El documento aborda los principios fundamentales del derecho constitucional en Venezuela, centrándose en el control difuso y concentrado de la constitucionalidad. Se explica cómo el Tribunal Supremo de Justicia tiene la facultad de revisar la constitucionalidad de las normas y cómo todos los jueces deben garantizar la supremacía de la Constitución. Además, se detalla el rol de la sala constitucional como el máximo intérprete de la Constitución y sus atribuciones para declarar la inconstitucionalidad de leyes y actos públicos.

1. Universidad Fermín Toro
Vice Rectorado Académico
Faculta De Ciencias Jurídicas y Políticas
Escuela de Derecho
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
DEL DERECHO CONSTITUCIONAL
Alumna: Yameli Goyo
C.I. 11.278.727
SAIA/C

2. CUADRO EXPLICATIVO
DEFINICION Función dentro del
ordenamiento jurídico
venezolano
Órgano de control y las Atribuciones del
Tribunal Supremo de Justicia
CONTROL
DIFUSO
Es una facultad
constitucional concedida a
los órganos revestidos de
potestad jurisdiccional para
revisar la constitucionalidad
de las normas, haciendo
prevalecer la Constitución
sobre la ley y ésta sobre
cualquier otra norma de
rango inferior. Este control
se encuentra establecido en
el artículo 334 de la CRBV.
En el control difuso se
garantizar la supremacía
constitucional y resolver, por
esta vía, las
disconformidades que
puedan generarse en
cualquier proceso, entre
normas legales o sublegales
y una o varias disposiciones
del Texto Constitucional,
debiéndose aplicar
preferentemente, ante tal
supuesto, las últimas.
La Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela establece en el artículo 334 y
335, el rol de la jurisdicción constitucional,
el cual es, garantizar la supremacía y
efectividad de las normas y principios
constitucionales. Del estudio del artículo
344 podemos observar que este establece
que todos los jueces o juezas de la República
están en la obligación de asegurar la
integridad de la Constitución y el respeto de
la misma.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 20
del Código de Procedimiento Civil, el
artículo 19 del Código Orgánico Procesal
Civil, como la propia Constitución (art. 334)
atribuyen a todos los tribunales de la
República cuando decidan un caso concreto,
el poder de declarar la inaplicabilidad de las
leyes y demás actos estatales normativos
cuando estimen que son inconstitucionales,
dándole por tanto preferencia a las normas
constitucionales. Se trata, sin duda, de la
base legal del control difuso de la
constitucionalidad.

3. CONTROL
CONCEN-
TRADO
Es aquel que le confiere la
facultad a la Sala
Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, como
jurisdicción constitucional,
declarar la nulidad de las
leyes y demás actos de los
órganos que ejercen el Poder
Público dictados en
ejecución directa e inmediata
de la Constitución o que
tengan rango de ley, cuando
coliden con aquélla. (Control
concentrado. Art. 336
CRBV).
Su función principal es
ejercer el control de la
constitucionalidad de las
leyes. El control concentrado
puede anular cualquier
disposición o acto emanado
de los poderes públicos, que
contraríen algunos de los
dispositivos constitucionales.
El control concentrado o control por vía
de acción ejercido a través de la máxima
jurisdicción constitucional (conformada
por Sala Constitucional, en algunos casos
por la Sala Político Administrativa del
Tribunal Supremo de Justicia y por los
demás Tribunales de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa), supone la
declaratoria de inconstitucionalidad de
una ley o disposición de rango sub legal,
vista su colisión con el texto
fundamental, con efectos generales. En
el artículo 335 se atribuye a la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia el carácter de ser el máximo y
último intérprete de la Constitución y,
sobre esta base, le encomienda la
función de velar por la uniforme
interpretación y aplicación de las
normas constitucionales. En el artículo
336establece claramente las
atribuciones de la Sala Constitucional.
Nuestra Constitución en su artículo 335
faculta a la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia para
ejercer el Control Concentrado de la
Constitucionalidad en nuestro país