El Departamento de Estado de EEUU hizo un llamado de atención sobre la impunidad en Colombia, que reseñó en el informe sobre derechos humanos que la institución realiza anualmente y que fue presentado el pasado 27 de febrero.
Departamento de estado de EEUU alerta sobre impunidad en Colombia
1. Departamento de Estado de EEUU alerta
sobre impunidad en Colombia
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El Departamento de Estado de EEUU hizo un llamado de atención sobre la impunidad en Colombia,
que reseñó en el informe sobre derechos humanos que la institución realiza anualmente y que fue
presentado el pasado 27 de febrero.
En el documento se hace referencia a otros aspectos relacionados con la legislación en el país,
concluyendo que los problemas más importantes en este sentido, tienen que ver con la ineficacia
del sistema judicial, la corrupción, la discriminación social y el desplazamiento forzado.
2. Igualmente, se señala que estos dos síntomas (el sistema judicial ineficiente y la impunidad)
representan una limitación importante al Estado y a su capacidad para aplicar la justicia a quienes
sean acusados de violar los derechos humanos, agregando además la gravedad de la corrupción,
ante los ingresos generados por el tráfico de drogas.
Por otro lado, el informe se refiere al lento procesamiento de implicados en ejecuciones
sumarias, desapariciones forzadas, asesinatos por razones políticas, colaboración de militares
insubordinados con grupos armados ilegales, y los cataloga como problemas que debe enfrentar el
Estado.
Igualmente, se reseñan temas sobre el movimiento legislativo y jurisprudencial, específicamente
en cuanto a la ampliación del fuero penal militar, el diálogo entre al Gobierno y las FARC y la
constitucionalidad del Marco Jurídico para la Paz. A la vez se abordan las situaciones del
reclutamiento de niños, las acciones contra la población civil cometidas por grupos ilegales y la
continuidad del conflicto armado.
La violencia de género, los trabajadores y sus derechos, la libertad de expresión, la desigualdad
salarial en cuanto a las mujeres y la discriminación hacia comunidades indígenas y
afrodescendientes, también fueron tópicos mencionados en el documento.
Asimismo, se abordó de forma importante temas sobre la crisis carcelaria, mencionando que
algunas prisiones están superpobladas, sin las condiciones sanitarias necesarias, falta de buena
calidad de atención de salud y sistema de nutrición adecuado, además de una baja capacitación de
los funcionarios del sistema penitenciario.
Por otra parte, se presentaron las siguientes cifras, relacionadas con el uso excesivo de las
fuerza en las cárceles: 89 investigaciones a 159 guardias, hasta octubre de 2013, 47 denuncias de
abuso físico y 1 de abuso sexual. Además, se registraron 88 muertes entre enero y octubre de 2013,
67 se atribuyen a causas naturales, 11 a suicidios, 7 a enfrentamientos entre reclusos, 2 a
accidentes y 1 a intoxicación.
En el documento también se reconoce los 24 planes de acción especializados, desarrollados por el
Estadopara atender a esta problemática, incluyendo actividades destinadas a eliminar la corrupción
y brindar garantía de promoción y respeto por los derechos humanos entre reclusos y guardias.