El documento discute la necesidad de un derecho que regule la economía social y solidaria (ESS) de forma autónoma. Explica que aunque no existe consenso sobre un concepto único de ESS, sí parece haber acuerdo en que los marcos normativos en América Latina deben revisarse, determinando objetivos, definiciones, principios y características básicas de los sujetos de la ESS, así como políticas públicas de fomento. Define el derecho social y solidario como el conjunto de instrumentos normativos que regulan la organización y funcionamiento