El documento establece los principios del gobierno ecuatoriano como republicano, popular, representativo y electivo. Afirma los derechos de los ciudadanos ecuatorianos a votar en elecciones populares según la ley, y prohíbe el reclutamiento forzoso de ciudadanos por parte del ejército. También establece que ninguna ley puede ir en contra de la Constitución y que los funcionarios públicos durarán cuatro años en sus cargos.