Peritaje

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Índice
1. La responsabilidad administrativa, civil y penal del empleador en
materia de PRL y contingencias profesionales. Responsabilidades
del trabajador 6
2. Nociones básicas sobre el proceso civil, penal y laboral.
Particularidades de los procesos civiles, penales y laborales
relacionadas con la PRL 26
3. La prueba judicial. Regulación básica de la misma 39
Unidad 1:
La responsabilidad administrativa,
penal y civil del empleador en
materia de PRL y contingencias
profesionales. Conceptos
generales del Derecho Procesal.
Regulación básica de la prueba
judicial

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1. La responsabilidad administrativa,
civil y penal del empleador en
materia de PRL y contingencias
profesionales. Responsabilidades
del trabajador
El ordenamiento jurídico-laboral español contemporáneo se ha caracterizado, entre otras notas,
por una progresiva asunción del principio de la responsabilidad objetiva a la hora de regular
las responsabilidades del empleador en sus relaciones jurídicas con los trabajadores. En las
concepciones políticas que dieron origen al Estado de Bienestar estaba ya el germen del concepto
jurídico de la denominada “responsabilidad objetiva o sin culpa” de algunos sujetos de derecho
en sus relaciones jurídicas con otros. Este principio que ha inspirado buena parte de la regulación
de la responsabilidad del empleador en materia social procede de la idea de que el trabajador,
al entrar a formar parte de los medios de producción de la empresa y someterse a la dirección y
organización del empresario, -titular de esos medios de producción-, se expone, lo quiera o no, a
un riesgo para su salud derivado precisamente del hecho de estar sometido a esa organización,
un riesgo, en este sentido, independiente de la intención, la voluntad o la culpa del empleador
(por eso se denomina “responsabilidad objetiva o sin culpa”). Así, se dice que el empresario es,
en este sentido, responsable objetivamente de los daños a la salud de los trabajadores, y lo es
sin necesidad de que haya que achacarle ningún elemento subjetivo de intencionalidad (el dolo o
intención de causar daño, o la culpa o negligencia).

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Este es el criterio que explica lo que veremos a continuación al tratar la responsabilidad por daños
en caso de incumplimiento empresarial de la normativa sobre de PRL, y especialmente en caso
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (contingencias profesionales). Frente a
este criterio, el Derecho civil y, lógicamente, el Derecho penal, han mantenido el tradicional de
la responsabilidad subjetiva o culposa, que predica la necesidad de se aprecie dolo (intención
de daño), culpa o negligencia en la actuación del empleador para que pueda existir un daño
indemnizable o una conducta punible.
1.1. La responsabilidad administrativa del empresario por incumplimientos de
la normativa sobre PRL
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) impone al empresario principalmente, y también
altrabajadoraunqueenmuydiferentegradoymedida,unaseriedeobligacionesdirigidasagarantizar
la seguridad y la salud de los propios trabajadores. Así, ambos sujetos serán responsables, cada
uno dentro de sus respectivos ámbitos y en diferente medida, por las acciones u omisiones que
lleven a cabo y que impliquen un incumplimiento de esta normativa.
Así, el art. 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) impone al empresario una serie
de obligaciones a fin de garantizar la seguridad y la salud en el trabajo, reconociendo al trabajador
el derecho a una protección eficaz en esta materia.
Esta obligación empresarial, según numerosos autores, es una obligación empresarial de medios
y no de resultado, es decir, el empresario cumplirá con su obligación genérica de protección
respetando todas las obligaciones específicas en que aquélla se concreta, o dicho de otra manera,
poniendo todos los medios necesarios para que no se produzcan daños, aunque éstos finalmente
se produzcan, y a la inversa, incumplirá su obligación genérica incumpliendo alguna de esas
obligaciones específicas, aunque no se produzca un resultado lesivo.
Al respecto, el artículo 42 de la LPRL establece: “el incumplimiento por los empresarios de
sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades
administrativas, así como, en su caso, a responsabilidades penales y a las civiles por los daños y
perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento”.
1.1.1. La responsabilidad empresarial en materia de Seguridad Social derivada de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales
Cuando el trabajador sufre un accidente de trabajo o contrae una enfermedad profesional a
consecuencia del incumplimiento por parte del empresario de alguna de sus obligaciones en
materia de salud laboral, puede imponérsele, como medida sancionadora e indemnizatoria, un
recargo sobre las prestaciones económicas de la Seguridad social a las que el afectado tenga
derecho como consecuencia de esa contingencia.

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Sujeto responsable: El artículo 123.1 de la Ley
General de la Seguridad Social (en adelante
LGSS) establece que el importe del recargo,
que deberá abonar el propio empresario, será
como mínimo del 30% y como máximo del 50%
-según la gravedad de la falta- de todas las
prestaciones económicas de Seguridad Social
que, como hemos dicho, se deriven de dichas
contingencias. Dicha responsabilidad, no puede
ser objeto de seguro privado o público (Sentencia
del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2004),
ni será asumida por las entidades gestoras o
colaboradoras de la Seguridad Social, -aun en el
caso de insolvencia de la empresa-, ya que este
recargo no es una prestación de la Seguridad
Social (artículo 123.2 de la LGSS). También será
nulo cualquier pacto celebrado con la finalidad
de compensar, cubrir o transmitir el pago del
recargo a sujetos distintos del infractor.
Cuando el accidente de trabajo o la enfermedad
profesionalseproduzcaenelcentrodetrabajode
la empresa principal y ésta tenga subcontratada
parte de su actividad con otras contratistas
o subcontratistas, todas las compañías de la cadena de contratas pueden ser declaradas
responsables solidarias del pago del recargo de prestaciones, siempre que hayan incumplido
alguna de las obligaciones preventivas que les incumbe. Debe recordarse en este punto que el
empresario principal, titular del centro de trabajo, tiene un deber de vigilancia del cumplimiento de
las normas sobre seguridad y salud por parte de las empresas contratistas y subcontratistas.
Un supuesto distinto es el de los trabajadores cedidos por parte de una empresa de trabajo
temporal (ETT). En estos casos, el pago del recargo podrá ser a cargo de la empresa usuaria, de la
de trabajo temporal o de ambas, en función de quien haya incumplido las obligaciones impuestas
por las normas de prevención de riesgos laborales, pero en ningún caso existirá responsabilidad
solidaria entre ambas.
Requisitos de hecho necesarios para la imposición del recargo: La imposición del recargo
de prestaciones exige, siguiendo una consolidada jurisprudencia (Sentencia del Tribunal Supremo
de 2 de octubre de 2000, entre otras), la concurrencia de tres elementos: que el empresario
incumpla alguna medida de seguridad general o especial; que el trabajador sufra un daño efectivo
a consecuencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional que dé derecho a percibir
una prestación de Seguridad Social, y que exista una relación de causalidad entre el incumplimiento
empresarial y el daño producido al trabajador.

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El propio Tribunal Supremo ha aclarado que la imposición del recargo sólo requiere el incumplimiento
por parte del empresario de su deber genérico de protección -recogido en el artículo 14 de la PRL-
o de alguna de las otras normas genéricas de seguridad, habida cuenta de que el empresario está
obligado a garantizar la máxima seguridad tecnológicamente posible a sus trabajadores. No es
preciso pues, que el empresario no haya adoptado una concreta medida preventiva prevista en una
norma concreta, pues resulta imposible que la norma concrete todos y cada uno los mecanismos de
seguridad preceptivos, dado que el legislador no puede seguir la evolución tecnológica o científica
de una maquinaria o un proceso productivo.
En consecuencia, el recargo de prestaciones procederá cuando el empresario haya omitido alguna
de las medidas generales o particulares de seguridad exigibles a un prudente empleador (Sentencia
del Tribunal Supremo de 26 de marzo de 1999).
Sin embargo, hay que tener presente que la protección que los empresarios deben dispensar a sus
trabajadores para prevenir los riesgos laborales no es la misma en todos los casos, pues deben
tomarse en consideración circunstancias como la actividad de que se trate, las circunstancias
ambientales en que se realiza, el contenido de la prestación del trabajador o sus condiciones
personales (Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 2002).
Para que pueda hacerse recaer sobre el empresario el recargo de prestaciones, debe existir una
relación de causalidad entre el incumplimiento de las normas sobre seguridad y salud laboral y
las lesiones sufridas por el trabajador. La carga de la prueba -que habrá de ser concluyente- de
esa relación de causalidad recae sobre el trabajador o sus derechohabientes. Ahora bien, cuando
las circunstancias en que se produzca el siniestro no puedan probarse de forma indubitada, los
Tribunales admiten el recurso a la prueba de presunciones para establecer la relación de causalidad;
es decir, que siempre que se acredite el incumplimiento por parte de la empresa de su obligación de
seguridad hacia los trabajadores, el Tribunal podrá presumir que el origen del siniestro se encuentra
en dicho incumplimiento empresarial (Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de enero de 2006).
En cambio, el empresario quedará liberado de responsabilidad cuando el accidente o la enfermedad
profesional se produzcan de manera fortuita e imprevisible o a causa de fuerza mayor extraña al
trabajo, así como en los supuestos en los que no se acredite de forma manifiesta e incontrovertida
el incumplimiento por parte del empleador de alguna norma de prevención. Además, el nexo de
causalidad entre la infracción y la lesión puede quebrarse si el accidente se produce por causa
directa y exclusiva de un comportamiento temerario del trabajador accidentado, o de una actuación
dolosa del propio trabajador o de un tercero (además, las imprudencias temerarias que cometa el
trabajador también impedirán la imposición del recargo porque en esos casos no existirá accidente
de trabajo, según el artículo 115.4, b) de la LGSS). El dolo implica que se busca deliberadamente
el resultado, esto es, la lesión corporal. La imprudencia temeraria consiste en un patente y claro
desprecio de un riesgo grave y evidente y de las más elementales medidas de precaución exigibles
en las concretas circunstancias. Se trata de una conducta en la que su autor asume conscientemente
riesgos manifiestos, innecesarios y especialmente graves ajenos al usual comportamiento de las
personas (STS de 18 de septiembre de 2007). Y decimos que la conducta temeraria del trabajador

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sea la causa directa y exclusiva porque si concurren en el accidente o enfermedad profesional
otras causas derivadas de incumplimientos graves de la empresa en materia de prevención,
subsistirá la responsabilidad de esta última pese a la temeridad del trabajador, sin que se pueda
hablar de compensación de culpas para eliminar la responsabilidad de la empresa. Ése es el caso,
por ejemplo, de la permisividad consciente del empresario frente a una conducta de riesgo del
trabajador, situación en la que se incumple el deber empresarial de vigilancia sobre el efectivo
cumplimiento de las normas preventivas por parte del trabajador. La falta del elemento intelectivo
de la conciencia del riesgo y el posible incumplimiento de la empresa del deber información y
formación al trabajador hacen que, normalmente, no se considere como temeraria la conducta del
trabajador que actúa con ignorancia de los peligros inherentes a su labor por falta de formación o
información, salvo que el riesgo sea evidente por sí mismo.
Otro tipo de imprudencia, la llamada imprudencia profesional (el exceso de confianza del trabajador
en la ejecución habitual de su trabajo, que se traduce en una creencia de superación de los riesgos
por la mera capacidad y habilidad personal y en una disminución del control consciente de su
actuación) no impide la calificación de accidente laboral ni excluye la imputación de responsabilidad
al empresario, pues el deber de protección de éste es incondicionado y prácticamente ilimitado
(Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 2001), ya que el empresario debe incluso
prever las imprudencias no temerarias que pueda cometer el trabajador (artículo 15.4 de la LPRL).
En frecuentes ocasiones la jurisprudencia ha considerado que la imprudencia temeraria ha de
tener por causa motivos extralaborales, de tal manera que si un empleado se coloca en posición
de alto riesgo en interés de una mejor o más rápida realización de su trabajo o para conseguir
mejores rendimientos laborales, lo que podría parecer una imprudencia temeraria se convierte en
imprudencia profesional.
Aunque el art. 115 LGSS alude únicamente a la imprudencia temeraria y a la profesional, una parte
de la doctrina científica y judicial destaca otra clase de conducta imprudente que tampoco impide
la calificación de accidente laboral: la denominada imprudencia simple. Se trata de las conductas
que contravienen alguna norma de seguridad o salud, provocadas por el cansancio, los despistes
o las distracciones, tal como sugiere el art. 15.4 LPRL al aludir a “imprudencias no temerarias”.
Podría identificarse con la conducta poco cuidadosa del trabajador, pero, en cualquier caso, exenta
de temeridad y, como contraposición a la imprudencia profesional, desvinculada de la prestación
de servicios. En suma, se trataría de la conducta contraria a la usual en personas razonables y
sensatas en vista de las circunstancias del caso.
Cuestión distinta es que las conductas impudentes del trabajador que hemos visto sean un factor
que muy probablemente se tomará en consideración a la hora de graduar el porcentaje del recargo
impuesto (Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 2007).
Procedimiento administrativo: La solicitud de imposición del recargo de prestaciones puede
realizarla el interesado (trabajador o legítimos herederos) o la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, y el plazo para presentarla es de cinco años a contar desde la fecha de la resolución
que reconozca el derecho a la prestación económica de la Seguridad Social. La resolución que

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declare la existencia de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad y salud en
el trabajo y determine el porcentaje en que hayan de incrementarse las prestaciones económicas,
es competencia de la Dirección Provincial correspondiente del Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS).
La resolución del INSS que imponga el recargo es impugnable ante el orden jurisdiccional social,
previa interposición de la preceptiva reclamación administrativa. En la práctica es frecuente
encontrarnos con dos procedimientos judiciales: por un lado, la impugnación ante el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo de las sanciones administrativas por incumplimiento de
las normas sobre prevención de riesgos laborales, y por otro, el proceso de impugnación del recargo
de prestaciones ante los juzgados de lo social, con la consiguiente posibilidad de que se emitan
resoluciones judiciales contradictorias: que no proceda la imposición de sanciones administrativas
pero sí el recargo de prestaciones o, a la inversa, que no proceda la imposición del recargo pero sí
la sanción administrativa por incumplimiento de las normas sobre prevención de riesgos laborales.
1.1.2. Otras responsabilidades en materia de Seguridad Social relacionadas con la PRL
a) Responsabilidad empresarial por falta de aseguramiento. Cuando el empresario
incumple alguna de las obligaciones de encuadramiento del trabajador a la Seguridad Social
(inscripción de empresa, afiliación, alta o baja de trabajadores) o de pago de las cotizaciones
a la Seguridad Social (falta o insuficiencia de la cotización), el trabajador no pierde su
derecho a las correspondientes prestaciones que puedan derivarse del accidente de trabajo
o de la enfermedad profesional, porque el empresario es el responsable directo del pago de
la totalidad o de parte de las prestaciones que correspondan, con independencia de que la
entidad que haya asumido la cobertura de la contingencia profesional (Mutua de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales o INSS) deba adelantarla al trabajador (artículo
126 de la LGSS).
b) Responsabilidad por falta de reconocimientos médicos. Todas las empresas que tengan
que cubrir puestos de trabajo con riesgo de contraer enfermedades profesionales deben
practicar reconocimientos médicos previos a la admisión de los trabajadores que hayan de
ocuparlos y los reconocimientos médicos periódicos que para cada tipo de enfermedad
resulten exigibles (artículo 196.1 de la LGSS). El incumplimiento por parte de la empresa
de esta obligación puede provocar que sea declarada responsable directa de todas las
prestaciones que puedan derivarse de las enfermedades profesionales (artículo 197.2 de la
LGSS).
c) Responsabilidad empresarial por no atender el requerimiento de paralización de
trabajos. El incumplimiento por parte de las empresas de los requerimientos de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social de paralizar los trabajos que no cumplan las normas sobre
seguridad y salud laboral e impliquen un grave riesgo para los trabajadores que los ejecuten
o para terceros (artículos 9, f), 44 y 53 de la LPRL), se equiparan, respecto a los accidentes
de trabajo que puedan producirse, a la falta de formalización de la protección por dicha

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contingencia de los trabajadores afectados (artículo 195 de la LGSS) y, en consecuencia, el
empresario será el responsable directo de todas las prestaciones de Seguridad Social que
puedan derivarse.
d) Asunción de los gastos sanitarios. Cuando la prestación de Seguridad Social tenga como
origen supuestos que impliquen responsabilidad criminal o civil de alguna persona, incluido
el empresario, la prestación se hará efectiva por la entidad gestora de la Seguridad Social
o por la Mutua que cubran la contingencia, sin perjuicio del derecho de éstas a reclamar al
responsable el coste de las prestaciones sanitarias que hubiesen satisfecho (artículo 127.3
de la LGSS).
Recordemos que todas las compensaciones económicas señaladas, derivadas de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales, incluido el recargo de prestaciones, así como las
prestaciones económicas a cargo de la Seguridad Social derivadas de esas contingencias
profesionales (prestación de Incapacidad temporal, Invalidez, etc.), deben ser declaradas o
reconocidas legalmente por parte de la Seguridad Social mediante una resolución administrativa.
De ahí que en caso de discrepancia con lo decidido en esa resolución administrativa pueda surgir
de nuevo el problema de la jurisdicción que habrá de conocer del asunto. Se trata de una resolución
administrativa sobre una cuestión de Seguridad Social, por lo que tanto el orden social como el
contencioso-administrativo son potencialmente competentes. La Sala Especial de Conflictos de
Competencia del Tribunal Supremo ha decidido, hasta el momento, a favor de la competencia
del orden social en todos estos casos. Y lo ha hecho, además, tanto para las impugnaciones de
trabajadores como para las presentadas por empresarios.
1.1.3. La responsabilidad administrativa derivada del incumplimiento de la normativa sobre
PRL, conforme a la LISOS
El incumplimiento por parte de la
empresa de la normativa de PRL, si
no alcanza el grado de ilícito penal,
siempre constituye al menos una
infracción administrativa. Es lo mismo
que ocurre en materia de circulación vial
o en disciplina urbanística, por poner
otros ejemplos quizás más cercanos a
la realidad cotidiana.
De acuerdo con los principios
constitucionales de legalidad y tipicidad
de las normas sancionadoras (artículo
25 de la Constitución), para que una
conducta o comportamiento pueda ser
sancionado debe estar previamente

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previsto en una norma con rango de ley y tipificada como infracción. Esta norma es la Ley de
Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS), que se refiere no sólo a las infracciones
relacionadas con la PRL en sentido estricto, sino también en materia de Seguridad Social y en
materia de fomento de empleo.
Una de las características de la responsabilidad administrativa en materia de PRL es que el principal
sujeto responsable es el empresario (persona física o jurídica), ya que sólo en casos muy limitados
puede serlo el trabajador por cuenta ajena. En cualquier caso, el procedimiento más usual para
sancionar el incumplimiento por parte de éste último de sus obligaciones en materia estrictamente
preventiva, es el sometimiento al poder disciplinario de la empresa. Además, el incumplimiento
de esas obligaciones por parte del trabajador no exime al empresario de su responsabilidad
administrativa (aunque sí puede graduarla).
El empresario principal responderá solidariamente junto con los contratistas y subcontratistas
-siempre que éstos desarrollen parte de la actividad propia de aquél-, por los incumplimientos
cometidos por éstos últimos en las obligaciones preventivas relacionadas con los trabajadores
ocupados durante el período de duración de la contrata, y ocurridos en el centro de trabajo de la
empresa principal (artículo 42.3 de la LISOS).
En el sector de la construcción, además de los empleadores de los trabajadores por cuenta ajena,
también pueden ser sujetos responsables los promotores y los trabajadores por cuenta propia o
autónomos (artículo 2.8 de la LISOS). En el caso de trabajadores cedidos por una empresa de trabajo
temporal, la LPRL no extiende la responsabilidad de la empresa usuaria a la empresa de trabajo
temporal ni al contrario, ya que cada una de ellas posee obligaciones preventivas diferenciadas
(artículo 28.5 de la LPRL, y arts. 18.3 b) y 19.2 b) y d) de la LISOS), de tal forma que cada una será
responsable sólo de los incumplimientos de sus respectivas obligaciones.
Como excepción, la LPRL exime de esta responsabilidad al empleador del servicio de hogar familiar,
y a los fabricantes, suministradores e importadores, aunque eso sí, siguen siendo responsables de
las obligaciones impuestas por el artículo 41 de la LPRL.
Además del empleador, también pueden ser sujetos responsables las entidades que actúan como
servicios de prevención ajenos, las auditorías y las entidades formativas (artículo 2.9 de la LISOS).
Caso especial es el de las Administraciones Públicas, que pueden ser declaradas responsables
de la comisión de infracciones administrativas en materia de seguridad y salud laboral respecto al
personal a su servicio, pero no pueden ser sancionadas económicamente por ello, sólo ser objeto
de medidas correctoras (RD 707/2002, de 19 de julio).
Para declarar responsable al infractor se requiere de éste una acción u omisión (artículo 5.2 de
la LISOS) realizada con dolo o culpa (imprudencia o negligencia), si bien el deber de diligencia y
vigilancia que se le exige al empresario en las normas sobre prevención de riesgos laborales hace
que se presuma la culpa o negligencia cuando incumple una obligación establecida en la normativa
de esta materia (artículos 14.2 y 15.4 de la LPRL).

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Los incumplimientos susceptibles de ser sancionados administrativamente son los que aparecen
tipificados como infracciones en la LISOS (artículos 11 a 13). Como hemos dicho, basta con el
incumplimiento de una obligación sobre seguridad y salud laboral recogida en una norma legal,
reglamentaria o en la cláusula normativa de un convenio colectivo. El incumplimiento de las normas
técnicas (por ejemplo, las citadas en el art. 5.3 del RD. 39/1997, del Reglamento de los Servicios
de Prevención) que incidan en las condiciones de trabajo no es sancionable en vía administrativa,
si bien puede determinar la imposición al sujeto infractor del recargo de las prestaciones por falta
de medidas de seguridad y salud en el trabajo (artículo 123 de la LGSS) en caso de accidente de
trabajo o enfermedad profesional.
Las infracciones en esta materia se califican como leves, graves y muy graves (art. 11, 12 y 13 de la
LISOS, respectivamente), en atención a la naturaleza del deber infringido y la entidad del derecho
afectado. Su prescripción (plazo de extinción de la responsabilidad) también varía en función de
su gravedad: las leves prescriben al año; las graves, a los tres; y las muy graves a los cinco años
desde la fecha de comisión de la infracción (artículo 4 de la LISOS).
La regulación del imprescindible procedimiento administrativo sancionador se encuentra en
el RD 928/1998, de 14 de mayo. En resumen, éste comienza con unas actuaciones previas de
comprobación llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a instancia de la
autoridad laboral, de la propia Inspección de Trabajo, de un órgano jurisdiccional, por denuncia,
etc. Si se comprueba la infracción a las normas sobre seguridad y salud laboral, la Inspección
de Trabajo realizará un requerimiento al empresario infractor ordenándole adoptar las medidas
oportunas, dándole la oportunidad de subsanar las deficiencias observadas (artículo 43 de la LPRL).
El incumplimiento de estos requerimientos conlleva el levantamiento de un Acta de infracción –
si dicha acta no se hubiera levantado ya antes, en el momento de realizar el requerimiento-. La
Inspección puede además, instar la imposición del recargo de prestaciones de la Seguridad Social,
y ordenar la paralización de trabajos en caso de riesgo grave e inminente para la salud de los
trabajadores.
Los hechos descritos en el acta de infracción por el inspector de Trabajo y Seguridad Social,
siempre que ésta reúna los requisitos legalmente exigibles (artículo 14 del RD 928/1998), tienen
presunción de certeza en juicio, sin perjuicio de las pruebas que pueden aportar los imputados
para desvirtuarlos.
El procedimiento administrativo sancionador propiamente dicho se inicia con la extensión del Acta
de infracción por parte del inspector de Trabajo y Seguridad Social que debe ser notificada al
presunto/s responsable/s de la infracción administrativa. Éste podrá formular las alegaciones que
estime adecuadas en el plazo de 15 días, ante el órgano administrativo competente, acompañado
de los medios probatorios que considere convenientes.
Si el sujeto imputado formula alegaciones contra el acta de infracción, el órgano que deba resolver
podrá requerir informe ampliatorio del inspector que extendió el acta, Dicho informe es preceptivo
si el imputado alega hechos distintos de los que constan en el acta de infracción, insuficiencia

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del relato de hechos o indefensión. Finalizada la instrucción del expediente (investigación de los
hechos), el órgano competente dictará resolución motivada, en el plazo de diez días desde el
momento de finalización de la tramitación del expediente, confirmando, modificando o dejando
sin efecto la propuesta de sanción contenida en el Acta levantada por el inspector. La resolución
se notificará al sujeto infractor y, si es confirmatoria, también a los trabajadores afectados o a sus
derechohabientes y, en su caso, a las entidades gestoras de la Seguridad Social.
Las sanciones de las infracciones administrativas en materia de seguridad y salud laboral consisten
generalmente en multas, y se gradúan en leves, graves o muy graves, siendo sus cuantías mucho
más elevadas que las previstas para otras infracciones laborales y de Seguridad Social. Como
ampliación, decir que la Ley 32/2006 sobre Subcontratación en el Sector de la Construcción ha
añadido nuevas infracciones administrativas a las ya tipificadas en la LISOS en materia de seguridad
y salud laboral.
Además de las multas, las infracciones administrativas en materia de prevención de riesgos
laborales también conllevan una serie de sanciones accesorias, como son:
• Suspensión de la actividad o cierre del centro de trabajo -sin perjuicio del abono por el
empresario de las correspondientes indemnizaciones o salarios- si se dan circunstancias de
excepcional gravedad en las infracciones (artículo 53 de la LPRL). Esta sanción puede tener
carácter temporal o definitivo.
• Prohibición temporal de contratar con las Administraciones Públicas por la comisión de
infracciones muy graves (artículo 54 de la LPRL).
• Para los servicios de prevención, entidades auditoras y entidades formativas se prevé una
sanción específica, -además de las multas-: la pérdida de la acreditación otorgada por la
autoridad laboral (artículo 49.6 de la LPRL).
• Publicación de las sanciones por infracciones muy graves en un registro público (art. 40.2
de la LISOS y el RD 597/2007).
Por último hay que señalar que las sanciones administrativas que hemos tratado en este apartado
resultan compatibles con las responsabilidades civiles que puedan concurrir (indemnizaciones por
los daños y perjuicios causados al trabajador), y con el recargo de prestaciones de la Seguridad
Social (artículo 42.3 de la LPRL). El art. 3.1 de la LISOS establece, sin embargo, que no podrán
sancionarseadministrativamenteloshechosqueyahayansidosancionadosporestavía,siseaprecia
identidad de sujeto, hecho y fundamento, -en coherencia con el principio inspirador de todos los
regímenes jurídicos sancionadores de “non bis in idem“-. Por lo que respecta a la responsabilidad
penal, su compatibilidad con las sanciones administrativas está presidida igualmente por este
principio, de modo que no pueden sancionarse, penal y administrativamente, unos mismos hechos
si existe identidad de sujetos, de hechos y de fundamento (artículo 3.1 de la LISOS). De ello se
deriva que un proceso penal tiene preferencia sobre el procedimiento administrativo sancionador,
de modo que la tramitación de éste último se paralizará hasta que se dicte sentencia firme o auto
de sobreseimiento por el órgano jurisdiccional. Si éste estima la existencia de un delito o falta, no

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podrá imponerse sanción administrativa. A tal fin, el Ministerio Fiscal debe notificar a la autoridad
laboral y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la existencia del procedimiento penal.
Por el contrario, si se declara la no existencia de un ilícito penal, el procedimiento administrativo
sancionador podrá continuar, si bien, los hechos declarados probados en la sentencia judicial
vincularán a la autoridad laboral.
La jurisdicción competente para la resolver la impugnación de estas sanciones administrativas
(recursos contra ellas), -salvo la del recargo sobre las prestaciones ya visto-, es la contencioso-
administrativa.
1.2. La responsabilidad penal del empresario
El Código Penal establece diversos tipos penales en que puede incurrir el empresario al incumplir
su deber de protección de la seguridad y salud de los trabajadores;
a) El delito contra la seguridad y salud en el trabajo tipificado en el art. 316 del Código
Penal (CP) según el cual “los que con infracción de las normas de prevención de riesgos
laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los
trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas,
de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados
con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses”.
Se trata de un delito de riesgo (creación o exposición al riesgo) y no de resultado, por lo
que no se exige la producción de un resultado de daño. La conducta ilícita consiste en poner
en peligro la vida o salud de los trabajadores, por lo que éste delito no queda subsumido
por el posterior delito de lesiones o muerte de uno o algunos de ellos, siempre que existan
más empleados que, aunque no sufran ese resultado lesivo, sí estén expuestos a la misma
situación de peligro. En estos casos, existe una concurrencia de delitos (SSTS de 14 de julio
de 1999 y de 04 de junio de 2002). Insistimos en que lo que se castiga en este delito no son
los resultados lesivos de la omisión de seguridad en trabajadores concretos, algo que de
producirse se castigaría con los delitos de lesiones u homicidio. La jurisprudencia establece
además que la remisión que hace este artículo a las normas de prevención de riesgos
laborales se refiere tanto a las previsiones de la LPRL como a cualquier otra norma sobre la
materia, con independencia de su rango jerárquico (STS de 26 de julio de 2000). Además,
debe existir una relación de causalidad entre la infracción de la norma de prevención de
riesgos laborales y el peligro grave para la vida y salud de los trabajadores. De tal forma que
la primera debe provocar el segundo (STS de 29 de julio de 2002).
El ilícito tipificado exige que el referido peligro provenga de no proporcionar los medios
necesarios para una protección eficaz de los trabajadores. De este modo, se puede observar
que la conducta castigada no es una acción positiva o de hacer, sino una acción de omisión
o de no hacer. En cuanto a qué se debe entender por medios necesarios, la jurisprudencia ha

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manifestado que están incluidos tanto los medios personales como materiales, intelectuales
y organizativos, y entre ellos destaca muy especialmente el deber de información sobre el
riesgo, adecuada al mismo y facilitada de forma comprensible para los trabajadores (STS de
12 de noviembre de 1998).
En cuanto a la existencia en la empresa de los medios de seguridad necesarios y su puesta
a disposición de los trabajadores, la jurisprudencia es clara al afirmar que no es suficiente
con aportar las facturas correspondientes de compra de los medios de protección, ya que el
artículo 17 de la LPRL y el RD 773/1997, en sus artículos 3 y 7 establecen que el empresario
tiene la obligación de velar por que la utilización de los equipos se realice conforme a lo
dispuesto en la normativa sobre utilización y mantenimiento de los equipos de protección
individual.
El art. 317 del Código Penal aminora la pena cuando el delito se comete por imprudencia
grave, castigando entonces la infracción con la pena inferior en grado. Es evidente entonces
que sólo será relevante para la comisión del delito la puesta en riesgo por dolo o imprudencia
grave, relegando, en consecuencia, al ilícito administrativo los casos de imprudencia leve o
simple.
Por otro lado, según el art. 318 CP, “Cuando los hechos previstos en los artículos de este
Título se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores
o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes,
conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello. En estos
supuestos la autoridad judicial podrá decretar, además, alguna o algunas de las medidas
previstas en el artículo 129 de este Código”. Entre dichas medidas están la clausura de la
empresa o sus locales con carácter temporal o definitivo, la suspensión temporal de sus
actividades o de poder realizarlas en el futuro, la intervención de la empresa por el tiempo
necesario, su disolución, etc.

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b) Los delitos y faltas de lesiones y de homicidio tipificados en los arts. 147, 138, 142 y 621
del CP, en función que se produzca, efectivamente, un resultado dañoso o lesivo.
Aunque por regla general, el empresario será el sujeto infractor en el tipo descrito tanto
en el apartado a) como en los del apartado b), el deber de seguridad no compete única
y exclusivamente a éste. La jurisprudencia establece que la culpa penal alcanza también,
aunque puede ser que en diferente grado de autoría o participación, a todos los que de
facto ejerzan funciones de dirección o mando (STS de 10 de abril de 2001). Así, los jueces
mantienen que todas aquellas personas que desempeñan funciones de dirección o de mando
en una empresa y, por tanto, sean superiores, intermedias o de mera ejecución, y mientras
las ejerzan reglamentariamente o de hecho, están obligadas a cumplir y hacer efectivas
las normas destinadas a que el trabajo se realice con las prescripciones elementales de
seguridad. Estos mandos incurren en responsabilidad criminal si en el cumplimiento de
tales deberes se muestran remisos o indolentes; también si con dicha conducta causan o
contribuyen a que se produzca un resultado lesivo o una situación de grave peligro para la
vida, la seguridad o la integridad física de los trabajadores (SSTS de 10 de mayo de 1980,
12 de mayo de 1981 y 30 de marzo de 1990). No obstante, la atribución de responsabilidad
a los cargos intermedios está condicionada a que tengan un dominio suficiente del hecho
(SSTS de 03 de febrero de 1992 y 16 de julio de 1992 y STSJ de Cataluña de 16 de febrero
2000). Así se prevé expresamente en el art. 31 del CP para los administradores de hecho o
de derecho de una entidad jurídica.
Es interesante destacar que algunas sentencias aprecian un consentimiento en el riesgo
por parte de la propia víctima. Sin embargo, la gran mayoría de la jurisprudencia establece
que el derecho de los trabajadores a unas condiciones de trabajo seguras no es disponible
o negociable. De ahí que sea irrelevante ese supuesto consentimiento del trabajador o la
aceptación explícita o implícita del riesgo. El trabajador debe ser incluso prevenido de su
propia falta de diligencia, exigiéndole de forma coactiva, si fuera necesario, el cumplimiento
de las normas de seguridad. Sólo la imprudencia grave del trabajador (imprudencia temeraria)
parece tener un efecto exonerante de la posible responsabilidad penal del imputado.
Por último, ya dijimos que el art. 42 de la LPRL establecía la posibilidad que un incumplimiento
empresarial a las normas de seguridad y salud generase responsabilidades de diferente
naturaleza. Pues bien, la comisión de un delito o falta puede ocasionar, además del daño
social, un daño privado, físico o moral, o la lesión de intereses individuales, susceptibles de
ser reparados o indemnizados, lo que hace surgir la responsabilidad civil. De ahí que el Código
Penal, en el artículo 109, señale: “1. La ejecución de un hecho descrito por la Ley como delito
o falta obliga a reparar, en los términos previstos en las Leyes, los daños y perjuicios por él
causados. 2. El perjudicado podrá optar, en todo caso, por exigir la responsabilidad civil
ante la Jurisdicción Civil.” Estamos ante lo que la doctrina llama “responsabilidad civil ex
delicto”. En estos casos, el ordenamiento jurídico presume que la acción civil derivada de
delito o falta acompaña siempre a la penal y que, salvo indicación en contra del perjudicado
(es decir, que opte por ejercitar la acción civil ante esa jurisdicción -lo más frecuente por
cierto-), el juez del orden penal deberá resolver ambas cuestiones: la responsabilidad penal

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del delincuente y la civil por los daños causados por el delito o falta (es la llamada pieza
separada de responsabilidad civil). Como hemos dicho, ello es así salvo que el perjudicado
se reserve el ejercicio de su pretensión civil para demandar al causante del daño, una vez
finalizado el proceso penal, ante la jurisdicción civil. Así lo prevé el artículo 112 LECri.
En relación con lo que acabamos de decir, hay que recordar que sólo la jurisdicción penal
es inmune a las posibles reclamaciones sobre competencia procedentes de otros órdenes
jurisdiccionales 1
. Si el orden penal considera que es competente para conocer de un asunto,
el resto de jueces y tribunales de otros órdenes jurisdiccionales deben acatar la resolución
del juez penal que conozca del asunto, tal y como dispone el artículo 44 LOP. La preferencia
de la jurisdicción penal para el conocimiento de asuntos que puedan ser constitutivos de
delito o falta se traduce en que una vez promovido juicio criminal, no podrá seguirse pleito
sobre el mismo hecho en otro orden jurisdiccional, suspendiéndose, si lo hubiese, en el
estado en que se encuentre, hasta que recaiga sentencia firme o auto de sobreseimiento
(archivo) en la causa criminal. Así lo prevé el artículo 114 LECri.
1.3. Responsabilidad civil del empresario derivada de contingencias
profesionales
1.3.1. Responsabilidad civil del empresario derivada de accidente laboral
Aunque en este apartado trataremos la responsabilidad civil del empresario que puede derivarse
de un accidente laboral, lo que se diga es aplicable también al supuesto de ésta derive de una
enfermedad profesional.
La legislación preventiva no regula directamente la responsabilidad civil o patrimonial. Su regulación
se recoge en el Código Civil, y más concretamente, en sus artículos 1.101, 1.902 y 1.903. Estos
artículos regulan dos tipos diferentes de responsabilidad civil:
a) La responsabilidad civil contractual (art. 1101 del Código Civil) de “…quienes en el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales incurren en dolo, negligencia o morosidad y
los que, de cualquier modo, contravinieran dichas obligaciones”. Ésta es, la responsabilidad
civil más frecuentemente imputable al empresario, y su fundamento es el contrato de trabajo
que une a las dos partes y del cual emana la obligación de protección de la salud y seguridad
de los trabajadores frente a los riesgos laborales (art. 14 de la LPRL).
1 Puede suceder que órganos judiciales de diferentes órdenes jurisdiccionales se disputen la competencia para juzgar un
mismo asunto. Cuando eso suceda, el juez que considere que no tiene competencia puede declinar el conocimiento
del asunto o, si considera que la competencia le corresponde a él en detrimento de quien juzga el caso, requerirle para
que deje de hacerlo (art. 45 LOPJ). Es posible, sin embargo, que no exista acuerdo: que más de un órgano judicial
se considere competente o que ninguno quiera asumir el conocimiento del asunto. En ese caso, la cuestión será
resuelta por una Sala Especial de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo, que habrá de decidir la jurisdicción
competente en el caso en el que se plantea. Así lo prevé el artículo 42 LOPJ

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b) La responsabilidad civil extracontractual (art. 1902 y 1.903 del Código Civil) exigible a
los que por acción u omisión causen daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, sin
existir ningún vínculo obligacional entre ellos (personas entre las que no existe por tanto un
contrato laboral). Esa responsabilidad es exigible no sólo por los actos u omisiones propios,
sino además por los de aquellas personas de quienes se debe responder.
La aplicación de ambos tipos de responsabilidad civil permite considerar responsables no sólo al
empresario, sino también a los mandos intermedios, a los trabajadores especializados a los que
se encomiendan actividades de prevención de riesgos laborales o a las entidades especializadas
como servicios de prevención ajenos, sin que la atribución a alguno de ellos suponga la exención
de responsabilidad de los demás.
A estas dos modalidades básicas de responsabilidad civil, se podría añadir la responsabilidad civil
derivada de delito, que comprende como ya hemos dicho la restitución o reparación del daño, así
como la indemnización de los perjuicios materiales o morales causados al agraviado, familiares o
terceros (art. 110 del Código Penal), por la comisión de un hecho tipificado como delito o falta por
el Código Penal.
Independientemente del tipo específico de responsabilidad civil en que podamos clasificarla,
estaremos ante responsabilidad civil del empresario en caso de accidente laboral: 1º cuando éste
derive de una conducta culposa o negligente de índole personal (contractual) o de las personas por
las que deba responder (extracontractual); 2º que además el trabajador haya sufrido efectivamente
un daño en su salud por causa del accidente; y 3º que haya una relación de causalidad entre la
conducta de omisión de medidas de prevención del empresario y el accidente.
La responsabilidad civil supone la restitución del bien siempre que sea posible, la reparación del
daño y la indemnización de daños y perjuicios materiales y morales.
No debemos confundir la responsabilidad civil con aquella otra que mencionábamos en el apartado
1.1.1 de la unidad, la responsabilidad por accidente de trabajo del sistema de Seguridad Social,
cuyo origen estaba, como ya dijimos, en la generación de riesgo profesional y no en ningún principio
de responsabilidad culposa del empresario.
Centrándonos ahora en los mencionados requisitos del supuesto de hecho que da origen a este tipo
de responsabilidad, debemos examinar en primer lugar la exigencia de esa relación de causalidad
entre omisión y accidente. Al respecto, podemos encontrar sentencias que exigen que la omisión
de medidas de prevención debe consistir en el incumplimiento de una norma específica o una
medida concreta de prevención, dirigidas precisamente a evitar el riesgo que provoca finalmente
el accidente, por ejemplo no haber proporcionado el arnés de seguridad al trabajador en trabajos
de altura con el resultado de su caída desde un andamio (STSJ de Madrid de 22 de julio de 2004,
Rec. 2041/2004 y STSJ de Aragón de 28 de febrero de 2007, Rec. 69/2007).
La Sentencia del TSJ de Asturias del 11 de marzo de 2005 (Rec. 305/2004) va más allá e insiste en
que lo esencial para que entre en juego la responsabilidad de la empresa es, en todo caso, la omisión
de medidas preventivas específicas de las que se deriven el accidente, y no el hecho de haber

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incumplido un deber general de prevención instrumentado en el Plan de Prevención, la evaluación
de riesgos y la planificación de la prevención. Otras sentencias que mantienen la misma solución
la basan en el hecho de que, aun cuando la empresa hubiera incumplido la obligación de evaluar
los riesgos del puesto de trabajo, los empleados, por su antigüedad y/o profesionalidad, debían
conocer el funcionamiento y los riesgos inherentes al desempeño de sus concretas funciones.
Entienden estas sentencias que el deber genérico de no llevar a cabo la evaluación puede ser
sancionado de forma independiente, pero no puede considerarse como la causa del accidente,
pudiendo acudirse en ese caso al recargo de prestaciones y a las responsabilidades penales (STSJ
del País Vasco de 27 de octubre de 2007, Rec. 316/2004). La doctrina descrita merece una dura
crítica, pues en último extremo se dejaría el cumplimiento de todas las obligaciones empresariales
derivadas de la normativa de prevención de riesgos laborales y que contribuyen a la producción
del accidente, en sus propias manos. La obligación de evaluar no es un deber que se agota en
sí mismo sino que constituye sobre todo, y principalmente, la vía o herramienta imprescindible
para poder aplicar las demás obligaciones que se establecen en la LPRL. De lo contrario, siempre
que no se lleve a cabo la obligación genérica de evaluar, no se pondrán de manifiesto los riesgos
existentes en el puesto de trabajo y así no podría saberse qué medidas preventivas específicas
habría que tomar y, evidentemente, nunca podría determinarse con claridad si se incumple una
normativa específica ni, por tanto, habría responsabilidad empresarial por los accidentes, sólo
sanciones mucho más leves por el incumplimiento del deber de evaluar. Esto equivaldría, como
ya se ha dicho, a dejar en manos de los propios empresarios el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de la normativa de prevención de riesgos laborales.

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Algunas sentencias adoptan una solución intermedia (STSJ del País Vasco de 16 de abril de
2002, Rec. 1518/2001). Establecen que aun cuando no se hubiera llevado a cabo la evaluación
de riesgos o la planificación de la prevención y acaece un accidente, la empresa no incurrirá en
responsabilidad directa si el método de trabajo seguido era el adecuado. De lo contrario, de nuevo,
sólo se podrá sancionar el incumplimiento del deber general de evaluar, pero no achacar al mismo
la consecuencia del accidente.
Tampoco habrá responsabilidad empresarial cuando el accidente se produce de manera fortuita o
imprevisible. Así, por ejemplo, un trabajador de medio ambiente que limpia los bosques y sufre un
accidente al resbalar sobre unas heces animales (STSJ del País Vasco de 18 de abril de 2006, Rec.
16/2006). Sí puede apreciarse responsabilidad, en cambio, en el caso de un trabajador que resbala
sobre un líquido que accidentalmente otro había vertido en el suelo de la empresa.
El empresario será responsable pese a que el trabajador haya cometido imprudencias profesionales
o imprudencias simples, es decir, el empresario tiene que contar con los errores ocasionales
de sus trabajadores debidos a excesos de confianza, descuidos, confusiones, sin perjuicio de
que esto sea valorado a efectos de determinar la cuantía de la indemnización. Únicamente en
determinadas situaciones la conducta del trabajador accidentado puede determinar la exoneración
de la responsabilidad civil del empresario; cuando esa conducta sea dolosa o temeraria y además
constituya la causa exclusiva del accidente. De la misma forma que en el recargo de prestaciones que
ya vimos, si concurren otras causas directas derivadas de incumplimientos graves de la empresa en
materia de prevención, subsistirá la responsabilidad de esta última pese a la imprudencia temeraria
del trabajador, aunque eso sí, ello puede utilizarse para graduar la cuantía de la indemnización civil
por daños y perjuicios (STSJ de Murcia de 3 de octubre de 2006, Rec. 937/2005).
Recordemos que la imprudencia profesional o simple se materializa normalmente en la mera
infracción de alguna norma de seguridad y salud. En cambio, en el dolo se entiende que el trabajador
con su conducta busca deliberadamente el resultado, es decir, la lesión corporal. En la imprudencia
temeraria el trabajador no busca directamente con su conducta aquel resultado, pero asume y
es consciente de que con su comportamiento hay una muy alta probabilidad de que ocurra o se
produzca un accidente.
La responsabilidad civil de terceros, como pueden ser los técnicos de un servicio de prevención
ajeno, no tiene su origen en un contrato de trabajo preexistente entre el trabajador accidentado y
su empresa, por lo que la responsabilidad que se exige es extracontractual, y la acción para hacerla
efectiva es distinta de la que se ejercita en la demanda frente a la empresa (o empresas, en caso
de contratas).
El problema práctico surge a la hora de determinar la jurisdicción competente para juzgar los casos
de responsabilidad civil del empresario derivada de contingencias profesionales. La Sentencia de
15.1.2008 (RJ 1394) de la Sala 1ª (de lo Civil) del Tribunal Supremo concluye que siempre que la
reclamación del trabajador se fundamente en el incumplimiento de normas laborales, es decir,
cuando estemos ante una caso de responsabilidad civil contractual, la jurisdicción competente
será la social. En los casos de responsabilidad extracontractual la jurisdicción competente será

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la civil. No obstante, el problema surge cuando, como ocurre en el supuesto que analiza la citada
sentencia, el trabajador demanda en la misma acción (o dicho de otra forma, en la misma demanda)
tanto a la empresa como a terceros responsables ajenos al contrato de trabajo (en el caso de
la sentencia comentada, la empresa contratista principal, la propietaria de la nave industrial que
construían, y el ingeniero técnico que elaboró el proyecto y dirigía las obras). En estos casos,
al haber sido demandadas en el procedimiento personas completamente ajenas a su relación
laboral, la “vis atractiva” de la jurisdicción civil establecida en el artículo 9.2 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial (atribución a la jurisdicción civil de lo no atribuido expresamente a otros órdenes
jurisdiccionales) hace competente a ésta para conocer de la acción de responsabilidad interpuesta.
Así pues, para que sea competente la jurisdicción civil, el daño reclamado ha de deberse al menos,
al incumplimiento de normas distintas de aquellas que regulan el contenido de la relación laboral del
demandante, puesto que, cuando se reclame exclusivamente un incumplimiento de las relativas a
dicha relación, la competente será la jurisdicción social.
1.4. Responsabilidades del trabajador
El art. 29 de la LPRL dice; “corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante
el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia
seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su
actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su
formación y las instrucciones del empresario.
Como se comentó más arriba, las responsabilidades preventivas del trabajador se exigen
normalmente a través del ejercicio del poder disciplinario del empresario.
Por eso, en la medida que cause daño a terceros vendrá obligado a responder por ellos en virtud
del art. 1.902 del Código Civil (responsabilidad civil extracontractual) que preceptúa: “el que por
acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el
daño causado”.
Cuando un trabajador sufre un daño o lesión en el trabajo, pudiera existir alguna responsabilidad
de tipo civil de otro trabajador que pudiera ser el causante del daño, en aplicación del art. 1.902
del Código Civil, si concurriesen en el caso las condiciones que este precepto señala. No obstante
e independientemente de esa eventual responsabilidad civil del trabajador, el empresario puede
verse obligado a responder civilmente en casos como éste, en aplicación del art. 1.903 del Código
Civil, que dice: “La obligación que impone el artículo anterior es exigible, no sólo por los actos u
omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder. (...) Lo son
igualmente los dueños o directores de un establecimiento y empresa respecto de los perjuicios
causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, o con
ocasión de sus funciones”.

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Esta responsabilidad civil es, en estos supuestos, de carácter solidario, de forma que el perjudicado
podrá dirigirse, indistintamente, contra el otro trabajador, contra el empresario o contra ambos
simultáneamente (art. 1.144 del Código Civil). En todo caso, el empresario, en el supuesto que
el trabajador hubiera actuado sin seguir sus órdenes, podrá repetir contra el mismo (es decir,
reclamarle a éste lo pagado) en el caso que hubiese reparado el daño causado por éste (art. 1.145
del Código Civil).
En términos parecidos se pronuncia el art. 120 del Código Penal, cuando existe responsabilidad
penal del trabajador, en cuyo caso el empresario podría responder civilmente, si bien con carácter
subsidiario en caso de insolvencia del trabajador.

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A modo de resumen insertamos a continuación un esquema-guía sobre las distintas
responsabilidades del empleador y del trabajador por incumplimientos en materia preventiva:
Responsabilidades del empresario por incumplimientos en PRL:
• Responsabilidad administrativa:
·· Responsabilidad declarada por la Seguridad Social:
- Por daños a los trabajadores derivados de contingencias profesionales:
Recargo en las prestaciones de la S.S.
- Por falta de aseguramiento del trabajador.
- Por falta de reconocimientos médicos a los trabajadores.
- Por incumplimiento de las órdenes de paralización de trabajo.
- Por gastos sanitarios de los trabajadores originados por responsabilidades
civiles o penales del empresario.
·· Responsabilidad declarada por la Autoridad laboral:
- Por incumplimientos de la LPRL
• Responsabilidad civil derivada de daños al trabajador por contingencias profesionales:
·· Derivadas de actos propios del empresario.
·· Derivadas de actos ajenos (de personas por las que debe responder).
• Responsabilidad penal:
·· Delitos contra la seguridad y salud en el trabajo (arts. 316 a 318 CP).
·· Delitos y faltas de homicidio y lesiones.
Responsabilidad del trabajador en PRL:
• Responsabilidad disciplinaria por incumplimientos de la LPRL
• Responsabilidad penal de mandos intermedios.
• Responsabilidad civil por daños a otros trabajadores.

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2. Nociones básicas sobre el proceso
civil, penal y laboral. Particularidades
de los procesos civiles, penales y
laborales relacionadas con la PRL
2.1. Nociones básicas sobre el proceso civil, penal y laboral
El lenguaje procesal maneja términos
jurídicos específicos cuyo significado
es conveniente conocer para entender
mejor la labor pericial y desarrollarla
con mayor efectividad. Vamos pues a
tratar de repasar brevemente algunos
conceptos del Derecho procesal cuyo
conocimiento nos resultará necesario o
sumamente útil en esa labor.
A diferencia de otras disciplinas jurídicas,
dedicadas a estudiar las diversas ramas
de carácter material del ordenamiento
jurídico, es decir, las normas jurídicas
que regulan la forma y el contenido de
las relaciones jurídicas, los derechos
y las obligaciones entre los sujetos de
Derecho, el ordenamiento procesal
atiende, en cambio, a la dimensión
instrumental de aquellas, es decir, a la intervención de los Juzgados y Tribunales cuando surgen
discrepancias en la interpretación y aplicación de aquellas normas. A esta rama del Derecho se la
califica como pública porque dicha función se atribuye al Estado, a órganos de naturaleza pública
estatal, cuales son los órganos judiciales, pero además porque su fin último es satisfacer un interés
que tiene también naturaleza pública, pues consiste en la aplicación del Derecho al caso concreto.
Además, sus normas son imperativas, de cumplimiento obligatorio (“ius cogens”), es decir, se
excluye el juego de la negociación individual (autonomía de la voluntad) sobre la aplicación de las
normas de Derecho Procesal.
En función de la naturaleza de las materias sobre las que versan los juicios, el proceso judicial posee
sus propios elementos, características y tramitación, regulándose todo ello por la correspondiente
ley procesal específica; la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), la Ley de Procedimiento laboral (LPL),
la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECri) o la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa

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(LJCA). No obstante, habida cuenta la mayor extensión y detalle de la LEC, ésta suele tener un
carácter supletorio para las restantes leyes procesales en las materias no contempladas en las
mismas.
2.1.1. Conceptos básicos
El Derecho Procesal se configura fundamentalmente sobre la base de tres conceptos básicos:
Jurisdicción, acción y proceso.
El concepto de jurisdicción (del latín “ius dicere” -declarar el derecho-) va unido inseparablemente
al de conflicto humano y a la forma de solucionarlo. Frente al arcaico sistema de la justicia privada
o autotutela por el que el involucrado en un conflicto pretende a toda costa solventarla a su favor
por sí mismo y directamente –bien de forma individual, bien con la ayuda de otros–, surgió hasta
afianzarse en los Estados modernos el sistema de la heterotutela o heterocomposición que
consiste en la intervención de un tercero, en este caso un poder del Estado soberano al que se
atribuye esta potestad, que se coloca por encima de las partes -supra partes- para resolver el
conflicto imponiendo la solución. Esto último no es incompatible con fórmulas de autocomposición,
de sorprendente desarrollo en la actualidad, en las que los individuos logran la solución de su
conflicto por medio de un acuerdo pacífico entre ellos (por ejemplo, la mediación y la conciliación).
En ellas el tercero se coloca “inter partes” para sugerir o proponer la solución. Estas últimas
modalidades de solución de contiendas no constituyen una manifestación directa de la jurisdicción
entendida como potestad pública y exclusiva del Estado, sino que al igual que sucede en el arbitraje
(las partes acuerdan erigir una arbitro y pactan aceptar su decisión), son modos alternativos de
autocomposición autorizados por la ley.
Si hablamos de la extensión y los limites objetivos de la jurisdicción española, nos estaremos
refiriendo entonces a los órdenes jurisdiccionales; el civil, el penal, el social o laboral y el contencioso-
administrativo. Existen tantas ramas u órdenes jurisdiccionales como ámbitos materiales del
ordenamiento jurídico (civil, penal, social, contencioso-administrativo).
La acción: puede ser entendida de dos modos: bien como el derecho fundamental a instar (instar
es sinónimo de solicitar) la actividad jurisdiccional (es decir, como el derecho de acceso a los
tribunales para obtener una resolución sobre el fondo del asunto planteado), bien como el
derecho a obtener una tutela jurisdiccional concreta, es decir, a obtener una resolución sobre la
pretensión concreta planteada en juicio.
El proceso: es el instrumento a través del cual los jueces y magistrados ejercen la potestad
jurisdiccional. Está constituido por una sucesión de actos –regulados por normas procesales- que
deben llevar a una resolución del conflicto, entendiendo por tal, no sólo la resolución sobre el fondo
(cuando proceda), sino también su ejecución, sin la cual no podría hablarse de una tutela judicial
efectiva (si obtenemos una sentencia que nos dé la razón pero no logramos que se ejecute, no
estamos obteniendo una tutela judicial efectiva).

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Dos son, en una concepción amplia, las principales clases de procesos; el civil y el penal. Ambos
obedecen a distintos principios y desarrollo, aunque resultan coincidentes en lo esencial.
El proceso civil, entendido en sentido amplio (incluidos el proceso laboral y el contencioso-
administrativo), responde al principio dispositivo, esto es, una justicia promovida a petición de
parte, rogada. El tribunal, aunque no se limita a una mera actitud pasiva de espectador, sí que
funciona a iniciativa de los litigantes, siendo las partes las dueñas del inicio, el desarrollo y el fin
del proceso.
El proceso civil en general tiene tres fases:
a. Fase de alegaciones, en la que las partes exponen ante el tribunal los hechos objeto de
debate.
b. Fase probatoria, en la que cada parte intenta demostrar lo que afirma. En esta fase se
propone, se admite en su caso, y se practica la prueba (en el juicio oral o en su caso, en la
vista).
c. Fase resolutoria, a la vista de lo alegado y probado por las partes, el juez o tribunal resuelve.
Ello no excluye que el ordenamiento permita al tribunal, en determinado momento procesal,
ordenar de oficio la práctica de algunas pruebas para poder resolver con acierto.
El penal (incluido el proceso de menores y el militar), tiene un carácter público, por la relevancia del
bien afectado, y este carácter se constata desde su comienzo, pudiéndose iniciar de oficio por el
Tribunal o el Ministerio Fiscal, o bien a instancia de parte.
El proceso penal, en general, consta de:
a. Fase de instrucción o sumarial; técnicamente, el sumario es el conjunto actuaciones dirigidas
a investigar los hechos delictivos y la posible responsabilidad de las personas que han
intervenido en el mismo.
b. Fase intermedia o de preparación del juicio oral; es el puente para pasar de la fase de
instrucción a la fase de juicio oral. Comprende un conjunto de actuaciones destinadas a
valorar los resultados de lo actuado en la fase de instrucción, apreciándose si es completa
y suficiente, y si se dan los presupuestos necesarios para proceder a la apertura del juicio
oral o para el sobreseimiento (conclusión de la instrucción sin resultados).
c. Fase decisoria o de juicio oral. En esta fase se emplaza a las partes ante el órgano competente
para que ejerciten en sentido propio la acusación y defensa, y así sostener sus peticiones
ante el tribunal competente (alegación y práctica de las pruebas).
Al margen de esta clasificación, los procesos en general pueden tener como objetivo obtener una
declaración o resolución jurisdiccional, es decir, la aplicación de la ley al supuesto planteado, o
dicho de otra manera, una declaración conforme a derecho sobre la legitimidad de la pretensión.
Hablamos entonces de proceso declarativo. Y podemos hablar también del proceso de ejecución,
que persigue la ejecución práctica de una declaración judicial previa. En el proceso civil instar la

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ejecución queda a iniciativa de la parte que obtuvo el pronunciamiento a su favor. En el proceso
penal, la ejecución se realizará de oficio. Y para concluir esta clasificación, el proceso cautelar,
que pretende establecer medidas para asegurar dicha ejecución. En otra catalogación se puede
hablar de procesos ordinarios, dedicados a la sustanciación de la mayor parte de los asuntos, y
de procesos especiales, que requieren una tramitación propia en atención a la materia sobre la
que versan.
2.1.2. Competencia de los órganos jurisdiccionales españoles
La competencia de los órganos jurisdiccionales se entiende como la concreción de la
jurisdicción con que cuenta un órgano judicial, dentro del orden jurisdiccional correspondiente,
para el conocimiento y resolución de un caso concreto.
En términos generales, los juzgados y Tribunales españoles son competentes para conocer y juzgar
los juicios que se planteen en territorio español entre españoles, entre extranjeros o entre españoles
y extranjeros, conforme a la legislación española y a los Tratados y Convenios Internacionales en
los que España sea parte.
Como hemos dicho, son las leyes procesales principales (Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley de
Enjuiciamiento Criminal, Ley de Procedimiento Laboral y Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa),laLeyOrgánicadelPoderJudicial(LOPJ)ylaLeydePlantaydeDemarcaciónJudicial
determinan, dentro de cada orden jurisdiccional (civil, penal, laboral y contencioso administrativo),
la competencia (los asuntos o las materias concretas) que corresponde a los diferentes Juzgados
y Tribunales españoles.
2.1.3. Principios del proceso y del procedimiento
Proceso y procedimiento no son sinónimos. Ya dijimos del proceso que es el instrumento estatal
de solución de conflictos, cuyo nacimiento válido requiere unos presupuestos y en su desarrollo
se producen una serie de actuaciones jurisdiccionales (alegaciones, pruebas, sentencia, recursos,
cosa juzgada, etc.) y unos derechos, obligaciones y cargas para las partes, mientras que el segundo
se refiere exclusivamente a la tramitación formal de aquel (trámites, plazos, turnos, etc.).
2.1.3.1. Principios fundamentales del proceso
• Dualidad de partes: La dualidad de partes es esencial para que se pueda hablar de proceso,
en el que el órgano decisorio se tiene que pronunciar sobre una de las dos posiciones
a él sometidas. Ahora bien, cada una de las dos partes puede estar compuesta por una
pluralidad de individuos (litisconsorcio en el proceso civil; acusadores e imputados en el
proceso penal), pudiendo tratarse incluso de personas jurídicas (aunque en el proceso penal
la posición de acusado sólo puede ser ocupada por una persona física).

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• Igualdad entre las partes: proclamado en los arts. 1.1 y 14 de la Constitución. La
igualdad se ha de respetar en todos los momentos y etapas procesales, siempre que sea
posible y no afecte a la seguridad o existencia misma del proceso (por ejemplo, el secreto
de la instrucción). Así las partes deben gozar de las mismas posibilidades de derechos,
obligaciones expectativas y cargas en todo el procedimiento.
• Contradicción: Posibilidad de rebatir las argumentaciones de la parte contraria
(contraalegando, probando en contra de lo pretendido por el contrario y finalmente,
solicitando la pretensión última conforme a los intereses de cada litigante). La prohibición de
la indefensión del art. 24.1 de la Constitución se relaciona directamente con este principio.
• Audiencia: El principio de audiencia trata de impedir que una resolución judicial pueda
infligir un mal (condena, perjuicio o gravamen de otro tipo) a un sujeto jurídico que no haya
tenido, dentro del proceso de que se trate, la oportunidad de decir y hacer en su defensa
aquello que sea razonable y oportuno. Se trata, de darle la oportunidad de defenderse, de
“ser oído”.
2.1.3.2. Principios del procedimiento
• Principio de oralidad y de escritura: Aún siendo alternativos en su significado, ambos
están presentes, aún con diferencias, en diferentes trámites o momentos del procedimiento.
Cada uno significa el predominio de la forma oral o escrita en una fase o procedimiento
procesal.
• Principio de inmediación: es decir, la proximidad (cercanía física, podría decirse) del
juzgador a las partes y al material del proceso. De forma paulatina se va imponiendo este
principio en el proceso civil y en el penal. Puede apreciarse claramente en la fase de Juicio
oral del proceso penal.
• Principio de concentración: Consiste en la concentración del mayor número posible de
actuaciones en un acto o instante. En este principio destacan dos características relacionadas
con el de oralidad:
a. que el procedimiento escrito difícilmente permite la concentración de actuaciones
(por la lentitud que suponen los plazos que hay que otorgar a cada parte para poder
contestar a la otra).
b. la conveniencia de la concentración de trámites no excesivamente complejos que
permiten ser realizados en un período de tiempo corto o en un solo acto.
• Principio de publicidad y secreto: Principios contradictorios en principio, conviven, sin
embargo, en el proceso. Así, por ejemplo, en el proceso penal se limita la posibilidad de
asistencia de público a los actos de la fase de instrucción, y la misma vista oral posterior
puede verse también afectada en algunos casos por el secreto. La Constitución dispone
que las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de
procedimiento (art. 120.2).

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31
• Principio de impulso: Si las partes no actúan, pierden oportunidades de ejercer derechos,
exigir obligaciones o levantar cargas, pero el proceso no se paraliza por su inactividad. Este
principio se relaciona con el derecho constitucional a un proceso sin dilaciones indebidas
(art. 24.2).
• Principio de preclusión: La propia configuración del proceso exige que se desarrolle de
modo gradual pero inexorable, de forma que el fin de una etapa significa el comienzo del
la siguiente, los plazos trascurren sin retorno, y los trámites desaprovechados quedan ya
perdidos para las partes.
2.1.3.3. Otros principios procesales
A continuación veremos otros principios que no pueden ser considerados como fundamentales o
básicos, pero sí constituyen una importante manifestación de la actual concepción del proceso. Al
respecto, debemos distinguir entre el proceso civil (en su amplia acepción, que incluiría también
al proceso laboral y al contencioso administrativo), y el proceso penal (también considerado en
sentido amplio).
• Principio dispositivo (en el proceso civil): Disponibilidad significa aquí que los trámites del
procedimiento se realizarán si las partes lo piden y éstas tienen la capacidad de renunciar, si
así lo desean, a buena parte de los derechos y trámites del procedimiento. Como casi todo
el ordenamiento civil es disponible para los sujetos, también lo es su tramitación procesal. No
obstante y como excepción, existen materias donde la libre disposición de los ciudadanos
no es posible. Son aquellas materias con trascendencia social o con importancia pública,
como por ejemplo, la incapacitación, la filiación o la nulidad matrimonial.

32
• Principio de aportación de parte (en el proceso civil): Este principio, estrechamente ligado
al anterior, se concibe como la potestad de las partes de aportar los hechos y las pruebas al
proceso. Como excepción, se admite la posibilidad de que el juez pueda, con determinadas
condiciones y requisitos, acordar de oficio la práctica de pruebas, siempre que no utilice sus
conocimientos privados ni sustituya la inactividad probatoria de las partes.
• Principio de oficialidad (en el proceso penal): El proceso penal se inicia y se desarrolla de
oficio. Estamos ante bienes y derechos públicos de “ius cogens”, (indisponibles para las
partes). Es el principio opuesto del principio dispositivo del proceso civil. La iniciativa procesal
corresponde normalmente a un órgano estatal (juez, tribunal o Ministerio fiscal) que actúa
de oficio, así como durante su desarrollo y desenlace. En general, el perdón del ofendido
no tiene efecto, ni tampoco su renuncia al ejercicio de acciones. Se parte de la idea de que
la infracción penal ha afectado a la sociedad en su conjunto y ésta reacciona activando los
mecanismos previstos legalmente. Pero es preciso hacer aquí algunas aclaraciones:
Los delitos privados (calumnia e injurias) solo pueden perseguirse a instancia del ofendido
mediante querella, sin que quepa la iniciativa de oficio ni la intervención del Ministerio Fiscal.
Los delitos semipúblicos requieren necesariamente la previa denuncia del ofendido de tal
modo que el Ministerio Fiscal no podrá constituirse en parte mientras no se presente la
denuncia.
Los delitos públicos (el resto de los tipificados en el Código Penal) son perseguibles a instancia
del perjudicado, a través de denuncia o querella, y de cualquier otra persona, ejercitando la
acusación particular mediante denuncia, pero si éstos no intervienen el proceso se iniciara de

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oficio por el Ministerio Fiscal como acusador público. Denuncia y querella tienen en común
que ambas sirven para poner en conocimiento de las autoridades la existencia o producción
de unos hechos aparentemente delictivos, pero la querella, además de reunir unos requisitos
formales que la diferencian de la denuncia, supone ejercitar la acción penal, esto es, el
querellante ejercita la acusación particular y se constituye en parte acusadora, algo que no
ocurre en la denuncia 2
.
Una última aclaración; para que se celebre el juicio oral (etapa fundamental del proceso
penal) se necesita que haya un acusador y un acusado. Si faltara alguno de ellos el juicio no
tendrá lugar.
• Principio de investigación oficial (en el proceso penal): Vinculado al anterior, este principio
hace referencia a que el tribunal debe buscar y aportar los hechos y pruebas, sin que esa
actividad pueda quedar atribuida a las partes. Hay que distinguir, sin embargo, entre las dos
fases principales del proceso penal:
a. Fase de instrucción, que es inquisitiva, el órgano judicial investiga de oficio (la llamada
instrucción sumarial es la fase del procedimiento en que se investigan los hechos).
b. El juicio oral, de naturaleza acusatoria, la iniciativa corresponde a los acusadores,
siendo éstos quienes solicitan si se abre o no juicio oral y quienes mantienen la
acusación con los medios de prueba pertinentes.
Los principios de oficialidad y de investigación oficial del proceso penal derivan de la
naturaleza parte inquisitiva parte acusatoria que posee éste, naturaleza mixta que se
manifiesta en consecuencias importantes:
2 Los delitos semipúblicos son:
• Realizar reproducción asistida a una mujer sin su consentimiento (Art. 162.2 C.P.)
• Agresiones sexuales, acoso o abusos sexuales (Art.191.1 C.P.)
• Descubrimiento y revelación de secretos (Art. 202 C.P.)
• Calumnia e injuria dirigida contra funcionario público, Autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al
ejercicio de sus cargos (Art. 215 C.P.)
• Dejar de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar
(Art. 226 C.P.)
• Dejar de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos, cualquier tipo de prestación económica a
favor de su cónyuge o hijos, establecida en convenio judicial, en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración
de nulidad de matrimonio, proceso de filiación o proceso de alimentos a favor de sus hijos (Art. 227 C.P.).
• Daños por imprudencia grave en cuantía superior a diez millones de pesetas (Art. 267.2 C.P.)
• Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.
• Delitos societarios (Art. 296 C.P.)
• Falta de amenazas, coacciones, injurias o vejaciones injustas de carácter leve (Art. 620.2 C.P.)
• Muerte causada por imprudencia leve o lesiones menos graves causadas por imprudencia grave (Art. 621.2 C.P.)

34
1. La acción penal es pública. Salvo excepciones concretas ya mencionadas, es el Estado
quien debe perseguir los delitos. Por ello la acusación la sostiene el Ministerio Fiscal, en
tanto órgano del Estado y defensor de la legalidad.
2. División del proceso penal en dos fases diferenciadas con división de funciones del
órgano judicial: quien acusa no puede juzgar y quien investiga, no puede después enjuiciar
en la fase oral:
a. La fase de investigación o instrucción es atribuida al Juez de instrucción (salvo en el
proceso de menores, que se atribuye al Ministerio Fiscal).
b. La fase de juicio oral al juez o tribunal competente para el enjuiciamiento.
3. Relativa vinculación del Juez o Tribunal a las pretensiones planteadas por las partes.
a. El Juez no puede introducir hechos esenciales que no hayan sido objeto de acusación.
b. Aunque rige el principio “iura novit curia” (el juez debe conocer la ley), el juez no
puede variar el título de condena si con esto modifica sustancialmente la pretensión.
c. La sentencia debe condenar o absolver al acusado, y nunca puede ir referida a una
persona que no ha sido acusada.
d. El juez no está vinculado a la pena solicitada, sino a la señalada por la ley para al
delito que se enjuicia (así por ejemplo, no se puede condenar a mayor pena de la
solicitada, no porque se infrinja el principio acusatorio, sino porque contravendría el
derecho de defensa, ya que el acusado se ha defendido de la pena solicitada, no de
una pena mayor).
2.1.4. Tipos de procedimientos
a. Procedimientos judiciales civiles:
Nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil establece dos criterios para determinar qué clase de
procedimiento o juicio es el aplicable en cada caso concreto: según la materia de que se
trate y según la cuantía de la reclamación, aunque hay que aclarar que los procedimientos
resultantes también presentan particularidades en función de los asuntos que se tramitan en
los mismos.
Los tipos de procedimientos más destacados son:
• Juicio ordinario
• Juicio verbal
• Juicio monitorio
• Juicio cambiario

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b. Procedimientos judiciales penales:
En materia penal, para determinar qué tipo de procedimiento es aplicable a cada caso
concreto, debe atenderse a la gravedad de los hechos que se juzgan. Así; si los hechos
constituyen una mera falta, deben juzgarse a través del juicio de faltas. Si constituyen un
delito, debe distinguirse si éste puede o no ser sancionado con penas privativas de libertad
inferiores o superiores a 9 años; en el primer caso, el procedimiento adecuado es el llamado
procedimiento abreviado, el más frecuente de todos los que se tramitan en los juzgados
españoles, y en el segundo caso, el llamado procedimiento ordinario.
Son también procedimientos penales:
a. Los que, por razón de la materia se tramitan ante el Tribunal del Jurado (delitos cometidos
por los funcionarios públicos en el desempeño de sus cargos, provocación de incendios,
cometidos contra las personas como el asesinato, el homicidio... etc.).
b. El llamado procedimiento de Habeas Corpus.
c. El procedimiento especial de reciente introducción denominado procedimiento para el
enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos (proceso especial incoado
en virtud de atestado policial y aplicable a los delitos flagrantes, o que estén incluidos en la
lista cerrada del artículo 795.1.2ª LECri, o con instrucción presumiblemente sencilla).
d. Procedimientos judiciales laborales:
La Ley de Procedimiento Laboral regula un proceso ordinario, que sirve de base a
peculiaridades procesales que se van a introducir en razón de la materia sometida a juicio,
peculiaridades que van a generar diversos tipos de procedimientos. Así, se establecen
procedimientos por despido disciplinario, para impugnación de sanciones, para reclamación
al Estado de salarios de tramitación en juicio por despido, por extinción del contrato por
causas objetivas u otras causas de extinción, por despido colectivo, por vacaciones, en
materia de elecciones sindicales, por movilidad geográfica y modificaciones sustanciales de
condiciones de trabajo, y por derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
En el caso de que la entidad contra la que se dirija la reclamación sea un organismo público,
deberá interponerse en lugar de papeleta de conciliación (preceptiva en cualquier otro caso),
la reclamación administrativa previa.
Tanto la papeleta de conciliación como, en su caso, la reclamación administrativa se exigen
como requisito previo para poder reclamar en vía judicial laboral.

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2.1.5. Organización de la Administración de Justicia española
En la organización judicial española, la jurisdicción ordinaria se divide en cuatro órdenes
jurisdiccionales:
• Civil: examina los litigios cuyo conocimiento no venga expresamente atribuido a otro orden
jurisdiccional. Por ello puede ser catalogado como el ordinario o común.
• Penal: corresponde al orden penal el conocimiento de las causas y juicios criminales. Como
excepción, en el Derecho español la posible acción civil (demanda civil) derivada de un ilícito
penal pueda ser ejercitada conjuntamente con la demanda penal. En ese caso, el tribunal
penal decide la indemnización civil correspondiente para reparar los daños y perjuicios
ocasionados por el delito o falta.
• Contencioso administrativo: se ocupa del control de la legalidad de la actuación de las
administraciones públicas y las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se dirijan
contra las mismas.
• Social: que conoce de las pretensiones que se ejerciten en la rama social del Derecho,
tanto en conflictos individuales entre trabajador y empresario con ocasión del contrato de
trabajo, como en materia de negociación colectiva, así como las reclamaciones en materia
de Seguridad Social o contra el Estado cuando le atribuya responsabilidad la legislación
laboral.
Además de los cuatro órdenes jurisdiccionales, en España existe una Jurisdicción Militar, en
el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio (art. 117.5 del texto
fundamental), jurisdicción especial que sólo supone una excepción al principio de unidad
jurisdiccional del Estado, consagrado en la Constitución junto al resto de principios reguladores de
la actividad jurisdiccional (arts. 117 a 127).
No hay en España un orden jurisdiccional extraordinario, pero dentro de los órdenes jurisdiccionales
mencionados, se han creado Juzgados especializados por razón de la materia. Así por ejemplo,
los juzgados de Violencia sobre la Mujer, los juzgados de vigilancia penitenciaria o los de menores.
Estos juzgados son jurisdicción ordinaria pero cuentan con una especialización por razón de la
materia.
El Libro I de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial regula la organización de los
juzgados y tribunales españoles. La Ley 38/1988, de 28 de diciembre de Demarcación y de Planta
Judicial completa a la anterior.
Los juzgados unipersonales (el Juez) que nos encontramos son:
• Juzgados de Paz.
• Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo Mercantil, de Violencia sobre la Mujer,
de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de Menores y de Vigilancia
Penitenciaria.

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• Juzgados Centrales de Instrucción, de lo Penal, de Menores, y de lo Contencioso-
Administrativo.
Los óranos judiciales colegiados (servidos por Magistrados) son:
El Tribunal Supremo se compone de su presidente, de los presidentes de sala y los magistrados
que determine la ley para cada una de sus salas y secciones. Tiene cinco salas: de lo Civil, de lo
Penal, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social y de lo Militar.
La Audiencia Nacional se compone de su presidente, los presidentes de sala y los magistrados
que determine la ley para cada una de sus Salas y Secciones (de Apelación, de lo Penal, de lo
Contencioso-Administrativo y de lo Social).
Los Tribunales Superiores de Justicia constan de cuatro salas (civil, penal, contencioso-
administrativo y social). Se componen de un presidente, que lo será también de las salas civil y
penal; de los presidentes de sala y de los magistrados que determine la ley para cada una de sus
salas.
Las Audiencias Provinciales se componen de un presidente y dos o más magistrados. Conocerán
de los órdenes civil y penal, pudiendo existir secciones con la misma composición.
Por lo que respecta a la división territorial de la Administración de Justicia, el Estado se organiza, a
efectos judiciales, en municipios, partidos, provincias y Comunidades Autónomas:
• El municipio se corresponde con la demarcación administrativa del mismo nombre.
• El partido es la unidad territorial integrada por uno o más municipios limítrofes, pertenecientes
a una misma provincia. La modificación de partidos se realizará, en su caso, en función
del número de asuntos, de las características de la población, medios de comunicación y
comarcas naturales. El partido podrá coincidir con la demarcación provincial.

38
• La provincia se ajustará a los límites territoriales de la demarcación administrativa del mismo
nombre.
• La Comunidad Autónoma será el ámbito territorial de los Tribunales Superiores de Justicia.
• El Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Juzgados Centrales de Instrucción, los
Juzgados Centrales de lo Penal, los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo,
los Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria y el Juzgado Central de Menores tienen
jurisdicción en toda España.
En el cuadro reproducido más abajo figuran ordenados jerárquicamente de mayor a menor rango,
los juzgados y tribunales españoles. Debe señalarse respecto de los incluidos bajo el epígrafe
de “Juzgados”, que todos ellos comparten el mismo rango diferenciándose entre sí por las
competencias que les han sido atribuidas a cada uno de ellos y por el ámbito territorial en el que
desarrollan las mismas.
En este cuadro no se incluye el Tribunal Constitucional que es el encargado de velar por el respeto
a los derechos y libertades contenidos en la Constitución Española. Se situaría en el mismo nivel
jerárquico que el Tribunal Supremo siendo su ámbito competencial completamente diferente.
Por su parte, el máximo órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) puede acordar, que en aquellas circunscripciones donde exista más de un Juzgado de la
misma clase, uno o varios de ellos asuman con carácter exclusivo el conocimiento de determinadas
clases de asuntos. Por ello, en las grandes ciudades se han creado Juzgados especializados en
asuntos de familia, incapacitación y tutela, hipotecarios, etc.
TRIBUNAL SUPREMO
Sala Primera Civil – Sala Segunda Penal – Sala Tercera Contencioso Administrativo – Sala Cuarta
de lo Social – Sala Quinta de lo Militar
AUDIENCIA NACIONAL
Sala Penal – Sala Social – Sala Contencioso Administrativo
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Sala Civil y Penal – Sala Contencioso Administrativa – Sala Social
AUDIENCIA PROVINCIAL
Sección Civil y Penal y Tribunal de Marca Comunitaria (Alicante)
JUZGADOS
Juzgado Central de Instrucción – Juzgado Central de lo Penal
Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo – Juzgado Central de Menores
Primera Instancia – Instrucción – Menores – Vigilancia Penitenciaria – De lo contencioso
administrativo – Juzgado de violencia sobre la mujer – Juzgado de Marca Comunitaria (Alicante)
Juzgados de Paz

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3. La prueba judicial. Regulación
básica de la misma
3.1. Concepto
La legislación procesal española utiliza el término “prueba” en varios sentidos:
a. “Prueba”, en el sentido de “medio de prueba”, el elemento material que permite conocer los
hechos relevantes y controvertidos en un proceso.
b. “Prueba” como “resultado probatorio”, entendido como el resultado que se obtiene de los
medios de prueba, es decir, el conocimiento ya obtenido sobre el hecho controvertido, la
verificación y comprensión intelectual de los hechos acontecidos.
c. “Prueba” como “procedimiento probatorio” que conecta y relaciona racionalmente los dos
sentidos anteriores (los medios y la comprensión de su resultado).
Las acepciones más usuales son, sin embargo, la de medio de prueba o la de procedimiento
probatorio.
En este último sentido, se entiende como prueba al conjunto de actos practicados en el proceso
que tiene por objeto convencer al juez de la existencia o inexistencia de las afirmaciones realizadas
por las partes.
3.2. Carácter de las normas reguladoras de la prueba
Los ordenamientos jurídicos continentales directamente influenciados por la codificación liberal
francesa distinguieron entre las normas relativas a la admisibilidad y valoración de la prueba y las
reguladoras del procedimiento para su práctica, incluyendo las primeras en las leyes sustantivas
y las segundas en las leyes procesales. De ahí que para conocer la regulación de la prueba civil
entendida en sentido amplio, debamos acudir al Código Civil o al Código Mercantil, o a las normas
sustantivas generales laborales o administrativas, además de a la LEC, la LPL o la LJCA. Por su
parte, el régimen jurídico de la prueba penal viene contemplado en el Código Penal y en la LECri.
La regulación procesal civil ordinaria de la prueba aparece contenida, fundamentalmente, en los
arts. 281 a 386 de la LEC; arts. 78 y 90 a 96 de la LPL; y arts. 60 y 61 de la LJCA. La regulación
procesal penal figura esencialmente en los arts. 688 a 731 bis de la LECri.

40
3.3. Principios rectores de la prueba civil
Principio de aportación de parte
Como regla general, se impide a los órganos judiciales suplir la absoluta pasividad de las partes
en relación con la apertura de la fase de prueba y a la proposición de los medios de prueba. El
art. 282 de la LEC dice: “Las pruebas se practicarán a instancia de parte. Sin embargo, el Tribunal
podrá acordar, de oficio, que se practiquen determinadas pruebas o que se aporten documentos,
dictámenes u otros medios e instrumentos probatorios, cuando así lo establezca la ley”, debiendo
acordar el recibimiento del proceso a prueba siempre que no exista “plena conformidad de las
partes” en cuanto a los hechos, a menos “que la materia objeto del proceso esté fuera del poder de
disposición de los litigantes”. Como límite a este principio, los órganos jurisdiccionales, ostentan,
sin embargo, el control de la adecuación de los medios pedidos y de sus concretos extremos. Así,
deben rechazar las pruebas dirigidas a acreditar hechos que no guarden relación con el objeto del
proceso, que no contribuyan a esclarecer los hechos controvertidos o que impliquen una actividad
prohibida por la ley.
Asimismo, el juez puede intervenir en el desarrollo de las pruebas, y concretamente:
a. Interrogar a los litigantes llamados a declarar y a los testigos, después de que formulen
sus preguntas las partes, aunque exclusivamente con la finalidad de obtener aclaraciones
y adiciones. No obstante el silencio legal, es lógico pensar que esta facultad también
es predicable de los litigantes y testigos cuando se autoriza en la Ley la formulación de
interrogatorios escritos.
b. Aun cuando no lo soliciten las partes, convocar de oficio a los peritos al acto del juicio o
de la vista, -ha de entenderse también, pese al silencio legal- que con el fin de solicitarles
aclaraciones o puntualizaciones, para comprender y valorar mejor el dictamen realizado.
Idéntica facultad se reconoce en relación con los testigos que sean personas jurídicas y
entidades públicas, si su presencia e interrogatorio oral puede contribuir a aclarar o completar
su precedente declaración realizada por escrito cuando fuere oscura o incompleta.
c. Formular preguntas a los peritos convocados a los actos del juicio o vista y requerir de ellos
explicaciones sobre lo que sea objeto del dictamen aportado, e incluso, acordar de oficio
que amplíe el dictamen presentado pero sólo cuando se trate de peritos designados de
oficio.
Principio de oralidad
Independientemente de la obligación judicial de dejar registro escrito del desarrollo del procedimiento
en algunos casos, especialmente si no existen o no funcionan los medios técnicos de grabación
visual y sonora establecidos al efecto (arts. 146 y 147), el principio de oralidad del procedimiento
experimenta,porlaexigenciaconstitucionaldelart.120delaConstitución, unnotablefortalecimiento
en la vigente LEC respecto de la anterior de 1881, desapareciendo los “pliegos” de posiciones

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para las partes, y los de preguntas y repreguntas para los testigos, imponiéndose el interrogatorio
oral de aquéllas y éstos (arts. 302, 306; 368, y 372 LEC), así como la declaración “de palabra” de
partes y testigos (arts. 305, y 370 LEC).
El órgano jurisdiccional ha de pronunciarse, también oralmente, sobre la procedencia o
improcedencia de las preguntas y aclaraciones que se formulen a las partes, peritos y testigos,
autorizándose que las partes o sus Letrados puedan efectuar del mismo modo las observaciones
que estimen conducentes con idéntico propósito (arts. 306, 347, 368, 369 y 370).
Principio de inmediación
Vinculado al de oralidad, este principio aparece claramente en la práctica de las pruebas cuando el
art. 137 de la LEC señala: “Los Jueces y los Magistrados miembros del Tribunal que esté conociendo
de un asunto presenciarán las declaraciones de las partes y de testigos, los careos, las exposiciones,
explicaciones y respuestas que hayan de ofrecer los peritos, así como la crítica oral de su dictamen
y cualquier otro acto de prueba que, conforme a lo dispuesto en esta Ley, deba llevarse a cabo
contradictoria y públicamente”. Igualmente, el 289 dice:”...Será inexcusable la presencia judicial en
el interrogatorio de las partes y de testigos, en el reconocimiento de lugares, objetos o personas,
en la reproducción de palabras, sonidos, imágenes y, en su caso, cifras y datos, así como en las
explicaciones, impugnaciones, rectificaciones o ampliaciones de los dictámenes periciales”.

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Principio de concentración
La LEC vigente pretende que todas las pruebas se practiquen “en unidad de acto” (art. 290). Como
excepción, se permite a los órganos jurisdiccionales señalar “con al menos cinco días de antelación
el día y la hora en que hayan de practicarse los actos de prueba que no sea posible llevar a cabo
en el juicio o vista”, indicando además que estas pruebas “se practicarán en todo caso antes del
juicio o vista”. Lógicamente deberá citarse a las partes a dicho acto “anterior”, aunque no sean
sujetos u objetos de las pruebas, para salvaguardar el principio de contradicción y audiencia, y
“con antelación suficiente, que será de al menos cuarenta y ocho horas” a fin de que tengan en su
desenvolvimiento la intervención legalmente reconocida (art. 291).
Principio de publicidad
La LEC establece que “Las actuaciones de prueba…se practicarán en audiencia Pública”, o “con
publicidad y documentación similares si no se llevasen a efecto en la sede del Tribunal” (art. 289).
No obstante, no faltan excepciones: Por un lado, la establecida en el propio art. 138, sobre la
posibilidad de ordenar en resolución motivada, previa audiencia de las partes, que se celebren “a
puerta cerrada cuando ello sea necesario para la protección del orden público o de la seguridad
nacional en una sociedad democrática, o cuando los intereses de los menores o la protección de
la vida privada de las partes y de otros derechos y libertades lo exijan o, en fin, en la medida en la
que el Tribunal lo considere estrictamente necesario, cuando por la concurrencia de circunstancias
especiales la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia”. Por otro, los casos de
interrogatorio domiciliario de partes y testigos, en atención a las circunstancias concurrentes, y sin
la observancia de los requisitos dispuestos para la celebración a puerta cerrada (arts. 311 y 364).
3.4. Los medios de prueba del proceso civil (y subsidiariamente del proceso
laboral y del contencioso-administrativo)
Es necesario decir, como nota previa, que la vigente LEC introduce como novedad un sistema
abierto de prueba. El art. 299 recoge los medios de prueba tradicionales, entre ellos el dictamen
de peritos, pero también se da cabida a las nuevas tecnologías, e incluso, en su última cláusula,
admite cualquier otro medio del que pudiera obtenerse la certeza sobre hechos relevantes para el
procedimiento.
3.4.1. Interrogatorio de las partes
En cuanto a los sujetos activos, son quienes figuren como parte en el proceso de que se trate,
aunque no tengan la cualidad de demandado. Sujetos pasivos del interrogatorio han de ser, en
principio, las demás partes, es decir, las que se encuentren en una situación procesal contrapuesta
a la que ocupe el peticionario, pero también puede serlo:

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