Este documento analiza las conclusiones de la auditoría interna, la Superintendencia de Bancos y un perito judicial sobre préstamos otorgados por la Caja Bancaria que causaron daño patrimonial. Argumenta que la cancelación de préstamos vigentes para reducir tasas redujo la rentabilidad y causó daño, vulneró controles internos y el objetivo de los fondos establecido por ley. Concluye que los responsables de la administración incurrieron en responsabilidad personal al autorizar las cancelaciones sin la documentación requerida.