La Fiscalía imputó cargos de discriminación agravada, falsa denuncia y ocultamiento de pruebas a la exrectora, psicóloga y veedora de un colegio por su presunta responsabilidad en el suicidio de un estudiante gay. La Fiscalía argumentó que restringieron sus derechos después de verlo besar a su pareja y presentaron falsas denuncias en su contra. También alteraron testimonios y expedientes para ocultar su trato discriminatorio. La Fiscalía pidió medidas de aseguramiento en su contra para evitar

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''A Sergio Urrego también lo
denunciaron falsamente'': Fiscalía
Por el suicido del menor, el ente acusador imputó
discriminación, falsa denuncia y ocultamiento de pruebas a
la exrectora, la psicóloga y la veedora del colegio Gimnasio
Castillo Campestre. El Espectador. 5 MAYO 2015
La exrectora Amanda Castillo, señalada de discriminar,
denunciar falsamente y ocultar pruebas a la justicia. /
Óscar Pérez

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En los juzgados de Paloquemao y luego de tres
aplazamientos, ayer, se realizó la audiencia de imputación
de cargos contra la exrectora Amanda Castillo, la psicóloga
Ivón Cheque y la veedora Rosalía Ramírez, del Gimnasio
Castillo Campestre, por la presunta discriminación
homofóbica, y otras circunstancias, por las que Sergio
Urrego habría decidido quitarse la vida, el 4 de agosto de
2014.
“Los prejuicios matan, justicia para Sergio”, corearon
algunos estudiantes y activistas de la comunidad LGBTI a
las afueras del centro judicial, esperando noticias de la
diligencia que se adelantó a puerta cerrada. Tres delitos
decidió imputar la Fiscalía: discriminación agravada, por
tratarse de dos menores de edad; falsa denuncia; y
ocultamiento, alteración o destrucción de pruebas.
El Espectador pudo establecer que el delito de
discriminación y el de ocultamiento de pruebas se les
imputó a las tres procesadas. El de falsa denuncia, contra
la psicóloga y la exrectora. La Fiscalía explicó que imputó
discriminación porque habrían restringido varios derechos
de Sergio Urrego y su compañero sentimental: el derecho
a la educación, al libre desarrollo de la personalidad y a la
intimidad.
Esto partiendo de que catalogaron el beso entre Sergio
Urrego y su pareja como un acto obsceno. El

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desencadenante, según la Fiscalía, ya que de ahí en
adelante se les obligó a entrar a psicorientación, se les
restringió el acceso a clase y se les obligó a contarle a sus
padres su orientación sexual. El ente acusador argumentó
también que este procedimiento discriminatorio no era el
que se había utilizado con otras parejas heterosexuales.
Sobre el segundo delito, la Fiscalía demostró que la
exrectora Amanda Castillo, con el conocimiento de la
psicóloga Cheque, denunció ante las autoridades hechos
falsos. Por ejemplo, pese a conocer que Sergio Urrego y su
compañero eran pareja, presentó una denuncia ante la
Comisaría de Familia, la Unidad de Reacción Inmediata de
Engativá y Bienestar Familiar en la que señaló que Urrego
acosaba sexualmente al otro estudiante y que estaba
abandonado por su familia.
Además, teniendo en cuenta las declaraciones que los
padres y el propio compañero de Sergio Urrego
entregaron, la Fiscalía aseguró que la rectora constriñó a
los padres del menor a presentar otra denuncia por acoso
sexual contra Sergio Urrego a cambio de que éste pudiera
terminar once grado. Incluso, el ente acusador entregó el
testimonio de una de las profesoras de Sergio Urrego,
quien contó que la rectora le pidió que hiciera anotaciones
negativas en la bitacora personal del joven, incluyendo la
denuncia de acoso sexual, para manchar su desempeño y
honra, después de su muerte.

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Por último, frente al delito de ocultamiento de pruebas, la
Fiscalía encontró que a una compañera de Sergio, la
veedora del colegio Rosalía Ramírez le pidió que volviera a
hacer una versión libre sobre los hechos. “Me dijo que
escribiera que ellos se habían dado un beso en clase, no un
pico en receso como había sucedido. Cuando se la entregué
vi que ella rompió la pasada y que le decía a otras directivas
que todo era por el bien del colegio”, señaló la testigo.
La Fiscalía mostró el testimonio de otros estudiantes que
contaron que después de la muerte de Sergio, los llamaron
para que firmaran otras actas de expedientes disciplinarios
contra parejas heterosexuales con una fecha anterior al
suicidio, para ocultar el trato discriminatorio a la
Secretaría de Educación de Cundinamarca.
Por las pruebas encontradas, y la gravedad de los delitos
cuyas penas pueden ir hasta 12 años, la Fiscalía le pidió al
juzgado medida de aseguramiento carcelario contra la
exrectora, la psicóloga y la veedora. Todo “para evitar la
manipulación de testigos y la obstrucción a la justicia”
mientras avanza el caso. El camino de justicia que
esclarezca la muerte de Sergio Urrego será largo, pero ya
empezó a trasegar en lo penal.