Teleconferencia Accionistas Q1 2024 . Primer Trimestre-
Empleo y discapacidad.
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Tasa de
autoempleo
de las personas
con discapacidad
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Las personas con discapacidad conforman un grupo
vulnerable y numeroso al que el modo en que se
estructura y funciona la sociedad ha mantenido
habitualmente en conocidas condiciones de exclusión.
Este hecho ha comportado la restricción de sus derechos
básicos y libertades condicionando u obstaculizando su
desarrollo personal así como el disfrute de los recursos
y servicios disponibles para toda la población y la posibilidad
de contribuir con sus capacidades al progreso de la sociedad.
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El anhelo de una vida plena y la necesidad de
realización personal mueven a todas las personas,
pero esas aspiraciones no pueden ser satisfechas si
se hallan restringidos o ignorados los derechos a la
libertad, la igualdad y la dignidad. Este es el caso
en que se encuentran aún hoy mujeres y hombres
con discapacidad, quienes, a pesar de los innegables
progresos sociales alcanzados, ven limitados esos
derechos en el acceso o uso de entornos, procesos o
servicios que o bien no han sido concebidos teniendo
en cuenta sus necesidades específicas o bien se revelan
expresamente restrictivos a su participación en ellos.
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Existe, pues, un variado y profuso conjunto
de impedimentos que privan a las personas con
discapacidad del pleno ejercicio de sus derechos.
Los efectos de estos obstáculos se materializan
en una situación de exclusión social que debe ser
inexcusablemente abordada por los poderes públicos.
La integración social de las personas con discapacidad
es un derecho constitucional, y corresponde a estos
poderes públicos llevar a cabo políticas que eliminen
las barreras que la impiden o dificultan.
La incorporación al mercado laboral de este colectivo es un
factor destacado para conseguir su plena integración.
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El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) es un
instrumento técnico que la Administración General del Estado,
a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
(Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad y
Real Patronato sobre Discapacidad), pone al servicio de
las Administraciones Públicas, la Universidad y el Tercer
Sector, para la recopilación, sistematización, actualización,
generación y difusión de información relacionada con
el ámbito de la discapacidad.
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El OED tiene su amparo en el artículo 73 del Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de
su inclusión social. Se configura como instrumento de promoción y
orientación de las políticas públicas de conformidad con la Convención
Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Las instituciones promotoras del OED son el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, a través de la Dirección General de Políticas de Apoyo
a la Discapacidad y el Real Patronato sobre Discapacidad, la Comunidad
Autónoma de Extremadura, el Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad y la Universidad de Extremadura.
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El Observatorio Estatal de la Discapacidad tiene entre sus fines aportar
a la sociedad estudios y conocimientos que contribuyan a una mayor
visibilización social de la situación y de las necesidades de las personas
con discapacidad, faciliten el seguimiento de la aplicación de las políticas
públicas en materia de discapacidad y aporten evidencias sobre los
progresos alcanzados y los retos pendientes en el reconocimiento y la
garantía de derechos, especialmente los referidos a la Convención de los
derechos de las personas con discapacidad, ratificada por España en 2008.
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El Informe Olivenza 2017, sobre la situación general
de la discapacidad en España, de Antonio Jiménez Lara
y Agustín Huete García (Coords.), ha sido editado por el
Observatorio Estatal de la Discapacidad. 2017.
www.observatoriodeladiscapacidad.info
Ha contado con la con la colaboración de:
http://www.odismet.es/ http://www.fundacionvodafone.es/
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Este informe se presenta por el Observatorio Estatal de la Discapacidad al
Consejo Nacional de la Discapacidad en cumplimiento de lo dispuesto en
artículo 73.2 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
En el capítulo 2, se presentan los principales cambios en el marco normativo
en relación con la discapacidad en el último año. En el capítulo 3, se actualizan
los datos fundamentales sobre inclusión social de la población con discapacidad
a partir de las fuentes estadísticas disponibles.
El capítulo 4, referido a “Mercado de Trabajo y Discapacidad en España”
ha sido elaborado en colaboración con ODISMET, el observatorio sobre
Discapacidad y Mercado de Trabajo de la Fundación ONCE. ODISMET
es una iniciativa de Fundación ONCE cofinanciado por el Fondo Social
Europeo y gestionado por FSC Inserta, cuya finalidad es la de convertirse
en el referente de consulta sobre todo lo relacionado con el binomio
discapacidad y mercado de trabajo.
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El capítulo 5 se ofrecen los resultados de aplicación del modelo para la
medición del gasto público en discapacidad propuesto en el Informe
Olivenza 2014, destinado a medir el esfuerzo de las administraciones
públicas españolas en materia de políticas de discapacidad.
En el capítulo 6, referido a “Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC)”, se estudia la penetración de las tecnologías TIC
entre el colectivo de personas con algún tipo de discapacidad. Este
capítulo ha sido elaborado en colaboración con la Fundación Vodafone.
Dada su especial vinculación desde su origen con la Comunidad
Autónoma de Extremadura, el OED realiza en el capítulo 7 un análisis
específico de la población con discapacidad de la región, tanto desde
una perspectiva demográfica, como desde su inclusión social.
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En España hay 47.300 personas con discapacidad trabajando por cuenta
propia, lo que equivale a una tasa del 11,4%. En su gran mayoría (71,5%)
se tata de autónomos sin asalariados.
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Comparando con la población sin discapacidad, observamos una
diferencia en la tasa de 5,7 puntos porcentuales. Al igual que en el
colectivo, el mayor volumen corresponde a empresarios sin asalariados.
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La siguiente tabla muestra la diferencia entre personas con discapacidad
y población general, en función de distintas variables:
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Fuente: INE. El empleo de las personas con discapacidad.
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En ambos grupos, los hombres tienen una mayor predisposición
hacia el empleo por cuenta propia que las mujeres.
En cuanto a la edad, la experiencia parece favorecer el
autoempleo, así, es el segmento de mayor edad el que
registra mayores porcentajes, especialmente entre las
personas con discapacidad.
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Los estudios de carácter secundario emergen como
el nivel formativo que en mayor medida favorece
la constitución por cuenta propia.
La discapacidad física y los menores porcentajes de
discapacidad, agrupan más del 50% de las personas
con discapacidad que optan por el autoempleo.
La ausencia de percepción de prestaciones y/o pensiones
también parece motivar la situación de autoempleo.
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“La tasa de emprendimiento entre las personas con
discapacidad representa el 11,4%, 5 puntos por
debajo de las personas sin discapacidad”.
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Atendiendo a la evolución de la tasa de autoempleo, podemos observar
los siguientes resultados:
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Comparativamente, la tasa de la población con discapacidad
es inferior a la de la población general, en todos los
ejercicios analizados.
El colectivo, alcanza su techo en 2008, mientras que en la
población general 2013 constituye el año de mayor actividad
por cuenta propia.
Para ambos grupos, 2015 supone un decremento, respecto
al año anterior.
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https://observatoriodeladiscapacidad.info/attachments/article/110/Informe%20Olivenza%202017%20v5.7.pdf
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https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/integracion_laboral_discapacidad.pdf