El documento describe un caso de estudio sobre el empadronamiento y domicilio habitual de una persona. Explica cómo CREDOLAB puede utilizar datos públicos como el empadronamiento, colegio electoral y publicaciones de deudas para identificar posibles casos de fraude en la matrícula escolar y obligaciones tributarias. CREDOLAB ofrece servicios de documentación jurídica utilizando estas fuentes de información pública.

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LOS CASOS DEL CREDOLAB.-
DOMICILIO Y PADRÓN: EJEMPLO DE ESTUDIO DOCUMENTAL CON SUFICIENCIA JURÍDICA
CASO DE ESTUDIO Nº 3.- Empadronamiento y domicilio habitual. Uno de los
resortes del procedimiento administrativo común y sus especialidades en España es la
publicidad de la notificación para producir efectos jurídicos. La Administración se sitúa
como juez y parte ante el administrado en la jurisdicción administrativa. El deudor
tributario, el infractor de seguridad vial y el defraudador de plaza escolar guardan una
estrecha relación entre el domicilio habitual a efectos de empadronamiento y sus
derechos de sufragio universal activo y pasivo (Estadística municipal y colegio
electoral).
En este ejemplo con datos reales, se han disociado convenientemente los datos
de carácter personal sujetos a protección por la CE. En su artículo 18.4 la Constitución
Española previene el control sobre el uso de nuestros datos identificativos o
identificables para el tratamiento de la información automatizada. Su desarrollo
reglamentario bajo la LOPD 15/1999 y RD 1720/2007 obliga a disociar la información
obtenida de las fuentes de acceso al público para su publicación. El presente ejemplo
sirve para identificar aspectos por los cuales profesionales como un investigador
privado, graduados sociales, abogados, procuradores y resto de colegiados con
atribuciones por Ley para poder ejercer una defensa legal, puedan redactar denuncias o
reclamaciones administrativas que permitan a la Administración tutelar derechos
constitucionales Uno de los casos más frecuentes es proveer a esas unidades familiares
con dificultades para concretar la plaza escolar de sus hijos. Podemos concretar
documentación jurídica que sirva para forzar la escolarización de un alumno que se
encuentra desatendido por el sistema público educativo (tutela para asignar la plaza
escolar). Podemos forzar que un inquilino en una vivienda tenga que poner al día sus
datos de empadronamiento. Podemos hacer valer la legislación vigente cuando estemos
sufriendo un agravio comparativo.
Normalmente este tipo de actuaciones, singulares y discretas por huir de la
publicidad de los medios de comunicación, producen el efecto deseado para los
denunciantes. La delegación provincial de la consejería competente introduce en el
sistema informático (Séneca en nuestra CCAA) el esperado aumento de una plaza en la
línea educativa del centro denunciado. Luego una escueta nota del Director del centro,
expondrá al público que se han añadido nuevas plazas por orden de sus superiores.
Cuando no quedan plazas y hay serias dudas de que todos los alumnos
matriculados no gozan de los mismos derechos legales, los progenitores pueden solicitar
información (vista de expediente del procedimiento administrativo común Si bien la
actual disponibilidad para el Consejo Escolar y su miembro colegiado con más
atribuciones que es el Director del centro de primaria permite baremar puntos
consultando el portal que ha dispuesto en Excmo. Ayuntamiento de Córdoba mediante el
uso de claves de identificación, no es menos cierto que se puede triangulizar mediante la
fórmula colegio electoral-domicilio-colegio electoral. Igualmente, una sentencia del
TSJA les permite a las delegaciones provinciales dar por válida la prueba del
empadronamiento municipal salvo prueba en contra.
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Figura nº 1.- Extracto real del padrón de habitantes de un ciudadano con sus derechos
de sufragio en vigor. Se ha omitido el DNI/NIF, dejando tan sólo su colegio electoral
adscrito. Para determinar si se está cometiendo fraude en plaza escolar, tan solo
necesitamos relacionar su empadronamiento con la vivienda habitual donde podemos
contratar el servicio de vigilancia de un investigador privado. Este tipo de situaciones no
produce espectaculares exhibiciones de fuerza pública… la mayoría de las veces se abre
espacio en la línea educativa del centro donde se ha cometido supuesto fraude. Una
nueva plaza para acoger al alumno.
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Figura nº 2.- Extracto real de un boletín de la provincia, que por competencias del
Estado, ejercen su publicación las Diputaciones. Es de obligada publicación el intento
de notificación para que bajo la Ley General Tributaria se produzcan los efectos
jurídicos para el Estado y sus delegaciones. Es suficiente prueba el demostrar que el
infractor está cometiendo faltas leves tributarias, de cara a indicar que puede tener un
domicilio afectos fiscales (posiblemente el domicilio fiscal y empadronamiento
coincidan en favorecer un fraude en plaza escolar).
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Figura nº 3.- Extracto real de un boletín de la provincia, que por competencias del
Estado, ejercen su publicación las Diputaciones. En este caso, comprobamos que es
reincidente el objeto del estudio. Además, se está iniciando el tránsito a lo que se
denomina Tristísima Trinidad Tributaria. Se recoge bajo el eufemismo 3T a la
conjunción del embargo a través de uno cualquiera de los organismos que tienen
potestades: Agencia Estatal Tributaria, Tesorería general de la Seguridad Social y
entidades locales (municipios y supramunicipales).
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CREDOLAB utiliza modernas técnicas de tratamiento de la información. Nuestro
negocio es la búsqueda de información en fuentes expuestas al público, sujetas a
procedimiento administrativo y especialidades. Somos documentalistas jurídicos para
documentar aspectos legales para productoras de televisión, equipos de redacción de
prensa y radio, asesores legales colegiados, etc. Delitos relacionados con rebeldía civil,
fraude en el empadronamiento/domicilio habitual, fraude documento de circulación
seguridad vial, jurisdicción civil (derecho de familia, obligaciones económicas respecto
de la prole y expareja). Cualquier necesidad documental para relacionar personas
físicas/jurídicas respecto de obligaciones con carácter económico así como fraudes
relacionados con derechos constitucionales. Contratos del sector público y buenas
prácticas de publicidad mercantil respecto de los administradores y sus apoderados.
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