1. DINERO Y ELECCIONES
Marcos Pérez Esquer
El nexo entre el dinero y la contienda política, y las implicaciones que esta
relación tiene en el fortalecimiento de las instituciones y la democracia, ha sido
tema de preocupación y objeto de estudio por parte de las naciones
incorporadas o en vías de incorporarse al mundo democrático.
En México, desde hace escasamente un par de décadas, el tema del
financiamiento de la política, entendido como el financiamiento de los partidos
políticos y las campañas electorales, se instaló en el centro del debate y la
agenda públicos. De una primera generación de reformas electorales que
atendió a la preocupación de crear un Instituto encargado de organizar los
procesos electorales y un Tribunal encargado de impartir justicia electoral que
gozaran de la credibilidad y la aceptación de todos, de levantar un nuevo y mas
confiable padrón electoral, de generar mecanismos de seguridad mas certeros
como la credencial de elector con fotografía, la tinta indeleble, el listado
nominal con fotografía, las actas de cómputo con copia para los partidos, etc.,
se pasó rápidamente a una segunda generación de reformas que atendió a una
mas nueva y compleja preocupación: la de controlar la financiación de la
política electoral.
Los riesgos vinculados con la posibilidad de que grandes sumas de
dinero proporcionen una ventaja ilegítima a un contendiente o de que la
carencia de recursos ponga en desventaja a otro, o bien, los riesgos asociados
a la simonía política, es decir, a la probabilidad de que los gobernantes
atiendan prioritaria e indebidamente a sus aportantes, se constituyen en las
preocupaciones torales del tema del financiamiento de la política, y que ha
llevado a la creación de diversos criterios de control; limitar las aportaciones,
prohibir determinadas aportaciones, limitar los gastos, limitar los periodos de
campañas, establecer el financiamiento público y regular la presentación de
informes financieros a la autoridad, han sido algunos de los mas eficaces.
La incidencia del tema financiero en la política electoral y
consecuentemente en la cosa pública es muy alta, y por lo tanto un asunto
prioritario para las democracias del mundo. Sin embargo, encontrar el justo
medio, entre el valor de las libertades individuales, que propugnan por permitir
a los ciudadanos aportar su contribución al candidato o partido de su
preferencia, y el valor de la equidad en la contienda electoral, que defiende la
idea de limitar los ingresos y gastos de las campañas políticas, no es nada
sencillo.
De hecho, la discusión trasciende con mucho el ámbito mexicano para
instalarse en el contexto mundial, y especialmente en América Latina. México
sin embargo, seguramente debido a su experiencia histórica de inequidad
electoral, ha hecho un esfuerzo relativamente reciente por encontrar la mejor
forma de controlar la financiación e implementar la fiscalización de los partidos
políticos sin llegar a violentar el derecho de los ciudadanos de participar
económicamente en política. En virtud de esto, México es hoy, el país con
2. mayor densidad normativa en materia de financiamiento y fiscalización de
partidos políticos. Esas numerosas y complejas normas jurídicas son el
abultado resultado de esta legítima preocupación. El esfuerzo empero, es aún
inacabado. La sociedad permanece suspicaz respecto de este asunto. Su
exigencia por conocer bien a bien, el origen y el destino de los recursos
públicos y privados que los partidos políticos utilizan en las campañas
electorales, es por demás legítima, pero lamentablemente sigue siendo
desatendida por muchos actores políticos.
La responsabilidad y el compromiso de quienes, desde los partidos
políticos demócrata cristianos de Latinoamérica, tenemos la tarea de
administrar y aplicar en procesos electorales, recursos de los ciudadanos y
rendir cuentas de ello, es precisamente la de contribuir a limpiar y transparentar
la vida pública de la región.
Entendiendo que sin dinero los sistemas de partidos y aún los gobiernos
no podrían funcionar y que la financiación de la tarea política es vital para la
fortaleza de la democracia, pero también convencidos de que la transparencia
y la divulgación pública de las finanzas partidistas son el mejor instrumento
para controlar el potencial efecto pernicioso de la relación entre dinero y
elecciones, los partidos políticos integrados a la ODCA, hacemos nuestro
aporte a favor de la transparencia y rendición de cuentas en la política.