Las personas con discapacidad a menudo enfrentan discriminación y exclusión social que les impide ejercer plenamente sus derechos y libertades. La constitución garantiza que todas las personas, independientemente de discapacidades u otras características, tienen derecho a igualdad ante la ley, libre desarrollo de la personalidad y acceso a servicios de salud, educación y empleo. El estado debe promover políticas de inclusión social y prestar atención especializada a las personas con discapacidad para que puedan participar en todos los aspectos de la vida.