El documento presenta varias críticas a la evaluación docente que se estaba llevando a cabo en Perú. Señala que la evaluación carece de elementos necesarios como un diseño y aplicación adecuados, y que no se ha concertado ni informado suficientemente. También critica que se pretende usar los resultados para capacitaciones sin que esto sea viable, lo que resta legitimidad al proceso. Finalmente, propone algunas modificaciones como más tiempo para el portafolio docente, contemplar el derecho a apelación y representación gremial, e informar sobre tercer

1. Lunes, 13 de noviembre de 2006La República
Patricia Arregui
Sobre la evaluación docente
Domingo, 17 de DiciembreLa República
En los planes divulgados, faltan aún muchos elementos de una buena evaluación. No se ha
reflexionado, coordinado ni concertado lo suficiente como para garantizar que su diseño,
aplicación y análisis sean útiles. No se ha informado suficientemente qué conocimientos o
capacidades específicas van a ser evaluados ni con qué criterios "cualitativos". No se conocen
las especificaciones que han guiado la elaboración de las pruebas, la experiencia que sus
autores tienen en ese campo ni los mecanismos de validación que se han podido usar en tan
corto lapso. No es claro qué se va a aprender que no se conozca ya ampliamente a partir de
pruebas que han rendido miles de docentes en años recientes para obtener plazas o como
parte de estudios de diversa naturaleza.
La promesa de que los resultados serán usados para diseñar programas personalizados de
capacitación a implementarse en universidades el próximo mes parece bastante fantasiosa.
Más aun, y contra la intención de este gobierno, la manera apresurada en que se está
procediendo restará legitimidad y debilitará a la evaluación como instrumento de políticas, ya
que su eficacia para impulsar procesos de mejoramiento depende en gran parte de la confianza
que tengan los docentes y la ciudadanía en el rigor, calidad y pertinencia de los instrumentos
utilizados. El proceso en curso hace menos viable la pronta implementación del Sistema
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. Obstaculiza y
retrasa el debate y aprobación de una nueva ley de carrera pública magisterial que tenga en la
evaluación un mecanismo fundamental para el ingreso, ascenso y salida del ejercicio docente.
Absorbe energías y recursos que merecerían estar más bien orientados a diseñar un paquete
integrado de medidas que pudieran contribuir a un muy necesario fortalecimiento de la
profesión docente. Enturbia el ambiente de manera tal, que hace poco posible imaginar una
puesta en marcha del Proyecto Educativo Nacional, al cual han expresado su adhesión miles
de maestros del país, luego de haber participado en su elaboración y revisión. No veo nada
bueno que pueda surgir de este ejercicio. Quedarán desprestigiados tanto la cúpula gremial
que no ha sabido o podido responder de manera inteligente y oportuna ante los primeros
anuncios de la evaluación y parece haber preferido negociar privilegios o continuidades como
un ministerio que se limita –sí o sí– a cumplir la voluntad suprema del gobernante, sin objetivos
claros ni viables. Se corre el riesgo, además, de sufrir las consecuencias de medidas
violentistas impulsadas por infiltrados y fundamentalistas que están prestos a agudizar
contradicciones por doquier, con el resultado de que se endurecerán posiciones.
Luis Adolfo Piscoya Hermoza
ESTA EVALUACIÓN DOCENTE: MÁS DE LO MISMO Y DE LOS MISMOS
www.educandos.org
Es del caso mencionar que durante el gobierno de Fujimori se administraron dos evaluaciones
masivas a los docentes que concursaron por su nombramiento con una cobertura de
aproximadamente 100 mil evaluados. En aquellas ocasiones, no hubo dificultad alguna para
“consensuar” con el SUTEP en la medida que este gremio no formuló objeciones. Tampoco
hubo denuncia alguna de que las pruebas hayan sido comercializadas en las calles antes de su
administración. Como algún ex - ministro lo ha recordado, el gobierno y el sindicato estuvieron
conformes, empero: ¿cuál fue el efecto positivo y tangible de tales evaluaciones “consensuales”
que se ejecutaron a costos altos sin dejar informe o rastro alguno a la opinión pública? Hoy día
podemos afirmar categóricamente: ninguno. El sistema educativo continúo en caída libre como
lo revelaron las pruebas PISA el 2001, las mediciones del aprendizaje escolar realizadas por el
MED el 2001 y el 2004 y, más aguda y directamente, la evaluación docente 2002 que se realizó
(con una cobertura de 95 219 docentes y a un costo menor a dos millones de soles) en 60
ciudades del país pese a la oposición de la burocracia del sector, las marchas del SUTEP y las
tomas de Iglesias y de locales escolares.
Las evaluaciones docentes durante el régimen de Fujimori fueron pobrísimas pese al consenso
con el SUTEP y a la disciplina con la que se ejecutaron porque las pruebas que se aplicaron
carecieron de toda seriedad científica. No es que sus resultados no se aprovecharan sino que
por su pobreza académica no hubo nada que aprovechar de ellas. La razón es simple: ¿Puede

2. evaluarse razonable y seriamente las competencias profesionales de docentes de Matemática,
Educación Física, Inglés, Educación artística, Lenguaje, Historia, Educación especial,
Educación inicial y muchas áreas más con una y la misma prueba?; ¿Puede con una prueba
única y monocorde diagnosticarse las debilidades de la formación docente para planificar en
qué hay que capacitar al profesor de Matemática, de Inglés, de Biología, de Lenguaje, etc.? No
se necesita ser un investigador educacional para saber que la respuesta es un rotundo no y
que lo que se hizo fue una seudo evaluación muy costosa y engañosa en la medida que se le
hizo creer a los propios docentes y al país que la aprobación de tal prueba denotaba
competencia profesional. Todo lo ocurrido, hasta la fecha, con nuestra educación demuestra
crudamente que los acuerdos y consensos tomados a espaldas del conocimiento científico
benefician a los políticos de coyuntura al precio del futuro del país.
Hoy tenemos la evidencia, gracias al bochornoso hecho que dio lugar a que las pruebas que se
iban a administrar el 20 de diciembre pasado circularan libremente por INTERNET, que ellas
reproducen exactamente el mismo esquema seudo evaluativo de los “expertos “de Fujimori, lo
que se confirma leyendo el texto que se publicó en la página Web del MED. Los ministros han
cambiado pero la mentalidad invariante que ha conducido nuestro sistema educativo a los
últimos lugares del planeta goza de estabilidad al calor de un régimen que se siente distante
del oscurantismo de los despotismos no ilustrados. Por añadidura, con ocasión del tráfico de
pruebas, ha salido a la luz pública que el operador logístico de estas pruebas es la Fundación
para el Desarrollo Agrario, un órgano especializado en Ciencias Naturales, presumiblemente en
camélidos de altura.
Dicha fundación a la que se atribuye contratos onerosos con el MED para la aplicación del
PLANCAD y el PLANGED durante el gobierno de Fujimori, se benefició también con contratos
millonarios (S/. 5 684 458, 00 en el 2004 y S/. 2 482 330, 00 en el 2005-2006) con el MED
durante el gobierno de Toledo aplicando y calificando pruebas. Dada la especialidad de sus
directivos y su objetivo institucional naturalista e ingenieril, los desaciertos académicos y
financieros del MED no requieren mayor explicación. Evidentemente, la presencia de este
organismo en esta evaluación docente, a solicitud del MED, con un presupuesto que sería de
S/. 28 000 000, 00, no sólo resulta injustificable y digna de investigación por parte del Congreso
de la República , de la Contraloría y de la Defensoría del Pueblo sino que en lo ético y
cognoscitivo es una ofensa a la inteligencia del Magisterio Nacional y de todos los peruanos
Sigfredo Chiroque
EVALUANDO A LA EVALUACIÓN DOCENTE
Desde que se inició el anuncio público del proceso (26 de septiembre 2006), es evidente que
hubo fallas de concepción, de estrategias y de contextualización de la medida (ver nuestro
artículo en “La República”, 13 de noviembre 2006). Por ello, aunque se cambie la fecha o se
garantice la presencia de los 45 mil docentes contratados para el próximo 8 de enero 2007, la
medida seguirá adoleciendo de limitaciones fundamentales.
Claro que la evaluación docente es una necesidad. Pero ella debe tener tres rasgos
fundamentales: Estar de veras integrada a procesos más amplios, estar técnicamente diseñada
y socialmente concertada. La concertación que señalamos no es negociación reservada sobre
asuntos externos al proceso evaluativo; sino un abierto ponerse de acuerdo sobre la
concepción, la estrategia y la contextualización de la evaluación docente. En nuestro caso,
deberían arribar a esta concertación: el MED, el SUTEP, el Colegio de Profesores y alguna otra
institución (podría ser alguna representación de las instituciones de formación magisterial y/o
del Consejo Nacional de Educación). Operativamente debería arribarse a acuerdos referidos a:
para qué, qué y cómo evaluar; a quiénes, con qué instrumentos,en qué circunstancias y lugares
evaluar; quiénes los responsables de elaborar, administrar y procesar los instrumentos; qué
uso hacer de sus resultados.
Debe existir coherencia entre la concepción, las estrategias y el contexto. No puede postularse
que se hace evaluación para capacitar a los maestros y para ello se decide una evaluación
“censal”, cuando es irreal un sistema personalizado de formación continua al magisterio. No se
puede hablar de censal una prueba para 261 mil de los 323 mil docentes, dejándose de lado a
maestros de algunos niveles educativos. No se puede afirmar que se trata de “evaluar
desempeños” docentes, con pruebas de alternativas múltiples y sólo referidas a tres tópicos
temáticos (¿por qué no evaluar, digamos, los desempeños socio-culturales del magisterio?
¿acaso éstos no son importantes también?). No se puede evaluar al magisterio, sin considerar
el mejor momento para hacerlo: Ni diciembre 2006 (entrega de notas y programación del año
escolar 2007, de por medio), ni el 8 de enero 2007 (fecha de vacaciones legalmente
reconocidas al magisterio) son circunstancias oportunas. No se puede evaluar a los maestros

3. simplemente para ratificar lo que ya se sabe: ¡que están mal! Importa ubicar la medida dentro
de una estrategia más amplia, como la puesta en marcha del Proyecto Educativo Nacional
propuesto por el Consejo Nacional de Educación. Y esto significa, diferenciar medidas de
evaluación para nombramientos y ascensos (se presentan los que postulan para ello) o
evaluación para fines de capacitación (donde basta hacer muestras técnicamente diseñadas).
La postergación de la evaluación docente debería ser aprovechada para un replanteamiento
sustantivo de la misma. El ánimo magisterial, ahora, es diverso. La argumentación de los
organizadores y difusores de que: “la evaluación docente es necesaria, por lo tanto ‘esta’
evaluación docente es necesaria” ha profundizado la confusión de los maestros. También ellos,
al rechazar “esta” evaluación, han sido predispuestos a rechazar toda evaluación. Hay un
nuevo estado de ánimo en el magisterio y en la sociedad (que ha sido inducida a satanizarlo). Y
en este contexto, importa recomponer las relaciones de los actores educativos en diálogo
abierto, antes que insistir en fechas y acusaciones que, ahora, resultan secundarias. Alguna
institución mediadora debería existir para hacer esta recomposición en aras de la educación de
nuestro pueblo.
Opinión del consejo de profesores sobre la evaluación docente
Jaime Gajardo, presidente del consejo de profesores
El consejo de profesores no está de acuerdo con el actual proceso de evaluación docente y
que dicen que este cuenta con serias fallas y falencias que es necesario modificar.
“Hoy existe una tendencia a culpabilizar a los docentes de toda la crisis educacional que se
vive, esa es otra falacia que no aceptamos, porque este es un problema de política
educacional, pero no de un determinado actor, son varios los puntos que entran en juego en el
proceso educativo” concretó Gajardo.
Por esto el consejo de profesores propone o modificaciones a la evaluación docente.
Tiempos: “primero, que se otorguen los tiempos necesarios para hacer el portafolio.
Apelación: “que se contemple el real derecho a apelación.
Gremio en comisiones comunales: “hemos planteado la necesidad de que exista un
representante del gremio en las comisiones de evaluación comunal, que es donde se emite el
informe final”
Informe de Terceros: “que se conozcan y transparenten los informes de terceros.
Nueva causal de inhabilidad del evaluador: se solicita que exista la inhabilidad de los
evaluadores pares por parentesco.

4. Reconocimiento de especialidad: “que los profesores que han trabajado en un subsector
por mucho tiempo, pero que los cambiaron últimamente, que eso sea considerado al momento
de evaluarlo.
Evaluación en educación diferencial: “suspender la evaluación en la educación
diferencial,
Profesores que han rechazado por tercera vez: “amnistía a los profesores que por
tercera vez se negaron a hacer el portafolio, que lo hicieron por razones muy justificadas y es
necesario que eso sea tomado en cuenta”