Este documento presenta un resumen de un proyecto de investigación sobre la relación entre las víctimas y la regla de sostenibilidad fiscal en el marco de la justicia transicional en Colombia. El proyecto explora los derechos de las víctimas, la ley de víctimas de 2011, los principios de la justicia transicional como el derecho a la verdad, justicia y reparación, y cómo la sostenibilidad fiscal puede afectar la capacidad del estado para reparar a las víctimas. El documento también analiza conceptos como la cor

1. AVANCE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
PRESENTADO POR: JUAN CAMILO RUBIANO FONTECHA
PRESENTADO A: DIEGO MAURICIO HIGUERA
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS
TUNJA
2016

2. Víctimas en relación con la regla de sostenibilidad fiscal en el marco de la Justicia
Transicional.
Resumen
Este es un tema de carácter jurídico, en la medida que se da a conocer los
derechos y garantías y por supuesto el cumplimiento de ellos, que se les debe
reconocer a las víctimas de un conflicto armado frente al marco de la denominada
Justicia Transicional. Estos derechos y garantías están relacionados con la regla
de sostenibilidad fiscal, ya que esta proporciona los recursos necesarios para el
sostenimiento estatal, pero este se puede ver estancado en la evasión tributaria,
evasión tributaria entre otros….
Palabras claves: Victima, Derechos, Ley, Sostenibilidad Fiscal, Reparación.
Abstract
This is an issue of a legal nature, to the extent disclosed the rights and guarantees
and of course meeting them, that they must recognize victims of armed conflict
against the framework of the so-called transitional justice. These rights and
guarantees are related to the rule of fiscal sustainability, as this provides the
necessary resources for state support, but this can be seen stuck in tax evasion,
tax evasion among others ....
Keywords: Victim's Rights Act, Fiscal Sustainability Repair.
Introducción.
Este es un tema que tiene un enfoque jurídico, ya que la Justicia Transicional es
de carácter jurídico en la medida que se refiere a las víctimas, junto con sus
derechos y garantías y por supuesto con su respectivo marco legal, con relación
con la regla de sostenibilidad fiscal.
Como se dijo anteriormente este proyecto es de enfoque jurídico, pero es
importante tener en cuenta que también este obedece al método deductivo, en la
medida que se llega a una conclusión directa. Para estructurar las bases de este
proyecto es importante hacer alusión a sus dos capítulos los cuáles cuentan con

3. su respectiva subdivisión; el primer capítulo es alusivo a las víctimas en donde se
habla de sus derechos, garantías y leyes que les amparan; y por ultimo está él
segundo capítulo que expresa la regla de la sostenibilidad fiscal y los demás
conceptos que afectan los estados de la nación.
¿En qué consiste la conexidad entre las víctimas y el principio de sostenibilidad
fiscal?
La víctima se define como las personas o grupos de personas que hayan sufrido
daños ocasionados por actos u omisiones que violen los derechos consagrados en
normas del ordenamiento constitucional legal vigente de los estados, del Derecho
internacional, de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario y
del Derecho Penal Internacional; la regla de sostenibilidad fiscal surge a través de
Acto Legislativo 3 del 2011, esta se entiende como los recursos que tiene un país
disponible para su desarrollo y permite que se utilicen de la mejor forma posible
en beneficio social.
Estos dos son conexos en la medida que si bien el estado tiene recursos, puede
así destinar recursos para la reparación de las víctimas, pero un panorama
opuesto es que el déficit fiscal es un cáncer congénito al sistema capitalista, dado
que todos los gobernantes llegan a la administración pública a engordar sus
bolsillos y no a solucionar los problemas sociales, ni a dar un correcto manejo al
erario público. Así, siempre serán mayores los egresos que los ingresos.
Objetivo general.
Conocer el carácter de la Justica Transicional en Colombia.
La Justica Transicional es de carácter judicial, en donde esta se aplica para el
cumplimiento de acuerdos jurisdiccionales para el abordaje de las violaciones a los
Derechos Humanos, al Derecho Internacional Humanitario o políticas sociales.
Hay dos clases de Mecanismos, en primer lugar están los judiciales los cuales se
conforman de: Leyes de indulto y de amnistía e investigación, procesos judiciales

4. y sentencias penales. Y en segundo lugar están los mecanismos que resultan de
los acuerdos políticos y sociales, estos se estructuran de los siguientes elementos:
indemnización, recuperación moral, peticiones públicas de perdón y definición de
fechas de conmemoración.
Objetivos Específicos.
Establecer que se entiende por víctima y como se manifiesta la condición de
víctima.
La víctima se define como las personas o grupos de personas que hayan sufrido
daños ocasionados por actos u omisiones que violen los derechos consagrados en
normas del ordenamiento constitucional legal vigente de los estados, del Derecho
internacional, de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario y
del Derecho Penal Internacional. La condición de víctima se adquiere con
independencia de que se identifique, por consiguiente se aprehende o condena al
autor de la conducta punible.
Según las Organismos internacionales la víctima no solamente los individuos
pueden ser considerados como victimas sino que en ciertos casos las mismas
comunidades que pueden entenderse como pueblos indígenas o grupos políticos
pueden ser considerados como grupos políticos.
Identificar los principios de la Justica Transicional.
Es importante abordar un antecedente histórico en materia de Justica Transicional,
el cual remonta a los años de 1997 eso si gracias al autor JOINET, por
consiguiente los principios de la justica transicional se tipifican en:
El Derecho a la verdad, el Derecho a la Justicia y el Derecho a la reparación. Por
derecho a la Justicia se debe entender la justicia como ‘virtud política’ por ende le
corresponde al estado garantizar el cumplimento de los principios establecidos por
el debido proceso, en donde se le garantice a la víctima la protección de sus

5. derechos e imponer penas frente a los delitos de lesa humanidad, crímenes de
guerra y vulneraciones graves a los Derechos Humanos.
El Derecho a la verdad, vale destacar la verdad eso si como garantía individual
fundamental, en donde esta consiste en el libre acceso de la víctima al
conocimiento de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los
hechos.
Es importante tener en cuenta la construcción o reconstrucción publica de la
verdad de los hechos, ya que la memoria histórica de los individuos y de los
pueblos es el punto de partida de la actividad jurisdiccional como única respuesta
legítima y eficaz ante la barbarie y la impunidad.
El Derecho a la reparación integral es importante entender que significa la
reparación, esta se entiende como la satisfacción material que el estado o agresor
está obligado a dar a la víctima de un delito o de una violación a sus Derechos
Humanos, esta se contextualiza en una indemnización o compensación
económica la cual es dada por el agresor para compensar así su agravio conferido
por el crimen.
No basta con la indemnización de la víctima para que su derecho sea del todo
restituido también hay que tener en cuenta la rehabilitación y esta trae consigo el
brindarle a la víctima asistencia médica, o psicológica para entender así la crisis o
enfermedad permanente que nace en esta violación de derechos.
Mencionar los niveles de la Justica Transicional.
Esta Justicia se conforma de cuatro niveles. En primer lugar está el individual, este
es muy claro y menciona a la víctima o victimario como actor en la justicia
transicional.
En segundo lugar están los estados-nación, a estos le corresponde definir los
acuerdos y disposiciones que son necesarias para que las partes del conflicto
hagan efectiva la transición eso si enfocada hacia la democracia. En estos casos
los estados-nación tienen que someterse a lo que diga el Derecho Internacional
Público y el Derecho Internacional Humanitario.

6. En tercer lugar están los actores corporativos se conforman de partidos políticos,
iglesias, empresas económicas, las asociaciones profesionales y las entidades
administrativas de orden territorial, todas estas pueden adquirir el rol de víctimas o
victimarios dentro del proceso de la Justica Transicional. Y por último están las
instituciones supranacionales, vemos aquí los tribunales internacionales en donde
estos cumplen su papel en la Justicia Transicional, cunado en el ámbito nacional
no existe la capacidad ni la voluntad política de enjuiciar a los sospechosos de
crímenes de guerra.
Estado del arte
Inicialmente se dará a conocer la percepción de algunos autores frente a la regla
de sostenibilidad fiscal. Entre los cuales están:
Armando Novoa García define la sostenibilidad fiscal como, una situación en la
cual se asegura el gasto presente no erosionarse la capacidad de seguir gastando
en el futuro, ni pone en riesgo los derechos sociales y los demás objetivos del
Estado.
Para Robinson Ochoa García la sostenibilidad fiscal es más un criterio que busca
la estabilidad macroeconómica, teniendo en cuenta como marco la disponibilidad
de recursos y la prevalencia del interés general de la población; por ende en la
medida que se logre cumplir con el adecuado manejo de la economía, esta
situación promoverá mejores perspectivas para el crecimiento económico en la
medida que se logre cumplir con el adecuado manejo de la economía.
En el debate de coyuntura económica y social, están presente varias
intervenciones respecto al principio de sostenibilidad fiscal, pero vale destacar la
de Alfonso Prada el cual expresa la sostenibilidad fiscal, como un medio de
alternativas, en donde propone que se le dé un mejor manejo a estos recursos,
para así recuperar billones de pesos perdidos a causa de malos manejos, los
cuales deberían orientarse hacia la prestación de servicios sociales.
Jorge Aguilera Diaz, plantea una investigación en donde, el principio de
sostenibilidad junto con sus mecanismos y objetivos afectan, garantías y

7. postulados del Estado Social de Derecho, dentro de las que se encuentran la
separación y la independencia judicial.
Para entrar en materia se darán a conocer ciertos puntos con relación a los
recursos de la nación en donde se presentan varias anomalías como:
-Corrupción fiscal.
-Evasión y elusión tributaria.
-Compensaciones y subvenciones.
-Compromisos por vigencia futuras de gobiernos anteriores.
-Pretensiones por demandas de contratistas.
Nombrados estos aspectos se desarrollara uno por uno con el fin de conocerlos y
por supuesto mirar los efectos que atañen frente al principio de sostenibilidad
fiscal y de cómo estos faltantes pueden afectar a las víctimas.
Capítulos:
1. Victimas
1.1 Derechos a las víctimas:
La Fiscalía General de la Nación define estos Derechos como. En los términos
de la Ley 975 de 2005 y sus Decretos Reglamentarios y el Derecho Internacional
Humanitario, las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y
garantías de no repetición. Estos derechos se hacen efectivos cuando se les
brinda la posibilidad de participar durante el proceso para que formulen preguntas,
aporten pruebas, denuncien bienes de los grupos armados organizados al margen
de la ley o de sus miembros, brinden y reciban información, formulen su
pretensión de reparación integral, entre otras modalidades de intervención.
El derecho a la verdad: Es el derecho inalienable que tiene la sociedad y en
especial las víctimas de conocer la realidad sobre los hechos cometidos por los
grupos armados, sus autores y las causas, y a saber qué sucedió con sus
familiares desaparecidos o secuestrados y el paradero de los mismos.

8. La Sala Penal de la Corte ha precisado que tratándose de justicia transicional, la
verdad no es solo un derecho individual sino que también es un derecho colectivo.
La confesión es el mecanismo para garantizar el derecho a la verdad, incluso, en
el Derecho Internacional Humanitario.
El derecho a la justicia: Las víctimas tienen derecho a que el Estado investigue,
juzgue y sancione a los responsables de los delitos cometidos. En ese sentido, el
Estado tiene el deber de realizar una investigación efectiva que conduzca a la
identificación, captura y sanción de las personas responsables de delitos
cometidos por los miembros de grupos armados organizados al margen de la Ley,
asegurar a las víctimas de esas conductas el acceso a recursos eficaces que
reparen el daño infligido y tomar todas las medidas destinadas a evitar la
repetición de tales violaciones.
El derecho a la reparación integral: Comprende las acciones que propendan
por la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías
de no repetición de las conductas. Puede ser simbólica, real, individual o colectiva.
En particular, los derechos de las víctimas relacionados con su participación en el
proceso especial de Justicia y Paz son los siguientes:
 Acceder a la justicia desde el inicio del correspondiente proceso para conocer
la verdad del hecho que le ocasionó daño. Ser escuchadas, aportar pruebas y
recibir permanente información sobre el proceso.
 Denunciar para efecto de la reparación en sede administrativa reglada por la
Ley 1448 de 2011, bienes no entregados por los postulados.
 Solicitar y obtener protección para su seguridad cuando se les amenace o
ante potenciales riesgos o peligros.
 Requerir y promover el Incidente de reparación integral.
 Recibir de la Defensoría del Pueblo asistencia para el ejercicio de sus
derechos y dentro del marco de la ley.
 Ser tratada durante todo el procedimiento de forma humana y digna.

9.  Ser informada sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal y a
interponer los recursos cuando a ello hubiere lugar.
 Ser asistida y representada por un abogado de confianza o por el Ministerio
Público, sin perjuicio de que puedan actuar directamente.
 Recibir asistencia gratuita de un traductor o intérprete, en el evento de no
conocer el idioma o de no poder percibir el lenguaje por los órganos de los
sentidos.
 Recibir ayuda y asistencia integral por parte del Estado para su recuperación.
1.2 Ley de las víctimas. LEY 1448 DE 2011 :
La presente ley tiene por objeto establecer un conjunto de medidas judiciales,
administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de
las víctimas frente a las violaciones de carácter colectivo o individual, en donde se
halla sufrido afectaciones a partir del 1° de enero de 1985, como consecuencia de
infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y
manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con
ocasión del conflicto interno.
Esta ley también acoge a los miembros de la fuerza pública, estos en su calidad
de victima pueden recurrir a la reaparición económica en la medida que tengan
derecho al acceso de régimen especial que les sea aplicable; en cambio Los
miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán
considerados víctimas, salvo en los casos en los que los niños, niñas o
adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al
margen de la ley siendo menores de edad.
Frente a sus principios se destacan:

10.  La dignidad, la cual se expresa en el trato respetuoso y considerado hacia
las víctimas, frente a las decisiones que los afecten, por lo cual se les
otorga la debida información acompañada con el deber positivo y principio
de la dignidad
 Principio de la buena fe: El estado presumirá la buena fe de las víctimas,
por consiguiente la victima podrá acreditar el daño sufrido, a través de
cualquier medio legalmente aceptado.
 Igualdad: Este principio respeta la distinción de género, orientación sexual,
la condición social, la profesión, la lengua, el credo religioso y la opinión
política o filosófica.
 Garantía del debido proceso: Es deber del estado garantizar un proceso
justo y eficaz, a través de sus órganos competentes. Teniendo en cuenta
que solo se puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al
acto que se le imputa, ante un juez o tribunal competente.
 Principio de gradualidad: Implica la responsabilidad Estatal de diseñar
herramientas operativas de alcance definido en tiempo, espacio y recursos
presupuestales que permitan la escalonada implementación de los
programas, planes y proyectos de atención, asistencia y reparación, sin
desconocer la obligación de implementarlos en todo el país en un lapso
determinado, respetando el principio constitucional de igualdad.
Son Derechos a las víctimas:
 Derecho a la verdad, justicia y reparación.
 Derecho a acudir a escenarios de diálogo institucional y comunitario.
 Derecho a ser beneficiario de las acciones afirmativas adelantadas por el
Estado para proteger y garantizar el derecho a la vida en condiciones de
dignidad.
 Derecho a solicitar y recibir atención humanitaria.
 Derecho a participar en la formulación, implementación y seguimiento de la
política pública de prevención, atención y reparación integral.

11.  Derecho a que la política pública de que trata la presente ley, tenga
enfoque diferencial.
 Derecho a la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de
victimización se haya dividido el núcleo familiar.
 Derecho a retornar a su lugar de origen o reubicarse en condiciones de
voluntariedad, seguridad y dignidad, en el marco de la política de seguridad
nacional.
 Derecho a la restitución de la tierra si hubiere sido despojado de ella, en los
términos establecidos en la presente Ley.
 Derecho a la información sobre las rutas y los medios de acceso a las
medidas que se establecen en la presente Ley.
 Derecho a conocer el estado de procesos judiciales y administrativos que
se estén adelantando, en los que tengan un interés como parte o
intervinientes.
 Derecho de las mujeres a vivir libres de violencia
1.3 Acto Legislativo O1 del 31 de julio de 2012.
Este acto es el reflejo de una reforma constitucional que busca abrir un espacio
constitucional para el desarrollo de una estrategia integral y coherente, dentro de
un marco de Justica Transicional, el cual permite una efectiva satisfacción, de
derechos de las víctimas con el fin de fomentar una paz estable y duradera.
Sus mecanismos son de carácter extrajudicial, en la medida que plantea un
establecimiento de la verdad y la reaparición a las víctimas. En donde se prevé la
creación de una comisión de la verdad; en efecto se habla también de aplicación
de penas alternativas, de sanciones extrajudiciales y modalidades especiales de
cumplimento.
Cuando se habla de una estrategia de carácter integral y coherente es importante
tener en cuenta los criterios de selección y priorización. En primer jugar la
priorización, se entiende como la prioridad para la aplicación de ciertos casos,
teniendo en cuenta elementos como la gravedad de los crímenes, impacto
geográfico, impacto en la comunidad entre otros.

12. En segundo lugar la selección se entiende como, una serie de criterios detallados
por el legislador, para así determinar contra quienes se procede, en donde los
menos responsables pueden incluso ser hasta exonerados de consecuencias
penales, eso sí siempre y cuando sea efectiva la dejación de las armas de la mano
con la contribución efectiva al esclarecimiento de la verdad, la reparación a las
víctimas, liberación de secuestrados y la desvinculación de los menores
reclutados.
Este Marco para la Paz, así como los pronunciamientos de la corte constitucional,
expresan que para que sea aplicable este, es necesario exigir la terminación del
conflicto armado, la dejación de las armas y la no comisión de nuevos delitos en
los casos de desmovilización individual, para que así procedan los criterios de
selección y priorización. Teniendo presente que los grupos armados deben
contribuir al esclarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas, la
liberación de todos los secuestrados y la desvinculación de todos los menores.
2. Regla de sostenibilidad fiscal.
2.1 Corrupción fiscal.
Para Miguel Ángel Moralesrussi Russi la corrupción fiscal afecta la eficiencia y
la equidad deseables en la ejecución del gasto público, erosiona la legitimidad del
gobierno político y quebranta la ética social en muchos países del mundo.
Colombia, lejos de ser una excepción, registra un alarmante deterioro en las
mediciones de percepción del fenómeno utilizadas internacionalmente. No
obstante la persistencia del problema, aún no ha sido lo suficientemente estudiado
y la distancia entre sus aproximaciones conceptuales por parte de las ciencias
sociales y las nociones del imaginario ciudadano es considerable, al punto que se
equiparan pequeñas contravenciones de las normas cívicas con los casos de gran
corrupción que vincula a agentes en altos cargos de la burocracia, de la política y
del sector privado. Con ello, además se da una notable asimetría en cuanto a la
sanción social y la escala e impacto de la corrupción. Esto resulta muy
problemático para las políticas en contra de la corrupción, porque si bien cualquier

13. nivel de ellas es sancionable y debe prevenirse, claramente es la gran corrupción
la que genera el mayor impacto sobre el bienestar, la gobernabilidad y la ética
social. En este contexto, la eficacia limitada de los mecanismos de rendición de
cuentas reflejada en la baja capacidad de identificación de los responsables y la
ausencia de castigo a las prácticas corruptas identificadas, contribuyen a la
persistencia del fenómeno. En estas condiciones, son cruciales la independencia
de poderes y los sistemas de pesos y contrapesos en el uso del poder del estado.
Y en este marco es vital la función pública del control fiscal aplicado en todos los
niveles de gobierno y de la acción pública, tanto desde el punto de vista de la
gestión de las entidades como del diseño y la ejecución de las políticas públicas. A
ello contribuyen los atributos que la Constitución de 1991 confirió al control fiscal,
por los cuales es posible advertir oportunamente fallas de la administración pública
antes que concentrarse exclusivamente, aunque sin descartar, las sanciones de
responsabilidad fiscal.
2.2 Evasión y elusión tributaria.
Es importante definir estos dos conceptos. En primer lugar la elusión tributaria, se
refiere a las conductas del contribuyente, el cual busca evitar el pago de
impuestos utilizando para ello maniobraos o estrategias permitidas así mismo por
la ley o por los vacíos de esta, en esencia esta no es ilegal puesto que no se viola
ninguna ley, es más bien un provecho de carácter caprichoso frente a los vacíos o
ambigüedades de la ley.
En segundo lugar está la evasión tributaria, la cual ya es de carácter ilegal en la
medida que el contribuyente ejerce maniobras con el fin de evitar a toda costa el
pago de impuestos, aquí no se cumple con la ley, lo cual es indudablemente ilegal
y no es para menos ya que esta se puede ver más que todo el sector del
comercio; cuando los comerciantes deciden no facturar la venta de sus productos
al público, causando un gran daño al régimen común, para así no facturar IVA.
2.3 Compromisos por vigencia futuras de gobiernos anteriores en relación con
la ley 819 de 2003.

14. La solicitud de vigencias futuras es un mecanismo que le permite a la entidad
asumir compromisos que afecten presupuestos de vigencias fiscales futuras y
evita la constitución de reservas presupuestales.
Estos compromisos tienen relación con el Ministerio de Hacienda y por supuesto
en lo que corresponde con el crédito publico. La ley 819 de 2003, dicta que los
diferentes ítems del artículo 1° emanan de las metas plurianuales del Marco Fiscal
de Mediano Plazo.
Cuando se trate de proyectos de inversión nacional deberá obtenerse el concepto
previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación, por consiguiente la
solicitud para comprometer vigencias futuras no podrá superar es respectivo
periodo de Gobierno a no ser que se trate de un proyecto de gasto de inversión
donde el Conpes previamente los declare de importancias estratégica.
La capacidad de pago de las entidades territoriales se analizara para todo el
período de vigencia del crédito que se contrate y si al hacerlo, cualquiera de los
dos indicadores (Proyecto de Presupuesto General de la Nación y Proyecto de
Presupuesto del Orden Territorial), si estos dos indicadores se ubican por encima
de los limites allí previstos, la entidad territorial seguirá los procedimientos
establecidos, según lo dicte esta ley.
Conclusión.
El fin del estado frente a las víctimas de un conflicto armado, es el concederles a
las víctimas, los derechos y garantías que dictan las leyes vigentes. Pero al
desarrollar el concepto de la regla de Sostenibilidad Fiscal se pueden evidenciar
numerosos faltantes de dineros, que efectivamente causan una notoria
inestabilidad a los recursos del estado, recursos desperdiciados por altos
funcionarios, quisquillosos caprichos comerciales y porque no maniobras
fraudulentas en cabeza de ciertos ciudadanos; estos inconscientemente ponen en
juego la sostenibilidad estatal, y pues para nadie es un secreto si no hay recursos
no hay derechos satisfechos.

15. Bibliografía.
Artículo. El Estado Social de Derecho y la Sostenibilidad Fiscal: reforma a la
justicia y derechos. Autor: Armando Novoa Garcia.
Especialización. Incidencias negativas del principio de sostenibilidad fiscal en los
fallos por responsabilidad patrimonial del estado y los de tutela. Autores: Gisella
rosa Gómez payares Javier Mauricio Mosquera Lasso Robinson Ochoa García.
Año de edición: 2012 Bogotá D.C. Universidad Libre de Colombia.
Artículo. La sostenibilidad fiscal, el triunfo del mercado sobre los derechos. Autor:
José Luis Rodríguez Casallas. Año de edición: 2014 Bogotá D.C. Universidad
Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario/ Facultad de Jurisprudencia.
Debate de Coyuntura económica y social. Autores: Rodrigo Suescún – Alfonso
Prada. Año de edición: 2011 Bogotá D.C Centro de Investigación Económica y
Social.
Maestría. Límites y alcances del principio de sostenibilidad fiscal en el estado
social de derecho. Autor: Jorge Aguilera Diaz. Año de edición: 2014 Bogotá D.C.
Universidad Militar Nueva Granada.
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/sobre_unidad_victimas/derechos-victimas/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43043
http://www.justiciatransicional.gov.co/node/24
http://jlijuv.blogspot.com.co/

16. Aportes
Si es deber del estado garantizar la sostenibilidad fiscal, es fundamental
garantizar la efectividad de los recursos, instaurando interventoras quese
encarguen de la protección y el sano destino de los recursos y por supuesto
incentivar a la ciudadanía a que se comprometa con el pago de sus deudas y
declaraciones de rentas, en ese orden de ideas se podría hablar de más
recursos queno solo alimentan la sostenibilidad fiscal y a los recursos quese
necesitan para hacer efectivos los derechos y garantías de las víctimas, sino
también sehablaría de una mejor Colombia, con rumbos más claro en lo que
respecta a una mejor Nación.