El documento alerta sobre el creciente abuso sexual en colegios colombianos, señalando que entre 2005 y 2011 se presentaron 208 quejas ante la Procuraduría, pero solo se resolvieron 32 casos. Los departamentos con más denuncias fueron Santander, Antioquia y Cundinamarca. Siete de cada diez denuncias involucraron a docentes como victimarios. Además, se mencionan dos casos emblemáticos de abuso sexual y encubrimiento en colegios de Bolivia y Ecuador.

1. Alertan sobre crecimiento de abuso sexual
en colegios
Siete de cada diez de estas denuncias tienen como presunto victimario
a un docente.Los departamentos en donde se han denunciado ante la
Procuraduría son Santander, Antioquia, Cundinamarca, Tolima,
Atlántico, Risaralda, y Bogotá.
Por: Colprensa Miércoles,Diciembre 7, 2011 - 3:44 p.m
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E informe fue presentado en el Foro de discusión sobre la violencia sexual en instituciones educativas en
Colombia convocado por la Defensoría del Pueblo,expuso que las denuncias cada año han ido en ascenso:
44 en 2008, 55 en 2009 y 62 en el 2010.
Archivo/ Pais
Entre enero de 2005 y junio de 2011, la Procuraduría asumió 208 quejas
disciplinarias por presuntos delitos sexuales perpetrados en los colegios
oficiales del país. Lo preocupante es que de ese total solo se han resuelto
32 casos, lo que significa que de cada 10 denuncias solo 1,5 son
solucionadas.
Los departamentos endonde se han denunciado ante la Procuraduría son:
Santander 39 casos, Antioquia 26, Cundinamarca 19, Tolima 14, Atlántico
12, Risaralda 11, y Bogotá 11. Siete de cada diez de estas denuncias tienen
como presunto victimario a un docente.

2. Las cifras hacen parte de la recopilación del informe que hizo la
organización Woman´s Link Worldwide, la Fundación para la Defensa y
Restitución de los Derechos Humanos de Bolivia, el Centro de Derechos
Reproductivos y el Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Ese documento fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, el pasado 24 de octubre, donde se analizó este fenómeno que
se presenta de igual forma en Bolivia, Ecuador y México.
Este informe fue presentado en el Foro de discusión sobre la violencia
sexual en instituciones educativas en Colombia convocado por la
Defensoría del Pueblo, donde se expuso que las denuncias cada año han
ido en ascenso:44 en 2008, 55 en 2009 y 62 en el 2010. Cabe resaltar que
estos son tan solo los casos denunciados en la Procuraduría, lo que deja
por fuera los abusos que quedan en silencio.
En el informe también se reseñaron estadísticas de Medicina Legal según
las cuales ha ido en aumento el número de exámenes médico legales
sexológicos a niños y jóvenes por presunto delito sexual ocurrido en
instituciones educativas. Mientras que en 2006 se practicaron 322
exámenes, en el 009 la cifra llegó a 489.
Katherine Romero, abogada de Woman´s Link Worldwide, explicó que se
encontró como común denominador en los países analizados que existe
una cultura del abuso sexual. Esto teniendo en cuenta que existen altos
niveles de cercanía, confianza e intimidad que pueden dar pie al personal
escolar a utilizar su posición de poder para abusar sexualmente de los
niños o jóvenes, sin que ellos perciban que se trata de un delito.
Otro problema es que las instituciones tienen a encubrir este tipo de
abusos para no poner en riesgo el prestigio de sus instituciones, sin
importar que esto implique un riesgo para los estudiantes, un fenómeno
que no es exclusivo de los colegios de carácter religioso, afirmó Romero.
A estos puntos se suma que existe una falta de interés y de prioridad por
parte de las autoridades judiciales a la hora de investigary sancionar a los
abusadores,un hecho que se corrobora con los datos de la Procuraduría.
Según la defensora para los derechos de la infancia, Pilar Rueda, en
muchos casos los jueces se siente cohibidos porque les da miedo impartir

3. una sanciónequivocada,lo que podría agravarse sise endurecenlas penas
para estos abusadores.
Por último, la abogada reseñó que existe una falta de coordinación y
cooperación entre las instituciones educativas y las autoridades
disciplinarias y judiciales que desencadenan en la impunidad de los casos,
que paradójicamente suceden en las escuelas, creadas para proteger y
formar a los niños y jóvenes.
Dos casos abrumadores
El detonante de este informe a nivel regional fue el caso de una niña
boliviana de 10 años que desapareció en agosto de 1999 de su escuela en
la ciudad de La Paz y a los cuatro días fue encontrada dentro de la misma
institución con brutales signos de tortura, violencia sexual y
estrangulamiento.
En 2003, el juez de la causa penal condenó al director de la institución a
treinta años de prisión, pero al decidir un recurso de apelación, la Corte
ordenó la libertad del sujeto, argumentando fallas en el manejo de la
prueba en las etapas iniciales de investigación. En 2009, la Corte Suprema
de Justicia de ese país ordenó la anulación del caso hasta la etapa inicial y
la reapertura de las diligencias iniciales de investigación.
Doce años después de los hechos, el caso se encuentra en completa
impunidad y los fiscales y jueces del distrito de La Paz se han negado a
reiniciar el proceso de investigación en contra de los presuntos
responsables. En mayo de 2010, las organizaciones Funderes y Women´s
Link Worldwide presentaron una petición contra el Estado boliviano ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El otro caso que llevó a los abogados de Women´s Link Worldwide a
indagar sobre violencia sexual al interior de planteles educativos fue el de
Paola Guzman, una adolescente ecuatoriana de 16 años que en 2002
sostuvo una relaciónde caráctersexualcon el vicerrector del colegioFiscal
Técnico de Comercio y Administración, Miguel Martínez Serrano.

4. La joven quedó embarazada y se conoció que fue presionada por el
vicerrector para interrumpir su embarazo con ayuda de un médico de la
institución. Ante la presión la joven decidió suicidarse con sustancias
tóxicas. Aunque la urgencia se presentó en el colegio las directivas no le
prestaron la atención necesaria ni avisaron a sus representantes.
La adolescente murió mientras estaba siendo trasladada a un hospital. El
caso fue presentado ante la CIDH, en 2006, y admitido dos años después.
Actualmente las partes exploranla posible firma de un acuerdo de solución
amistosa