El documento discute los desafíos continuos para el acceso a la justicia y los derechos humanos en México debido al legado autoritario. A pesar de algunos avances iniciales como la participación de la sociedad civil, persisten problemas estructurales como la impunidad, la corrupción y la violencia policial. Se necesitan reformas institucionales profundas para establecer un estado de derecho democrático y garantizar plenamente los derechos humanos.