El documento debate si los poderes públicos deben financiar la enseñanza privada o centrarse únicamente en la financiación de la pública. A favor de financiar la privada se argumenta que respeta el derecho a la educación y fomenta la calidad y diversidad educativa. En contra, se señala que al financiar ambas redes los recursos son limitados y la financiación de la pública puede verse reducida. También se critica que algunos centros privados concertados incumplen el principio de gratuidad y segregan a los alumnos por motivos