Este documento describe 9 causales para la contratación directa por parte de entidades estatales, incluyendo casos de urgencia manifiesta, contratos de empréstitos, contratos interadministrativos, bienes y servicios relacionados con la defensa nacional, contratos para el desarrollo científico y tecnológico, encargos fiduciarios durante procesos de reestructuración, cuando no exista pluralidad de oferentes, contratos profesionales y artísticos, y arriendos o adquisiciones de inmuebles.