La omisión de informar al contribuyente sobre su derecho a corregir su situación fiscal no invalida las acciones de la autoridad fiscal, sino que sólo da lugar a responsabilidad administrativa para el servidor público responsable. Aunque no se informe al contribuyente sobre este derecho, puede ejercerlo desde el inicio de la fiscalización hasta antes de la notificación del crédito fiscal. Este derecho opera de pleno derecho sin necesidad de autorización.