La Ley de Financiamiento Educativo cumplió con sus objetivos de aumentar la inversión en educación como porcentaje del PIB, ampliar la cobertura educativa en niveles iniciales y secundarios, y mejorar los salarios docentes en todo el país. El sistema educativo argentino es responsabilidad conjunta del Estado nacional y las provincias, y comprende servicios de gestión estatal, privada, cooperativa y social en todos los niveles educativos definidos por la ley. La ley buscó promover la equidad entre provincias y priorizar