La mayoría conservadora del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que vacía de contenido el derecho a manifestarse de los guardias civiles al imponer 15 días de empleo y sueldo a un miembro de la AUGC por organizar una protesta autorizada contra los recortes y en defensa de la seguridad pública. Dos magistrados emitieron votos particulares argumentando que esta sentencia anula la libertad de expresión y manifestación de los guardias civiles.

1. El Supremo “vacía” el derecho
de manifestación en la Guardia
Civil
Dos magistrados emiten votos discrepantes contra una sentencia
de la mayoría conservadora del tribunal que condena a 15 días de
empleo y sueldo a un miembro de la AUGC por una protesta en
Badajoz contra "los recortes"
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Madrid 15 MAY 2016 - 00:12 CEST
La mayoría conservadora de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha dictado una
sentencia que prácticamente vacía de contenido el derecho a manifestarse de los
alrededor de 74.000 guardias civiles que hay en España. Seis de los ocho magistrados
que componen el pleno de la Sala Quinta de lo Militar han impuesto 15 días de empleo
y sueldo a un miembro de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Juan
Ruiz Sierra, por promover una manifestación “en contra de los recortes “ y en favor “de
la seguridad pública” en la mañana del 12 de octubre de 2012 frente a la comandancia
de la Guardia Civil de Badajoz, coincidiendo con la celebración en este acuartelamiento
del día del Pilar, patrona del instituto armado.
Manifestación de guardias civiles en Madrid. PEDRO ARMESTRE AFP

2. La Sala, que preside Ángel Calderón y con mayoría de magistrados considerados del
sector conservador, entiende que los guardias no pueden realizar actos de protesta
reivindicativos y menos vestidos con camisetas en las que figuraba la caricatura de un
guardia civil. Dos miembros de esta sala, Fernando Pignatelli y Jacobo López Barja,
han emitido un voto particular en el que consideran que este fallo vacía de contenido los
derechos constitucionales a la libertad de expresión y de manifestación de los agentes de
la guardia civil.
La sanción solo se centra en el guardia civil de la AUGC Juan Ruiz, el único
denunciado por sus mandos, si bien la sentencia señala que en la citada manifestación
intervinieron otros seis agentes, dos de ellos en situación de reserva y sin destino. Ruiz
fue quien pidió permiso en nombre de la AUGC (y lo obtuvo) a la Delegación del
Gobierno en Extremadura para desarrollar una acción de protesta contra “los recortes”,
“en defensa de una seguridad pública de calidad”. A los transeúntes, según la sentencia,
les dieron folletos con el anagrama de la AUGC indicando en ellos que la manifestación
era, además, en defensa de “los derechos laborales, sociales y económicos de los
guardias civiles y contra el trato recibido por los diferentes gobiernos”.
“Con la fundamentación de la mayoría del pleno de la Sala
[Militar], el derecho de manifestación [de los guardias
civiles] se torna de imposible ejercicio, lo que implica, de
facto, su desaparición, y lo que no resistiría, a nuestro
entender, un juicio de constitucionalidad”, zanjan los
magistrados discrepantes.
También esgrimían que el colectivo se hallaba en “situación de desamparo” y que desde
la cúpula se querían “acallar las voces de los representantes”, alegando que en los dos
últimos años del Gobierno socialista habían sido objeto de “más de 200 expedientes
disciplinarios por faltas graves o muy graves por hacer uso de la libertad de expresión”.
Y aludían a “seis casos de suicidios” de guardias civiles en esa época y a la existencia
de vehículos oficiales “con más de 400.000 kilómetros sin presupuesto para repararlos”;
también a cuarteles “con grietas y humedades” y a “dinerales malgastados” en ellos

3. porque “a los cuatro días volvían a aparecer las humedades”. Asimismo, denunciaban
los regalos que entraban en la comandancia de Badajoz procedentes de “empresas y
particulares” que, opinaban, “comprometían la arbitrariedad y firmeza de todas las
escalas” de mando. Además, en un cartel denunciaban: "El PP y su gaviota creen que
somos idiotas". Un alto mando de la Guardia Civil abrió a Ruiz expediente disciplinario
y le impuso la suspensión de empleo y sueldo durante 15 días, que avaló el Tribunal
Central Militar y que ahora ratifica el pleno de la Sala de lo Militar del Supremo. La
Ley prohíbe a los guardias efectuar reivindicaciones vestidos de uniforme.
“Más de 200 expedientes disciplinarios por faltas graves o
muy graves por hacer uso de la libertad de expresión”
Para la sanción de 15 días de empleo y sueldo, la mayoría del tribunal expone como
argumento la acreditación del "carácter reivindicativo de la manifestación, la forma en
que esta se desarrolló [los agentes vestían una camisa en la figuraba la caricatura de un
guardia civil] y la participación en ella de Ruiz”. El tribunal destaca que durante la
misma "se profirieron gritos" a la entrada a la comandancia del delegado del Gobierno y
otras autoridades. Entiende el Supremo que en este caso no es de aplicación “el derecho
constitucional a la libertad de expresión en relación con el derecho fundamental de
asociación, que tienen los miembros de la Guardia Civil en los términos que establecen
los artículos 7, 8 y 9 de laLey Orgánica 11/2007, que regula los derechos y deberes de
los mismos”.
La mayoría conservadora del Tribunal señala que estos derechos, en el caso de los
guardias civiles, “tienen limitaciones”, y añade: “No se trata, pues, de reducir al
silencio, en este caso a los miembros de la Guardia Civil, ni de dejar los aludidos
derechos fundamentales a la puerta de los acuartelamientos; sino, tan solo, de evitar que
un ejercicio irrestricto de tales derechos lesiones la observancia de la disciplina, así
como los deberes de neutralidad política y sindical (…)”.
El guardia Juan Ruiz pidió permiso en nombre de la AUGC
(y lo obtuvo) a la Delegación del Gobierno en Extremadura
para realizar la protesta

4. Los firmantes del voto particular sostienen que esta sentencia vacía de contenido el
derecho a manifestarse de los guardias civiles y anula su libertad de expresión, y hacen
hincapié en que la acción de protesta dispuso de autorización por parte de la Delegación
del Gobierno. Los magistrados señalan que no hubo un “carácter reivindicativo en la
manifestación”, puesto que el eslogan principal de la pancarta era “contra los recortes y
en defensa de una seguridad pública de calidad” y que los hechos que se denunciaron se
engloban entre los posibles cometidos de la AUGC; es decir, la satisfacción de los
intereses sociales, económicos y profesionales de sus asociados”. “Posicionarse contra
unos recortes que, en buena medida han afectado a todos los sectores de la sociedad
española, y en la defensa de la seguridad pública de calidad, puede ser oportuno o no,
acertado o no, compartido o no, pero es algo que entra, de lleno, en lo que constituyen
los fines de una asociación profesional de guardias civiles”. Ambos jueces distinguen
esos eslóganes de las otras denuncias expuestas (por ejemplo, la llegada de regalos a las
comandancia), que “pueden ser ciertas o no” e incluso “desafortunadas”, lo cual, en su
caso, puede ser una infracción disciplinaria, pero “no tienen en absoluto un contenido
reivindicativo”.
Los magistrados entienden que llevar una camiseta con la caricatura de un guardia civil
no significa que porten el uniforme. “Inferir que se hace uso de la condición de guardia
civil por el hecho de llevar una determinada vestimenta” implica una interpretación
extensiva de la prohibición legal de utilizar el uniforme oficial en estos actos. Entienden
que si los guardias tienen un derecho constitucional a manifestarse y se les dice, en los
términos que establece esta sentencia, que no pueden hacer uso de su condición de
guardias civiles, e incluso se les sanciona por ello, queda claro que se vacía ese
derecho.Recuerdan ambos magistrados la época en que eran los familiares de los
guardias los que se manifestaban por ellos, y exponen la contradicción y el absurdo que,
para la defensa constitucional de sus intereses, se vistiesen, por ejemplo, con la bata
blanca de médicos. “Con la fundamentación de la mayoría del pleno de la Sala [militar],
el derecho de manifestación [de los guardias civiles] se torna de imposible ejercicio, lo
que implica, de facto, su desaparición, lo que no resistiría, a nuestro entender, un juicio
de constitucionalidad”, zanjan los magistrados discrepantes.