código de Procedimiento Civil).
5.1.- Notificación de la sentencia. (Artículo 138°, Código Tributario). (a) Por regla

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general, la sentencia que resuelve el reclamo se notificará al reclamante por carta
certificada; (b) Excepcionalmente se notificará por cédula cuando así lo haya
dispuesto el Tribunal a solicitud del reclamante durante la tramitación del
reclamo. Para estos efectos, el interesado debe fijar un domicilio en la ciudad
donde funciona la sede de la Dirección Regional. Si no se da cumplimiento a esta
obligación, el Tribunal no accederá a la petición y la sentencia se notificará por
carta certificada. (c) Asimismo, se notificará en forma personal o por cédula,
cuando la carta certificada resulte devuelta por el Servicio de correos por alguna
causa.
6.- Recursos que proceden en contra de la sentencia definitiva pronunciada por el
Tribunal Tributario. (Artículos 138° y 139°, Código Tributario). Notificada la
sentencia, por regla general, el Juez no puede alterarla o modificarla.
Por excepción, el Juez, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la última
notificación, actuando de oficio podrá aclarar puntos oscuros o dudosos, salvar las
omisiones o rectificar los errores de referencia o de cálculos numéricos que
contenga la sentencia. Esta facultad, también puede ser ejercida a petición de
parte, a través de la interposición de una solicitud de aclaración, agregación o
rectificación, la que se puede formular en cualquier tiempo. En cuanto al fondo, la
sentencia únicamente es susceptible de ser modificada a través de los recursos de:
a.- Reposición: Es un recurso que se interpone ante el mismo tribunal que
dictó el fallo y en el que se le solicita que el mismo lo enmiende conforme
a derecho. Este recurso debe interponerse en el plazo de diez (10) días
hábiles, fatales, contados desde la notificación de la sentencia; es un plazo
legal improrrogable. En contra de la resolución que falle la reposición no
procede recurso alguno, sin perjuicio de la apelación subsidiaria. El
recurso puede interponerse solo, pero subsidiariamente, para el caso de no
ser acogido, puede deducirse apelación.
b.- Apelación: Es un recurso que se interpone ante el tribunal que dictó el
fallo, pero su conocimiento corresponde al tribunal superior, en este caso,
la Corte de Apelaciones, quien puede enmendar con arreglo a derecho, la
resolución del inferior. La apelación puede interponerse sola, en el término
de diez (10) días hábiles contados desde la última notificación o, como se
ha dicho, en subsidio de la reposición; en este último caso deben
interponerse ambos recursos conjuntamente, también dentro del plazo fatal
de diez (10) días hábiles contados desde la respectiva notificación.
Los plazos mencionados son además de carácter legal e improrrogables y
no se suspenden por la solicitud de aclaración, agregación o rectificación.

6.1.- Requisitos para la interposición de estos recursos. Los recursos de reposición
y de apelación deben cumplir con los requisitos básicos de toda presentación
jurisdiccional, esto es constar por escrito, ser extendidos en términos respetuosos y
convenientes. Además, en el caso específico, ellos deben ser fundados, esto es
deben indicar claramente las razones por las cuales se impugna la sentencia
recurrida. Asimismo, el escrito debe contener "peticiones concretas", vale decir, el

Christian Aste M.

188

recurrente debe exponer claramente la forma en que solicita que el Tribunal que
deba conocer de los recursos resuelva el o los asuntos controvertidos. Cabe
observar, en este punto, que si se ha fundado debidamente el recurso de reposición
y se contienen en éste peticiones concretas, no es menester reiterar ello en el
recurso de apelación subsidiario.
Finalmente, sobre este punto, debe tenerse presente que la jurisprudencia de
nuestros Tribunales ha dictaminado en diversas oportunidades que no constituye
una "petición concreta" la que se formula en términos de "que se resuelva el
asunto conforme a la ley". La omisión de la fundamentación o de las peticiones
concretas, ocasiona la inadmisibilidad del recurso.
Respecto de la presentación del escrito en que conste un recurso son aplicables las
mismas reglas indicadas en el número 1.5 precedente.
6.2.- Tribunal competente para conocer de la apelación. (Artículo 120°, inciso 2°,
Código Tributario). Es competente para conocer de las apelaciones que se
deduzcan en contra del fallo del Tribunal Tributario de primera instancia la Corte
de Apelaciones que ejerza jurisdicción sobre el territorio de la Dirección Regional
a que pertenezca el Tribunal que dictó la resolución recurrida. No obstante, si el
territorio de esa Dirección Regional comprende un área jurisdiccional en el cual
tengan competencia dos o más Cortes de Apelaciones, conocerá de estos recursos
la Corte que tenga competencia en el lugar del domicilio del contribuyente.
Ejemplos: De la apelación concedida por el Tribunal Tributario de la I Dirección
Regional del Servicio de Impuestos Internos, que ejerce jurisdicción sobre todo el
territorio de la Primera Región de Tarapacá, deducida por un contribuyente
domiciliado en la ciudad de Arica, conocerá la Corte de Apelaciones de esa
ciudad y no la Corte de Apelaciones de Iquique, ciudad de asiento del Tribunal de
primera instancia.
De igual manera, de la apelación en contra de la sentencia pronunciada por el
Tribunal Tributario de la V Dirección Regional del Servicio, en un reclamo
deducido por un contribuyente que tiene su domicilio en la ciudad de San
Antonio, conocerá la Corte de Apelaciones de San Miguel y no la Corte de
Apelaciones de Valparaíso, ciudad de asiento del tribunal de primer grado.
6.3.- Tramitación del recurso en segunda instancia. (Artículo 143°, Código
Tributario) El recurso se tramita sin otra formalidad que la fijación de día para la
vista de la causa, sin perjuicio de la posibilidad que tienen las partes de rendir
prueba conforme a las reglas del Código de Procedimiento Civil o de las medidas
para mejor resolver que ordene el tribunal.
El contribuyente no requiere ser representado por un abogado para deducir la
apelación, pero si pretende comparecer en la segunda instancia o plantear
"alegatos" ante la Corte de Apelaciones, deberá hacerse representar por un
abogado habilitado para el ejercicio de la profesión.
En esta instancia el interés fiscal es representado por el Consejo de Defensa del
Estado.

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189

7.- Derecho del apelante de pedir suspensión del cobro de los impuestos. (Artículo
147°, incisos 6 y 7, Código Tributario) Fallado el reclamo en primera instancia se
procede al giro de los impuestos reclamados, cuyo cobro ejecutivo inicia la
Tesorería General de la República.
El contribuyente, si recurriere de apelación para ante la Corte de Apelaciones
competente, puede solicitar a ésta que disponga la suspensión total o parcial del
cobro del impuesto por un plazo determinado, el que podrá ser renovado. Si el
tribunal de Alzada, previo informe del Servicio de Tesorerías, otorga la
suspensión, el apelante debe pedir que se oficie a la Tesorería General de la
República para que cumpla la suspensión decretada. No procede la suspensión de
la acción de cobro respecto de impuestos sujetos a retención ni a aquellos que
deban ser objeto de recargo en los cobros o ingresos de un contribuyente, en la
parte que efectivamente se hubieren retenido o recargado.
8.- Recursos contra el fallo de la Corte de Apelaciones (Artículo 145°, Código
Tributario). El reclamante o el Fisco pueden interponer los recursos de casación
contemplados en el Código de Procedimiento Civil en contra del fallo
pronunciado por la Corte de Apelaciones.
9.- Etapa de cumplimiento. Devueltos los antecedentes por los tribunales
Superiores, el Tribunal de primera instancia dictará la providencia de "Cúmplase",
quedando ejecutoriado el fallo y en condiciones que el área de Fiscalización
proceda a su cumplimiento realizando las actuaciones administrativas pertinentes
para ello.

Christian Aste M.

190

PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACION ESPECIALES
1.- PROCEDIMIENTO DE RECLAMO DE AVALUO DE BIENES
RAICES
Tribunal Competente: Dirección Regional correspondiente al domicilio del
inmueble.
La fuente legal del tribunal se encuentra en el art. 6. Letra b. Nos 3 y 6, 115,
116, 161. Del código tributario y art. 17 y 18. Del estatuto orgánico del S.I.I.
Entre sus características se pueden indicar:
Tribunal unipersonal; esta constituido por una sola persona.
Es un tribunal de derecho; tramita y falla en conformidad a la ley.
Es un tribunal especial: no se encuentra establecido en el código orgánico de
tribunales, sino en el código tributario y en el estatuto orgánico del
servicio.

2° Instancia
En cada ciudad asiento de corte de apelaciones, hay dos tribunales especiales
de alzada. Su territorio jurisdiccional corresponde a la corte de apelaciones
respectiva.
Las características del tribunal son las siguientes:
Es colegiado, porque esta compuesto por diversos miembros, que pueden ser
tres o cuatro.
Es un tribunal de derecho, tramita y falla los asuntos sometidos a su
conocimiento en conformidad a la ley.
Es un tribunal especial, cuya regulación y competencia se encuentra definida
en un cuerpo legal especial.
CARACTERISTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE RECLAMO
Es un procedimiento escrito: todas las actuaciones constan en el proceso por
medios escritos.
Es un procedimiento declarativo: por su intermedio, se persigue la declaración
de un derecho desconocido por la administración tributaria
Es un procedimiento especial. sólo se emplea en lo referente a las materias
expresamente determinadas por la ley.
Es un procedimiento de doble instancia: las sentencias que se pronuncian son
susceptibles de ser revisada por el tribunal de grado superior, en este caso,

Christian Aste M.

191

los tribunales especiales de alzada.
CAUSALES DE RECLAMACIÓN
El articulo 149 determina en forma taxativa las causales por las cuales se puede
reclamar, tanto respecto de una tasación general, como de una individual
efectuada de acuerdo a los artículos 28, 29, 30 y 31 de la ley de Impuesto
Territorial.
Determinación errónea de la superficie de los terrenos o construcciones.
Aplicación errónea de las tablas de clasificación respecto del bien gravado, o
de una parte del mismo así como la superficie de las diferentes
calidades del terreno.
Errores de transcripción, de copia o de cálculo.
Inclusión errónea del mayor valor adquirido por los terrenos con ocasión de
mejoras costeadas por los particulares, en los casos en que dicho
mayor valor deba ser excluido de acuerdo con lo dispuesto por el
artículo 8º de la ley nº 11.575.
Las modificaciones individuales de los avalúos fiscales.
De acuerdo a la Ley Nº 17.235, de 24-12-69, sobre Impuesto
territorial, artículos 28,29 y 30, los avalúos de los bienes raíces de la
primera serie (agrícolas) y de la segunda serie (no agrícolas), son
susceptibles de modificaciones individuales, por las siguientes
causales:
PREDIOS DE AMBAS SERIES
Errores de transcripción, copia, cálculo o de clasificación.
Cambio de destino del predio, siempre que importe un cambio de
clasificación entre las dos series.
Siniestro u otros factores que disminuyan considerablemente el valor
de una propiedad, por causas no imputables al propietario u ocupante,
manteniéndose los conceptos de “disminución considerable” y “causas
no imputables al propietario u ocupante”.
Omisión de predios en los roles de avalúos, debiendo ser incluidos
desde la fecha de la omisión, sin perjuicio de la prescripción legal.
PREDIOS DE LA PRIMERA SERIE (AGRÍCOLAS)
Construcción de casas patronales efectuadas con posterioridad a una
retasación y cuyo valor exceda de 12,5 sueldos vitales anuales. Estas

Christian Aste M.

192

nuevas obras deberán ser declaradas por los propietarios dentro de los
30 días siguientes a su terminación.
Modificaciones de la clasificación de los terrenos cuando se altere la
capacidad potencial del uso actual del suelo, a menos que se trate de
obras que aprovechen de un modo general a una región.
PREDIOS DE LA SEGUNDA SERIE (NO AGRÍCOLAS)
Nuevas construcciones e instalaciones, las que deberán ser
declaradas por los propietarios dentro de los 30 días siguientes a su
instalación o terminación, reputándose terminadas las obras cuando
estén aptas para el objeto a que se le destinen.
Ampliaciones, reparaciones o transformaciones, siempre que no
correspondan a obras de conservación, debiendo ser declaradas dentro
del plazo y condiciones del párrafo anterior.
Demolición total o parcial de construcciones, previa petición del
interesado.
Nuevas obras de urbanización que aumenten el valor de los bienes
tasados.
Desistimiento de la entidad expropiante respecto de la expropiación
de un predio cuyo propietario haya reclamado de la tasación.
MATERIAS DE LAS CUALES NO SE PUEDE RECLAMAR
El articulo 149 establece expresamente que las reclamaciones que se fundaren
en una causal diferente serán desechadas de plano.
Sin embargo, la aplicación del impuesto territorial puede determinar
controversias que no se sujetan a este procedimiento:
Los giros o pagos y las resoluciones que incidan en el pago de un impuesto o
en los elementos que sirvan para determinarlos y que contengan un
vicio no relacionado con la determinación del avalúo, podrá
reclamarse ante el director regional, sometiéndose dicho reclamo a las
normas del procedimiento general de reclamaciones.
Peticiones administrativas de la revisión de avalúos. La experiencia y las
estadísticas demuestran que el modo habitual de revisar los avalúos de
las propiedades es por medio de las peticiones administrativas,
efectuadas directamente al departamento de avaluaciones de la
dirección del S.I.I. correspondiente.

Christian Aste M.

193

SUJETOS DE LA RECLAMACIÓN
Los contribuyentes y las municipalidades respectivas pueden reclamar del
avalúo que se haya signado a un bien raíz en la tasación general.
Los contribuyentes que se consideren perjudicados en las modificaciones
individuales de los avalúos en sus predios.
ALCANCES AL RESPECTO
Pueden reclamar:
a.- Las municipalidades, en su calidad de sujeto activo de este tributo;
b.- El contribuyente.
Según el Servicio, sólo el contribuyente que sea propietario (Circular Nº 22 de
fecha 14 de marzo de 1989)
Para nosotros no sólo el propietario, sino cualquiera de los que conforme el
artículo 25 de la ley, se encuentran obligados a su pago.
Es decir, podrán reclamar: a) El propietario; y b) el ocupante de la propiedad,
sea éste usufructuario, arrendatario o mero tenedor.

REQUISITOS DE LA RECLAMACIÓN
El articulo 149 señala que los contribuyentes pueden reclamar respecto del
avalúo, pero no indica requisito alguno referente al escrito de reclamación. El
articulo 150 que se refiere a los reclamos individuales no establece exigencia
alguna.
La circular Nº 22 de fecha 14 de marzo de 1989, señala los requisitos que debe
contener la reclamación:
Los reclamos deben presentarse por escrito, en original y dos copias, una de
las cuales quedará en poder del Servicio y la otra se devolverá al
reclamante con la constancia de la fecha de presentación.
El reclamo deberá firmarse por el reclamante o su representante legal o
mandatario, todos debidamente individualizados, y deberá constar en
autos la personería de estos últimos.
Precisar sus fundamentos. Estos deben ser claros y determinados, tanto en los
hechos en que se apoya la defensa, como en el derecho o principios
jurídicos que sirven de fundamento a la acción deducida.

Christian Aste M.

194

Acompañar los documentos en que se funda, excepto aquellos que por su
volumen, naturaleza, ubicación u otras circunstancias no puedan agregarse
a la solicitud, y
Contener, en forma precisa y clara, las peticiones que se sometan a la
consideración del tribunal.
Si no se diere cumplimiento a lo anterior, el Director Regional podrá dictar una
resolución, ordenando que se subsanen las omisiones en que se hubiera incurrido,
dentro del plazo que se señale al efecto; el cual no podrá ser inferior a 15 días
hábiles, bajo el apercibimiento de dictar sentencia con los antecedentes de que se
disponga. Transcurrido el plazo señalado sin que se subsanen las omisiones, se
fallará el reclamo con el mérito de los antecedentes de que disponga el Servicio.
OBSERVACIONES
Los requisitos que la circular establece son similares a los exigidos en el
procedimiento general de reclamaciones.
Es discutible por la aplicación del principio de legalidad, que por vía
administrativa, se establezcan exigencias para poder hacer efectivo el
derecho de reclamación imponiendo condiciones no establecidas en la ley.
LUGAR DE PRESENTACIÓN DEL RECLAMO
El escrito de presentación necesariamente debe presentarse en la Oficina de
Partes de la Dirección Regional que dictó el fallo de primera instancia (Tribunal
de Primera Instancia) o fuera del horario de oficina, ya hasta las 24 horas, en el
domicilio del Secretario Regional, si se trata del último día de plazo.
También podrán presentarse las apelaciones en la Unidad del Servicio dentro
de cuya jurisdicción se encuentre ubicado el predio. En tal caso la Unidad deberá
remitir de inmediato el recurso a la Dirección Regional.
PROCEDIMIENTO
El expediente debe iniciarse con una carátula, en la que se individualiza al
Tribunal, a la persona del reclamante, de su representante o de su
mandatario y el rol de la causa. Enseguida se agregan los escritos,
documentos y actas de las actuaciones de toda índole que se verifique en el
juicio.
Todos los escritos, documentos y actas se agregan sucesivamente, de
acuerdo al orden de su presentación.
Para facilitar la consulta del proceso y asegurar que las piezas que lo
componen han sido agregadas correctamente, se las deberá foliar con
números y letras.

Christian Aste M.

195

No se agregarán al proceso aquellas piezas que, por su propia naturaleza
no puedan serlo, o que por motivos fundados, se ordene reservar fuera del
expediente.
El expediente de reclamo se formará, entre otros, con los siguientes
elementos:
La carátula del expediente;
El escrito de reclamación, con todos los documentos acompañados por el
contribuyente en tal ocasión;
La resolución y registro de tasación que dan origen al reclamo;
La resolución que acoge a tramitación el reclamo (proveído);
El informe Técnico de la Unidad fiscalizadora;
Los documentos que el tasador informante aporta al proceso (registro de
tasación propuesto, plano, croquis, etc.),
La resolución que ordena el traslado del informe, para el conocimiento
del reclamante;
El escrito de observaciones al Informe Técnico y nuevos documentos que
aporte el reclamante;
La resolución que recibe a prueba la causa;
El fallo de primera instancia;
Constancia del envío de la carta certificada en que se notifica el fallo;
Escrito de apelación con sus anexos, en su caso;
Resolución que concede el recurso;
Constancia de la notificación de la resolución anterior.

INFORME TÉCNICO
La ley no señala el trámite de requerir informe técnico, sin embargo la circular
22 dispone la exigencia de cumplir este tipo de diligencia.
El funcionario que informa, debe dejar constancia circunstanciada de todos los
antecedentes que puedan conducir a la fundamentaron de la sentencia.
OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO

Christian Aste M.

196

El informe técnico debe ser puesto en conocimiento del reclamante para que en
el plazo fatal de 10 días hábiles formule las observaciones que estime pertinente.
RECEPCIÓN DE LA CAUSA A PRUEBA
Por vía reglamentaria se dispone la posibilidad de recibir el reclamo a prueba.
Regulación similar al procedimiento general de reclamación.
Al efecto la circular citada señala que vencido el plazo para efectuar
observaciones al Informe Técnico, se haya o no efectuado, o después de admitido
a tramitación el reclamo, en el caso de no haberse ordenado dicho Informe, el
tribunal determinará si es necesario o no recibir la causa a prueba.
No será necesario recibir la causa a prueba si los antecedentes reunidos son
suficientes para acoger íntegramente el reclamo del contribuyente; en caso
contrario, no examinará si hay o no-controversia sobre hechos sustanciales y
pertinentes, y si la hay, deberá recibirse la causa a prueba por un término fatal de
10 días hábiles, señalándose que si se desea rendir prueba testimonial, deberá
presentarse la lista de testigos dentro de los dos primeros días hábiles del
probatorio. Con todo, la recepción de la prueba testimonial podrá producirse fuera
de dicho término.
En la resolución que reciba a prueba el reclamo, deberán indicarse los hechos
sustanciales, pertinentes y controvertidos sobre los cuales deberá recaer la prueba.
El Tribunal fijará el día y hora para recibir la prueba testimonial ofrecida.
SENTENCIA
Vencido el plazo para formular observaciones al o los informes o rendidas las
pruebas, el juez debe proceder a dictar sentencia, salvo que estime pertinente la
práctica de nuevas diligencias.
La sentencia debe cumplir con los requisitos de forma contemplados en el
articulo 170 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie de acuerdo
al articulo 170 del Código Tributario.
NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA
La sentencia se notifica en forma extractada por intermedio de carta certificada,
dirigida al domicilio señalado por el reclamante en su presentación.

RECURSOS EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN
PRIMERA INSTANCIA
REPOSICIÓN
Este recurso tiene por objeto obtener del mismo tribunal que dictó una

Christian Aste M.

197

resolución que la modifique o la deje sin efecto. Debe entablarse en el término
de cinco días contados desde la fecha de notificación de la resolución recurrida
Esta reposición se puede interponer en contra de las siguientes resoluciones:
Las que se dictan durante la tramitación del reclamo.
Las resoluciones que hacen imposible la continuación del reclamo.
APELACION
El fin del recurso de apelación es obtener por el tribunal superior respectivo,
que se enmiende la resolución del tribunal inferior, conociendo de todos los
aspectos de hecho y de derecho debatidos en primera instancia.
El recurso debe interponerse ante el mismo tribunal que dicto la sentencia
contra la cual se recurre, para ser conocido y fallado por el tribunal
inmediatamente superior
Si el tribunal
de primera instancia concede el recurso de apelación, se
suspende el cumplimiento de la sentencia impugnada.
SEGUNDA INSTANCIA
COMPOSICIÓN Y
SEGUNDA INSTANCIA

COMPETENCIA

DEL TRIBUNAL DE

En cada ciudad asiento de Corte de Apelaciones existen dos Tribunales
Especiales de Alzada. Estos tribunales conocen de las apelaciones que se
deducen en contra de las resoluciones dictadas por el Director Regional, al
conocer de los reclamos de avalúos de los bienes raíces, en los casos que indica
el art. 149 del Código Tributario.
Uno de los tribunales tiene competencia para conocer de los reclamos de
bienes raíces agrícolas, el otro tiene competencia sobre las reclamaciones de
avalúos de los bienes raíces no agrícolas.
LUGAR DE PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
La apelación debe presentarse en la Dirección Regional, que dictó el fallo de
primera instancia, o fuera del horario de oficina, en el domicilio del Secretario
Regional
Las apelaciones también pueden presentarse en la unidad del servicio dentro
de cuya jurisdicción se encuentre ubicado el predio. En este caso la unidad
correspondiente debe remitir de inmediato el recurso a la Dirección Regional.
PLAZO PARA
APELACIÓN

LA

INTERPOSICIÓN

DEL

RECURSO

DE

La apelación deberá interponerse en el plazo de 15 días contados desde la

Christian Aste M.

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notificación de la sentencia.
El plazo es fatal, legal e improrrogable y de días hábiles.
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN
Conforme lo dispone el art. 152, el recurso sólo podrá fundarse en las causales
indicadas en el art. 149 y en él se deben individualizar todos los medios de prueba
de que pretenda valerse el recurrente. El recurso que no cumpla con estos
requisitos, será desechado de plano por el tribunal de alzada.
VISTA DE LA CAUSA
El tribunal especial de alzada procede a la vista de la causa en cuenta, sin
embargo, a solicitud de parte o de oficio, puede disponer se reciban alegatos de
las partes.
COMPARECENCIA DEL S.I.I.
El S.I.I., es considerado para todos los efectos legales, como parte en el juicio.
Esto significa que la sentencia dictada por un funcionario del S.I.I. en calidad de
juez tributario, será defendida ante el tribunal de alzada, por el abogado de la
dirección jurídica que designe el director regional.
PLAZO PARA EL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA
El fallo, por expresa disposición legal debe dictarse en el plazo de dos meses
siguientes a la fecha de ingreso del expediente a la secretaria del tribunal.
El plazo indicado, no siempre se cumple y su omisión no tiene señalada
ninguna sanción procesal. . Además cabe considerar que, como lo faculta el art.
152., El tribunal puede de oficio disponer diligencias probatorias, lo cual impide,
en el hecho, la dictación del fallo en el término referido.
SENTENCIA
Habiéndose cumplido con la vista de la causa, se procede a dictar el fallo, el
cual es notificado a las partes por carta certifica.
RECURSOS
ALZADA

CONTRA FALLO

DEL TRIBUNAL ESPECIAL DE

No procedería el recurso de casación, en el fondo, por no estar contemplado
este tipo de recursos respecto de los fallos de tribunales especiales, en el art. 767
del código de procedimiento civil. ( Manual Consultas Tributarias – septiembre
1995).
RECURSO
DE
ACLARACIÓN,
RECTIFICACIÓN O ENMIENDA

INTERPRETACIÓN,

Christian Aste M.

199

Se puede, por el tribunal que dictó la resolución, y a solicitud de parte, aclarar
los puntos oscuros o dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores propios
de copia, referencia o de calculo numérico que aparezca de manifiesto en la
misma sentencia.
Este recurso constituye una excepción al principio del desasimiento del
tribunal.
RECEPCIÓN DE LOS AUTOS EN EL TRIBUNAL DE PRIMERA
INSTANCIA
Devueltos los autos a primera instancia, el director regional, procede a dictar
el ”cúmplase “ correspondiente. Esta resolución se notifica por carta certificada y
el fallo se cumplirá de acuerdo a lo que en el se exprese.

Christian Aste M.

200

2.- PROCEDIMIENTO DE RECLAMO DE IMPUESTO A LAS
ASIGNACIONES POR CAUSA DE MUERTE Y LAS DONACIONES
TRIBUNAL QUE INTERVIENE EN EL PROCESO DE RECLAMO
El juez de letras, en lo civil que haya concedido o deba
conceder la posesión efectiva de la herencia del causante, o el juez del domicilio
del donante, si se trata de una donación.
CAUSALES DEL RECLAMO
Antecedentes previos:
En los casos que es necesario determinar el monto imponible de las
asignaciones de conformidad al art. 48, es necesario la aprobación judicial del
Servicio de Impuestos Internos, respecto de la aplicación de las disposiciones de
dicha ley.
El informe deberá evacuarse en el término de quince días hábiles contados
desde la fecha que en que se reciban los antecedentes.
Única causal de reclamo:
La causal del reclamo está dada por la determinación de un impuesto diferente
al propuesto por el S.I.I.
CARACTERISTICAS DEL RECLAMO
Se efectúa ante un juez de letras, a diferencia de lo que acontece en el
procedimiento general de reclamaciones, que es competente un juez tributario,
funcionario del S.I.I.
La comparecencia debe ser efectuada mediante abogado habilitado para el
ejercicio de la profesión.
Se sujeta a los trámites de la jurisdicción voluntaria, pero podrá transformarse
en contencioso, precisamente cuando el juez determina un impuesto diferente al
S.I.I., y esta institución no se conforma con tal determinación.
El S.I.I. actúa como parte en este procedimiento.
NOTIFICACION AL S.I.I. DE LA RESOLUCION QUE DETERMINA O
APRUEBA EL IMPUESTO
Conforme al art. 155 la resolución que determina un impuesto diferente al
propuesto por el S.I.I. deberá ser notificada personalmente o por cédula al jefe
del servicio en el lugar donde se tramite la donación o posesión efectiva.

Christian Aste M.

201

Si la resolución confirma el impuesto determinado por el S.I.I., la notificación
debe efectuarse por el estado diario.
COMPARESCENCIA DEL S.I.I.
Corresponde al director regional la representación y defensa del fisco en
primera instancia, en los trámites de determinación del impuesto.
En segunda instancia, y de acuerdo a las reglas generales, asume la r
representación el Consejo de Defensa del Estado.
RECURSOS CONTRA RESOLUCION QUE FIJA EL IMPUESTO
La resolución que determina el impuesto por el juez civil, una vez notificada,
es susceptible del recurso de apelación, de acuerdo a las reglas generales.
El recurso deberá interponerse en el plazo fatal, legal y de días hábiles de 15
días.
No proceden los recursos de casación en la forma y fondo, los cuales por
expresa disposición legal se reservan para el fallo de segunda instancia.
SEGUNDA INSTANCIA
La tramitación ante las cortes de apelaciones, se sujeta a la tramitación
general, no existiendo regla especial al respecto.
PAGO DEL IMPUESTO NO DISCUTIDO
Con el propósito de evitar entorpecimiento en la disposición de los bienes,
conforme al art. 155 del código tributario, con relación al art. 51 de la ley 16.271 ,
se autoriza en cualquier tiempo, y oyendo al Servicio, la fijación provisoria de los
impuestos para proceder a su pago, o proceder a la solución de la parte no
discutida del impuesto.
3.PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN JUDICIAL DEL
IMPUESTO DE TIMBRE Y ESTAMPILLA.
MATERIAS SUJETAS A ESTE PROCEDIMIENTO
La determinación del impuesto que se debe cancelar con arreglo a las normas a
la ley de timbres y estampillas.
a ley en referencia, grava con este impuesto las siguientes actuaciones,
documentos y convenciones:
Cheques girados en el país
Letras de Cambio
Las Libranzas
Los Pagarés

Christian Aste M.

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Los Créditos Simples o Documentarios o cualquier otro documento que
contenga una operación de crédito en dinero
Vales Vista
Facturas o cuentas en cobranzas a instituciones bancarias o financieras
MATERIAS EXCLUIDAS DEL PROCEDIMIENTO
El impuesto a las actuaciones judiciales
Conforme al articulo 159 del código tributario, este procedimiento no se aplica
respecto de los impuestos que deba pagarse en los juicios y gestiones ante el
tribunal.
Esta disposición no se aplica por no existir actualmente el impuesto a las
actuaciones judiciales.
Impuesto de timbre y estampillas ya pagados
Cuando con anterioridad a la fecha de presentación al juez solicitando la
determinación del impuesto, el S.I.I. hubiere notificado al contribuyente de
un giro o liquidación.
En los casos de la letra b y c, corresponde efectuar el reclamo en los términos
del procedimiento general de reclamaciones establecidos en los artículos 138 y
siguientes.
JUEZ COMPETENTE
Conforme al articulo 118, el juez competente:
Donde se otorga el instrumento público
Donde se solicite la protocolización del instrumento privado.
En los demás casos, en el domicilio de los reclamantes
SUJETOS
Pueden solicitar la determinación:
El contribuyente
Cualquier otra persona que tenga interés comprometido
REQUISITOS DE LA SOLICITUD
La ley no señala los requisitos que debe contener la solicitud que se presente
ante el juez de letras, por lo cual, solo cabe aplicar los requisitos generales de toda
presentación que se efectúa ante un tribunal:
Debe presentarse por escrito
Debe indicarse los fundamentos
Debe contener las peticiones que se formulan al tribunal
Debe ser patrocinado por un abogado

Christian Aste M.

203

COMPARECENCIA DEL S.I.I.
Por expresa disposición legal el S.I.I. es considerado para todos los efectos
legales como parte en las gestiones que se realizan para la determinación del
impuesto. Mas aun, el juez debe necesariamente notificar y requerir el informe
del S.I.I.
INFORME DEL S.I.I.
El tribunal debe requerir, como se ha indicado, un informe al servicio
fiscalizador el que debe ser evacuado en el término de seis días desde la
notificación personal o por cédula.
El informe que se evacúe, deberá contener la transcripción exacta y completa
de la doctrina del servicio sobre la materia que verse la solicitud del recurrente; en
caso de que no existan instrucciones del servicio en la materia, deberá contestar
ateniéndose para ello, a los procedimientos que el servicio haya observado al
respecto
Si no se requiere tal informe el juez no puede proceder a la determinación el
impuesto, sin embargo el S.I.I. no emite el informe en el termino de seis días, el
tribunal debe proceder sin mas tramites a fijar el impuesto.
DETERMINACION DEL IMPUESTO
La determinación del impuesto por parte del tribunal se efectúa mediante una
sentencia.
La resolución judicial debe contener los requisitos establecidos en el articulo
170 del código de procedimiento civil.
RECURSOS CONTRA LA SENTENCIA QUE DETERMINA EL
IMPUESTO
Apelación: el articulo 158 señala que del fallo que se dicte podrá apelarse.
El recurso se concede en el solo efecto devolutivo, lo cual significa que su
interposición no suspende su cumplimiento.
El plazo para interponer el recurso de apelación es de 15 días.
Reposición: no procede de acuerdo a las reglas generales por tratarse de
una sentencia definitiva, las cuales no pueden ser impugnadas mediante
este tipo de recursos.
Recurso de casación: la Exma. Corte Suprema ha señalado que no es
procedente la interposición de este tipo de recurso por cuanto el código
tributario cuando ha establecido la procedencia de los recursos de
casación, lo ha dicho determinadamente, lo cual no sucede en el referido
articulo 158.

Christian Aste M.

204

SEGUNDA INSTANCIA
Tribunal competente: Conoce de la apelación interpuesta la corte de
apelaciones que ejerce jurisdicción respecto al tribunal de primera instancia que
conoce de la solicitud de determinación del impuesto.
Se sujeta a las reglas generales de tramitación establecidas en el procedimiento
general de reclamación.
La corte de apelaciones debe otorgar preferencia en su vista
Fallo: De acuerdo a las reglas generales, terminada la vista de la causa, se debe
proceder al fallo del recurso.
Recurso en contra de la sentencia de segunda instancia: Ninguna regla especial
se contiene en el código tributario, para lo cual deben seguirse las reglas generales
contenidas en él titulo 19 del libro lll del código de procedimiento civil.
PAGO DEL IMPUESTO
El pago del impuesto cuyo monto haya sido determinado por sentencia
ejecutoriada tendrá el carácter de definitivo. Por lo mismo, entendemos que el
pago efectuado, pendiente el recurso de apelación, solo tiene el carácter de
provisional.

4.- PROCEDIMIENTO EJECUTIVO
La entidad a cargo de la cobranza administrativa y judicial de las
obligaciones tributarias, es el Servicio de Tesorerías.
Facultad especial que constituye excepción en la Administración Pública.
Para efecto de garantizar el eficaz cobro ejecutivo que efectúa el Servicio
de Tesorería, se faculta expresamente por el art. 168 del Código Tributario, a los
funcionarios que nominativamente designe el Tesorero General de la República
para acceder a todas las declaraciones de impuestos que haya hecho el
contribuyente, como asimismo a todos los demás antededentes que que obren en
poder del Servicio de Impuestos Internos, siendo en este caso aplicable las
obligaciones y sanciones que sobre el particular impone la ley tributaria a los
funcionarios del Servicio de Impuestos Internos.
Procedimiento
1.- Es necesario previo a estudiar los plazos, y modalidades de la ejecución
referirse aunque suscintamente a lo que constituye el título en esta peculiar
ejecución.
El título se conforma en este procedimiento por el sólo ministerio de la Ley con
las listas o nóminas de deudores morosos, las que bajo la firma del Tesorero

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Comunal, detalla la individualización completa del deudor, con indicación de
domicilio, período y cantidad adeudada, tipo de tributo debido, número en el rol si
lo hubiere y orden de ingreso, boletín o documento que haga sus veces.
2.- Actúa en este procedimiento como juez sentenciador el Tesorero Comunal, el
que deberá despachar mandamiento de ejecución y embargo, mediante una
providencia que estampará en la propia nómina de deudores morosos, que hará de
auto cabeza de proceso.
3.- El mandamiento de ejecución y de embargo, puede dirigirse contra todos los
deudores a la vez y no será susceptible de recurso alguno.
4.- Se puede por expresa autorización legal, incluir como bien embargado las
remuneraciones que el ejecutado perciba, a condición de que estas excedan de 5
Unidades Tributarias mensuales, y se notifique por cédula a la persona del
empleador.
5.- En los casos que sea necesario efectuar varias retenciones para que la
obligación sea extinguida, se autorizará efectuar varias retenciones, bastando al
efecto, la notificación del primer embargo, si el empleador no diere cumplimiento
a su obligación de retener, por expresa disposición legal, se hace responable
solidario del monto que debió retener y no retuvó.
6.- La notificación del hecho de estar en mora de pago y del requerimiento debe
ser hecha en forma personal al deudor por el recaudador fiscal, quien actúa como
ministro de fe.
7.- Si el deudor no es habido, y ello se acredite con el certificado que haga constar
el recaudador fiscal, dicho requerimiento debe practicársele por cédula, en los
términos que previene el art. 44 del Código de Procedimiento Civil.
8.- Si efectuado el requerimiento el deudor no paga, el recaudado fiscal procederá
a la traba del embargo, el que si se trata de bienes raíces, para hacerlo oponible a
terceros, deberá inscribirse.
9.- Para facilitar la busqueda de bienes, el recaudador puede solicitar al deudor
requerido, un listado de bienes, el cual debe ser otorgado, puesto que a la negativa
se faculta al abogado provincial solicitar de la justicia ordinaria, la aplicación de
apremios.
10.- El auxilio de la fuerza pública es posible a solo requerimiento del recaudador
fiscal, y exhibición de la resolución del tesorero comunal o juez ordinario.
11.- Tratándose de impuesto territorial, el predio se entenderá embargado por el
solo ministerio de la ley, desde que se efectúa el requerimiento.
12.- Tratándose de bienes muebles, el embargo de ellos puede trabarse en el
mismo acto del requerimiento y siempre que el contribuyente no hubiere pagado.

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13.- Practicado el embargo, el recaudador actuante confecciona una relación
circunstanciada de los bienes embargados, bajo su firma y sello, la que además
debe ser firmada por el ejecutado o persona adulta del lugar, si existe negativa de
firmar, se debe hacer constar esta negativa.
14.- Si el embargo se efectúa en ausencia del ejecutado, o de persona adulta que lo
represente, debe enviarse al ejecutado carta certificada, de cuya remisión debe
hacerse constar en el expediente.
15.- El Servicio de Tesorería Regional debera mantener los expedientes
clasificados de modo de facilitar su examen o consulta por los contribuyentes
morosos, o sus representantes legales.
16.- El Servicio de Tesorería debe además recibir todas las presentaciones que
ante ella se hagan, debiendo al efecto timbrar el original y las copias que se le
presenten con indicación de las fechas.
17.- El ejecutado puede oponerse al requerimiento de pago en el plazo de diez días
de practicado.
18.- Las excepciones que pueden oponerse son;
a.- Pago de la deuda.
Particularidad
- Si el pago ha sido total, y asi lo acredita el contribuyente, el tesorero comunal
dispondrá el alzamiento del embargo y dejará sin efecto la ejecución.
b.- Prescripción.
c.- No empecer el título al ejecutado.
Condición de admisibilidad de la excepción c.Debe fundarse en un antecedente escrito y aparecer revestida de fundamento
plausible.
De no concurrir la condiciones indicadas, el tribunal esta facultada para rechazarla
de plano.
d.- La compensación
Particularidad de esta excepción
- El ejecutado que sea a la vez acreedor del Fisco, puede solicitar
administrativamente la compensación de las deudas respectivas, las que se
extinguirán hasta la concurrencia de la de menor valor.
- En caso que el ejecutado aún siendo deudor del fisco, no pueda invocar la
compensación por no concurrir a su respecto las condiciones que la hacen
procedente, podrá solicitar por constituir lo anterior, causal justificada, suspención
de los apremios hasta por sesenta días.
19.- Las demás excepciones del art. 463 del Código de Procedimiento Civil, se
entienden reservadas para el juicio ordinario correspondiente.
20.- El tesorero comunal, por expresa disposición legal, deberá de oficio o a
reqerimiento de parte, corregir los errores o vicios manifiestos que adolezca el

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cobro, tales como duplicidad o modificación posteriores no consideradas.
21.- El tesorero no podrá pronunciarse respecto del contenido del escrito de
oposición, sino para acojerlo.
22.- Corresponde pronunciarse sobre las excepciones formuladas, al abogado
provincial y en subsidio a la justicia ordinaria.
23.- El Tesorero comunal dispone de un plazo de 5 días, para pronunciarse
respecto de las excepciones formuladas, transcurrido dicho plazo sin que lo
hubiere hecho, se remitirá el cuaderno separado conjuntamente con el principal, al
abogado provincial para efecto de que este se pronuncie, lo mismo acontecerá en
el caso que el ejecutado no hubiere opuesto excepciones.
24.- Recepcionado que sea el cuaderno procesal por el abogado provincial, deberá
resolver las excepciones formuladas, mediante resolución que debe notificarse por
cédula al contribuyente.
24.- Resuelta negativamente por el abogado provincial las excepciones que hayan
sido opuestas, procederá en el término de cinco dias a presentar ante el tribunal
ordinario que corresponda al domicilio del ejecutado, las piezas procesales por el
recibidas, con agregación de un escrito en el que junto con pedir que se fallen
dichas excepciones, fijará su posición.
Si no hay oposición, debe remitir el expediente al Juez civil, para que ordene el
reitro de las especies y proceda con los trámites necesarios para su realización.
25.- Una vez falladas las excepciones por el Juez civil, su resolución debe
notificarse a las partes por cédula.
La apelación del ejecutado suspende los efectos de la resolución recurrida, sólo si
dentro del plazo de cinco días contado de la notificación de la resolución que
concedió el recurso, consigna el equivalente al 25% del impuesto debido, sin
considerar intereses ni multas.
Si se niega la oposición mediante resolución ejecutoriada, debe procederse con el
retiro de las especies embargadas, y su remate.
CONVENIOS DE PAGO
El Servicio de Tesorería puede otorgar facilidades al contribuyente hasta de un
año, en cuotas periódicas, si acredite la imposibilidad de pagar al contado.
Efecto
La celebración de convenio con Tesorería, implica la inmediata suspención de los
procedimientos de apremio.
El contribuyente que celebra convenio, queda impedido de alegar contra del Fisco
el abandono de la instancia.
INCOBRABIBILIDAD DE ALGUNOS CREDITOS
El Tesorero General de la República se encuentra facultado para declarar
incobrables los siguientes impuestos o contribuciones morosas.

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a.- Las deudas inferiores a un 10% de una U.T.M..
b.- Las deudas superiores a la cantidad anterior, siempre que se cumplan los
siguientes requisitos:
a.a.- Que hayan transcurrido dos años de la fecha que se hizo exigible;
a.b.- Que se haya requerido judicialmente de pago al deudor;
a.c.- Que no se conozcan bienes sobre los cuales pueda hacerse efectiva.
c.- Las deudas de contribuyentes cuya insolvencia se encuentre debidamente
comprobada.
d.- Las deudas de contribuyentes fallidos, cuando quedan impagas una vez
liquidados todos sus bienes.
e.- Las deudas de personas que hubieren fallecido sin dejar bienes;
f.- Las deudas de contribuyentes que se encuentren ausentes del país por tres o
más años, siempre que no se le conozcan bienes;
g.- Las deudas por impuestos territoriales, cuando no alcances a ser pagadas con el
precio de la subasta.
h.- Las deudas que correspondan a contribuyentes que hayan sido estafados en
dineros entregados para el pago de impuestos, siempre que exista sentencia
ejecutoriada.

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