SIAHO 2016

1. Antecedente
Ha salido publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de
fecha 24-08-2016 (G.O. N° 40.973), la Resolución del Ministerio del Poder Popular para
el Proceso Social de Trabajo, que contiene la Norma Técnica sobre los Servicios de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ver: NTSST
En tal sentido se hace necesario analizar las implicaciones legales que tal situación tiene
respecto a la gestión de seguridad y salud en el trabajo al seno de las entidades de trabajo
Fortalezas
1. El servicio de seguridad y salud en el trabajo (SSST) debe estar adscrito a la
máxima instancia de dirección de la entidad de trabajo (artículo 6); lo que implica
una reorganización de la estructura organizativa de la empresa, pues ha sido muy
común encontrar que dicho servicio se encuentra como un departamento del área
de RRHH o de finanzas. Incluso podría entenderse que dicho servicio estaría
jerárquicamente en forma superior a todas los demás dependencias de la
organización al leer el contenido del artículo 9, donde señala que los diferentes
departamentos, incluyendo la Oficina de Gestión Humana, estarían obligados a
suministrarle información sobre la materia cuando así lo requiera.
2. Las decisiones del SSST son de obligatorio cumplimiento tanto para los patronos
como para los trabajadores (artículo 6); situación de gran relevancia, pues por una
parte le da la prevalencia que siempre ha debido tener dicho servicio en la toma
de decisiones por ser el ente técnico por excelencia en la materia, y por la otra, el
respeto que se le deben tener a sus orientaciones. Entre las situaciones
particulares en las cuales esta norma va a tener un impacto legal de primer orden,
se verificará cuando el SSST con su debido sustento técnico-médico-legal

2. establezca la reubicación de un trabajador, situación que era muy común que el
trabajador (a veces incluso con el apoyo de los delegados de prevención y/o el
sindicato) se negaba a cumplir con la misma. Ahora tal desacato puede hacerlo
incurrir en una causal de despido justificado, dando mayor soporte a lo que ya
estaba establecido en la LOTTT. Es de destacar que aun cuando la referida
Resolución señala que entre las funciones del SSST está la de establecer con la
participación de los delegados de prevención los procedimientos a seguir en los
casos de trabajadores que presenten restricción médica, a los fines de adecuar los
puestos de trabajo, limitar su tareas o reubicarlos (artículo 34 numeral 6), ello no
le suprime el carácter vinculante de lo que disponga el SSST en esta materia por
ser el ente con el conocimiento técnico.
3. La independencia de los profesionales que conforman el SSST (artículo 7),
evitando de tal modo actuaciones no cónsonas de coerción o coacción en su
contra por parte tanto del patrono (por ejemplo dando órdenes para que no se
declare una enfermedad como ocupacional), como por parte de los trabajadores,
tales como situaciones de delegados de prevención o representantes sindicales
queriendo ingresar a las valoraciones médicas de los trabajadores afectando la
privacidad del acto médico, o declarando personas non gratas a los miembros del
SSST.
4. Efectos inmediatos en la reactivación del empleo en el sector profesional, al
establecer la obligatoriedad de contratación (sea en el servicio propio o en el
mancomunado) de toda una categoría de profesionales para conformar el equipo
multidisciplinario (médico ocupacional, supervisor o inspector en materia de
seguridad y salud en el trabajo, enfermera, ergónomo, psicólogo, trabajador social,
terapeuta ocupacional, abogado, etc.).
5. Clarifica el contenido de la Disposición Transitoria Segunda del RLOPCYMAT, en
cuanto a que se debía considerar como empresa de servicios para tener
constituido un servicio propio (artículo 13).
6. Se presenta un conflicto entre normas vigentes para el sector público. La
Resolución ministerial en análisis expresamente señala en su artículo 13 que las

3. entidades del trabajo allí establecidas deben contar con un servicio propio,
incluyéndose en ellas las referidas a “Administración Pública y Defensa”
(Actividades de mantenimiento de orden público y de seguridad, así como
Actividades de la Administración Pública en general).
Pero el vigente Decreto sobre Organización General de la Administración Pública
(Decreto N° 1.612 de fecha 18-02-2015. Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela, 6.173 Extraordinario, febrero 18, 2015), se aparta totalmente tanto
de lo que ha establecido la LOPCYMAT y su Reglamento Parcial, así como del
contenido de esta Resolución: (a) No crea el órgano exigido (servicio de seguridad
y salud en el trabajo propio); (b) Hace depender de otros departamentos tan
importante materia como es la seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, en
específico de la Oficina de Gestión Humana (artículo 25 numeral 15 del citado
Decreto) en conjunto con la Oficina de Gestión Administrativa (artículo 26 numeral
25 eiusdem) de cada Ministerio; y (c) Deja de ser responsable un órgano interno
especializado en la materia y a dedicación exclusiva, para serle asignado a unas
oficinas promiscuas por las múltiples funciones asignadas no sólo por el citado
Decreto sobre Organización General de la Administración Pública sino también por
parte de las leyes regulatorias de cada Ministerio y sus reglamentos orgánicos,
tales como dirigir los concursos de ingresos, prestaciones sociales, evaluación del
desempeño, ejecución del presupuesto de gastos e inversiones, pago de
proveedores, etc., que no tienen relación directa con la gestión de seguridad y
salud laboral.
7. Establece en su artículo 12 la existencia de los profesionales independientes (los
llamados coloquialmente como asesores externos), pero con dos características:
(a) Sólo para actividades específicas y en forma temporal (como por ejemplo para
realizar una auditoría de la gestión de seguridad y salud laboral); y (b) No podrán
considerarse como SSST, ello como consecuencia lógica de su carácter de
personas naturales, pues los SSST para el caso del servicio mancomunado tipo II
(artículo 20 numeral 1) debe ser una persona jurídica.

4. 8. Se entiende del contenido del artículo 17 de la mencionada Resolución ministerial,
que los profesionales que formen parte del SSST puedan tener una relación de
trabajo dentro de los parámetros de la LOTTT (contrato a tiempo determinado, a
tiempo indeterminado, trabajador no dependiente, etc.), pues lo que prevalece es
que exista atención continua por parte de estos profesionales a favor de los
trabajadores durante toda la jornada laboral.
9. Desarrolla los dos tipos de SSST que establece la LOPCYMAT y su Reglamento
Parcial, como son los servicios propios, y los mancomunados (según el artículo
19, formados por un mínimo de 2 entidades de trabajo y un máximo de 20, con un
máximo de trabajadores de 250, como podría ser por ejemplo los negocios
ubicados dentro de un centro comercial), y de este último establece el tipo I (la
mancomunidad contrata profesionales, creando su propia estructura) y el tipo II (la
mancomunidad contrata una empresa prestadora del SSST para todas las
entidades de trabajo que integran la mancomunidad).
10.Aclara que el contenido de la parte in fine del artículo 23 del RLOPCYMAT en
cuanto a los requisitos que debe tener el convenio del SSST mancomunado con
la entidad de trabajo, está referido es al servicio mancomunado de tipo II (artículo
20 de la Resolución ministerial).
11.El ámbito territorial del SSST mancomunado está restringido dentro de la misma
parroquia o municipio de las entidades de trabajo que formen parte de la
mancomunidad (artículo 21); ello va a tener un impacto en aquellas entidades de
trabajo donde el SSST tenía su asiento en la sede principal, y atendía sus
sucursales a distancia (por ejemplo por teléfono o internet).
12.Se establece un lapso para hacer los exámenes periódicospre y post vacacionales
(15 días hábiles antes de salir o después de su incorporación, respectivamente,
artículos 29 y 30).
13.Desarrolla el artículo 31 de la Resolución ministerial, lo establecido en el
RLOPCYMAT en el artículo 27 en su parte in fine referido a aquellos exámenes de
salud pertinentes a la exposición de los factores de riesgos, tales como los
exámenes post-reposo, o por cambios de puestos de trabajo.

5. 14.Establece los parámetros que debe contener el informe médico (artículo 33).
15.Desarrolla las funciones mínimas que deben desarrollar cada uno de los
profesionales del SSST (artículo 35 y siguientes), tales como el profesional de la
medicina ocupacional, supervisor o inspector en materia de seguridad y salud en
el trabajo, enfermera, ergónomo, psicólogo, trabajador social, y terapeuta
ocupacional; aun cuando faltó desarrollar las de los otros profesionales que la
propia resolución establece como formando parte del referido SSST, como sería
el caso de higiene ocupacional o Derecho (abogado) del artículo 24 numerales 6
y 13 respectivamente, asi como el de otros profesionales contenidos en otras
normas, por ejemplo las funciones del ingeniero ambiental o similar que verifique
los subproductos y sobrantes, desechos generados, disposición final de los
mismos, e impacto ambiental del proceso productivo, según lo previsto en la
Norma Técnica Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (NT-01-2008), en
su TÍTULO IV: CONTENIDO, Capítulo I. Descripción del Proceso Productivo: 1.
Descripción del Proceso Productivo (producción o servicios), punto 1.2.
16.Se tiene un tiempo perentorio para la aplicación de esta Resolución en el seno de
las entidades de trabajo, así como la adecuación de los SSST existentes (sean
propios o mancomunados), el cual es de 120 días continuos (o también
denominados como días calendario), siendo en consecuencia que vence el 22-12-
2016.
Debilidades:
1. La Resolución N° 9.588 es de fecha 18-01-2016 y viene a ser publicada en la G.O.
de fecha 24-08-2016, es decir 7 meses después (aun cuando se desconoce a
quien puede ser imputado, si al Ministerio o a la Imprenta Nacional), se configura
en un mal precedente y pésimo ejemplo de retardo administrativo que es muchas
veces copiado en las GERESAT a nivel nacional cuando notifican los inicios de
procedimientos administrativos, providencias administrativas o certificaciones

6. médico ocupacionales en fechas muy posteriores a las que fueron firmadas, o
después de transcurridos en exceso los lapsos legales, lo que ha sido reconocido
incluso por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia:
Al respecto, luego del examen de las actas que conforman el expediente evidencia
esta Sala que efectivamente, desde la fecha en la cual se constató la infracción de
las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte del establecimiento
comercial, lo que ocurre en la oportunidad de la segunda inspección efectuada en
la sede del fondo de comercio el 4 de junio de 2010, hasta la fecha en que culminó
el procedimiento sancionatorio con la imposición de la multa establecida en la
Providencia Administrativa N° PA-US/T/034-2011, dictada el 2 de junio de 2011,
transcurre un lapso que excede al establecido en el artículo 60 de la Ley Orgánica
de Procedimientos Administrativos, lo que constituye un retardo que atenta contra
los principios de celeridad y preclusividad de los actos, y en los que debe
orientarse el ente administrativo a fin de garantizar la eficacia de las actuaciones
administrativas, no obstante, si bien tal infracción resulta evidente de la revisión
del acto impugnado, la misma no le produjo indefensión a la parte accionante,
quien en el trámite del procedimiento seguido ante la DIRESAT, ejerció
oportunamente su derecho a la defensa. (Subrayado propio). (Sentencia de la Sala
de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 16-12-2013, N°
1327, disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/diciembre/159828-
1327-161213-2013-13-646.HTML)
2. Se incumplió –salvo prueba en contrario- con lo previsto en los artículos 139
(Promoción de la participación ciudadana) y 140 (Procedimiento para la consulta
de regulaciones sectoriales) de la Ley Orgánica de la Administración Pública, en
cuanto a la consulta y participación ciudadana en la respectiva consulta pública
del anteproyecto de normativa, pudiendo traer como consecuencia su nulidad
absoluta a tenor de lo previsto en el artículo 141 eiusdem.
Es de recordar que el antecedente más directo de consulta sobre esta materia data
del año 2009 cuando el INPSASEL publicó en su página Web el Anteproyecto de
Norma Técnica de “Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo Propios”; pero

7. luego de ello transcurrieron 7 años sin mayores actividades de participación
ciudadana, y con un contenido muy distinto entre dicho anteproyecto y el material
aprobado en la presente Resolución del 2016.
3. Persiste la confusión establecida en la LOPCYMAT y su Reglamento Parcial en
cuanto al tema de los asociadosen las cooperativas (artículos 15 y 19, entre otros),
equiparándolos con los trabajadores aun cuando tienen un régimen legal y
naturaleza jurídica distinta.
4. Establece los exámenes y pruebas de salud prohibidos (artículo 32), pero para el
caso de la prueba de embarazo y de resonancia magnética se establece la
excepción, se podrán realizar siempre que medie consentimiento libre y por escrito
del trabajador; ello tal vez para no vulnerar lo dispuesto en el artículo 46 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en su numeral 3
señala: “Ninguna persona será sometida sin su libre consentimiento a
experimentos científicos, o a exámenes médicos o de laboratorio..”, pero en ese
“consentimiento libre” siempre estará presente la duda si el mismo fue producto de
presión psicológica como mecanismo para ingresar o preservar el empleo.
5. Se mantiene la deuda con los profesionales en el área de la seguridad y salud
laboral en cuanto a su acreditación (según lo dispuesto en la parte in fine del
artículo 25 de la LOPCYMAT, y artículo 31 numeral 4 del RLOPCYMAT), lo cual
se trata de minimizar en la Disposición Transitoria Segunda de la referida
Resolución ministerial, donde se señala que por ahora sólo se debe cumplir con el
registro, cuando debió establecerse de una vez por todas un plazo perentorio al
INPSASEL para cumplir con su obligación legal.
Por tanto se coloca un plazo a los patronos para cumplir con dicha Resolución,
pero no establece esa misma obligación para el INPSASEL aun cuando tiene un
retardo de más de 11 años en la acreditación de los profesionales.