La Ley 19.880 establece las bases de los procedimientos administrativos del Estado chileno. Incluye regulaciones sobre plazos máximos para la resolución de solicitudes, el silencio administrativo positivo y negativo, y los derechos de las personas en los trámites administrativos. El silencio positivo presume la aprobación de una solicitud si no se resuelve dentro de los plazos, mientras que el silencio negativo presume el rechazo cuando afecta al patrimonio fiscal.