La Ley de Competencia salvadoreña dedica un capítulo a los acuerdos entre competidores, dentro del título de las prácticas anticompetitivas y concretamente en un artículo, que es el 25 en la letra c), que constituye lo que la doctrina denomina licitaciones colusorias.

1. Art. 17-09
Licitaciones colusorias
Por: José Enrique Argumedo
Superintendente
Superintendencia de Competencia
La Ley de Competencia salvadoreña dedica un capítulo a los acuerdos entre
competidores, dentro del título de las prácticas anticompetitivas y concretamente en un
artículo, que es el 25 en la letra c), que constituye lo que la doctrina denomina
licitaciones colusorias.
Las licitaciones colusorias constituyen aquellos pactos realizados por los agentes
económicos que participan en ella, fijando los mismos precios en sus ofertas. Ese
acuerdo va contra la libre competencia, porque ante la opción de varios competidores en
ser competidores reales ofreciendo precios distintos; esos agentes optan por dejar de
serlo y, mediante un acuerdo, que nuestra ley señala como práctica anticompetitiva,
eliminan la competencia, al acordar previamente entre ellos, manipular el proceso licitatorio, fijando precios iguales
entre los oferentes.
El caso señalado es perjudicial a la economía nacional, porque en el caso del sector público, esos acuerdos van
encaminados a impedir que el gobierno logre mejores precios y calidad en los bienes y/o servicios que adquiere, al
quedar limitada su opción. Ese es un problema grave no solo a nivel nacional sino mundial y por eso en los foros
internacionales se trata como un tema clave, así Hilary Jennings de la OECD ha señalado que se pueden elevar
los precios en las obras públicas hasta en un 20% por efecto de los acuerdos colusorios.
Crea lo anterior un efecto grave para las finanzas públicas de un país, al salir perjudicado el contribuyente, porque
si los tributos se establecen para el servicio público y sin embargo esos fondos van a parar a los bolsillos de los
licitadores ilegales, se está en presencia de una desnaturalización de los fines tributarios. Para no seguirse
tolerando esas acciones, en algunos países se piensa que esas conductas no deben sancionarse únicamente a
nivel administrativo y por ejemplo Michelle Bachelet, en palabras dichas el 9 de septiembre pasado en el Día de la
Competencia de Chile reiteró su petición al Congreso, que la colusión sea penalizada como delito, “porque se
requiere una legalidad fuerte contra los oportunistas que abusan de la confianza de la comunidad, ya que en una
economía sana no deben lograrse ventajas económicas indebidas solo con el pago de una multa”, reafirmando al
mismo tiempo su confianza en la libre competencia.
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