La Ley Bachelot en Francia pretende privatizar los hospitales públicos transfiriendo actividades rentables al sector privado y cerrando hospitales de proximidad. Esto reduciría los presupuestos hospitalarios en un 30% y crearía un sistema de salud de dos velocidades que sólo beneficiaría a pacientes con recursos económicos. Los profesionales de la salud denuncian que la ley prioriza la rentabilidad sobre la salud de los pacientes.

1. LA LEY BACHELOT O LA EMPRESARIALIZACION
DE LOS HOSPITALES FRANCESES
Elaborado por María Luisa Delgado para CAS Madrid. Junio 2009
La sanidad francesa es considerada por la OMS una las primeras del mundo por la
calidad de sus prestaciones. Sin embargo, las desigualdades sociales en materia de
salud, la saturación de los hospitales, la fragmentación del sistema sanitario y el
déficit de la Seguridad Social exigían una reforma a la que el Gobierno francés ha
respondido con el Proyecto de ley «Hospital, salud, pacientes y territorios» ( projet de
loi «Hôpital, santé, patients et territoires»- HPST): «Ley Bachelot» (por la ministra r.
Bachelot-Narquin).
El Gobierno considera que los hospitales están aquejados de un “problema de
organización" (y no de “falta de medios”). Pretende racionalizar la asistencia,
gestionar mejor la demografía médica y hacer que evolucione la medicina privada, de
la lógica individual de los médicos liberales a una organización más colectiva,
siguiendo el modelo de los "centros de cuidados", necesario en el medio rural.
Pero el proyecto de ley pasa por alto algo esencial: las desigualdades en materia de
salud, y se embarca en una privatización de los hospitales que desembocará en una
medicina de dos velocidades, que sólo beneficiará a los pacientes con una economía
desahogada.
No toma medidas para aumentar el número de profesionales de la salud ni para
imponer una repartición equilibrada por todo el territorio. Para adaptar mejor las
políticas sanitarias a las necesidades de cada territorio, la Sra. Bachelot propone la
creación de Agencias Regionales de Salud (ARS), que deberán coordinar los
hospitales, las consultas privadas y la medicina social. Refuerza el autoritarismo y el
centralismo, ya que todas las decisiones serán tomadas por estas superagencias,
tuteladas directamente por el Estado, desde la misión de los directores de hospital
hasta el funcionamiento de los servicios, con exigencias de rentabilidad, y que
permitirán la transferencia de las actividades y la financiación del hospital público
hacia los sectores privado lucrativo (clínicas privadas), liberal (casas médicas) o de
medicina social (geriatría, psiquiatría). En numerosos países occidentales, el poder en
los hospitales está claramente en manos de gestores. En Francia, hasta ahora, había
habido una especie de compromiso entre el director y los médicos, y, por otra parte,
también había otra instancia de recurso: el consejo de administración, presidido
generalmente por el alcalde del municipio. La nueva ley quiere dar todos los poderes
al director del hospital, nombrado y revocado por el director de la Agencia Regional
de Salud (una especie de prefecto sanitario), que, a su vez, es nombrado y revocado

2. por el Consejo de Ministros. Este director podrá no tener ninguna competencia
médica o sanitaria, pero será el que tome las decisiones sobre el proyecto médico del
hospital y el que nombre y revoque a los médicos responsables de las estructuras
asistenciales.
Junto al director habría un directorio médico compuesto por entre siete y nueve
médicos, que, aun siendo mayoritario, no tendría derecho de voto y cuyos miembros
podrían ser destituidos de un día al otro por el presidente-director. El director del
hospital no tendría otros superiores que el responsable de la Agencia Regional de
Salud, por el que ha sido propuesto. Es decir, nos encontraríamos ante una cadena
jerárquica vertical.
La tarificación de los actos sería similar en los sectores privado y público (como si las
patologías y la continuidad de los cuidados fuesen comparables). El pensamiento
mercantil de esta ley reduce lo cualitativo a lo cuantitativo, el enfermo a la tarifa de
su enfermedad.
La solución es simple: hay que gestionar el hospital como una empresa,
introduciendo más actividad privada; mutualizar (por no decir cerrar) los servicios y
acelerar la transferencia de las actividades rentables hacia el sector privado. Es decir:
entregar el hospital público al sector privado.
El proyecto de ley se propone también acelerar el cierre de hospitales de proximidad
(son 250 los directamente amenazados) y la supresión masiva e injustificada de
empleos de enfermería y de cuidadores mediante la creación de “comunidades
hospitalarias de territorio”.
Para los profesionales de la salud, esta mercantilización de la sanidad es inaceptable.
Denuncian que la convergencia entre el sector público hospitalario y el sector privado
se realizará esencialmente con criterios de rentabilidad financiera, en detrimento de
los enfermos no rentables y reclaman que se retire el proyecto en su totalidad.
El hospital público se suele ocupar de las urgencias y de los casos de tratamiento
más difícil y, por lo tanto, más caro, y que suelen ser rechazados por los
establecimientos privados. Por esa razón, los hospitales reciben por acto cerca del
30 % más de la Seguridad Social que las clínicas. La convergencia prevista por la
nueva ley prevé el mismo porcentaje para ambas entidades, lo cual significaría el fin
de los hospitales públicos.
La Federación de Hospitales de Francia considera que, si se aplica la convergencia de
lo público y lo privado, se producirá un reducción del 30 % de los presupuestos de
los hospitales hasta 2012.
El descontento es tal que ha puesto a todos de acuerdo, y movilizado en varias
ocasiones a lo largo de estos meses, a médicos, personal sanitario, sindicatos,
partidos de izquierda y asociaciones de consumidores, para denunciar una ley que,
so pretexto de modernizar, lo que pretende es privatizar la sanidad.

3. El 29 de enero hubo manifestaciones masivas solicitando la retirada de la ley y la
apertura de un debate para moderizar y financiar el sistema sanitario. Y también
hubo una importante movilización el 28 de abril. El mensaje es claro: hay que parar
esta empresa ultraliberal de desmantelamiento de la sanidad.
El Nouvel Observateur publicó a finales de abril una declaración de 25 grandes
catedráticos de los hospitales públicos franceses en la que denunciaban el proyecto
de reforma de R. Bachelot, basado, según ellos, no en la salud, sino en la
rentabilidad, y para el que la preocupación central no es el enfermo, sino la cuenta
de explotación del hospital.
El proyecto médico no puede basarse, a su modo de ver, en la rentabilidad, sino en
las necesidades de la población, la evolución previsible de los grandes temas de
sanidad pública, el avance de los conocimientos y los progresos tecnológicos.
Hace falta una financiación propia del hospital que tenga en cuenta la innovación, la
onerosidad de las patologías, la precariedad. Y esta ley es destructiva e injusta.
En vísperas del examen de la ley por el Senado, el 11 de mayo, Nicolas Sarkozy trató
de suavizar la polémica con algunas concesiones en lo relativo al gobierno de los
hospitales, mediante la creación de una dirección colegial, que siguen pareciendo
insuficientes a los profesionales de la medicina.
Bachelot ha encontrado serias dificultades a la hora de debatir el proyecto en el
Senado, cuyo examen se ha prolongado hasta el 29 de mayo. La confusión reina
también en la Asamblea Nacional.
Los otros aspectos del proyecto ley, relacionados con la salud de los jóvenes
(alcohol, tabaco o cannabis), están siendo también objeto de crítica.