Artículo sobre la necesidad de implementar políticas de estado que den respuesta integral a la complejidad de la problemática adictiva.

1. FORO DESPENALIZACIÓN
Lic. Andrea Agrelo
Mgter en Drogadependencia
El debate sobre la despenalización, no debería alejarnos del cuestionamiento
acerca de las carencias y falencias en las políticas sanitarias y educativas
actuales.
Consumir drogas no es un delito. Está claro que la penalización del consumo
estigmatiza al adicto y obstaculiza los procesos judiciales.
Y esto es así porque el derecho a la vida y a la integridad física no implica una
obligación a vivir y a mantener la propia integridad: en sistemas democráticos,
ambos deben ser entendidos como derechos disponibles. Pero plantear
únicamente por ello la despenalización, sería responder con simpleza a una
problemática compleja.
Debatir por sí o por no, genera una dicotomía que promueve posturas
fundamentalistas perdiendo de vista el verdadero objetivo: el de considerar a la
Salud como un derecho social básico y actuar en consecuencia.
El discurso dicotómico divide, fragmenta, acentúa las diferencias desde la
intolerancia, por lo tanto es generador de exclusión. Y, en este espacio de
discusión, es fundamental que cada una de las miradas se complemente y
enriquezca con las demás, para intentar construir un discurso que, en su esencia,
se aproxime a una respuesta válida en relación a la problemática de las
adicciones.
Despenalizar es un punto de llegada, no de partida.
Lo que debería cuestionarse, es cuáles van a ser la medidas que van a ser
necesarias para poder correr al adicto del sistema penal. Es real que la cantidad
de causas por consumo lentifican el sistema judicial sin generar respuestas
efectivas para la lucha contra el narcotráfico. Estigmatizan al adicto excluyéndolo
del sistema laboral. Pero también es cierto, que hoy funciona como un dispositivo
que acerca a la red asistencial a muchas personas que no hubieran llegado de
otra forma. Antes de cortar ese circuito, aun reconociéndolo como deficiente, hay
que sentarse a diseñar un circuito, inclusivo y contenedor, que dé respuestas
integrales frente a la problemática.
Deberíamos debatir sobre qué intervenciones se va a poner en marcha para evitar
confundir a los jóvenes y personas en general, sobre lo que puede entenderse
como un discurso de permisividad frente al consumo de drogas; ya que el planteo
de despenalización, no debería implicar la subestimación de los riesgos que
genera la conducta adictiva.
Para esto, el sistema educativo debería garantizar la formación e información
respecto al consumo responsable de sustancias, a través de una política de
estado integral que sea continua y consistente. Que esté planteada desde el Nivel
Mgter Andrea Agrelo ­ Agosto 2011 ­

2. Inicial hasta el Polimodal, considerando como fundamental, la capacitación
sistematizada en los espacios de Formación docente.
Deben diseñarse acciones que respeten la identidad regional, garantizando un
abordaje preventivo y asistencial, al alcance de todos.
Para ello es fundamental la intervención efectiva del Consejo Asesor en el diseño
y puesta en marcha de las políticas públicas correspondientes. Estableciendo una
articulación consistente entre el Estado y las ONGs.
Desde un ámbito legislativo, es fundamental establecer una reglamentación clara
en relación al planteo de la despenalización: cuánto, quiénes, cómo, dónde, etc.
Otro de los temas que surgen frente al planteo de despenalización, y que
requieren de un debate serio y profundo, es el de las políticas de Reducción de
daños.
Hablar de Reducción de daños, debería implicar previamente, el garantizar a todas
las personas, el acceso al sistema de salud, es decir, una inserción social efectiva.
Planificar intervenciones desde un Modelo de Reducción de daños sin
proponerse, al menos, garantizar la posibilidad de inclusión en el sistema sanitario,
sería perverso.
Para poder respetar la libre decisión de consumo de un sujeto, debemos primero,
como sociedad, dirigirnos a personas con capacidad de elección. Esto implica
estar incluido en el sistema sanitario y educativo.
Si esto no es así, la reducción de daños sólo termina siendo el cuidado paliativo
de quienes no tuvieron opción, bajo un discurso hipócrita de respeto a la decisión
individual.
Las políticas abstencionistas, deberían complementarse con las de reducción de
daños, no son antagónicos, son diferentes estrategias; pero sólo sobre la base de
un sistema social justo y equitativo.
Preguntarnos sobre la despenalización es hacer un planteo parcial, tendríamos
que debatir sobre por qué la red asistencial no está al alcance de todos. ¿Quién se
pregunta sobre qué respuesta sanitaria ofrece cada provincia para las personas
con patologías psiquiátricas que requieran una contención intensiva?
De todas maneras, el hecho de que en esta discusión no se planteen la cantidad
de variables implicadas, no significa que no sea válida. Si nos quedamos con el
discurso de que hay que abordar la complejidad, nos olvidamos de que hay que
empezar por algún lado.
El tema de la despenalización debe ser la excusa que nos convoca para iniciar la
discusión, pero sin perder de vista que esto es solamente una parte del problema.
Mgter Andrea Agrelo ­ Agosto 2011 ­