El documento define el procedimiento administrativo de ejecución como el medio por el cual las autoridades pueden exigir el pago de créditos fiscales no cubiertos en el plazo establecido. Explica que este procedimiento incluye actos coercitivos como el embargo y remate de bienes, concluyendo con la adjudicación y distribución del producto para recuperar el crédito fiscal a favor de la autoridad.