Este documento discute la necesidad de un Derecho de la Alta Tecnología. Explica que las respuestas tradicionales del Derecho no son suficientes ante los avances tecnológicos y propone que la Universidad debe desempeñar un papel clave en el análisis e investigación sobre estas cuestiones. También destaca los desafíos que plantea la sociedad del conocimiento y la importancia de regular áreas como la firma digital, el comercio electrónico y los delitos informáticos.