Monografia de derechos humanos detenidos

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
LOS ANDES
CURSO :
DOCENTE :
ALUMNO :
CUSCO PERU
2019
DERECHOS HUMANOS DE LAS
PERSONAS DETENIDAS

[Escriba el título del documento]
DD,HH, DE LAS PERSONAS DETENIDAS Página 2
PRESENTACIÓN
Docente del curso,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, me presento con
el debido respeto ante usted, para presentarle el presente trabajo
titulado “DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS DETENIDAS”,
poniendo en conocimiento que el siguiente trabajo que es fruto de mi
esfuerzo, entusiasmo y dedicación, que se amplía en el conocimiento
que más adelante nos servirá para la aplicación de nuestros
conocimientos en la vida profesional.
Esperando que llene sus expectativas, así como
también ruego que comprenda y pase por alto algún error cometido en
forma involuntaria.
Atentamente.
El Alumno

DEDICATORIA
DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS DETENIDAS
LAS PERSONAS DETENIDAS TAMBIÉN TIENEN DERECHOS
A Dios Padre
Nuestro Redentor
por Darme la vida,
A mi Docente por
todo el apoyo y sus
consejos para
forjarme en esta
hermosa Profesión
de Derecho

Las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión tienen derechos
que los protegen para que reciban un trato humano, de lo contrario las víctimas
podrán quejarse de los incumplimientos en los que incurran los funcionarios que
atiendan su caso y de quienes les detengan cuando así lo amerite
De inicio una persona detenida tendrá el derecho de defenderse por sí misma o ser
asistida por un abogado y sin costo para él si careciere de medios suficientes para
pagarlo. También podrá ser visitada y comunicarse en particular por sus
familiares.
Está prohibido abusar de la situación de una persona detenida o presa para
obligarla a confesar o declarar contra sí misma o contra cualquier otra persona y
ninguna persona detenida será sometida, durante su interrogatorio, a violencia o
amenazas.
Se ofrecerá a toda persona detenida un examen médico apropiado con la menor
dilación posible después de su ingreso en el lugar de detención o prisión. Esa
atención será gratuita. Cuando el detenido sea por cometer una infracción penal
será llevado sin demora tras su detención ante un juez u otra autoridad
determinada por Ley y al comparecer ante esa autoridad tendrá derecho a hacer
una declaración acerca del trato que haya recibido durante su detención.
Si se trata de un extranjero, la persona detenida será también informada
prontamente de su derecho a ponerse en comunicación por los medios adecuados
con una oficina consular o equivalente.
En todo sitio donde haya personas detenidas, se deberá llevar al día un registro
empastado y foliado que indique para cada detenido: Su identidad, motivos de su
detención y la autoridad competente que lo dispuso así como el día y la hora de su
ingreso y de su salida.
También deberá incluirse la hora de su primera comparecencia ante el juez u otra
autoridad, la identidad de los funcionarios que hayan intervenido e información
precisa acerca del lugar de custodia.

Después de su arresto y después de cada traslado de un lugar de detención o
prisión a otro, la persona detenida o presa tendrá derecho a notificar, o a pedir que
la autoridad competente notifique a su familia o a otras personas idóneas que él
designe, sobre su arresto, detención, prisión o su traslado y el lugar en que se
encuentra bajo custodia.
En el caso de las personas arrestadas, deberán ser informadas en el momento de su
arresto de la razón por la que se procede a ello y notificadas sin demora de la
acusación formulada contra ellas. Ninguna persona será sometida a torturada o a
tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes y no podrá invocarse
circunstancia alguna como justificación de ello.
DIFERENCIAS
A continuación se mencionan las diferencias entre persona detenida, arrestada y
presa:
 Por “arresto” se entiende el acto de aprehender a una persona con motivo
de la supuesta comisión de un delito o por acto de autoridad.
 Por “persona detenida” se entiende toda persona privada de la libertad
personal, salvo cuando ello haya resultado de una condena por razón de un
delito.
 Por “persona presa” se entiende toda persona privada de la libertad
personal como resultado de la condena por razón de un delito
PRESUNTAS VÍCTIMAS: PERSONAS DETENIDAS DESAPARECIDAS
PETICIONARIOS: Centro de Estudios y Acción para la Paz (CEAPAZ)
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
VIOLACIONES ALEGADAS: Artículos 8, 25 y 1.1 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos
POSICIÓN DEL PETICIONARIO

Los peticionarios alegaron la configuración de un esquema de denegación de
justicia por parte del Ministerio Público de Perú, por no haber iniciado
investigaciones y acciones penales sobre las desapariciones perpetradas entre los
años 1989 y 1991 por parte de las “Fuerzas del Orden”. Detallaron que el 19 de
diciembre de 1988 y el 11 de marzo de 1991, “un grupo de personalidades y de
instituciones tanto civiles como vinculadas a la Iglesia Católica” le extendieron al
Ministerio Público solicitudes para que iniciara las investigaciones respectivas a fin
de determinar la suerte de las víctimas y establecer responsabilidades. Indicaron
que estos requerimientos no obtuvieron respuesta, lo que dejó en situación de
indefensión a todas las familias de las víctimas pues, de acuerdo al ordenamiento
jurídico interno, el Ministerio Público es la única entidad facultada para dar inicio a
acciones de esta naturaleza.
POSICIÓN DEL ESTADO
El Estado aportó un documento de la Fiscalía de la Nación, mediante el cual incluyó
información sobre tres tipos de casos: los resueltos, en los que se había
determinado la ubicación física y/o situación jurídica de la persona desaparecida;
los especiales, en los que sólo hacía falta la confirmación del Fiscal correspondiente
sobre la posible aparición de la persona; y los casos que no estaban resueltos pero
se había dado apertura de instrucción contra los presuntos responsables. Indicó
que los casos restantes se encontraban en proceso de investigación.
TRÁMITE ANTE LA CIDH
El 29 de enero de 1992 se recibió la petición inicial, la cual fue registrada bajo el
número de caso 11.052 y trasladada al Estado el 31 de agosto de 1992,
solicitándole que en un plazo de tres meses presentara su respuesta. El 22 de
octubre de 1992 se recibió la respuesta del Estado, la cual fue remitida a los
peticionarios el 11 de noviembre de 1992, solicitándoles que en un plazo de 45
días presentaran las observaciones que consideraran oportunas. El 18 de febrero
de 1994 los peticionarios presentaron sus observaciones, las cuales fueron
trasladadas al Estado el 24 de mayo de 1994 solicitándole que en el plazo de un
mes presentara sus observaciones. El 12 de diciembre del 2002 la CIDH le solicitó a
los peticionarios que actualizaran la información de la petición en el plazo de un

mes. El 5 de abril de 2004 la CIDH le solicitó a los peticionarios que informaran si
subsistían los hechos alegados en la petición. Mediante esta comunicación se les
indicó que en caso de no recibir respuesta, la Comisión podría considerar el
archivo del expediente, de conformidad con el artículo 48.1.b de la Convención. El
10 de mayo de 2004 una de las organizaciones peticionarias (APRODEH) le solicitó
a la Comisión que le remitiera alguna referencia adicional sobre el caso.
FUNDAMENTO PARA LA DECISIÓN DE ARCHIVO
Tanto el artículo 48.1.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
como el artículo 30 numeral 6 del Reglamento de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, establecen que, dentro del proceso de trámite de una petición,
recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibidas, la
CIDH verificará si existen o subsisten los motivos de la petición o comunicación y
en caso de no existir o subsistir ordenará el archivo del expediente.
En el presente caso, la denuncia está redactada en términos genéricos sobre la
responsabilidad del Estado por la supuesta impunidad del delito de desaparición
forzada y la afectación a la sociedad como consecuencia de la alegada falta de
investigación. Aunque se anexa un listado de personas desaparecidas, en la
petición no se incorpora información sobre afectaciones individuales como
consecuencia del supuesto clima de impunidad frente a esta problemática.
A pesar del paso de los años y de las solicitudes de la Comisión, los peticionarios
no han aportado información más detallada. En esas circunstancias, la información
disponible no es suficiente para determinar si subsisten los motivos que
sustentaron la petición inicial ni para formular una decisión sobre la admisibilidad
o inadmisibilidad de la misma, por lo que, de conformidad al artículo 48.1.b de la
Convención así como el artículo 30 numeral 6 del Reglamento de la CIDH, decide
archivar la presente petición.
Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 27 días del mes de marzo de
2009. (Firmado): Luz Patricia Mejía Guerrero, Presidenta; Víctor E. Abramovich,
Primer Vicepresidente; Felipe González, Segundo Vicepresidente; Sir Clare K.
Roberts, Paulo Sérgio Pinheiro, Florentín Meléndez y Paolo Carozza, Miembros de
la Comisión.

LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO FRENTE A LAS PERSONAS DETENIDAS
OBLIGACIONES DEL ESTADO
Uno de los pilares del Estado de Derecho es la seguridad jurídica , y ésta, a su vez,
se respalda con la responsabilidad del Estado por las acciones u omisiones de sus
representantes en el ejercicio de sus funciones debidas en la dirección de aquél. En
este caso se trata de la posición de garante del Estado en el resguardo de los
derechos fundamentales de las personas que se encuentran detenidas.
En el ámbito de protección internacional de los derechos humanos los Estados
asumen, esencialmente, las obligaciones de respeto y garantía del pleno ejercicio
de aquellos derechos.
Con dicho objetivo los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para
hacer posible el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las personas que
están bajo su jurisdicción ; ello incluye también la de eliminar los obstáculos que se
interpongan en el goce de aquellos derechos, y esencialmente hacerlo en
condiciones de igualdad. Tanto en el ámbito de las Naciones Unidas, en particular
el Comité de Derechos Humanos, como en el de la Organización de Estados
Americanos se ha dicho que el Estado debe dar instrucciones a la población y a los
funcionarios en materia de derechos humanos y ajustar su legislación interna a fin
de dar efecto a las obligaciones internacionales.
En este orden de ideas, a partir del primer caso contencioso ante la Corte
Interamericana, "Velázquez Rodríguez" , se ha precisado que si bien los Estados
deben garantizar la propia seguridad, por graves que sean los delitos cometidos no
pueden ejercer el poder sin límites, basándose en el desprecio a la dignidad
humana. Así, "esta obligación implica el deber de los Estados partes de organizar
todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las
cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces
de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.
Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y
sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y
procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en
su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos

humanos". Además, se trata de una norma consuetudinaria en el derecho de
gentes que un Estado que ha ratificado un tratado de derechos humanos debe
introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias parar asegurar el
fiel cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas.
Por otra parte, dicha responsabilidad puede estar generada por actos u omisiones
lesivos efectuados tanto en el ámbito del Poder Ejecutivo, el Legislativo como el
Judicial, independientemente de su jerarquía; éste fue el criterio adoptado por la
Corte Interamericana al establecer la responsabilidad internacional de Chile en el
caso "Olmedo Bustos", conocido como "La última tentación de Cristo"
Ahora bien, dicha obligación comprende también los actos de los particulares, en
tanto el Estado tiene que prevenir dichas situaciones; así, en el mencionado caso la
Corte Interamericana precisaba que "...es imputable al Estado toda violación a los
derechos reconocidos en la Convención cumplida por un acto del poder público o
de personas que actúan prevalidas de los poderes que ostentan su carácter oficial.
No obstante, no se agotan allí las situaciones en las cuales un Estado está obligado
a prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, ni los
supuestos en que su responsabilidad puede verse comprometida por efecto de una
lesión a esos derechos. En efecto, un hecho ilícito violatorio de los derechos
humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por
ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la
transgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por
ese hecho en sí mismo sino por falta de la debida diligencia para prevenir la
violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención".
Esta situación es la invocada en su defensa por los Estados denunciados en los
casos "Durand y Ugarte" e "Instituto Reeducación del Menor Panchito López", más
recientemente, y rechazada por el tribunal internacional. Se tratan de la violación
de derechos humanos de personas detenidas y del alcance del deber de custodia
del Estado.
EL CASO "DURAND Y UGARTE"
El 16/8/2000 la Corte Interamericana había dictado sentencia en "Durand y
Ugarte"; se trató de un caso contra Perú, relativo a las desapariciones de Nolberto

Durand Ugarte y Gabriel P. Ugarte Rivera, ocurridas en el centro de detención San
Juan Bautista, conocido como "El Frontón". Estas personas habían sido detenidas
en el mes de febrero de 1986 por la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE.) sin
orden judicial y sin que hayan sido encontrados en flagrancia, bajo sospecha de
haber participado en actos de terrorismo.
En junio de 1986 se produjeron tres motines simultáneos en tres centros
diferentes de detención, uno de ellos en el denominado "El Frontón". Luego de una
infructuosa búsqueda de soluciones por parte de las autoridades para obtener la
rendición de los amotinados el Poder Ejecutivo dispuso declarar a los penales en
crisis como zonas militares restringidas y dejar al mando de las operaciones a la
Marina de Guerra, impidiendo la interferencia de las autoridades civiles y
judiciales.
Los motines fueron aplacados con el resultado de 111 muertos, de los cuales sólo
siete cadáveres fueron identificados, y 34 sobrevivientes, en total 145 personas,
cuando antes de los hechos había 152 detenidos. Ugarte y Durand nunca fueron
identificados entre los muertos.
La Corte Interamericana dejó en claro que si bien el Estado tenía el derecho y
deber de debelar el motín, la sofocación del mismo se realizó haciendo uso
desproporcionado de la fuerza, por lo que hace responsable al Estado de la
privación arbitraria de la vida de aquellas personas que fallecieron con motivo de
la demolición del penal, entre ellos, Durand y Ugarte. Con cita de los primeros
casos dictados por la Corte Interamericana "Godínez Cruz" y "Velásquez
Rodríguez" se dijo que "está más allá de toda duda que el Estado tiene el derecho y
el deber de garantizar su propia seguridad. Tampoco puede discutirse que toda
sociedad padece por las infracciones a su orden público. Pero, por graves que
puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de
determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite
alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus
objetivos, sin sujeción al derecho a la moral. Ninguna actividad del Estado puede
fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana" (sin bastardilla en el original).

Se probó que la decisión de la Marina de Guerra del Perú y de las fuerzas
policiales había sido la de terminar "a como diera lugar" con el motín y con los
prisioneros amotinados. Así, las violaciones al derecho a la vida cometidas por los
militares se produjeron de tres maneras distintas: como consecuencia de la
desproporción de los medios utilizados para restablecer el orden en el penal,
mediante la demolición del Pabellón Azul del penal, que provocó la muerte de
detenidos que eventualmente hubieran terminado rindiéndose, y la clara
negligencia en buscar sobrevivientes y rescatar los cadáveres.
La Corte entendió que aun cuando ni la Comisión lo había alegado Perú no sólo
había violado el derecho a la libertad personal de los nombrados por la forma en
que habían sido detenidos, sino también el derecho a la vida ya que luego de
catorce años se desconocía el paradero de Ugarte y Durand, por lo cual
razonablemente se concluyó que habían sido arbitrariamente privados de su vida
por las autoridades peruanas , la protección judicial mínima y las debidas garantías
de un juez independiente e imparcial para que conozca respecto de las muertes y
desapariciones, como así también a un recurso efectivo.
Respecto de lo alegado por el Estado en cuanto a la existencia de un estado de
emergencia, la Corte sostuvo que los decretos supremos dictados por el presidente
peruano que declararon dicho estado y la zona militar restringida, como así
también el control efectivo de las Fuerzas Armadas sobre el centro penitenciario,
produjeron implícitamente la suspensión de la acción de hábeas corpus, en
contravención de la Convención Americana de Derechos Humanos (LA 1994 B
1615).
Es que a través de su función consultiva dicho tribunal ya había fijado que "las
garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos humanos no
susceptibles de suspensión, según lo dispuesto en el art. 27.2 CADH., son aquellas a
las que ésta se refiere expresamente en los arts. 7.6 y 25.1 , consideradas dentro
del marco y según los principios del art. 8 , y también las inherentes a la
preservación del Estado de Derecho, aun bajo la legalidad excepcional que resulta
de la suspensión de garantías"

Otros de los temas tratados, sumamente interesante, es el relativo a la
independencia e imparcialidad del juez ya que en este caso conoció la justicia
militar. En este sentido la Corte Interamericana ya había dicho en el caso "Castillo
Petruzzi" que la jurisdicción militar ha sido establecida por diversas legislaciones
con el fin de mantener el orden y la disciplina dentro de las Fuerzas Armadas.
Inclusive, esta jurisdicción funcional reserva su aplicación a los militares que
hayan incurrido en delito o falta dentro del ejercicio de sus funciones y bajo ciertas
circunstancias. Pero en el caso contra Perú dicho tribunal aclaró que "en un Estado
democrático de Derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance
restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos
especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares",
quedando excluido el juzgamiento de civiles, y a militares sólo por la comisión de
delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos
propios del orden militar. Por lo tanto, los hechos que ocurrieron en la debelación
del motín y que provocaron la muerte de gran número de reclusos haciendo un uso
desproporcionado de la fuerza, que excedió en mucho los límites de su función, no
se trataban de delitos militares sino comunes, y por la tanto la justicia ordinaria
tenía jurisdicción para conocer. Asimismo, la Corte pudo probar que la
investigación llevada a cabo por la justicia militar que había sobreseído a los
imputados fue meramente formal y que los funcionarios de dicho tribunal, que
eran de miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo, carecían de
imparcialidad e independencia de acuerdo con lo dispuesto en el art. 8.1 CADH.
EL CASO ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS:
"PANCHITO LÓPEZ"
La Corte Interamericana de Derechos Humanos el 2/9/2004 dictó sentencia en el
caso "Instituto de Reeducación del Menor", seguido contra Paraguay,
pronunciamiento en el cual se han analizado temas relativos a los derechos de las
personas detenidas , esencialmente respecto de menores de edad.
El caso fue presentado a la Corte por la Comisión Interamericana el 20/5/2002,
sosteniendo que Paraguay había violado, en relación con la obligación establecida
en el art. 1.1 CADH., el art. 4 , por las muertes de diez menores detenidos ocurridas

como consecuencia de un incendio en el Inst. Panchito López el 11/2/2000; y
otro, por el disparo de un funcionario del instituto. La Comisión también solicitó a
la Corte que decidiera si el Estado había violado el art. 5 por las heridas e
intoxicaciones producidas en dicho incendio y otros posteriores respecto de otros
menores.
En primer lugar se tuvo por probado que el instituto de menores no contaba con
infraestructura adecuada como centro de detención y que los internos se
encontraban en un estado de hacinamiento e inseguridad con una sobrepoblación
de un 50% de su capacidad.
La situación aberrante que se describe en la sentencia nos muestra una institución
donde los internos estaban recluidos en celdas insalubres con escasas
instalaciones higiénicas, mal alimentados y que la falta de camas y colchones y la
circunstancia de tener que compartirlos facilitaron la existencia de abusos sexuales
entre internos. Asimismo, carecían de asistencia médica, psicológica y dental
adecuada, y tampoco los menores con discapacidades físicas contaban con
atención médica acorde con sus necesidades. Por otra parte, tenían pocas
oportunidades de recreación y ejercicio físico, y si bien existía un programa
educativo, no resultó adecuado por falta de maestros y recursos.
También se pudo comprobar que los guardias eran insuficientes y que aplicaban
castigos para imponer disciplina, como aislamientos, palizas, torturas y traslados a
cárceles de adultos.
Ni las más mínimas reglas se observaron; así, por ejemplo, la mayoría de los
internos eran procesados sin sentencia, éstos se encontraban junto con los
condenados, y tampoco los menores de edad estaban separados de los mayores.
Estas circunstancias impidieron que los internos pudieran desarrollar su vida en
forma digna, más bien en palabras de la Corte en condiciones inhumanas y
degradantes, exponiéndolos a un clima de violencia, inseguridad, abusos,
corrupción, desconfianza y promiscuidad, donde se imponía la ley del más fuerte,
con todas sus consecuencias. Todo ello dio motivo para que la Corte entendiera
que Paraguay había violado el art. 5 CADH. Se pudo probar, asimismo, cómo ese
ambiente de violencia, inseguridad, promiscuidad y esencialmente negador de la

dignidad de los menores internados fue el caldo de cultivo para el estallido de los
motines, los incendios y las muertes que éstos produjeron, en definitiva. Éste
justamente es el fundamento que brinda la Corte para atribuir responsabilidad al
Estado, aun cuando los funcionarios penitenciarios no provocaron directamente el
incendio.
La Corte dejó en claro que "quien sea detenido tiene derecho a vivir en condiciones
de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el
derecho a la vida y a la integridad personal", remarcando que frente a ellas "el
Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las
autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas
que se encuentran sujetas a su custodia". Es que en esas circunstancias, propias del
encierro, "se produce una relación de interacción especial de particular intensidad
con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones (...) en donde al
recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas
que son esenciales para el desarrollo de una vida digna".
Así, expresó, "el Estado debe asumir una serie de responsabilidades particulares y
tomar diversas iniciativas especiales para garantizar a los reclusos las condiciones
necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de aquellos
derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse, o de aquellos cuya
restricción no deriva necesariamente de la privación de libertad y que, por tanto,
no es permisible". Afirmando categóricamente que "el derecho a la vida, la
integridad personal la libertad religiosa, el debido proceso no pueden ser
restringidos de ninguna manera".
Otro tema que se planteó es la responsabilidad del Estado por los incendios, que si
bien como se dijo no habían sido originados directamente por personal a cargo del
organismo penitenciario, éste contribuyó con sus acciones y omisiones a generarlo.
Veamos. Se ha demostrado en el caso que Paraguay, además de no disponer
medidas para que los internos tuvieran una detención digna, ni sus obligaciones
complementarias respecto de los niños , mantuvo el instituto en condiciones tales
que posibilitó que se produjeran los incendios y sus terribles consecuencias, a
pesar de las advertencias y recomendaciones que le efectuaran organismos

internacionales, como así también entidades no gubernamentales. Como el
instituto originariamente no fue creado para el fin que se le diera, no contaba con
la implementación de todas las medidas de seguridad, evacuación y emergencia
necesarias para los hechos que sucedieron. Así, la falta de prevención del Estado
llevó a la muerte a varios internos, en forma traumática y dolorosa, ya que la
pérdida de la vida se produjo por asfixia o por quemaduras, prolongándose la
agonía para algunos por varios días. Ello equivale, en términos de Corte, a una
negligencia grave que lo hace responsable de la violación del art. 4.1 CADH., con
relación al art. 1.1 , y respecto de los menores, a la luz del art. 19 CADH.
En el mismo sentido, resulta importante destacar las consideraciones que hizo el
tribunal con motivo de la alegada irresponsabilidad por parte del Estado respecto
de dos menores fallecidos por heridas de armas blancas a raíz de una pelea entre
internos, luego de ser trasladados a otra unidad después del incendio . Al respecto
se estableció que el Estado tiene el deber de garantizar el derecho a la vida e
integridad física de los internos; por lo tanto, independientemente de que ningún
agente estatal fuera aparentemente responsable directo de las muertes, en razón
de sus obligaciones, debía crear las condiciones necesarias para evitar al máximo
riñas entre internos.
De este modo el tribunal, además de obligaciones pecuniarias respecto de las
víctimas y familiares y otras reparaciones, dispuso que Paraguay deberá realizar,
en consulta con la sociedad civil y en el plazo de seis meses, una declaración que
contenga una política de Estado de corto, mediano y largo plazo en materia de
niños en conflicto con la ley que sea plenamente consistente con los compromisos
internacionales, que contemple, entre otros aspectos, estrategias, acciones
apropiadas y la asignación de los recursos que resulten indispensables para que
los niños privados de libertad se encuentren separados de los adultos y para que
los niños procesados estén separados de los condenados, como así también para la
creación de programas de educación, médicos y psicológicos integrales para ellos.
ALGUNOS CASOS ANTE EL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LAS
NACIONES UNIDAS

En el campo de la protección internacional de los derechos humanos, en el
ámbito de las Naciones Unidas desde sus orígenes se han ocupado de los derechos
de las personas en prisión, ya sean condenadas o no. Con el antecedente de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), y teniendo en cuenta
condiciones dignas de humanidad, se adoptaron las Reglas Mínimas para el
Tratamiento de los Reclusos en el I Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención
del Delito y Tratamiento del Delincuente . A partir de allí muchos documentos han
receptado esta orientación sobre los derechos de los privados de libertad
derivados de su condición esencial de persona. Así, la Asamblea General de dicho
organismo adoptó el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer
Cumplir la Ley en el año 1979 , y en el año 1982 se aprobaron los Principios de
Ética Médica Aplicables a la Función del Personal de Salud y también la Convención
Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (LA
1994 B 1679).
Del mismo modo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 1966 (LA
1994 B 1639), que nuestro país incorporó a su derecho interno algunos años
después del retorno a la democracia, y al que le ha brindado jerarquía
constitucional a partir de la reforma producida en el año 1994. Así, se observan
disposiciones específicas en los arts. 7 , 9 y 10 .
Un Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a
Cualquier Forma de Detención o Prisión fue aprobado por la Asamblea General en
diciembre de 1988, dejando en claro desde el art. 1 que toda persona sometida a
cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto
debido a la dignidad inherente al ser humano. Si bien en la Convención de los
Derechos del Niño (LA 1994 B 1689) también se observan reglas en la materia
como el art. 37 , específicamente respecto de menores detenidos, la ONU. ha
adoptado las Reglas para la Protección de los Menores Privados de Libertad el
14/12/1990.
Ante el Comité de Derechos Humanos encontramos una gran cantidad de
denuncias en torno a este tema.

En el caso "Leslie" se trató la denuncia por diversas violaciones a los arts. 7 y 10
del Pacto, por agresiones físicas por parte del personal penitenciario, negación del
servicio médico y tratamiento por las lesiones que había sufrido, con la explicación
de que pronto sería ejecutado.
También soportó varias horas de confinamiento y ayuno. Al respecto, el Comité
observó que el actor había formulado denuncias precisas sobre diversas
situaciones en que lo golpearon y las deplorables condiciones de detención; por
otra parte, el Estado no ha refutado ninguna de las denuncias y se ha limitado a
decir, después de catorce meses, que las investigaría. Por ello sostuvo que las
condiciones alegadas configuran violación al derecho de ser tratado con
humanidad y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, y por lo
tanto son contrarias a los arts. 7 y 10 del Pacto.
En el caso "Reynolds" se denunciaban violaciones a diversas normas del Pacto,
específicamente respecto del tema investigado, los arts. 7 y 10 . Reynolds había
sido condenado a la pena capital por el asesinato de una persona el 15/12/1983, y
su apelación de la condena fue desestimada por el Tribunal de Apelación de
Jamaica el 29/2/1988. El defensor alegó que su defendido permaneció en el
pabellón de los condenados a la pena capital desde el 15/12/1983 y que esa
demora haría de su ejecución un trato cruel, inhumano y degradante en el sentido
del art. 7 del Pacto. Asimismo, alegó que había sido repetidamente víctima de
amenazas y palizas por los guardianes de la prisión, en violación del art. 7 y del
párr. 1º del art. 10 del Pacto. En una ocasión, el 9/7/1988, durante un registro de
la prisión practicado por los guardias, soldados y agentes de policía, el autor fue
golpeado con armas y bastones por todo el cuerpo, desnudado y apuñalado con un
cuchillo. Los artículos que tenía en su celda fueron destruidos y su ropa y su estera
para dormir quedaron empapadas de agua. El 4/5/1993 también fue golpeado por
soldados y no recibió medicación alguna por sus dolores. Como el Estado no
presentó resultado alguno de sus investigaciones, el Comité consideró que el trato
esgrimido por el autor constituía un trato prohibido por el art. 7 del Pacto y
también violaba la obligación, enunciada en el párr. 1º del art. 10 del Pacto, de
tratar a los presos humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al
ser humano.

En el caso "Lantsova" se trató una denuncia contra Rusia por violación al párr. 1º
de los arts. 6 , 7 y 10 del Pacto. Se denunció que el Sr. Lantsova, quien se
encontraba imputado de lesiones, había sido detenido preventivamente en Moscú
y falleció durante dicha detención a los 25 años de edad, cuando se encontraba en
perfectas condiciones de salud al momento del ingreso. Se esgrimió que el
imputado falleció por las malísimas condiciones carcelarias hacinamiento extremo,
mala ventilación, mala alimentación y vergonzosas condiciones de higiene y la falta
de tratamiento médico solicitado.
El Comité tuvo en cuenta las alegaciones de la denunciante, respaldadas por varias
declaraciones de compañeros de celda de su hijo, según las cuales, a pesar de
deteriorarse su salud, no recibió asistencia médica hasta los últimos minutos de su
vida, dado que la administración penitenciaria se la negó durante los días
anteriores, lo que había causado su muerte. Sostuvo que "incumbe a los Estados
garantizar el derecho a la vida de los detenidos, y no a éstos solicitar protección,
...el Estado parte, al arrestar y detener a una persona, se hace responsable por
proteger su vida. Correspondía al Estado parte, mediante la organización de sus
instalaciones de detención, tener un conocimiento razonable del estado de salud
de los detenidos". La falta de medios financieros no puede reducir esa
responsabilidad. El Comité consideró que un servicio médico que funcionara
adecuadamente en el centro de detención podía y debía haber sabido del peligroso
cambio en el estado de salud de Lantsova... Por ello el Comité sostuvo que se
habían lesionado los arts. 6 y 10 del Pacto.
CONCLUSIONES
Hoy en día no hay que dejar de reconocer los grandes avances en materia de
derechos humanos, como la incorporación de tratados internacionales, la
jerarquización constitucional en la reforma de 1994 art. 75 inc. 22 de muchos de
ellos, y la incorporación con dicho rango de otros dos desde entonces, y la

interpretación que sobre derechos humanos viene realizando nuestra Corte
Suprema de Justicia de la Nación. Pero resulta más que preocupante un informe
que sobre nuestro país un grupo de trabajo sobre detención y tortura ha publicado
recientemente, y que presentó a la Comisión de Derechos Humanos en el ámbito de
las Naciones Unidas.
En dicho informe, si bien se reconoce el esfuerzo realizado en la protección de los
derechos humanos a partir del retorno al sistema democrático, expresó, con
relación al tema que nos ocupa, su profunda preocupación por el hecho de que las
condiciones de detención en las prisiones no cumplen los requisitos establecidos
en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De este modo compartió
las conclusiones que había efectuado el Comité de Derechos Humanos en sus
"Observaciones finales" en el tercer informe periódico.
También resulta más que elocuente la condena internacional en el caso "Bulacio" .
El 26/2/2003 la Argentina reconoce su responsabilidad internacional en el caso
"Bulacio" por violación a los arts. 2 , 4 , 5 , 7 , 8 , 19 y 25 CADH., llegando así a una
solución amistosa a la demanda que había llevado la Comisión Interamericana en
el año 2000, después de que no se había cumplido con las recomendaciones
elaboradas por aquélla. La Argentina así reconoce que Walter D. Bulacio fue
víctima de una violación a su derecho en cuanto a un inapropiado ejercicio del
deber de custodia y a una detención ilegítima por incumplimientos
procedimentales.
A su vez, el 14/10/2004 la Comisión Interamericana solicitó a la Corte que
dispusiera medidas provisionales respecto de nuestro país ("Caso de las
Penitenciarías de Mendoza" (nota)<FD 20060436, específicamente con el fin de
que protegiera la vida e integridad personal "de las personas recluidas en la
Penitenciaría Provincial de Mendoza y en la Unidad Gustavo André, de Lavalle,
como así también las de todas las personas que ingresen a tales centros
carcelarios, entre ellas los empleados y funcionarios que presten sus servicios en
dichos lugares. Se fundaba la petición en la obligación internacional que ha
asumido la Argentina respecto de garantizar el pleno ejercicio de los derechos

humanos y, como consecuencia de ello, en el deber de diseñar y aplicar una
política penitenciaria de prevención de situaciones críticas para evitar mayores
riesgos.
La situación crítica que describía el pedido se refería a que en esos centros durante
los últimos meses se habían producido hechos que demostraban que la vida de los
internos se encontraba en riesgo constante, como muertes y heridas de internos y
funcionarios; asimismo, que todos tenían problemas agudos de saturación, higiene
y condiciones de salud: "...las condiciones de vida en que éstos se encuentran
recluidos son deplorables y convierten en degradante su calidad de vida".
La Corte IDH. hizo lugar al pedido, requiriéndole a nuestro país que tomara en
forma inmediata las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de las
personas privadas de libertad en esos centros, como así también de las que se
encuentren en su interior. Fundó su decisión en precedentes que ya hemos
analizado, manifestando que "una de las obligaciones que ineludiblemente debe
asumir el Estado en su posición de garante, con el objetivo de proteger y garantizar
el derecho a la vida y a la integridad personal de las personas privadas de libertad,
es la de procurar a éstas las condiciones mínimas compatibles con su dignidad
mientras permanecen en los centros de detención" .
Que para garantizar efectivamente los derechos consagrados en la Convención
Americana de Derechos Humanos el Estado parte tiene la obligación de proteger a
todas las personas que se encuentren bajo su jurisdicción. Como lo ha dicho la
Corte, tal obligación general se impone no sólo en relación con el poder del Estado
sino también en relación con actuaciones de terceros particulares . En las
circunstancias del presente caso, la Comisión alegó que varias personas privadas
de libertad han resultado muertas y heridas en riñas ocurridas entre internos.
También precisó que si bien al ordenar medidas provisionales esa Corte había
considerado en algunos casos indispensable individualizar a las personas que
corren peligro de sufrir daños irreparables a efectos de otorgarles medidas de
protección , en otras oportunidades había ordenado la protección de una
pluralidad de personas que no habían sido previamente nominadas, pero que sí
eran identificables y determinables y que se encontraban en una situación de grave

peligro en razón de su pertenencia a un grupo o comunidad , tales como personas
privadas de libertad en un centro de detención . En el presente caso los posibles
beneficiarios eran identificables, ya que se encontraban recluidos allí o que
ingresaban, normal o eventualmente, como funcionarios o visitantes de los dos
centros penitenciarios.
Por último, y en atención a que en el Estado ya se estaban investigando las
responsabilidades penales por los hechos ocurridos en los centros, se requirió
como una medida de protección adecuada a la situación descripta que se
investiguen los hechos que motivan la adopción de estas medidas provisionales,
con el fin de identificar a los responsables e imponerles las sanciones
correspondientes.
Con posterioridad, el 11/5/2005 se celebró una audiencia pública en la sede de la
Corte Suprema de Justicia de Paraguay, en la que la Comisión Interamericana, los
representantes y el Estado coincidieron en la necesidad de mantener vigentes las
medidas provisionales y suscribieron un acuerdo en el cual desglosaron los puntos
que estimaron debían ser considerados por la Corte para hacer más específicas
aquellas medidas. Asimismo, el tribunal destacó "la buena fe que ha mostrado el
Estado argentino ante esta jurisdicción, lo cual demuestra su compromiso con el
respeto y la vigencia de los derechos humanos", reconociendo expresamente lo
dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Verbitsky,
Horacio s/hábeas corpus" .
Este caso se trata de una queja presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación por el director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS.), por la
denegatoria del recurso extraordinario federal interpuesto contra la sentencia de
la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Dicho tribunal por
mayoría había declarado inadmisibles los recursos de nulidad e inaplicabilidad de
ley deducidos contra la resolución de la sala 3ª del Tribunal de Casación Penal
provincial que había rechazado la acción de hábeas corpus interpuesta, en forma
directa ante ese tribunal, por Horacio Verbitsky, en su calidad de director del
CELS., a favor de la totalidad de los detenidos que se encuentran alojados en

establecimientos policiales superpoblados y/o en comisarías de la provincia de
Buenos Aires.
El tema es de suma trascendencia, por la situación alarmante que describe la
presentación y la que informaron las partes en las audiencias públicas que la Corte
Suprema había convocado en el mes de diciembre de 2004 y abril del corriente año
ante sus estrados. Por ello estimo que aun cuando el Dr. Boggiano votó en
disidencia al desestimar la queja y encontramos las disidencias parciales de los
Dres. Fayt y Argibay , todos los jueces de la Corte reconocen el incumplimiento de
las condiciones mínimas en el resguardo a los derechos humanos de las personas
detenidas que se planteaba en el caso. El voto de la mayoría, conformado por los
jueces Petracchi, Maqueda, Zaffaroni, Highton de Nolasco y Lorenzetti, reconoce
que la superpoblación carcelaria existente no controvertida por las partes de por sí
acredita que el Estado provincial incumple con las condiciones mínimas de trato
reconocidas a las personas detenidas. No ponen en duda que se encuentran
alojados en comisarías en calidad de detenidos adolescentes y personas enfermas,
que el 75%, por lo menos, de la población privada de libertad son procesados con
prisión preventiva, y por lo tanto gozan de la presunción de inocencia, y que la
cantidad de detenidos, aun cuando ha aumentado desde 1990, en los últimos seis
años ha alcanzado un incremento exponencial que no guarda relación de
proporcionalidad alguna ni con el aumento demográfico de la población ni con el
aumento de los índices delictivos en la provincia.
Asimismo, que la situación descripta también pone en peligro la vida y la
integridad física del personal penitenciario y de las personas que allí ingresan. La
mayoría afirmó que de verificarse por los jueces de grado alguna de las
irregularidades planteadas sería posible que se configurasen eventuales casos de
agravamientos que importarían trato cruel, inhumano o degradante y otros
análogos, susceptibles de acarrear responsabilidad internacional del Estado
Federal. Sobre este punto no hay que olvidarnos del caso "Bulacio" , en el cual la
Argentina sufrió una condena internacional.
Entre sus fundamentos analizan el caso "Panchito López", dictado por la Corte
Interamericana, y las consideraciones que allí se hicieron y que ya se analizaron en

este trabajo, como asimismo las recomendaciones que el Comité Contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanas y Degradantes y el Comité de
los Derechos del Niño ambos en el ámbito de protección de las Naciones Unidas
realizaron a nuestro país en 2004 y 2002, respectivamente, que ya fueron
analizadas.
Finalmente, en la Declaración de Principios Básicos para el Tratamiento de los
Reclusos La Habana, 1990 se establece, como regla básica, que el ser humano no
pierde su dignidad por estar privado de su libertad; es que con excepción de
aquellas limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del
encarcelamiento, todos ellos, sin distinción alguna, siguen gozando de los derechos
humanos y libertades fundamentales reconocidos en los documentos de protección
nacional e internacional de los derechos humanos . A pesar de ello, la experiencia
diaria nos demuestra que estos postulados no siempre han tenido eficaz vigencia,
situación ésta tan grave que pone en duda la plenitud del Estado de Derecho.
Promoviendo los derechos humanos, la democracia y la justicia social
WOLA facilita el diálogo entre gobiernos y actores no gubernamentales, así como
también monitorea el impacto de políticas del gobierno estadounidense y de
organizaciones internacionales, y promueve alternativas a través de investigación,
informes, educación, capacitación e incidencia política. Fundada en 1974 por una
coalición de líderes religiosos y cívicos, WOLA trabaja de cerca con organizaciones
de la sociedad civil y oficiales gubernamentales alrededor del hemisferio.
.
BIBLIOGRAFIA

 http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/350941.las-personas-
detenidas-tambien-tienen-derecho.html
 http://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/Peru11052.sp.htm
 http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/7596930/La-
Responsabilidad-del-Estado-frente-a-la-persona-detenida.html
 http://www.wola.org/es?gclid=CMPI47vc1KwCFcqa7Qod33taqg
 http://www.google.com.pe/search?hl=es&q=derechoa+humanos+de+las+p
ewrsonas+detenidas&gs_sm=e&gs_upl=1490l10699l0l10882l45l34l1l1l1l1
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