Fallo Ercolano Bolilla 9

Ercolano
Agustín Ercolano v. Julieta Lanteri de Renshaw.
Buenos Aires, 28 abril 1922.
Considerando:
En el curso de las instancias ordinarias de este juicio ha sido impugnada la constitucionalidad
del art. 1 de la ley 11157, sosteniéndose a tal efecto que la reglamentación del precio de la
locación, que constituye el objeto del mencionado precepto legal, es incompatible con el
derecho de usar y disponer de la propiedad, con el principio de inviolabilidad de la misma y
con la prohibición de alterar las garantías fundamentales con leyes reglamentarias,
consignadas respectivamente en los art. 14, 17 y 28 de la Constitución. Siendo la decisión final
recaída en el pleito, adversa al derecho que el apelante fundó en las recordadas cláusulas
constitucionales, la jurisdicción de esta corte para revisar la sentencia en el recurso
extraordinario es incuestionable con arreglo a lo estatuido en los art. 100 y 101 de la
Constitución y en el art. 14, inc. 3° de la ley 48.
La ley cuya validez se impugna prohíbe cobrar, durante dos años contados desde su
promulgación, por la locación de casas, piezas y departamentos, destinados a habitación,
comercio o industria, un precio mayor que el que se pagaba por los mismos el 1° de enero de
1920. Dos cuestiones fundamentales han suscitado la aplicación de esta ley en el caso «sub
lite». En primer lugar, si la limitación impuesta al alquiler o renta de la propiedad privada en
virtud de reglamentación legislativa es compatible con el derecho de usar y disponer de la
propiedad que reconoce a todos los habitantes de la Nación el art. 14 de la Constitución
Nacional. En segundo término, si tal restricción importa una privación de la propiedad sin
sentencia y sin la correspondiente indemnización, repugnante en consecuencia al art. 17 de la
misma Constitución.
Ni el derecho de usar y disponer de la propiedad, ni ningún otro derecho reconocido por la
Constitución, reviste el carácter de absoluto. Un derecho ilimitado sería una concepción
antisocial. La reglamentación o limitación del ejercicio de los derechos individuales es una
necesidad derivada de la convivencia social. Reglamentar un derecho es limitarlo, es hacerlo
compatible con el derecho de los demás dentro de la comunidad y con los intereses superiores
de esta última. La misma Constitución ha consignado limitaciones especiales respecto de
algunos derechos; pero no siendo posible prever ni establecer en ella todas las condiciones a
que sería menester subordinarlos para hacerlos adaptables a la vida de relación, ha confiado al
poder legislativo la misión de reglamentar su ejercicio, poniendo al mismo tiempo un límite a
esa facultad reguladora (arts. 14 y 28). Hay restricciones a la propiedad y a las actividades
individuales cuya legitimidad no puede discutirse en principio, sino en su extensión. Tales son
las que se proponen asegurar el orden, la salud y la moralidad colectivas; y hay asimismo otras
limitaciones, como son las que tienden a proteger los intereses económicos, que no pueden
aceptarse sin un cuidadoso examen, porque podrían contrariar los principios de libertad
económica y de individualismo profesados por la Constitución. A esta categoría corresponden
las reglamentaciones de precios y de tarifas, inspiradas en el propósito de librar al público de
opresiones o tiranías de orden económico. El derecho de usar y de disponer de la propiedad
implica el de transmitirla o ceder su uso, el de celebrar todos los actos jurídicos con ella
relacionados y el de convenir libremente las estipulaciones y cláusulas concernientes a tales
actos. En principio, la determinación del precio es una facultad privativa del propietario, un
atributo del derecho de usar y disponer de sus bienes y un aspecto de su libertad civil. El

Estado no tiene por lo tanto, el poder general de fijar o limitar el precio de las cosas del
dominio particular.
Existen, sin embargo, circunstancias muy especiales en que por la dedicación de la propiedad
privada a objetos de intenso interés público y por las condiciones en que ella es explotada,
justifican y hacen necesaria la intervención del estado en los precios, en protección de
intereses vitales de la comunidad. Cuando por la naturaleza del negocio, por las condiciones
físicas en que se desenvuelve o por otra circunstancia semejante, no fuere posible la acción
eficiente del regulador común, es decir la competencia, el propietario se hallaría en aptitud de
imponer a la sociedad verdaderas exacciones bajo el nombre de precios. Cuando mayor sea el
interés del público por aquello que constituye el objeto del monopolio, más fuerte puede ser la
opresión económica y más sensibles y perniciosos sus efectos, pudiendo llegar el caso de que
la prosperidad y el bienestar esencial de un país o de una región se encuentren a merced de la
avidez o del capricho de los que detentan los factores de un servicio de vital necesidad.
Llegándose a este punto extremo, la protección de los intereses económicos constituye para el
estado una obligación de carácter tan primario y tan ineludible como lo es la defensa de la
comunidad amenazada por el aprovechamiento abusivo de una situación excepcional. Estas
conclusiones han quedado definitivamente incorporadas al derecho público. Ya no se
considera discutible el poder del estado para ejercer eficaz contralor sobre los precios de
aquellos servicios que interesan en alto grado a la sociedad y que por su naturaleza, o por las
condiciones en que se prestan, constituyen necesariamente negocios monopolizados.
Reiteradas decisiones de la corte de Estados Unidos dictadas dentro de un sistema
constitucional gobernado por principios análogos a los que nos rigen, han confirmado también
esa doctrina. En el conocido caso de Munn v. Illinois (94 U. S. 113), después de invocar el
monopolio que ejercían las empresas de elevadores de granos en la ciudad de Chicago y el
gran interés del público por ese negocio, declaró justificada la reglamentación de sus tarifas,
estableciendo como un principio general: que "todo aquel que dedica su propiedad a un uso
debe someterse a su contralor, para el bien común, en la extensión del interés que le ha
creado". Aplicaciones sucesivas de la misma doctrina la hicieron extensiva a los ferrocarriles
(Granger Caces. 94 U. S. 155 y siguientes), a las empresas de suministro de agua (Spring Valley
Water Works versus Schottler 110, U. S., 347) y a otras dedicaciones de la propiedad a
negocios de intenso interés público, susceptibles por su carácter de monopolio de hecho de
oprimir económicamente a la comunidad.
La concurrencia de los dos elementos, interés público intenso y monopolio, plantea un
conflicto entre el derecho del particular que pretende usar libremente de su propiedad y el
interés de evitar los graves males que podría acarrear a la sociedad el abuso de esa libertad.
Las leyes que motivaron las recordadas decisiones, dieron al conflicto la única solución
compatible con la coexistencia armónica de ese derecho y de ese interés: circunscribir el
ejercicio del primero dentro de límites razonables. Resolvieron el conflicto de la manera que lo
vemos resuelto a cada paso en la legislación común, cuando se halla en juego un legítimo y
genuino interés general. Así encontramos que la libertad de contratar es restringida al no
permitirse arrendamientos por más de diez años, ni usufructos cuya duración exceda la de la
vida del beneficiario y cuando no se autoriza la constitución de determinados derechos reales
a pesar de su respetable tradición; que la libertad de disponer de los bienes se halla trabada
por la institución de la legítima; que el derecho de propiedad no sólo es objeto de múltiples
restricciones, entre otras las servidumbres legales, sino que se llega hasta aniquilarlo, como en

el caso de la prescripción, en el de las enajenaciones realizadas por el heredero aparente y en
el de la propiedad de las minas, que se declara independiente de la del suelo. Tarea
infructuosa resultaría buscar el fundamento filosófico o jurídico de cualquiera de esas
limitaciones. Todas ellas y otras muchas que sería fatigoso enumerar, se fundan
exclusivamente en el interés de la sociedad y especialmente en su interés económico. Son
igualmente esos principios los que sustentan la constitucionalidad del art. 1 de la ley 11.157,
dados los fines determinantes de la reglamentación y las condiciones excepcionales de la
propiedad objeto de ella.
La crisis de la habitación es un fenómeno general observado en los últimos años. Sea por la
escasez de brazos, por la de materiales de construcción, por la falta de capitales, o por otras
causas, pues el problema es por demás complejo, el resultado ha sido que desde la iniciación
de la guerra, tanto en la república, como en muchos otros países, la edificación de viviendas no
ha guardado relación con las exigencias derivadas del aumento progresivo de la población.
Como consecuencia fatal de ese hecho, ha sobrevenido el encarecimiento y la especulación en
el precio de los alquileres. No habiendo oferta apreciable de habitaciones, ese precio era el
que imponía el propietario, como era su derecho, pero sin la atenuación normal resultante de
la competencia. Esta libertad unilateral de contratar condujo a la mayoría de la población, a la
que por la limitación de sus recursos es más sensible a estas fluctuaciones de los precios, a una
situación de intranquilidad que llegó a hacerse intolerable, a un estado de angustia en que el
alquiler y la perspectiva del aumento del alquiler constituía la obsesión; en que todos los
recursos eran insuficientes para cubrir ese gasto imprescindible; y en que había que someterse
de cualquier modo a las exigencias del locador, porque no había la posibilidad de encontrar
otra habitación, y si por fortuna se encontraba, era igualmente cara. Estos hechos que son de
notoriedad pública porque se repetían en la mayoría de los hogares constituyen la
determinante originaria de la ley impugnada. No ha habido, tal vez, un monopolio real, pero
incuestionablemente ha habido una prolongada situación de monopolio virtual con todos los
efectos de aquél. Ha existido una opresión económica irresistible, porque se ejercía sobre la
base de una de las cosas más esenciales para la vida; sobre algo que es más indispensable que
cualquier servicio público. Los medios de comunicación, la provisión de agua y el alumbrado
pueden reemplazarse, si fueren excesivamente onerosos, por otros más rudimentarios. Es
posible alimentarse o abrigarse más o menos bien. Todo esto es elástico y a la medida de la
situación pecuniaria de cada uno. Pero no hay la posibilidad de habitar parcialmente. Se tiene
o no se tiene habitación. Exigencias materiales y consideraciones de decoro y de moral, todo
contribuye a hacer de la habitación la necesidad más premiosa y a convertirla, por lo tanto, en
el instrumento más formidable para la opresión.
Se argumenta con que el negocio de la locación de inmuebles no importa dedicar la propiedad
a un uso de interés público. Es posible, en efecto, que en las condiciones normales de ese
negocio el alquiler de una casa o de una habitación no suscite mayormente el interés del
público, desde que existe la posibilidad de encontrarla en el momento que sea necesaria, y,
con arreglo a los medios de cada interesado; pero en las condiciones excepcionales de que se
ha hecho mérito precedentemente, la locación de habitaciones había adquirido para el público
un interés extraordinario, mucho más intenso por cierto que el que puede despertar un
elevador de granos o un ferrocarril. Interés público transitorio, si se quiere, pero no por ello
menos fuerte ni menos digno de ser protegido con medidas igualmente transitorias. La
reglamentación de los alquileres estaba en este caso más justificada que lo que puede estarlo

cualquier regulación de tarifas, porque su objeto se hallaba más íntimamente vinculado al
bienestar general. La libertad económica, la tranquilidad y aun la salud de la población
dependía en gran parte de la normalización y de la estabilidad del alquiler. No puede
afirmarse, pues, que en tales condiciones la locación fuese un negocio de mero interés privado
que no autorizara un contralor especial.
Se objeta, asimismo, que en este caso no estaba de por medio el interés o el bienestar general
y que la ley sólo tiende a proteger a una clase o grupo social con perjuicio de otro; a favorecer
a los inquilinos en detrimento de los propietarios. Desde luego no puede ponerse en duda que
interesa a la comunidad en conjunto la situación económica de los distintos grupos que la
constituyen y que tratándose como en este caso de la suerte de la mayoría de la población, no
son solamente consideraciones de humanidad y de justicia social las que reclaman su
intervención, sino también su interés directo, ya que es elemental que una situación afligente
del mayor número tiene que repercutir desfavorablemente sobre la economía general, dada la
vinculación lógica de todos los intereses materiales. Por otra parte, si para justificar el ejercicio
del poder de policía fuera menester que en cada caso estuviese comprometido el bienestar de
todos y cada uno de los habitantes del Estado, no sería posible reglamentar jamás la actividad
individual ni el uso de la propiedad, desde que los beneficios directos de cada ley u ordenanza
no alcanzan sino a una parte limitada de la población, aun cuando en conjunto tiendan a
asegurar el bienestar de todos.
La reglamentación del precio del alquiler no se propone favorecer a unos con perjuicio de
otros. Su finalidad es impedir que el uso legítimo de la propiedad se convierta en un abuso
perjudicial en alto grado, merced a circunstancias que transitoriamente han suprimido de
hecho la libertad de contratar para una de las partes contratantes. La objeción de parcialidad
tendría fundamento si se tratase de una reglamentación permanente, pues rigiendo en una
situación normal, limitaría la libertad del locador sin que el locatario se hallase coartado por
restricción legal ni por falta de oferta; pero no lo tiene en las condiciones en que se
encontraba el negocio de locación de inmuebles al ser dictada la ley 11.157, y tratándose de
una restricción pasajera, limitada al tiempo que se presume necesario para llegar a la
normalidad de esas operaciones. En la situación preexistente a la ley, el propietario podía
ultrapasar con sus exigencias la capacidad económica del inquilino, podía hacerse pagar
cualquier alquiler por desproporcionado que fuese con el valor del inmueble, desde que había
desaparecido el juego regular de los factores económicos respecto de ese negocio especial. Es
esa opresión inevitable la que se ha propuesto impedir el legislador con una reglamentación
momentánea. No ha intentado favorecer a un grupo, a una clase social ni a una parte
contratante, sino librar a la sociedad de las consecuencias de carácter general que fatalmente
debían resultar de la irregular condición en que se hallaba una gran parte de sus miembros.
No es del resorte del poder judicial decidir del acierto de los otros poderes públicos en la
elección del medio empleado para conjurar esa situación crítica, ni de las consecuencias de
orden económico puedan derivar de la aplicación de la ley. Le incumbe únicamente
pronunciarse acerca de los poderes constitucionales del congreso para establecer la restricción
al derecho de usar y disponer de la propiedad que encierra la ley impugnada, teniendo para
ello en cuenta la naturaleza, las causas determinantes y la extensión de la medida restrictiva.
Las consideraciones y antecedentes de que se ha hecho mérito en el curso de esta sentencia
conducen a una conclusión favorable respecto a la facultad legislativa para ejercitar en este
caso el poder de reglamentación sobre los precios, como una medida transitoria y de

emergencia. Y esta opinión se robustece en presencia del hecho de haberse sancionado leyes
análogas en todos los países donde se ha presentado con los mismos caracteres de gravedad el
problema de la habitación, y de haberse declarado por la corte de los Estados Unidos la
constitucionalidad de la ley de ese mismo carácter dictada por el distrito de Columbia (Block
versus Hirsh; sentencia de 18 de abril de 1921).
Queda aún por considerar si la reglamentación no ha ido demasiado lejos. Reconocer en
principio el poder para limitar el derecho del propietario en las circunstancias excepcionales
expresadas, no importa admitir que ese poder sea omnímodo. El congreso no lo tendría para
fijar un precio arbitrario, un precio que no correspondiese al valor locativo de la habitación, en
condiciones normales, porque ello equivaldría a pretender remediar un abuso con otro mayor
y más funesto en sentido contrario, y sobre todo, porque importaría la confiscación de la
propiedad. No habiéndose, sin embargo, acreditado en el juicio que el alquiler devengado el 1°
de enero de 1920 por la habitación de que se trata, no fuese razonable en el momento de la
promulgación de la ley y dado el corto tiempo transcurrido entre esas dos fechas, cabe
presumir que el límite fijado por la ley 11.157 satisface en el caso las condiciones necesarias de
razonabilidad y que, por consiguiente, no ha sido vulnerada la garantía del art. 17 de la
Constitución. El hecho de que la sentencia apelada haya hecho aplicación retroactiva de dicha
ley en la especie «sub lite», no suscita cuestión de carácter federal que pueda ser examinada
en el recurso extraordinario. La retroactividad de las leyes en materia civil es un punto regido
exclusivamente por el derecho común y ajeno, por lo tanto, a la jurisdicción apelada de esta
corte en el presente recurso (ley 48, art. 15).
En cuanto a que la aplicación de la ley a contratos celebrados con anterioridad a su sanción
altera derechos adquiridos y en tal sentido afecta la inviolabilidad de la propiedad,
corresponde observar que en el juicio no se ha invocado la existencia de contrato de
cumplimiento exigible en el futuro, sino una locación por simple convenio verbal y sin término,
cuya duración obligatoria se determinaba por el tiempo fijado al precio, de acuerdo con la ley
vigente en la época en que aquélla se formó. Se trata, pues, de una relación de derecho
precaria e inestable que no creaba más obligaciones ni más derechos que los derivados de
cada período de alquiler que se fuere devengando por reconducciones sucesivas y que, por lo
mismo, no hacía ingresar en el patrimonio del locador ningún derecho que haya podido quedar
afectado por la aplicación de la nueva ley. Corrobora lo anteriormente expuesto, la
consideración de que el recurrente no ha podido impedir que su inquilino hiciese cesar el
arrendamiento en cualquier tiempo, después de promulgada la ley 11.157 y que, producido el
caso, no habría podido alquilar la habitación a un tercero por mayor precio que el que regía el
1° de enero de 1920, es decir, el que fija dicha ley reglamentaria. Es innecesario entonces
pronunciarse sobre la delicada cuestión de la facultad de dictar leyes que alteren los derechos
adquiridos por contrato, desde que no se ha acreditado la existencia del derecho.
En virtud de los fundamentos precedentemente expuestos, se declara que el artículo primero
de la ley 11.157, de la manera que ha sido aplicado en la sentencia, no es repugnante a lo
dispuesto en los arts. 14, 17 y 28 de la Constitución; y en consecuencia, se confirma dicha
sentencia en cuanto ha sido materia del presente recurso extraordinario. -- Palacio. -- Figueroa
Alcorta. -- Méndez.
Disidencia. -- Considerando:
1°. -- Que la sentencia apelada de última instancia aplicando el arts. 1 de la ley 11.157, es
contraria al derecho que el recurrente ha fundado en los arts. 14, 17 y 28 de la Constitución

Nacional y, en su consecuencia, ha sido bien concedido para ante esta corte el recursos
extraordinario del art. 14 de la ley 48 y art. 6 de la ley 4055.
2°. -- Que según el artículo impugnado, "desde la promulgación de la presente ley y durante
dos años, no podrá cobrarse por la locación de las casas, piezas y departamentos, destinados a
habitación, comercio o industria en el territorio de la República, un precio mayor que el que se
pagaba por los mismos el 1° de enero de 1920".
3°. -- Que el apelado sostiene la constitucionalidad de la ley, alegando que ella responde a la
escasez de habitaciones debida a la paralización de las construcciones durante la guerra
mundial; que el congreso puede reglamentar los derechos constitucionales citados; que es una
medida de emergencia destinada a regir solamente dos años y que el congreso ha ejercitado
su poder de policía subordinando el interés particular al interés general.
4°. -- La importancia de los intereses comprometidos, debida, más que al valor pecuniario de
las diferencias respecto a las rentas estipuladas, a la multiplicidad de las personas afectadas
por ellas; la orientación que esa ley revela en la apreciación de los límites de la acción del
estado en el desenvolvimiento económico del país, y los mandatos imperativos de la
Constitución Nacional que interesan ante todo y priman sobre todo, reclaman para esta causa
una detenida consideración.
5°. -- Aun prescindiendo de otros puntos de vista extraños a las disposiciones constitucionales
invocadas, no es posible desconocer que el art. 1 de la ley 11.157 no encuadra en las garantías
que para la propiedad y la libertad civil de todos los habitantes consagra nuestra constitución
inspirada en el propósito de fomentar la iniciativa y la actividad individual, o como lo consigna
enfáticamente su preámbulo: promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la
libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que
quieran habitar en el suelo argentino.
6°. -- Según el artículo 14, todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos,
conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber: de trabajar y ejercer toda industria
lícita; de usar y disponer de su propiedad, etc., y con arreglo al art. 17, "la propiedad es
inviolable y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de
sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por
ley y previamente indemnizada", agregando el art. 28, como salvaguardia: "los principios,
garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las
leyes que reglamenten su ejercicio".
7°. -- Fijando el alcance de esas disposiciones, el publicista Alberdi, que en sus "Bases" y en su
"Proyecto" las había sugerido a los constituyentes del 53 y cuya autoridad es justamente
reconocida en materias constitucionales y económicas, hacía constar lo siguiente: "La libertad
de usar y disponer de su propiedad es un complemento de la libertad del trabajo y del derecho
de propiedad; garantía adicional de grande utilidad contra la tendencia de la economía
socialista de esta época, que con pretexto de organizar esos derechos pretende restringir el
uso y disponibilidad de la propiedad", y refiriéndose al art. 17: "La propiedad es el móvil y
estímulo de la producción, el aliciente del trabajo y un término remuneratorio de los afanes de
la industria. La propiedad no tiene valor ni atractivo, no es riqueza, propiamente, cuando no es
inviolable por la ley y en el hecho. Pero no bastaba reconocer la propiedad como derecho
inviolable. Ella puede ser respetada en su principio y atacada en lo que tiene de más precioso;
en el uso y disponibilidad de sus ventajas. Teniendo esto en mira y que la propiedad sin el uso
ilimitado en un derecho nominal, la Constitución ha consagrado, por el art. 14, el derecho

amplísimo de usar y disponer de su propiedad, con lo cual ha echado un cerrojo de hierro a los
errores del socialismo" ("Organización política y económica de la Confederación Argentina",
ed. oficial de 1856, p. 379, 381, 384 y 385).
8°. -- Se ha dicho, con razón, que la propiedad es una de las bases cardinales de la organización
civil de los pueblos en el estado actual de la cultura y de la civilización, y que sin ella se
trastornan los conceptos de libertad, de patria, de gobierno, de familia, y después de notar el
fracaso de los ensayos de organización social que la han desconocido, afirmase que "debemos
considerarla como el punto de arranque de los ordenamientos sociales contemporáneos"
(Montes de Oca, "Derecho constitucional", I, cap. XII; Estrada, "Obras completas"; VI, 183 y
334; González Calderón, "Derecho constitucional argentino", I. 364; II, 170 y sig.). La
Constitución Nacional contiene una serie de disposiciones que aseguran su inviolabilidad
siguiendo nuestras antiguas leyes comunes y las de carácter político que la han incluido entre
los derechos del hombre, como los reglamentos de 1815 y 1817 en su cap. 1°, la constitución
de 1819 en su art. 109 y la de 1826, el art. 159, que sirvieron de modelo al capítulo único de la
primera parte de la de 1853.
9°. -- Y en concordancia con esa doctrina pueden recordarse las declaraciones de la suprema
corte norteamericana, en diversas épocas y circunstancias y en términos que se dirían
proféticos: "nuestro sistema social descansa ampliamente en la inmunidad de la propiedad
privada, y aquel estado o comunidad que pretendiere allanarla, no tardará en descubrir su
error por el desastre que sobrevendría" (212, U. S., 1, 8). "No puede existir concepto alguno de
la propiedad despojada de la facultad de disponer de ella y de su uso, pues de este uso
depende su valor" (154, U. S. 440, 445).
10. -- Se dice que la escasez de habitaciones constituye la razón de estado que autoriza la
imposición de reducciones en los alquileres. Pero esa escasez en un momento dado puede ser
sobreabundancia en otro, y la misma razón de estado llevaría a imponer autoritariamente el
aumento del alquiler, lo que en definitiva significaría la desaparición de propietarios y de
inquilinos reemplazados por el estado, que se habría convertido en empresario de un inmenso
falansterio**. Esa escasez no puede ser fuente de obligaciones civiles para los propietarios, y,
como observaba nuestro constitucionalista Estrada, señalando los peligros que entraña la
soberanía que somete a los individuos a la observación de aquellos deberes que no son
exigibles porque su olvido no produce daños directos a los demás, "allana la propiedad en
favor de los pobres o de los vagos, es decir, cae en la constitución guaraní" ("Obras", VI, 336), y
como decía Alberdi: "Comprometed, arrebatad la propiedad, es decir, el derecho exclusivo que
cada hombre tiene de usar y disponer ampliamente de su trabajo, de su capital y de sus tierras
para producir lo conveniente a sus necesidades o goces, y con ello no haréis más que arrebatar
a la producción de sus instrumentos, es decir, paralizarla en sus funciones fecundas, hacer
imposible la riqueza" ("Organización, etc.", citada, p. 384).
11. -- Cuanto a la duración más o menos larga asignada a la vigencia de una ley, dos años a la
n° 11.157, no puede decidir de su constitucionalidad no obstante la importancia que le
atribuye la mayoría de la corte norteamericana en la causa Block v. Hirsth, resuelta el 18 de
abril de 1921, en la que se hizo constar que esa limitación permitía justificar una ley que no
podría ser sostenida como un cambio permanente («That coul not be upheld as a permanent
change»); porque no se trata de la extensión en el ejercicio de un poder, sino del
desconocimiento del poder mismo para sustituirse al propietario y disponer del uso de sus
bienes en beneficio de otro.

12. -- El valor de todas las cosas o del uso y goce de las mismas, así como el del trabajo en sus
diversas manifestaciones, depende de factores múltiples ajenos a la autoridad de los gobiernos
y de los poderes que los constituyen, y no puede decirse que abuse de su derecho el que
reclama por su trabajo o por el dominio o el uso de sus bienes el precio corriente en el
mercado, que constituye el verdadero y legítimo valor, y, por consiguiente, su derecho y en
manera alguna un abuso, pues, como observa el codificador, refiriéndose al carácter absoluto
del derecho de propiedad: "toda restricción preventiva tendría más peligros que ventajas. Si el
gobierno se constituye juez del abuso, ha dicho un filósofo, no tardaría en constituirse juez del
uso, y toda verdadera idea de propiedad y libertad sería perdida" (nota al art. 2513 del Código
Civil).
13. -- Nada autoriza a los poderes públicos, ya sea el legislativo, el ejecutivo o el judicial, a
apartarse de la Constitución, pues en todas las circunstancias y en todos los tiempos la
autoridad de ésta subsiste, y aun en los casos extraordinarios que motivan el estado de sitio,
ella misma ha delimitado las facultades que confiere al gobierno (art. 23). Su terminología es
bastante general para adaptarse a las modalidades de los tiempos y a los adelantos de la
civilización, siempre en armonía con el espíritu de sus disposiciones, pues el Gobierno nacional
es de poderes enumerados que deben ser ejercidos con las limitaciones que ella establece. No
hay circunstancia que autorice una desviación, porque su significado no se altera. Lo que
significó al ser adoptada, significa ahora y continuará significando, mientras no sea reformada
con las solemnidades que prescribe el art. 30, pues, como decía el justicia mayor Taney en un
conocido fallo: "cualquiera otra regla de interpretación desvirtuaría el carácter judicial de esta
Corte y haría de ella un mero reflejo de la opinión o la pasión popular del día" (19, How., 393,
426).
14. -- El gobierno de la nación argentina está regido por una constitución escrita que ha
reconocido los derechos individuales preexistentes a ella como inherentes a la personalidad
humana; ha organizado los diversos poderes y deslindado sus atribuciones fijando límites a su
ejercicio y los medios para que esos límites no sean ultrapasados. Buena o mala, no tenemos
más que acatarla, inclinándonos ante la soberanía popular expresada en ella en la forma más
solemne e imperativa, pues, como decía uno de los miembros informantes de la sesión del 20
de abril de 1853: "la Constitución es el pueblo, es la nación argentina hecha ley". Y la garantía
de la inviolabilidad de la propiedad, tanto como la de la seguridad personal contra los avances
de los gobiernos, es de la esencia de la libertad civil, que puede ser considerada como el alma
del organismo institucional de la Nación.
15. -- Pero se observa que los derechos reconocidos por el art. 14 no son absolutos y que,
según ese artículo y el 67, inc. 28, serán gozados "conforme a las leyes que reglamenten su
ejercicio". Exacto. Las leyes reglamentan el ejercicio de los derechos individuales reconocidos
por la Constitución, y los decretos del ejecutivo reglamentan, a su vez, la ejecución de las
leyes, según el inc. 2° del art. 86. Y, por ello, el problema jurídico es este: ¿Cuáles son los
límites constitucionales de esa facultad de reglamentación? Porque si no los tiene, si es una
facultad o poder discrecional, nuestra Constitución pasaría a figurar entre aquellas que han
sido mencionadas como "dechado de táctica de fascinación y mistificación política" y cargaría
con el reproche de "absurda" que le infligía el publicista Lastarria, refutado por Alcorta ("Las
garantías constitucionales", cap. II).
16. -- No es solamente el art. 28 de la Constitución el que delimita esa facultad, al disponer que
esos derechos "no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio", sino

también el 19, por el que "las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofenden
al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios y
exentas de la autoridad de los magistrados". Ese art. 28 fue sugerido a los constituyentes del
53 por el art. 20 y otros del proyecto de Alberdi, quien había dedicado a recomendar ese
precepto varios párrafos de sus "Bases", observando que "como todas las constituciones leales
y prudente, ella debe declarar que el Congreso no dará ley que limite o falsee las garantías de
progreso y de derecho público con ocasión de organizar o reglamentar su ejercicio"
("Organización, etc.", p. 54, 146 y 148).
17. -- El mismo pensador, que en sus "Bases" había echado los cimientos de la estructura
constitucional del país, destinaba la obra titulada "Sistema económico y rentístico de la
Confederación Argentina según su Constitución de 1853" a poner de manifiesto las libertades y
derechos que ella consagra, y con notable insistencia hacer constar la oposición de sus
disposiciones con lo que se ha dado en llamar espíritu nuevo, por el que, a título de
reglamentación, de poder de policía, de promover el bienestar general, o de razón de estado,
se atribuye a éste la dirección providencial de la actividad económica de los habitantes de la
Nación. Pero la Constitución se previno, dice, contra el peligro de que el poder de hacerla
efectiva degenerase en su derogación, y trazó en su primera parte los principios que deberían
servir de límite a esos poderes. Primero constituyó la medida y después el poder. En ello tuvo
por objeto limitar no a uno sino a los tres poderes. Y al consignar, en seguida, que el alcance
de las leyes reglamentarias de la agricultura, del comercio y de la industria fabril se reduce a
evitar que sea dañado el derecho de los demás, sintetiza su exposición manifestando: "No hay
más que un sistema de reglamentar la libertad, y es el de que la libertad de unos no perjudique
a la libertad de los otros; salir de ahí, no es reglamentar la libertad de trabajo, es oprimirla"
("Organización, etc.", p. 421).
18. -- Y esta Corte, declarando, en 1903, la inconstitucionalidad de la ley tucumana de 2 de
junio de 1902, que redujo la cantidad de azúcar que cada ingenio podía producir, gravando el
excedente con un impuesto superior al precio corriente en plaza, hizo constar que: "es
evidente que si una ley de carácter reglamentario no puede ni debe constitucionalmente
alterar el derecho que está llamada a reglamentar, es porque debe conservar incólume y en su
integridad ese derecho, lo que vale decir que no debe ni puede degradarlo y mucho menos
extinguirlo en todo o en parte" (t. 98, p. 20; t. 128, p. 435).
19. -- Si la propiedad es inviolable y nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia
fundada en ley (art. 17), o sea, sin el debido procedimiento legal, como rezan las enmiendas 5ª
y 14ª de la constitución norteamericana; ni puede ser expropiada sin declaración de utilidad
pública y previa indemnización, y si ese derecho comprende el de usarla y gozarla según la
voluntad del propietario (art. 17 de la Constitución y art. 2513 del Código Civil), porque "la
propiedad sin el uso limitado es un derecho nominal", se alteran, sin duda, esas garantías
constitucionales al fijar por ley el precio de uso sin la voluntad del dueño y para beneficiar a
otro, privándole de un elemento esencial de la propiedad sin sentencia que lo autorice y sin
previa indemnización.
20. -- No se concibe, en efecto, cómo pueda decirse que todos los habitantes de la Nación
tienen el derecho de usar y disponer de su propiedad", que no goza de franquicia o privilegio
alguno ni daña a terceros, si se admite que, por vía de reglamentación o de otra manera, otro
habitante, que no es el dueño, pueda fijar por sí y ante sí el precio de ese uso o de esa
disposición. Como observaba uno de los miembros de la comisión general de legislación,

ilustrado profesor de derecho público, refiriéndose al art. 6 del proyecto que declaraba sin
efecto los aumentos efectuados en el precio de los arrendamientos después del 1° de enero de
1920: "esa disposición de carácter general y absoluto, que significa implantar el régimen de lo
arbitrario, al atribuir al congreso la facultad de fijar por sí y ante sí el valor y el precio de las
cosas, prescindiendo de disposiciones indiscutiblemente categóricas de nuestra carta
fundamental y de todas las leyes y principios que reglan los valores, aparte de ser una
disposición perfectamente inocua, ya que no habría tribunal que no declarase su
inconstitucionalidad, afectaría, en mi sentir, el propósito mismo de sus autores, ya que el día
que el congreso implante esa política de fijar por sí y ante sí el valor de las cosas, sin regla ni
criterio alguno, no habrá nadie que se atreva a llevar su dinero o sus ahorros a la edificación
para entregarla a sus azares" (diputados, 1920, III, 688).
21. -- Se invoca, finalmente, con el objeto de justificar la facultad legislativa de fijar de propia
autoridad la renta que la propiedad privada ha de producir, lo que se ha denominado poder de
policía, «police power», encaminado a asegurar el predominio del interés o bienestar general
sobre el interés particular. Pero ese poder no tiene otro fundamento que la regla de
jurisprudencia romana, garantía a la vez de la convivencia social, por la que cada uno debe
usar de su derecho de manera que no dañe el de los demás; «sic utere tuo ut alienum non
ledas». Y no puede sospecharse siquiera que, al arrendar sus bienes, el locador dañe el
derecho de los demás, a menos que se pretenda que éstos son sus condóminos, lo que
significaría la comunidad de los bienes, que no entró en las miras de los autores de la
Constitución. Evitar un daño al derecho ajeno es lo que legitima las restricciones al derecho de
propiedad, como lo hace constar el codificador en su nota al art. 2611 y lo reconocía estar
Corte, de la que formaba parte el miembro informante de la Constitución de 1853, doctor
Gorostiaga, en la causa contra la provincia de Buenos Aires con ocasión de la ley sobre
remoción de los saladeros del Riachuelo. Era requerida esa medida por la salud pública y no
atacaba el derecho de propiedad, "pues ninguno lo tiene para usar de ésta en daño de otros"
(t. 31, p. 273).
22. -- Dado el manifiesto desarrollo que en los últimos tiempos ha tomado la injerencia del
estado en mira del "bienestar general"; en lo referente al ejercicio de las actividades y
derechos privados, se hace necesario insistir en las limitaciones constitucionales de ese poder
haciendo notar que el tratadista Tiedeman, que lo ha examinado con relación a cada uno de
los derechos individuales, de la clave de sus soluciones en la regla citada de derecho civil y en
los principios de la justicia abstracta, tales como han sido desarrollados bajo el régimen de las
instituciones republicanas, manifestando que "nadie tiene un derecho natural al goce de la
propiedad o servicios de otro mediante el pago de una compensación razonable, pues que es
incuestionable el derecho de rechazar tratos con otro, sean cuales fueren los motivos de ese
rechazo" (Tiedeman, "State and federal control of persons and property", I, ps. 4, 5, 302, y
siguientes).
23. -- Ese poder de policía, "que es un atributo de gobierno fundamentalmente necesario para
el público, pero tan fácilmente pervertido hasta ser extremadamente peligroso para los
derechos y la libertad del ciudadano"; según Campbell Black; ese poder que, como observaba
el justicia Brewer, "ha llegado a ser el refugio de cada atentado contra la propiedad privada y
al que se ha referido toda carga injusta contra el propietario que no podía ser amparada en el
poder de expropiación o en el de contribución" (200, U. S., 600), ha sido delimitado por aquel
tratadista en los siguientes términos: "en derecho constitucional, su alcance está propiamente

limitado a autorizar leyes que sean necesarias para la preservación del estado mismo, a
asegurar el cumplimiento de sus legítimas funciones, a la prevención y castigo del crimen, a la
preservación de la paz y el orden público, a la preservación y promoción de la seguridad,
moralidad y salud públicas y para la protección de todos los ciudadanos del estado en el goce
de sus justos derechos contra el fraude y la opresión" ("Handbook of Am. Const. law."; p. 390;
Blackstone, 4, Com., 162; Cooley, "Const. Lim.", 7ª ed., p. 829 y 839).
24. -- Esta corte misma, poco tiempo después de su organización tuvo ocasión de apreciar ese
poder de policía, de que no se ocupó Story, en su conocido comentario y que Marshall sólo
incidentalmente había mencionado en sus famosas decisiones ("Const. Dec."; p. 537), y con
motivo de la impugnación hecha a la ley de la provincia de Buenos Aires que prohibió las
corridas de toros, hizo constar que: "la policía de la provincia está a cargo de los gobiernos
locales y se entiende incluido en los poderes que se han reservado, el de proveer lo
conveniente a la seguridad, salubridad y moralidad de sus vecinos" (t. 7, p. 150; t. 101, p. 126;
t. 134, p. 401).
25. -- Y con relación a esa legislación reglamentaria de la propiedad y de la industria, en la
causa Nogués Hnos. contra Tucumán, esta corte hizo constar que no debe confundirse la
restricción legislativa de los derechos, encaminada a evitar perjuicios a terceros en el goce de
otros derechos anteriores a la Constitución o emanados de ella y de las leyes, con la restricción
tendiente a proporcionar al público en general o a determinadas clases sociales, alguna
ventaja o beneficio: en el primer caso, la acción legislativa es, en absoluto, necesaria para la
existencia misma de la sociedad, que requiere la recíproca limitación de las actividades
humanas; en el segundo, nadie puede ser privado de su propiedad, coartado o restringido en
el uso de ella, sin previa indemnización, como está expresamente dispuesto en el art. 17 de la
ley fundamental (t. 98, p. 52, considerando 8°).
26. -- No se trata, «en el sub judice», de la propiedad de cosa destinadas a un uso público o en
que se encuentre comprometida la higiene, moralidad o seguridad públicas («public health,
morals of safety»); o, como dice el codificador, de restricciones impuestas al dominio por sólo
el interés público, por la salubridad o seguridad del pueblo o en consideración a la religión; ni
de aquellas acciones privadas de los hombres que de algún modo ofenden al orden y a la
moral público o perjudiquen a un tercero. Se trata simplemente de la "locación de las casas,
piezas y departamentos destinados a habitación, comercio o industria"; es decir, a usos
privados, en ejercicio de la libertad de comerciar con el uso y disposición de la propiedad.
Arrendar una casa, pieza o departamento constituye, para el locador y locatario, un contrato
privado que no se convierte en acto de interés público por simple mandato de la ley, y la
injerencia del estado dictando reglamentaciones policiales, exige que los intereses del público
en general y no los de una clase particular lo requieran, "Porque es una regla que el poder de
policía no puede ser invocado para proteger a una clase de ciudadanos en contra de otra clase,
a menos que la injerencia sea para la protección real de la sociedad en general" (152, U. S.,
133; "Ruling Case Law", VI, párr. 194). Por ello, el codificador limitaba la exclusividad del
dominio en "el predominio para el mayor bien de todos y de cada uno, del interés general y
colectivo, sobre el interés individual".
27. -- Las simples alternativas de la oferta y la demanda, comunes a todos los negocios, no
constituyen un privilegio de hecho que las entregue a la imposición de precios por el gobierno.
Y la doctrina del "monopolio virtual" de la mayoría de la corte norteamericana en el conocido
caso de los elevadores de Chicago (Muun v. Yllinois, 94, U. S., 113), que dejaba toda propiedad

y todos los negocios en el estado a merced de una mayoría de su legislatura, no cabe en
nuestra Constitución, que ha prohibido expresamente sean alterados los derechos que
reconoce, y ha podido observarse con razón: "que las constituciones modernas eran una
limitación puesta a la soberanía popular misma, mientras la Constitución exige al legislador
que no puede alterar lo que ella establece, al ejecutor de la ley que debe limitarse a lo que ella
prescribe, y aun al juez que ha de juzgar la ley misma que aplica, en cuanto exceda los límites a
la facultad de legislar señalados por la Constitución" ("El redactor de la comisión, etc.", de
1880, n° 6).
28. -- Toda ley puede, en general, ser considerada de interés público, porque es teniendo en
mira el bien común que se legisla. Pero si, para obtener ese resultado, priva al propietario de
sus bienes, debe indemnizarlo previamente, con arreglo al párr. 2 del art. 17 de la constitución.
Si solamente restringe o limita algún derecho inherente a la propiedad, como el de uso o goce,
«jus fruendi», no hay realmente expropiación en el sentido estricto de la palabra («taking»,
dicen los norteamericanos), y en tal caso, en lo relativo a indemnización, hay que distinguir: a)
si la restricción es exigida por la preservación de la salubridad, moralidad o seguridad públicas,
cuando el uso de una cosa es inconciliable con esas exigencias ineludibles de la comunidad, no
procede indemnización, porque nadie puede tener derechos irrevocablemente adquiridos
contra el orden público, y es condición implícita que han de cesar cuando lleguen a
encontrarse en oposición con éste; b) si la restricción al derecho de propiedad responde
simplemente al beneficio de algunos en detrimento de otros, o, si se quiere, a la conveniencia
del mayor número, en la hipótesis de que el estado tuviera la facultad de imponerla, la
indemnización del perjuicio ocasionado sería procedente, en razón de que, según el párrafo
primero del mismo art. 17, "la propiedad es inviolable", y dejaría de serlo si pudiera ser
cercenada sin compensación, para satisfacer la conveniencia de otros. En tales términos podría
sintetizarse la doctrina constitucional y la jurisprudencia nacional en esta materia.
29. -- Nuestra Constitución, que en su preámbulo se propuso asegurar los beneficios de la
libertad civil y en su art. 33 mantiene explícitamente los derechos y garantías derivados del
principio de soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno, no admite la
subordinación absoluta del individuo a la sociedad y desecha la idea de un bienestar general
adquirido a expensas del derecho y de la libertad individual, que, en definitiva, conducirán
seguramente a un bienestar social más perfecto, no obstante transitorias perturbaciones.
30. -- Finalmente, no sería aventurado prever que si se reconoce la facultad de los poderes
públicos para fijar el alquiler, o sea, el precio que el propietario ha de cobrar por el uso de sus
bienes, aunque sea un uso privado y libre de toda franquicia o privilegio, ya sea voluntaria o
involuntariamente, "se cae en la constitución guaraní", que decía Estrada, pues habría que
reconocerles la de fijar el precio del trabajo y el de todas las cosas que son objeto del comercio
entre los hombres, o, como se expresaba esta corte en 1903: la vida económica de la Nación
con las libertades que la fomentan, quedaría confiscada en manos de legislaturas o congresos
que usurparían por ingeniosos reglamentos todos los derechos individuales hasta caer en un
comunismo de estado, en que los gobiernos serían los regentes de la industria y del comercio y
los árbitros del capital y de la industria privada (t. 98, p. 20, considerando 24°).
Por estos fundamentos, se declara que el art. 1 de la ley 11.157 es violatorio de los arts. 14, 17
y 28 de la Constitución, y, en su consecuencia, se revoca la sentencia apelada en la parte que
ha sido objeto del recurso. -- Bermejo.

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