El documento argumenta que modificar la ley para establecer un impuesto del 1% sobre el patrimonio inmobiliario total de las personas físicas mejoraría la recaudación tributaria y reduciría la desigualdad. Actualmente, alguien con una propiedad de $6 millones paga $10,000 en impuestos, mientras que alguien con tres propiedades de $5 millones cada una no paga nada. Sin embargo, al establecer este nuevo impuesto, se deben considerar aspectos como la titularidad, ubicación y condiciones de los bienes para evitar

1. Consulta Tributaria
José Segura
Josesegura152@hotmail.com
Impuesto al patrimonio inmobiliario
Desde el punto de vista de la progresividad y equidad tributaria se justifica la modificación al
artículo 1 de la Ley 18-88, que establece el impuesto a la vivienda suntuaria y solares urbanos no
edificados, propuesta en el artículo 8 del proyecto de reforma tributaria del gobierno.
El establecimiento de un impuesto sobre el patrimonio de carácter directo y de naturaleza
personal de un uno por ciento (1%) que se aplicaría al patrimonio inmobiliario total de las
personas físicas, no solo contribuirá a la expansión de la base tributaria sino también a mejorar la
recaudación y a disminuir la informalidad y la desigualdad en términos de concentración de
riquezas.
Resulta contradictorio que una persona que tiene una propiedad valorada en RD$6,000,000,
pague RD$10,000 de impuesto (el 1% de un millón) y que una persona que tiene tres
propiedades valoradas en RD$5,000,000 cada una, no pague nada.
Esa disparidad es lo que explica el bajo rendimiento del impuesto a la vivienda suntuaria o
impuesto a la propiedad (IPI). El cual, de acuerdo a las cifras publicadas por la Dirección
General de Impuestos Internos (DGII), solo recaudó la suma de RD$2,802.4 millones del 2007 al
2011.
No obstante, para establecer un impuesto sobre patrimonio inmobiliario total de las personas
físicas hay aspectos que deben ser tomados en consideración, como la titularidad, ubicación y
condiciones de los bienes, a fin de evitar inequidades en la valoración, que ha sido uno de los
principales problemas que han enfrentado los propietarios de inmuebles con la Administración
Tributaria.