El documento discute los derechos de los pueblos indígenas que no han sido reconocidos en la reforma constitucional propuesta. Específicamente, no se reconocen el derecho colectivo a la tierra, el territorio y los recursos naturales, ni derechos políticos como la participación en órganos del estado o la autonomía. Los argumentos del rechazo se centran en que el concepto de "pueblos indígenas" podría dar pie a reclamos de autodeterminación.