Las medidas aprobadas por el Gobierno racionalizar el gasto en salud mediante la reducción de servicios, el establecimiento de copagos para medicamentos incluso para pensionistas, y recortes de personal. Esto perjudicará la calidad de la atención y desviará fondos públicos hacia proveedores privados. En lugar de estas medidas, se propone perseguir el fraude fiscal y subvenciones a empresas para ahorrar los mismos fondos sin menoscabar el sistema público de salud.

1. Sobre las medidas aprobadas por el Gobierno para “racionalizar el
gasto y garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario”.
Las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros del pasado 20 de abril de 2012
(que, tratándose de medidas urgentes, curiosamente aún no han sido publicadas en el
BOE –aunque sí lo han sido las de educación: Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de
abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito
educativo) suponen un paso más dentro del plan de desmantelamiento y privatización
del sistema público de salud que se lleva ejecutando desde hace años -ley 15/97- con
la complicidad y/o el silencio de partidos políticos parlamentarios y sindicatos
subvencionados.
• Se establecen mecanismos discriminatorios que excluyen a los inmigrantes sin
papeles de gran parte de la asistencia sanitaria, quedando reducida la atención en
su caso a la urgencia, el parto y los cuidados pediátricos.
Esta medida, manifiestamente inhumana y que reduce a personas al nivel de
mercancía, es además insostenible desde el punto de vista de la salud pública y
tendrá efectos negativos sobre la salud del resto de la población - patologías
infecto-contagiosas podrán extenderse-, además de provocar más gasto que el que
se pretende ahorrar.
• Se establece la “división en categorías de la cartera de servicios”: básicos,
accesorios y complementarios. Este mecanismo sienta las bases para la futura
exclusión de una serie de servicios y/o prestaciones, por las que habrá que pagar
si se quiere tener acceso a ellas. El organismo que decidirá la inclusión o exclusión
de los servicios (Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones) no
parece que vaya a disponer de ningún sistema de transparencia.
• Se aprueba, por primera vez, el “copago farmacéutico para pensionistas” (10% del
precio de las medicinas) y el “aumento del copago farmacéutico para el resto de la
población”, según teóricos niveles de renta:
Activos Pensionistas
Perceptores de pensiones no
contributivas, parados de larga 0% 0%
duración.
Rentas inferiores a la obligatoriedad
40% 10% Límite máximo de 8€/mes
declaración renta.
Rentas superiores a la
50% 10% Límite máximo de 18€/mes
obligatoriedad declaración renta.
Rentas superiores a 100.000€ 60% 60% Límite máximo de 60€/mes

2. Se establece un impuesto a la enfermedad. La protección social, basada en la
solidaridad de los impuestos en función de la renta, deja de tener efecto,
obligándose a pagar más no a quienes más tienen, sino a quienes están más
enfermos.
Por otra parte, lo que se produce de hecho es una importantísima reducción de las
pensiones, ya que, tomando como referencia la pensión media (poco más de 800
€/mes), un matrimonio de pensionistas que paguen 8 €/mes cada uno, tendrá que
gastar en medicamentos el 2% de su pensión (cantidad que se eleva al 3% en
Cataluña, donde se mantiene la tasa de 1€ por receta).
• La constatación del nivel de renta de cada persona para llevar a cabo los diferentes
niveles de pago de medicamentos, hará necesario que se cambien todas las
tarjetas sanitarias del Estado -47 millones-, con un gasto estimado por algunas
fuentes de hasta 900 millones; gasto que, se supone, habrá que realizar cada año
para actualizar el nivel de renta de cada usuario.
No deja de ser importante que los datos económicos se airearán mucho más de lo
aconsejable, siendo conocido el grupo económico al que pertenece cada persona
por personal sanitario, de farmacias, .., y hasta de otros usuarios presentes en el
momento de la adquisición y abono de medicamentos.
• Se pretende ahorrar 500 millones mediante medidas de “ordenación de los
recursos humanos” que, en la práctica, se concretarán en recortes de plantillas, lo
que incrementará aún más las listas de espera y deteriorará la asistencia. Esta
cantidad equivaldría a la eliminación de más de 15.000 trabajadores de la sanidad.
• Para conseguir un teórico ahorro de 600 millones, se anuncia la “coordinación con
servicios sociales” para reducir el porcentaje de personas mayores (es decir,
crónicos) en los hospitales, mediante su derivación a residencias.
Además de que esta medida parece esconder un importante desvío de fondos
públicos al sector de residencias privadas, ¿qué familias van a poder acometer ese
coste –con el actual desmantelamiento del sistema de dependencia- que, en
muchas CCAA, supera con creces los 1.500 euros/mes por persona?
En definitiva, desde CAS y Matusalén sospechamos que el supuesto ahorro de 7.000
millones que se pretende conseguir, va a provocar no sólo el abandono de
tratamientos por falta de medios económicos y el deterioro de la asistencia sanitaria,
que se traducirá en un empeoramiento de los indicadores sanitarios de toda la
población -no sólo de la población inmigrante sin papeles- sino también en un nuevo
mecanismo de desvío de dinero público hacia centros privados.
Simplemente aplicando medidas de sentido común, como son la persecución del
fraude fiscal (entre 70.000 y 90.000 millones al año), en lugar de su “indulto/perdón”;
el incremento de los controles para el cobro del IVA dejado de recaudar ( 17.000
millones en 2008, cantidad similar al gasto sanitario de 15 millones de españoles); la

3. supresión de subvenciones a la patronal (alrededor de 400 millones en 2010, cantidad
similar a lo que se pretende ahorrar con el envío de los pacientes crónicos a
residencias de ancianos con peor atención que en un hospital); etc. podría no sólo
mantenerse el sistema sanitario actual, sino construir otro nuevo similar.
CAS Madrid y Plataforma Matusalén, 23 de abril de 2012