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1. UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS
CARRERA COMUNICACIÓN
Docente: Mgs. Christian Miranda Fecha: 16/01/2024
Carrera: Tercero Comunicación “A”
Estudiante: Bryan Jhoseph Viracucha Manobanda
Tema: Elaborar un Artículo de Opinión
Los Desafíos Presupuestarios de la Educación Superior
La educación superior en el Ecuador, ese pilar fundamental en el desarrollo social y económico,
enfrenta desafíos que van más allá de las aulas. Aunque reconocemos su importancia, la realidad
es que no podemos hablar de un libre ingreso a este nivel de formación. La brecha entre la creciente
demanda y los recursos asignados se torna evidente, planteando preguntas cruciales sobre el futuro
de la educación superior en el país.
En términos generales, se ha observado un aumento en la inversión en la educación superior. Esto
se refleja en el incremento del presupuesto asignado a las universidades y escuelas politécnicas
públicas. Este aumento en la inversión es un indicativo de la importancia que se le está dando a la
educación superior en el país.
Desde la perspectiva de un estudiante universitario, la educación superior pública en Ecuador ha
experimentado cambios significativos en los últimos años. Los aportes gubernamentales,
independientemente del gobierno en turno, han jugado un papel crucial en este proceso.
Además, se han implementado varias reformas para mejorar la calidad de la educación superior.
Estas reformas incluyen cambios en el Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y
Admisión, con el objetivo de garantizar que un mayor número de bachilleres, especialmente
aquellos que provienen de pueblos y nacionalidades, tengan la oportunidad de iniciar sus estudios
de educación superior.
En cuanto al futuro de la educación superior en Ecuador, se espera que la cobertura y la calidad
sean los ejes transversales para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Se
espera que la oferta académica se amplíe, priorizando los principios de calidad y autonomía para
el desarrollo sustentable y sostenible del país.

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Sin embargo, también es importante mencionar que existen desafíos. A pesar de los avances, aún
hay áreas que necesitan mejoras y fortalecimiento. La educación superior en Ecuador debe
continuar evolucionando para satisfacer las necesidades cambiantes de los estudiantes y la
sociedad en general.
Se entiende que un aporte propiciado del presupuesto a las entidades de educación superior
permitiría un desarrollo fructífero en el sentido administrativo y académico. Esto permitiría tratar
ciertos desafíos que comprende cada universidad pública del país. Pero ¿Cómo ha venido
tratándose este sentido financiero? ¿Es suficiente para surgir o mantenerse, o establecer un manejo
propicio en el sentido de cupos de cada universidad?
La enseñanza superior en Ecuador, siendo un elemento clave para el progreso de la nación, se
encuentra ante desafíos que trascienden las paredes de las aulas. A pesar de reconocer su
significado, nos enfrentamos a la realidad de que no es viable hablar de un acceso ilimitado a este
nivel educativo. La brecha entre la creciente solicitud de cupos y los recursos asignados se
manifiesta claramente, generando interrogantes fundamentales sobre el destino de la educación
superior en el país.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advierte que el crecimiento
económico en la región exige una inversión sustancial en el progreso científico y tecnológico. Para
cumplir con esta demanda, es imprescindible destinar mayores recursos a la mejora de la
infraestructura científica y al fortalecimiento del capital humano. Sin embargo, en Ecuador, la
realidad dista de este ideal, lo que tiene consecuencias directas en la calidad y accesibilidad de la
educación superior.
El último informe anual de la Senescyt, correspondiente a 2018, nos ofrece una radiografía de la
distribución estudiantil en el sistema educativo superior. El 59,8% de los estudiantes se matriculan
en instituciones de carácter público, destacando la preeminencia de estas instituciones en el
panorama educativo del país. Es imperativo ahondar en el estudio de los fondos que poseen estas
instituciones públicas, así como evaluar la relación entre su oferta educativa y la creciente
demanda.

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Un hecho preocupante es que el 26,6% de los estudiantes pertenece a instituciones privadas que
reciben cofinanciamiento, y un 13,5% corresponde a instituciones privadas autofinanciadas. Este
desglose revela la diversidad del sistema educativo superior en Ecuador, pero también plantea
preguntas sobre la equidad en el acceso a una educación de calidad. ¿Están todos los estudiantes,
independientemente de su origen socioeconómico, recibiendo oportunidades justas?
Centrándonos en las instituciones públicas, la carga recae sobre ellas al albergar la mayoría de los
estudiantes. Analizar los fondos disponibles para estas instituciones se convierte en una tarea
crucial para entender por qué la oferta educativa no puede satisfacer la creciente demanda. La
limitación de cupos en estas instituciones públicas se traduce directamente en sueños postergados
para muchos estudiantes, quienes, a pesar de su motivación y deseo de aprender, se encuentran
con barreras insuperables.
El aumento en el presupuesto para la educación superior no es simplemente una cuestión de
números; es una inversión en el futuro de la nación. Los resultados de la falta de inversión se
reflejan en las cifras del segundo semestre de 2022. Con un total de 168,095 postulaciones, solo
se aceptaron 106,128 estudiantes, dejando a 61,967 aspirantes sin la posibilidad de continuar sus
estudios. Estos números representan más que una estadística; son testimonios de la oportunidad
negada a miles de jóvenes ecuatorianos de mejorar sus vidas y contribuir al progreso del país.
El aumento constante en la demanda de educación, desde los niveles iniciales de alfabetización
hasta la educación secundaria, ha sido un signo alentador del deseo ferviente de los ecuatorianos
de acceder a oportunidades educativas. Sin embargo, este optimismo se ve empañado por una
realidad inquietante: la disparidad en los resultados de aprendizaje en el sistema educativo
ecuatoriano. Tres grupos de factores, socioeconómicos, infraestructura educativa y modelo de
educación se entrelazan para crear un escenario en el que el sistema de educación superior es uno
de los más afectados.
Los factores socioeconómicos ejercen una influencia innegable en los resultados educativos. Las
brechas económicas y sociales impactan directamente en el acceso a recursos educativos de
calidad, creando un sistema donde algunos estudiantes parten con desventajas significativas. Esta
realidad se manifiesta de manera aguda en la educación superior, donde la falta de recursos limita

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no solo la calidad de la enseñanza, sino también la capacidad de las instituciones para ampliar sus
cupos y satisfacer la creciente demanda.
La infraestructura educativa es otro componente crucial que afecta la equidad en la educación
superior. Instituciones desfavorecidas en términos de recursos y tecnología luchan por mantenerse
al día con las demandas de un mundo en constante evolución. La falta de inversión en
infraestructura no solo limita las oportunidades de aprendizaje sino que también contribuye a la
escasez de cupos, creando una brecha insalvable entre la oferta y la demanda educativa.
El modelo de educación actual también está bajo escrutinio. La falta de flexibilidad y adaptabilidad
en los enfoques educativos contribuye a la tendencia desigual en los resultados de aprendizaje. Un
modelo que no puede ajustarse a las necesidades cambiantes de los estudiantes y la sociedad en
general perpetúa la brecha educativa y dificulta la expansión de la oferta educativa.
Ahora, volvemos a la preocupante falta de cupos. Las estadísticas de la Senescyt para el segundo
semestre de 2022 son reveladoras. Se registraron 168,095 postulaciones, pero solo se aceptaron
106,128 estudiantes, lo que significa que 61,967 aspirantes quedaron sin opción de continuar con
sus estudios. Este no es solo un número; son sueños truncados, esfuerzos frustrados y potencial
desaprovechado.
En un intento por abordar esta crisis, la Senescyt anunció para 2023 un incremento en el número
de cupos en instituciones públicas. La cifra proyectada de 120,000 cupos para el segundo semestre
del año representa un paso en la dirección correcta. Sin embargo, es crucial preguntarnos si este
incremento es suficiente para abordar la creciente demanda y si la calidad de la educación puede
mantenerse en un nivel óptimo con este aumento de capacidad.
La que en el gobierno de la Lasso fue directora de la Senescyt, Andrea Montalvo, destacó este
incremento como un progreso en comparación con el último período de 2022, donde se ofrecieron
95,000 cupos. Aunque es alentador ver un aumento, debemos seguir cuestionando si estas cifras
son realmente adecuadas para cerrar la brecha educativa y brindar oportunidades equitativas a
todos los estudiantes.

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El panorama financiero del país, según los datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF),
arroja luz sobre la complejidad de la situación económica que afecta directamente la asignación
de recursos para la educación superior. La declaración de excepcionalidad en el cumplimiento de
la regla fiscal para los ejercicios económicos 2021, 2022 y 2023 revela una estrategia para financiar
egresos permanentes en áreas cruciales como salud, educación y justicia con ingresos no
permanentes, específicamente provenientes de los ingresos petroleros.
Sin embargo, la proforma 2023 revela una realidad preocupante: los ingresos no permanentes son
insuficientes, generando un déficit de USD 1.169 millones. Este déficit se vincula directamente a
los recursos asignados para proyectos de inversión pública, abarcando áreas esenciales como
transporte, infraestructura, educación, salud pública y defensa nacional. La pregunta que surge de
manera ineludible es: ¿cómo afectará esta carencia de recursos a la educación superior?
El Observatorio de Política Fiscal comparte una perspectiva crítica. Al comparar los ingresos
totales entre enero y junio de 2022 y 2023, se observa una disminución significativa de USD 1.052
millones. Esta disminución no es homogénea; la recaudación de todos los impuestos presenta una
reducción, excepto en el caso del impuesto a la renta. La caída en los ingresos derivados del
petróleo, específicamente en USD 1.198 millones, pone de manifiesto la vulnerabilidad del país
frente a las fluctuaciones en los precios y la producción de petróleo.
Este escenario económico plantea desafíos adicionales para el financiamiento de la educación
superior. La dependencia de ingresos no permanentes, especialmente del sector petrolero, expone
a las instituciones educativas a la inestabilidad económica. La falta de una fuente estable de
ingresos amenaza la capacidad del sistema educativo para planificar a largo plazo, afectando
directamente la calidad de la educación ofrecida.
Ahora, al mirar hacia el futuro, la incertidumbre económica parece ser un compañero constante.
El joven presidente de la República, Daniel Noboa, enfrenta un desafío crucial: garantizar que las
inversiones en educación no se vean sacrificadas en medio de restricciones presupuestarias. El
déficit económico y la disminución de los ingresos generan preocupaciones sobre la capacidad del
gobierno para cumplir con las demandas crecientes de la educación superior.

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En el transcurso de este 2024, la comunidad educativa y la sociedad en su conjunto estarán atentas
a cómo se abordan estos desafíos. La esperanza radica en que, a pesar de las dificultades
económicas, el presidente Noboa demuestre un compromiso inquebrantable con la educación
superior como motor del desarrollo nacional. La transparencia en la asignación de recursos y la
implementación de políticas efectivas serán fundamentales para superar los obstáculos actuales y
construir un futuro educativo sólido para las generaciones venideras.