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DENOMINACIONES DE LA FUNCIÓN 
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CONSTITUCIONAL. 
1. Constitución de 1830. En sus artículos 95 a 99 se ref...
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CONSULTIVA: CONSTITUCIÓN DE 1886. 
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ANTIOQUIA: PERÍODO DE LA VIOLENCIA 
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ANTIOQUIA: LA POBREZA. 
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ANTIOQUIA: CONGESTIÓN. 
En 1998, cada magistrado del Tribunal Administrativo de 
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ASIGNACION DE COMPETENCIAS 
RECIENTES 
A la formación del acelerado y abultado 
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ACTUALIDAD: 
Actualmente, existen Tres Tribunales Administrativos en el Departamento 
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ACTUALIDAD: LEY 1437 
La Ley 1437 ha implementado el sistema oral. La 
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EL FUTURO. 
La Ley 1437 nos pinta un futuro asociado al avance 
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Historia del tribunal administrativo de Antioquia. 100 años.

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Historia del tribunal administrativo de Antioquia. 100 años.

  1. 1. JUSTIFICACIÓN POLÍTICA DEL CONSEJO DE ESTADO Se ha pretendido entroncar la creación del Consejo de Estado colombiano con la obra Napoleónica. Por ello se dice por algunos tratadistas que el origen de nuestro Consejo de Estado data de 1815. En concreto, del acto de «Reforma del Gobierno de las Provincias Unidas de la Nueva Granada», momento histórico en el que, al igual que en Francia, el poder ejecutivo acumulaba muchas funciones. En ese momento, la concentración de poder en el ejecutivo significaba un riesgo en cuanto al ejercicio de la autoridad política y por esta razón el Congreso decidió crear un Consejo de Estado.
  2. 2. DENOMINACIONES DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA: ETAPA LEGISLATIVA 1. 1819: Congreso de Angostura. No dijo nada sobre el Consejo de Estado. 2. 1821. Constitución de Cúcuta: Creó un Consejo de Gobierno, constituido por el Vicepresidente, un Magistrado de la Corte de Justicia y los Secretarios de Despacho. 3. Decreto del 30 de octubre de 1817: Consejo Provisional de Estado. Tenía 3 secciones: Estado y Hacienda, Marina y Guerra, Interior y Justicia. 4. 1828. Convención de Ocaña. Santanderistas y Bolivarianos presentaron sendos proyectos para establecer un cuerpo especial con funciones consultivas. Los primeros, querían ampliar las funciones del Consejo de Gobierno para que colaborara en la redacción de proyectos de Ley y modificar su composición. Los Segundos presentaron un contraproyecto que consagraba el Consejo de Estado, con funciones similares pero sin representación parlamentaria. 5. 1828. Decreto Orgánico. Ante el fracaso de la Convención de Ocaña, Bolívar dictó un Decreto Orgánico, en cuyos artículos 8 y 10 reguló todo lo relativo al Consejo de Estado, el cual estuvo integrado por 13 miembros.
  3. 3. DENOMINACIONES DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA: ETAPA CONSTITUCIONAL. 1. Constitución de 1830. En sus artículos 95 a 99 se refirió al Consejo de Estado, indicando que sería un cuerpo auxiliar del poder ejecutivo. 2. Constitución de 1832. Se refirió a un Consejo de Gobierno y a un Consejo de Estado. El primero, integrado por el Vicepresidente y por los Secretarios de Despacho y el segundo por siete miembros nombrados por el Congreso. 3. Constitución de 1843. Suprimió el Consejo de Estado, pero mantuvo el Consejo de Gobierno con funciones consultivas únicamente. 4. Constituciones de 1858 y 1863. No previeron el Consejo de Estado ni un organismo similar.
  4. 4. DENOMINACIONES DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA: CONSTITUCIÓN DE 1886. Consagró el Consejo de Estado en sus artículos 136 a 141, conservando sus funciones consultivas y delegando el legislador la posibilidad de organizar una jurisdicción contencioso-administrativa. Este Consejo, aún sin funciones jurisdiccionales, se posesionó el 6 de diciembre de 1886 y fueron los primeros consejeros: Juan Pablo Restrepo, Luis Carlos Rico, Ricardo Núñez, Demetrio Porras, Miguel A. Caro y Clodomiro Tejada. El 27 de abril de 1905, la Asamblea Constituyente. mediante el Acto Legislativo número 10, suprimió el Consejo de Estado para que «El presidente de la República, general Rafael Reyes, sin trabas jurídicas de ninguna clase, pudiera gobernar conforme a sus dictados en toda materia».
  5. 5. REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1910 Una corriente política autodenominada «El Republicanismo» impulsó una reforma constitucional, lo cual se hizo a través del acto Legislativo número 3 de 1910. Allí, se ordenó, en el artículo 42, que la Ley establecería y organizaría la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En esta ocasión, a diferencia de 1886, se dio una orden perentoria del Constituyente al Legislador, no se concedió una facultad discrecional.
  6. 6. LEY 130 DE 1913. En desarrollo del Acto Legislativo número 3 de 1910, se profirió la Ley 130 de 1913. Creó y organizó el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, compuesto por seis Magistrados elegidos por la Corte Suprema de Justicia. La existencia de este Tribunal fue muy breve, funcionó del 10 de abril al 30 de noviembre de 1914 y fueron sus Magistrados Miguel Abadía Méndez, quien además tuvo la calidad de Presidente de la corporación, Diego Mendoza, Próspero Márquez y Daniel J. Reyes.
  7. 7. TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS: La ley 130 de 1913 tuvo el mérito de crear los primeros Tribunales Seccionales de lo Contencioso Administrativo, dándole alcance nacional a la naciente jurisdicción. Inicialmente, fueron creados los siguientes: 1.Tribunal Administrativo de Bogotá. 2.Tribunal Administrativo de Bucaramanga. 3.Tribunal Administrativo de Cartagena. 4.Tribunal Administrativo de Medellín. 5.Tribunal Administrativo de Pasto. 6.Tribunal Administrativo de Popayán. 7.Tribunal Administrativo de Ibagué. 8.Tribunal Administrativo de Tunja. El proyecto que se presentó al Senado tenía previstos tan solo 5 Tribunales. Según el artículo 26 de la Ley 130 de 1913, el período de los Magistrados de los Tribunales Administrativos Seccionales es de 3 años, contados a partir del 1º de marzo siguiente a su elección.
  8. 8. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA: INICIOS. El primero de mayo de 1914 se posesionaron los tres primeros magistrados del Tribunal Administrativo Seccional de Medellín, los Doctores Francisco Luis Ortiz, Salvador Ossa y Obdulio Palacio. La creación de los Tribunales Administrativos creó polémicas sobre la naturaleza de sus funciones. En un artículo publicado en la Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia (Vol. III, revistas 33-34, págs. 835 y ss.), se decía que estos organismos no tenían funciones jurisdiccionales. Esta concepción fue, incluso, objeto de pronunciamiento en las sentencias iniciales de la incipiente Corporación. En una sentencia del 30 de septiembre de 1915, dictada con ocasión de la solicitud de nulidad del artículo 3º de la Ordenanza número 10 de 1912, dictada por la Asamblea Departamental de Caldas, el Doctor Francisco Luis Ortiz hace una encomiable defensa del carácter jurisdiccional de esa decisión.
  9. 9. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA: PERÍODO DE LA VIOLENCIA El Tribunal Administrativo no escapó a las influencias de la política liberal-conservadora en el periodo comprendido entre el 9 de abril de 1948, fecha del asesinato de Gaitán, y el acto Legislativo número 1 de diciembre de 1957, con el que se puso en marcha el Frente Nacional. A principios de 1948, se había introducido en Medellín el Sistema de Valorización y los partidos tradicionales acusaban al Tribunal Administrativo de profesar un sectarismo que puso a esta Corporación en el ojo del huracán de la opinión pública, pues el cobro de dicho impuesto había generado protestas sociales e infinidad de demandas contra la entidad territorial. En 1948, el Presidente del Tribunal Administrativo de Antioquia, el Dr. Santiago Herrera Gómez, fue acusado por el Jefe de la Oficina del Subdirector de Detectivismo de hacer parte de una Junta Revolucionaria. Fue puesto preso en la cárcel La Ladera de Medellín, luego de ser ultrajado en la diligencia de indagatoria, desconociendo su calidad de Magistrado.
  10. 10. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA: LA POBREZA. En 1982, los recursos económicos de la Rama Judicial dependían del Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia. El Tribunal Administrativo funcionaba en el piso 11 del edificio del Banco Anglo-colombiano y debido a que el Fondo no pagaba los arrendamientos de esa sede, los magistrados del Tribunal sufrieron un proceso de lanzamiento de las oficinas que ocupaban. La falta de recursos económicos se prolongó hasta finales de los años ochenta. Durante varias décadas, los empleados del Tribunal trabajaron con máquinas de escribir prestadas por el Municipio de Medellín.
  11. 11. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA: CONGESTIÓN. En 1998, cada magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia tenía en promedio 1142 procesos a su cargo. En el año 2000, debido a las reformas de las plantas de personal que se implementaron en las entidades territoriales con la expedición de la Ley 617 de 2000, el promedio de procesos mencionado se incrementó a 1400. Para el mes de junio del año 2002, se implementó en el TAA el Sistema de Gestión Judicial Siglo XXI. En promedio, cada Magistrado tenía a cargo aproximadamente 1500 procesos.
  12. 12. ASIGNACION DE COMPETENCIAS RECIENTES A la formación del acelerado y abultado crecimiento del número de dichos procesos han contribuido recientemente las competencias asignadas por la Constitución Nacional (acciones de tutela), la ley 393 de 1997 (acciones de cumplimiento), la ley 80 de 1993 (ejecutivos provenientes de contratos estatales), la Ley 446 de 1998, etc., de una parte, y las situaciones fácticas ocasionadas por la modernización del Estado, como por ejemplo las que a través de la supresión de empleos han derivado en el aumento del número de reclamaciones laborales contra el Estado.
  13. 13. ACTUALIDAD: Actualmente, existen Tres Tribunales Administrativos en el Departamento de Antioqia, cada uno con competencias diferentes: Uno, para el sistema de oralidad, integrado por 6 Magistrados: los doctores y doctoras Álvaro Cruz Riaño, Jorge Iván Duque Gutiérrez, Gloria María Gómez Montoya, Beatriz Elena Jaramillo Muñoz, Yolanda Obando Montes y Gonzalo Javier Zambrano Velandia. Otro, para el sistema escrito, integrado por seis Magistrados, de los cuales dos son de descongestión. Lo componen los doctores y doctoras Juan Guillermo Arbeláez Arbeláez, Jairo Jiménez Aristizábal, Rafael Darío Restrepo y Mercedes Judith Zuluaga Londoño, con carácter permanente, y los magistrados de Descongestión, Dra. Liliana Patricia Navarro Giraldo y Dr. Jorge León Arango Franco. Finalmente, la Sala de descongestión está integrada también por 6 magistrados, los dres. y dras. María Nancy García García, Juan Carlos Hermosa Rojas, Juan Carlos Hincapié Mejía, Martha Cecilia Madrid Roldán, Carlos Enrique Pinzón Muñoz y Martha Nury Velásquez Bedoya.
  14. 14. ACTUALIDAD: LEY 1437 La Ley 1437 ha implementado el sistema oral. La idea es que, para su vigencia, de manera paulatina, se terminen todos los procesos escritos y para esos efectos la normatividad en mención ha previsto un plazo de 4 años, contados a partir de la adopción del plan especial de descongestión de la jurisdicción contencioso-administrativa, el cual fue adoptado mediante el Acuerdo No. PSAA12-9139 del 17 de enero de 2012 por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Conforme al último inciso del Artículo 304 de la Ley 1437, para el 17 de enero de 2016 debe estar ejecutado el plan especial de descongestión.
  15. 15. EL FUTURO. La Ley 1437 nos pinta un futuro asociado al avance tecnológico. De hecho, en su artículo 186, al referirse a las actuaciones a través de medios electrónicos, indica que todas las actuaciones judiciales susceptibles de surtirse por escrito podrán realizarse por medios electrónicos, siempre y cuando en su envío y recepción se asegure su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta. Para los anteriores efectos, se otorga un plazo de 5 años a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de que implemente las condiciones técnicas necesarias para el funcionamiento del expediente judicial electrónico.

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