El documento argumenta que todos los colombianos merecen viviendas dignas y que es necesario construir un millón de nuevas viviendas y reparar otro millón para satisfacer la demanda, especialmente en áreas urbanas donde se debe reducir el déficit de vivienda social para prevenir asentamientos ilegales, y en áreas rurales donde se deben ofrecer soluciones integrales para evitar el desplazamiento a las ciudades.