El documento presenta una definición del poder de policía desde diferentes perspectivas. En 3 oraciones o menos: El poder de policía es la potestad del Estado para reglamentar derechos individuales con el fin de preservar el interés general y la convivencia social. La jurisprudencia argentina evolucionó de una noción restringida del poder de policía enfocada en seguridad y salud pública, a una noción más amplia que incluye también la defensa de intereses económicos y el bienestar general. El documento analiza las distint

1. PODER DE POLICÍA
JOSE MIGUEL VIGIER

2. 1.- GENERALIDADES
a.- POLICÍA Y PODER DE POLICÍA
Policía, politeia, política
Aparece en Francia en el Siglo XV
“es la función o actividad administrativa, que tiene por objeto la protección
de la seguridad, moralidad o salubridad públicas, y de la economía pública en
cuanto afecte directamente a la primera”. M. Marienhoff
Poder de policía
Surge de la jurisprudencia de la CS USA en 1827 (Brown v. Maryland, police
power)
“es una potestad atribuida por la Constitución al órgano o “poder” legislativo
a fin de que éste reglamente el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de
los deberes constitucionales de los habitantes” M. Marienhoff

3. b.- CONCEPTO
Joaquín V. González
“es la potestad de restringir la libertad de los individuos, con el
fin de conservar la armonía de todos, establecer reglas de
buena conducta, calculadas para evitar conflictos entre ellos,
se designa con el nombre de poder de policía”
Carlos Sánchez Viamonte
“Se llama poder de policía a la atribución administrativa,
reconocida a los poderes públicos de reglamentar el ejercicio
de los derechos individuales. Lo ejerce, en primer término, el
poder legislativo, al reglamentar la Constitución (arts. 14 y 28),
y en segundo término, el ejecutivo, al reglamentar las leyes
(art. 86, inc. 2°) para su ejecución cuidando de no alterar su
espíritu con excepciones reglamentarias”

4. Mario A. R. Midón
“Es la facultad que tiene el Estado para reglamentar
derechos, de modo justo, a fin de tornarlos compatibles en
su ejercicio con el interés general”
Segundo V. Linares Quintana
“el poder de policía es la potestad jurídica en cuya virtud el
Estado, con el fin de asegurar la libertad, la convivencia
armónica, la seguridad, el orden público, la moralidad, la
salud y el bienestar general de los habitantes, impone por
medio de la ley y de conformidad con los principios
constitucionales, limitaciones razonables al ejercicio de los
derechos individuales, a los que no puede alterar ni destruir,
y si bien incumbe al poder legislativo la apreciación y la
valoración de los fines y la elección de los medios,
corresponde en definitiva al poder judicial decidir si las
limitaciones encuadran o no en el marco de la Constitución,
salvaguardando los derechos individuales”

5. ELEMENTOS ESTRUCTURANTES DE SU
DEFINICIÓN
 POTESTAD
 DEL ESTADO
 PODER LEGISLATIVO
 LEY
 REGLAMENTARIA
 DERECHOS INDIVIDUALES
 EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS (B. FIORINI)

6. MATERIAS COMPRENDIDAS
 Tesis restringida
Concepción europea de la policía
Seguridad
Salubridad
Moralidad pública
ORDEN PÚBLICO
 Tesis amplia
Concepción USA police power
Seguridad, salubridad, moralidad
Defensa y promoción de los intereses económicos de la sociedad
BIENESTAR GENERAL

7. ¿Crisis de la noción de poder
de policía?
Noción irrelevante que no se diferencia de
las otras funciones estatales
Agustín Gordillo

8. Fundamento constitucional
Art. 14 CN: “Todos los habitantes de la Nación gozan de
los siguientes derechos conforme a las leyes que
reglamenten su ejercicio…”
Relatividad de los derechos
Efectividad de los derechos
REGLA: PRO LIBERTATE

9. EVOLUCIÓN DE LA
JURISPRUDENCIA EN
ARGENTINA

10. PRIMERA ETAPA: Tesis restringida

11. CSJN , 13/04/1869 Plaza de toros
“Que es un hecho y también un principio de derecho
constitucional, que la policía de las provincias está a cargo de sus
gobiernos locales, entendiéndose incluido en los poderes que se
han reservado, el de proveer lo conveniente a la seguridad,
salubridad y moralidad de sus vecinos, y que, por consiguiente,
pueden lícitamente dictar leyes y reglamentos con estos fines, no
habiéndose garantido por el art. 14 CN. a los habitantes de la
República el derecho absoluto de ejercer su industria o profesión,
sino con sujeción a las leyes que reglamentan su ejercicio; que
siendo esto así, la justicia nacional sería incompetente para obligar
a una provincia, que ha prohibido las corridas de toros, a soportar
la construcción de una plaza para dar al pueblo ese espectáculo,
aun cuando pudiera ella calificarse de establecimiento industrial,
como se pretende, y el ejercicio de esa industria, no ofendiera el
decoro, la cultura y la moralidad de las costumbres públicas; por
estos fundamentos, se confirma, con costas, el auto apelado de fs.
12”.-

12. “Podestá, Santiago y otros c/ Pcia de Buenos Aires” CSJN
14/05/1887
III. Que los saladeristas de Barracas no pueden por lo tanto invocar ese
permiso para alegar derechos adquiridos, no solo porque él se les concedió
bajo la condición implícita de no ser nocivos a los intereses generales de la
comunidad, sino porque ninguno puede tener un derecho adquirido de
comprometer la salud pública, y esparcir en la vecindad la muerte y el duelo
con el uso que haga de su propiedad, y especialmente con el ejercicio de una
profesión o de una industria.-
IV. Que la autorización de un establecimiento industrial está siempre fundada
en la presunción de su inocuidad, y no obliga al Gobierno que la concedió,
cuando esta presunción ha sido destruida, por los hechos, pues en tal caso, el
deber que sobre él pesa de proteger la salud pública contra la cual no hay
derechos adquiridos, recobra toda su fuerza y no solamente puede imponer el
establecimiento nuevas condiciones, sino retirar la autorización concedida, si
estas no se cumplieran o fuesen ineficaces para hacerlos totalmente inocuos.-
VI. Que la objeción que hoy se opone a la ley y decreto citados, de ser contrarios
a la Constitución y a las leyes civiles, por cuanto atacan la propiedad y el
ejercicio de una industria lícita, no tiene fundamento alguno legal, porque
según la Constitución, esos derechos están sujetos a las leyes que reglamenten
su ejercicio, y según nuestro Código Civil, la propiedad está sujeta a las
restricciones y limitaciones exigidas por el interés público o por el interés
privado correspondiente (arts. 2611 del CC)).-

13. CSJN. Fallos 98:20. “Hileret y otro c. Provincia de
Tucumán”, sentencia del 5/9/1903
 La ley de la provincia de Tucumán que crea un impuesto adicional sobre la
producción de azúcar correspondiente a una determinada cosecha -1902-
es inconstitucional, pues al ser el valor de la cuota superior al valor que
tiene el producto en el marcado importa lisa y llanamente una prohibición
absoluta de producirlo, vulnerando de tal modo el derecho a trabajar,
comerciar y ejercer toda industria lícita contemplado en el art. 14 C.N.
 Es inconstitucional la ley de la provincia de Tucumán que crea un
impuesto adicional sobre la producción de azúcar correspondiente a una
determinada cosecha -1902-, pues dispone un prorrateo diferencial entre
los distintos ingenios de la provincia obligando a algunos pagar montos
más elevados y exonerando a otros del pago del gravamen por iguales
cantidades, lo cual atenta contra la garantía de igualdad prevista en el
art. 16 de la Constitución Nacional y muy especialmente la que impone
que la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.
 La imposición de un impuesto adicional sobre la producción de azúcar
correspondiente a una determinada cosecha -1902- establecida por una
ley de la provincia de Tucumán es inconstitucional y no constituye un
supuesto de reglamentación legítima del comercio interno, tendiente a
proteger derechos de terceros o de la comunidad, en tanto no hay ni se
alega en la elaboración de azúcar o en la forma de llevarla a cabo, nada
contrario al buen orden, moralidad, higiene y bienestar de la provincia.

14. SEGUNDA ETAPA: TESIS AMPLIA

15. CSJN Agustín Escolano v. Julieta Lanteria de Renshaw
28/04/1922
 Ni el derecho de usar y disponer de la propiedad, ni ningún otro derecho reconocido por
la Constitución, reviste el carácter de absoluto. Un derecho ilimitado sería una
concepción antisocial. La reglamentación o limitación del ejercicio de los derechos
individuales es una necesidad derivada de la convivencia social. Reglamentar un
derecho es limitarlo, es hacerlo compatible con el derecho de los demás dentro de la
comunidad y con los intereses superiores de esta última. La misma Constitución ha
consignado limitaciones especiales respecto de algunos derechos; pero no siendo
posible prever ni establecer en ella todas las condiciones a que sería menester
subordinarlos para hacerlos adaptables a la vida de relación, ha confiado al poder
legislativo la misión de reglamentar su ejercicio, poniendo al mismo tiempo un límite a
esa facultad reguladora (arts. 14 y 28). Hay restricciones a la propiedad y a las
actividades individuales cuya legitimidad no puede discutirse en principio, sino en su
extensión. Tales son las que se proponen asegurar el orden, la salud y la moralidad
colectivas; y hay asimismo otras limitaciones, como son las que tienden a proteger los
intereses económicos, que no pueden aceptarse sin un cuidadoso examen, porque
podrían contrariar los principios de libertad económica y de individualismo profesados
por la Constitución. A esta categoría corresponden las reglamentaciones de precios y de
tarifas, inspiradas en el propósito de librar al público de opresiones o tiranías de orden
económico. El derecho de usar y de disponer de la propiedad implica el de transmitirla
o ceder su uso, el de celebrar todos los actos jurídicos con ella relacionados y el de
convenir libremente las estipulaciones y cláusulas concernientes a tales actos. En
principio, la determinación del precio es una facultad privativa del propietario, un
atributo del derecho de usar y disponer de sus bienes y un aspecto de su libertad civil.
El Estado no tiene por lo tanto, el poder general de fijar o limitar el precio de las cosas
del dominio particular.

16.  Se objeta, asimismo, que en este caso no estaba de por medio el interés o
el bienestar general y que la ley sólo tiende a proteger a una clase o grupo
social con perjuicio de otro; a favorecer a los inquilinos en detrimento de
los propietarios. Desde luego no puede ponerse en duda que interesa a la
comunidad en conjunto la situación económica de los distintos grupos que
la constituyen y que tratándose como en este caso de la suerte de la
mayoría de la población, no son solamente consideraciones de humanidad
y de justicia social las que reclaman su intervención, sino también su
interés directo, ya que es elemental que una situación afligente del mayor
número tiene que repercutir desfavorablemente sobre la economía
general, dada la vinculación lógica de todos los intereses materiales. Por
otra parte, si para justificar el ejercicio del poder de policía fuera
menester que en cada caso estuviese comprometido el bienestar de todos
y cada uno de los habitantes del Estado, no sería posible reglamentar
jamás la actividad individual ni el uso de la propiedad, desde que los
beneficios directos de cada ley u ordenanza no alcanzan sino a una parte
limitada de la población, aun cuando en conjunto tiendan a asegurar el
bienestar de todos.

17. CSJN. “Horta, José c. Harguindeguy, Ernesto”sentencia del
21/8/1922
 La facultad que tiene el Congreso de legislar hacia el pasado no puede ejercerse
válidamente cuando la nueva ley arrebata o altera derechos patrimoniales
adquiridos al amparo de la legislación anterior -en el caso, el de exigir el precio
convenido en un contrato de alquiler durante el plazo de la locación-, pues ello
atenta contra la garantía de inviolabilidad de la propiedad -art. 17, Constitución
Nacional.-
 El artículo 1° de la ley 11.157 (Adla, 1920-1940, 79) -prohíbe cobrar durante los dos
años siguientes a su promulgación, por la locación de casas, piezas y departamentos
destinados a la habitación, comercio o industria, un precio mayor que el que se
pagaba por los mismos el 1 de enero de 1920-, del modo en que ha sido aplicado
por la sentencia apelada -en el caso, declaró cumplidas las obligaciones del
locatario mediante el pago de un precio inferior al estipulado-, es inconciliable con
lo dispuesto en el art. 17 de la Constitución Nacional.
 La determinación de la renta que debe producir una cosa de dominio privado,
contra la voluntad del propietario, cuando no se trata de las que están afectadas a
un uso público o amparadas por privilegios o concesiones especiales, no está
comprendida en las facultades de los poderes estatales, ni por vía de
reglamentación del ejercicio de los derechos individuales -que no pueden ser
alterados-, ni en uso del poder de policía -que sólo autoriza a impedir que la
libertad civil de uno perjudique a la de los demás- (de la disidencia de fundamentos
del doctor Bermejo).

18. Avico, Oscar Agustín c/ De la Pesa, Saúl
CSJN 07/12/1934
5°) Es cierto que la ley N° 11.741 se refiere a los contratos ya existentes a la
fecha de su sanción; y por ello se dice que si bien la irretroactividad de la
ley en materia civil no en un principio o garantía canstitucional sino del
Código Civil -art. 3°- que el Congreso puede derogar cuando el interés
general lo exija, es de advertir que esa facultad de legislar hacia el
pasado no es ilimitada, desde que so pretexto de legislar no podría
violarse la garantía de la propiedad tal como la consagra el art. 17 de la
Constitución.
Es verdad también que los derechos que el contrato acuerda al acreedor,
constituyen su propiedad, como todos los bíenes que forman su
patrimonio, a todos los cuales se extiende la garantía constitucional del
art. 17. Pero lo es también que la Constitución no reconoce derechos
absolutos. Todos están sujetos a las leyes que reglamenten su ejercicio,
con la única limitación, para el Congreso, de no alterarlos en la regulación
legislativa -arts. 14, 17 y 28- cuya atribución le corresponde en mérito de
lo establecido en el art. 67 incs. 11 y 28.

19.  "Los intereses económicos del Estado deben justificar el ejercicio de su
poder protector, continuo y dominante, no obstante su ingerencia en los
contratos". Cita a continuación el caso de Manigault v. Springs 199 U. S.
473), en el que la Corte Suprema dijo: "Es jurisprudencia establecida por
esta Corte que la prohibición de las leyes que alteren las obligaciones de
los contratos, no impide al Estado ejercer los poderes de que se halla
investido para promover el bien público o que son necesarios para el
bienestar general del público, aunque por ello puedan ser afectados los
contratos celebrados entre individuos. Este poder, que en sus varias
ramificaciones es conocido como el poder de policía, es un ejercicio del
soberano derecho del gobierno para proteger la vida, salud, moral, solaz
("confort") y bienestar general del pueblo, y es superior a cualesquiera
derechos emergentes de los contratos entre los individuos". Cita los fallos
de los tomos 248, U. S. 372; 251 U. S. 228; 279 U. S. 125; y 249, U. S. 269,

20.  La emergencia no crea el poder, ni aumenta el poder concedido, ni
suprime, ni disminuye las restricciones impuestas sobre el poder
concedido, o reservado. La Constitución fue adoptada en un período de
grave emergencia. Sus concesiones de poder al gobierno federal y sus
limitaciones del poder de los Estados fueron determinadas a la luz de
la emergencia, y ellas no son alteradas por la emergencia. Qué poder
fue así concedido y qué limitaciones fueron así impuestas, son
cuestiones que han sido siempre y que serán siempre objeto de
minucioso examen bajo nuestro sistema constitucional.
Mientras la emergencia no crea el poder, ella puede dar ocasión para el
ejercicio del poder". "Aunque la emergencia no puede dar vida a un
poder que nunca ha existido, ello no obstante, la emergencia puede
dar una razón para el ejercicio de un poder existente ya gozado".
Wilson v/. New 243 U. S. 332, 348; 61 L. ed. 755, 773 (etc).-

21. CSJN 22/06/1960 Cine Callao
7° - “Esta Corte, luego de haber abandonado la circunscripta concepción del
poder de policía expuesta en antiguos pronunciamientos (Fallos, t. 7, p. 150;
t. 98, ps. 20 y 52; t. 101, p. 126) para acoger la tesis amplia y plena, aceptada
desde el siglo pasado por la jurisprudencia de la Suprema Corte de los Estados
Unidos ("Barvier v. Connolly", 113 US 27), declaró que dentro de los objetos
propios de aquel poder ha de estimarse comprendida - junto a la seguridad, la
moralidad y la salubridad pública- la defensa y promoción de los intereses
económicos de la colectividad (Fallos, t. 136, p. 161; t. 137, p. 47; t. 142, p.
68; t. 171, ps. 348 y 366; t. 172, p. 21; t. 199; p. 483; t. 200, p. 450 y otros
[Rev. LA LEY, t. 36, p. 703, fallo 18.217 y t. 37, p. 561, fallo 18.533])”.
8° - “Que esta doctrina ha tenido siempre, en el derecho argentino, la firme
base de sustentación proveniente del art. 67, inc. 16 de la Constitución
Nacional, que representa una de las previsiones de mayor valía entre las
diversas que atañen a la organización económico-social de la Nación y de las
provincias, toda vez que -claro está que con sujeción a los límites fijados por
la propia Constitución- supone la anticipada habilitación de los recursos o
técnicas que en cada uno de los estados por que atraviese el desarrollo del
país, resulten aptos para impulsarlo”.

22. 9° - “Dentro de esa especie del poder de policía ha de considerarse
legítimamente incluida la facultad de sancionar disposiciones legales
encaminadas a prevenir, impedir, morigerar o contrarrestar, en forma
permanente o transitoria, los graves daños económicos y sociales
susceptibles de ser originados por la desocupación en mediana o gran
escala”.
11° - “ Por tanto, el objeto cardinal y específico de la ley cuestionada, en
mérito a su naturaleza y a los propósitos que le dan contenido, lejos de
consistir en el provecho de un grupo de personas obtenido merced al
sacrificio patrimonial de otro grupo, reviste carácter inequívocamente
público o general. De modo que, acreditado que en este aspecto básico,
la ley 14.226 no transgrede los principios que rigen el legítimo ejercicio
del poder de policía, a esta Corte sólo le está permitido analizar la
razonabilidad de los medios previstos por el legislador, o sea el grado de
adecuación existente entre las obligaciones que la ley impone y los fines
cuya realización procura (doctrina de Fallos, t. 98, p. 20; t. 171, p. 348; t.
199, p. 483 y otros), y ello, cualquiera sea el juicio sobre el mérito
intrínseco o el valor artístico, permanente o actual de la actividad
tutelada”.

23. 13. - Como quedó dicho, y por aplicación de la doctrina sentada en Fallos, t.
199, p. 483, el análisis del mérito o eficacia de los medios arbitrados para
alcanzar los fines propuestos, la cuestión de saber si debieron elegirse los de
la ley 14.226 u otros procedimientos, son ajenos a la competencia de esta
Corte, a la que sólo incumbe pronunciarse acerca de la razonabilidad de los
medios elegidos por el Congreso, es decir, que sólo debe examinar si son o
no proporcionados a los fines que el legislador se propuso conseguir y en
consecuencia decidir si es o no admisible la consiguiente restricción de los
derechos individuales afectados. Pues, como se afirmó en Fallos, t. 171, p.
348 y se recordó en Fallos, t. 199, p. 483, el tribunal nunca ha entendido que
pueda sustituir su criterio de conveniencia o eficacia económica o social al del
Congreso de la Nación, para pronunciarse sobre la validez constitucional de las
leyes, sea de las que regulan trabajos, comercios o industrias con fines de
policía, sea de las que establecen impuestos o tasas (Fallos, t. 98, p. 20; t.
147, p. 402; t. 150, p. 89; t. 160, p. 247).El examen y el pronunciamiento
judicial, deben radicar sin duda en la conformidad que, de acuerdo con los
arts. 28 y 31 de la Constitución Nacional, deben guardar con ella las leyes de
la Nación, porque, como lo ha destacado la Suprema Corte de Estados Unidos
en 193 US 197, 350, refiriéndose a la distribución de poderes, establecidos en
la Constitución, "...esta Corte no tiene deber superior que el de dar vigencia,
mediante sus fallos, a la voluntad del Departamento Legislativo del Gobierno,
tal como se expresa en la ley, salvo en aquellos casos en que la ley sea
evidente e indubitablemente violatoria de la Constitución, pues si la ley
excede los poderes constitucionales del Congreso, la Corte dejaría de cumplir
un deber solemne si así no lo declarase". Esta atribución, por tanto, sólo debe
ser ejercida cuando la repugnancia con la cláusula constitucional que se
invoca es manifiesta y la incompatibilidad inconciliable, debiendo resolverse
cualquier duda a favor de la constitucionalidad, máxime si ello es posible sin
violencia de los textos”

24. CONDICIONES PARA LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA
RESTRICCIÓN
14°.- “Que, como también se advirtió en Fallos, t. 199, p. 483 y
t. 237, p. 397, no es una novedad la imposición legal de cargas
que no son impuestos ni tasas, de las que sería un ejemplo la
derivada por la ley 14.226 para los empresarios de salas de
cinematógrafos, cuya constitucionalidad estaría condicionada,
por una parte, a la circunstancia de que los derechos afectados
fueran respetados en su substancia y, por la otra, a la
adecuación de las restricciones que se les impone, a las
necesidades y fines públicos que los justifican, de manera que
no aparezcan infundadas o arbitrarias, sino razonables, esto es,
proporcionadas a las circunstancias que las originan y a los
fines que se procura alcanzar con ellas (Fallos, t. 200, p. 450),
siendo a cargo de quien invoca irrazonabilidad o confiscación,
la alegación y prueba respectiva.

25. FALLO
20. - “En mérito de todo lo expuesto, esta Corte estima que, en el caso
"sub examine", las obligaciones que la ley 14.226 impone al recurrente
son válidas por no lesionar las garantías constitucionales invocadas, de
propiedad yde comerciar y ejercer una industria lícita. En consecuencia,
se declara que el art. 1° de la ley 14.226, de la manera que ha sido
aplicado en la resolución de fs. 27, confirmada por la sentencia de fs. 72,
con modificación que la hace más favorable al apelante, no es violatoria
de los arts. 14, 17 y 28 de la Constitución Nacional”.
“En su mérito, habiendo dictaminado el procurador general, se confirma
la sentencia apelada en cuanto pudo ser materia del recurso
extraordinario interpuesto”
Benjamin Villegas Basavilbaso. - Aristóbulo D. Aráoz de Lamadrid. - Pedro
Aberastury. - Ricardo Colombres. - En disidencia: Luis M. Boffi Boggero.

26. DISIDENCIA Dr. LUIS BOFFI BOGGERO
7° - “La ley cuestionada aparece como la solución de un grave
problema traído por la desocupación de artistas en virtud de la
escasez de salas teatrales y como salvaguardia del patrimonio
artístico nacional. Pero es de toda evidencia que tan altas y
plausibles finalidades no pueden cristalizar por medio de normas
incompatibles con la vigencia que es más elevada de la
Constitución Nacional”.
8° - “Es tan contraria a ese cuerpo normativo la concepción del
ejercicio de un derecho sin restricciones emanadas de leyes que la
reglamenten (art. 14 de la citada Constitución) para permitir la
coexistencia de todos los derechos, como una que describa ese
ejercicio alterado por la ley so color de su reglamentación (art. 28
de aquélla)”.

27. 9°.- “En esta causa no se trata de penetrar los elementos de hecho que se
debatieron a lo extenso del proceso –vale decir, si la desocupación era de
magnitud bastante, si los artistas tenían o no la aptitud suficiente para
justificar graves medidas de emergencia, si había o no escasez de salas de
teatro o si en éstas actúan complementariamente dichos artistas, de modo
que, agotadas aquéllas, se hubiera apelado a las de cinematografía, si se
carecía de otros medios más idóneos para obtener esos fines-, sino de saber
-cualquiera fuese la opinión personal de los magistrados "de lege ferenda"- si el
recurso elegido por el Poder Legislativo es o no adecuado a los fines
perseguidos, si es o no razonable, ya que, como el suscripto lo ha manifestado
reiteradas veces la facultad privativa no es ilimitada, cabiendo el control de
razonabilidad ejercido por el Poder Judicial (verbigracia en Fallos, t. 244, p.
548)”.
14°.- “Esta causa revela en esencia una fuerte y substancial restricción de la
libertad de comercio y de la propiedad de los empresarios cinematográficos
por parte del Estado. Organizados para determinados fines, se ven compelidos
a realizar actividades que, aunque reconozcan alguna semejanza con aquéllos,
son evidentemente distintas a las libremente elegidas por esas empresas. Y esa
restricción no guarda la suficiente armonía con los propósitos que se
persiguen, ya que, por una desocupación con la que no tienen vínculo alguno,
se restringe la libertad de aquellas empresas…”.-

28. COMPETENCIA
 LOCAL en todo cuanto haga a la competencia de
los Estados provinciales
 FEDERAL prosperidad (arts. 75 incs. 18; 19; 23)
 CONCURRENTE con el Gobierno Federal

29. LIMITES
 Principio de reserva
 Principio de legalidad
 Principio de razonabilidad

30. PRINCIPIO DE RESERVA
1.- Normativa constitucional
Art. 19 CN:
“Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo
ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero,
están solo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los
magistrados”
Derecho a la privacidad e intimidad
Espacio metajurídico donde la ley no puede penetrar
“Derecho a ser dejado a solas”
Comprende:
Esfera doméstica
Sentimientos personales
La propia imagen
AUTONOMÍA INDIVIDUAL

31. 2.- Delimitación entre lo público y lo privado
 ACCIONES PRIVADAS INTERNAS
No trascienden del sujeto
Íntimas, inmanentes
 ACCIONES PRIVADAS EXTERNAS
Trascienden del sujeto, pero no afectan al bien común
Tuteladas
 ACCIONES PÚBLICAS
Trascienden al sujeto y afectan al bien común
Reguladas y hasta prohibidas por el Estado

32. Delimitación constitucional
 ORDEN PÚBLICO
Identificable con el bien común
 MORAL PÚBLICA
Determinada por las costumbres sociales en un tiempo determinado
Standard
Determinable temporal y valorativamente
Moral social no individual
 PERJUICIO A TERCEROS
Alterum non laedere
“Siendo valiosa la libre elección individual de planes de vida y la adopción de ideales de
excelencia humana, el Estado y los demás individuos no deben interferir con esa elección o
adopción, limitándose a diseñar instituciones que faciliten la persecución individual de esos
planes de vida que cada uno sustente, e impidiendo la interferencia mutua en el curso de tal
persecución”
Carlos Santiago Nino, Ética y Derechos Humanos

33. Jurisprudencia
CSJN, Ponzetti de Balbín, Indalia c. Editorial Atlántida, S.A.
12/11/84
8º) Que en cuanto al derecho a la privacidad e intimidad su fundamento
constitucional se encuentra en el art. 19 de la Constitución Nacional. En
relación directa con la libertad individual protege jurídicamente un ámbito
de autonomía individual constituida por los sentimientos, hábitos y
costumbres, las relaciones familiares, la situación económica, las creencias
religiosas, la salud mental y física y, en suma, las acciones, hechos o datos
que, teniendo en cuenta las formas de vida aceptadas por la comunidad
están reservadas al propio individuo y cuyo conocimiento y divulgación por
los extraños significa un peligro real potencial para la intimidad. En rigor,
el derecho a la privacidad comprende no sólo a la esfera doméstica, el
círculo familiar de amistad, sino otros aspectos de la personalidad
espiritual física de las personas tales como la integridad corporal o la
imagen y nadie puede inmiscuirse en la vida privada de una persona ni
violar áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas, sin su
consentimiento o el de sus familiares autorizados para ello y sólo por ley
podrá justificarse la intromisión, siempre que medie un interés superior en
resguardo de la libertad de los otros, la defensa de la sociedad, las buenas
costumbres o la persecución del crimen.

34. 9º) Que en el caso de personajes célebres cuya vida tiene carácter público
o de personajes populares, su actuación pública o privada puede divulgarse
en lo que se relacione con la actividad que les confiere prestigio o
notoriedad y siempre que lo justifique el interés general. Pero ese avance
sobre la intimidad no autoriza a dañar la imagen pública o el honor de
estas personas y menos sostener que no tienen un sector o ámbito de vida
privada protegida de toda intromisión. Máxime cuando con su conducta a
lo largo de su vida, no han fomentado las indiscreciones ni por propia
acción, autorizado, tácita o expresamente la invasión a su privacidad y la
violación al derecho a su vida privada en cualquiera de sus
manifestaciones.
10) Que en caso “sub examine” la publicación de la fotografía del doctor
Ricardo Balbín efectuada por la revista “Gente y la actualidad” excede el
límite legítimo y regular del derecho a la información, toda vez que la
fotografía fue tomada subrepticiamente la víspera de su muerte en la sala
de terapia intensiva del sanatorio en que se encontraba internado. Esa
fotografía, lejos de atraer el interés del público, provocó sentimiento de
rechazo y de ofensa a la sensibilidad de toda persona normal. En
consecuencia, la presencia no autorizada ni consentida de un fotógrafo en
una situación límite de carácter privado que furtivamente toma una
fotografía con la finalidad de ser nota de tapa en la revista “Gente y la
actualidad” no admite justificación y su publicación configura una
violación del derecho a la intimidad.

35. Ariel Colavini, CSJN, 28/03/78
5° Que tal vez no sea ocioso, pese a su publica notoriedad, evocar la
deletérea influencia de la creciente difusión actual de la toxicomanía en el
mundo entero, calamidad social comparable a las guerras que asolan a la
humanidad, o a las pestes que en tiempos pretéritos la diezmaban. Ni será
sobreabundante recordar las consecuencias tremendas de esta plaga, tanto
en cuanto a la práctica aniquilación de los individuos, como a su
gravitación en la moral y la economía de los pueblos, traducida en la
ociosidad, la delincuencia común y subversiva, la incapacidad de
realizaciones que requieren una fuerte voluntad de superación y la
destrucción de la familia, institución básica de nuestra civilización.
14.- Que, en tales condiciones, no puede sostenerse con ribetes de
razonabilidad que el hecho de tener drogas en su poder, por los
antecedentes y efectos que supone tal conducta, no trasciende de los
límites del derecho a la intimidad, protegida por el mandato constitucional
que se proclama aplicable por el apelante. Ni es asimilable aquella
conducta a las hipótesis de tentativa de suicidio o de autolesión que
carecen, en principio, de trascendencia social; siendo de todos modos del
caso recordar, como lo hace el procurador general, que esta última, la
autolesión, puede resultar eventualmente reprimida cuando excede los
lindes de la individualidad y ataca a otros derechos (art. 820, Cód. de
Justicia Militar).

36. Bazterrica Gustavo Mario s/Tenencia de Estupefacientes
29/08/86, CSJN
8) Que, sin embargo, en el caso de la tenencia uso personal, no se
debe presumir que en todos los casos ella tenga consecuencias
negativas para la ética colectiva. Conviene distinguir aquí la ética
privada de las personas, cuya transgresión está reservada por la
Constitución al juicio de Dios, y la ética colectiva en la que aparecen
custodiados bienes o intereses de terceros. Precisamente, a la
protección de estos bienes se dirigen el orden y moral pública, que
abarcan las relaciones intersubjetivas, esto es acciones que
perjudiquen a un tercero, tal como expresa el art. 19 de la
Constitución Nacional aclarando aquellos conceptos. La referida
norma impone, así, límites a la actividad legislativa consistentes en
exigir que no se prohíba una conducta que desarrolle dentro de la
esfera privada entendida ésta no como la de las acciones que se
realizan en la intimidad, protegidas por el art. 18, sino como
aquéllas que no ofendan al orden o la moralidad pública, esto es,
que no perjudiquen a terceros. Las conductas del hombre que se
dirijan sólo contra sí mismo, quedan fuera del ámbito de las
prohibiciones.

37. 9) Que no está probado aunque sí reiteradamente afirmado,
dogmáticamente- que la incriminación de la simple tenencia evite,
consecuencias negativas concretas para el bienestar y 'la seguridad
general. La construcción legal del art. 6 de la ley 20.771, al prever
una pena aplicable a un estado de cosas, y al castigar la mera
creación de un riesgo, permite al intérprete hacer alusión
simplemente a perjuicios potenciales y peligros abstractos y no a
daños concretos a terceros y a la comunidad. El hecho de no
establecer un nexo razonable entre una conducta y el daño que causa,
implica no distinguir las acciones que ofenden a la moral pública o
perjudican a un tercero, de aquéllas que pertenecen al campo
estrictamente individual, haciéndose entonces caso omiso del art. 19
de la Constitución Nacional que como queda dicho, obliga efectuar
tal distinción. Penar la tenencia de drogas para el consumo personal
sobre la sola base de potenciales daños que puedan ocasionarse "de
acuerdo a los datos de la común experiencia" no se justifica frente a
la norma del art.19, tanto más cuando la ley incrimina actos que
presuponen la tenencia pero que trascienden la esfera de privacidad o
como la inducción al consumo, la utilización para preparar, facilitar,
ejecutar u ocultar un delito, la difusión pública del uso, o el uso en
lugares expuestos al público o aun en lugares privados mas con
probable trascendencia a terceros.

38. 10) Que, en otro orden de ideas, no se encuentra probado, ni
mucho menos, que la prevención penal de la tenencia, y
aun de la adicción, sea un remedio eficiente para el
problema que plantean las drogas. Por el contrario, tal tesis
es discutida en la actualidad, por quienes sostienen que las
causas de la adicción son de origen múltiple y que la sola
forma de atacarla es mediante la corrección de las
alteraciones socio económicas de la sociedad
contemporánea. Quienes se inclinan hacia esta tesis no
creen que la incriminación del toxicómano ayude a su
tratamiento y, por el contrario, se inclinan por sistemas
que impongan los tratamientos de desintoxicación -como
los que han sido adoptados por algunos países europeos.-

39. CSJN, Montalvo, Ernesto A., 11/12/90
8°) Que esos motivos dados por el legislador para incriminar la tenencia de estupefacientes
remiten a cuestiones de política criminal que involucran razones de oportunidad, mérito
o conveniencia, sobre las cuales está vedado a esta Corte inmiscuirse so riesgo de
arrogarse ilegítimamente la función legislativa. La cuestión sobre la razonabilidad de una
ley que dispone la incriminación penal de una conducta no puede llevar a que la Corte
tenga que examinar la mayor o menor utilidad real que la pena puede proporcionar para
combatir el flagelo de la droga, como no lo podría hacer para analizar si las penas
conminadas para cualquier otro delito del catálogo penal resultan útiles o
contraproducentes para la abolición del delito en sí (Fallos: 308:1392, voto de la
minoría), salvo que las razones dadas por el legislador consagren una norma que atente
contra las garantías constitucionales que, como se verá, no es el caso; o mediase una
manifiesta desproporción entre los fines tenidos en mira por el legislador y los medios
arbitrados para alcanzarlos.-

40. 11) Que, conforme al art. 19 de la Constitución Nacional, las "acciones
privadas" están exentas de la autoridad de los magistrados cuando "de
ningún modo" ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a
terceros. La expresión encomillada tiene alcance inequívoco y no es lícito
soslayarla. Para que queden fuera del ámbito de aquel precepto no es
necesario que las acciones privadas sean ofensivas o perjudiciales -en el
sentido indicado- en toda hipótesis o en la generalidad de los casos. Basta
que "de algún modo", cierto y ponderable, tengan ese carácter. Lo que "de
algún modo", trae consigo los efectos aludidos en el art. 19 está sujeto a la
autoridad de los magistrados y, por tanto, se subordina a las formas de
control social que el Estado, como agente insustituible del bien común,
pueda emplear lícita y discrecionalmente. No es compartible, pues, el
criterio expuesto en el primer voto de Fallos: 308:1392 (consid. 8°), donde
se sostuvo que la norma constitucional "sub examine" sólo es inaplicable si
"debe presumirse" que las acciones privadas afectarán a la ética colectiva
"en todos los casos". Lo que el texto dice es lo opuesto. El art. 19 queda
excluido si las acciones privadas originan esas "consecuencias" "en algunos
casos", que es lo que, con toda evidencia, sucede en las situaciones a que
se refiere esta causa. Los drogadictos ofrecen su ejemplo, su instigación o
su convite a quienes no lo son, al menos en muchísimos supuestos reales. El
efecto "contagioso" de la drogadicción y la tendencia a "contagiar" de los
drogadictos son un hecho público y notorio, o sea un elemento de la verdad
jurídica objetiva (Fallos: 238:550 y los que en esta sentencia se inspiran)
que los jueces no pueden ignorar. En una gran cantidad de casos, las
consecuencias de la conducta de un drogadicto no quedan encerradas en su
"intimidad" (véase Fallos: 308:1392, consid. cit., 2° párr.) sino que "se
exteriorizan en acciones", como dijo alguna vez la Corte Suprema (Fallos:
171:103, en p. 114) para definir los actos que son extraños al art. 19.

41. A. 891. XLIV. RECURSO DE HECHO Arriola, Sebastián y otros
s/ causa n° 9080. -1- Buenos Aires, 25 de agosto de 2009
 14) Que en lo que aquí respecta han pasado diecinueve años de la sanción
de la ley 23.737 y dieciocho de la doctrina "Montalvo" que legitimó su
constitucionalidad. Este es un período, que por su extensión, permite
descartar que un replanteo del thema decidendum pueda ser considerado
intempestivo. Por el contrario, la extensión de ese período ha permitido
demostrar que las razones pragmáticas o utilitaristas en que se sustentaba
"Montalvo" han fracasado. En efecto, allí se había sostenido que la
incriminación del tenedor de estupefacientes permitiría combatir más
fácilmente a las actividades vinculadas con el comercio de estupefacientes
y arribar a resultados promisorios que no se han cumplido (ver
considerando 26 de Fallos: 313:1333), pues tal actividad criminal lejos de
haber disminuido se ha acrecentado notablemente, y ello a costa de una
interpretación restrictiva de los derechos individuales.

42.  17) Que así, los tratados internacionales, en sus textos, reconocen varios
derechos y garantías previstos en la Constitución Nacional de 1853,
entre ellos Cy en lo que aquí interesaC el derecho a la privacidad que
impide que las personas sean objeto de injerencias arbitrarias o abusivas
en su vida privada (artículo 11.2 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos; artículo 5° de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre; artículo 12 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos y artículo 17.1 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos).
 Con relación a tal derecho y su vinculación con el principio de
"autonomía personal", a nivel interamericano se ha señalado que "el
desenvolvimiento del ser humano no queda sujeto a las iniciativas y
cuidados del poder público. Bajo una perspectiva general, aquél posee,
retiene y desarrolla, en términos más o menos amplios, la capacidad de
conducir su vida, resolver sobre la mejor forma de hacerlo, valerse de
medios e instrumentos para este fin, seleccionados y utilizados con
autonomía Cque es prenda de madurez y condición de libertadC e
incluso resistir o rechazar en forma legítima la injerencia indebida y las
agresiones que se le dirigen. Esto exalta la idea de autonomía y desecha
tentaciones opresoras, que pudieran ocultarse bajo un supuesto afán de
beneficiar al sujeto, establecer su conveniencia y anticipar o iluminar
sus decisiones" (CIDH en el caso Ximenes Lopes vs. Brasil, del 4 de julio
de 2006, parágrafo 10 del voto del Juez Sergio García Ramírez). Estos
principios se encuentran en consonancia con lo establecido en
"Bazterrica".

43.  23) Que a nivel internacional también se ha consagrado el principio
"pro homine". De acuerdo con el artículo 5° del Pacto Internacional
de Derecho Civiles y Políticos y el 29 de la Convención Americana,
siempre habrá de preferirse la interpretación que resulte menos
restrictiva de los derechos establecidos en ellos. Así cuando unas
normas ofrezcan mayor protección, estas habrán de primar, de la
misma manera que siempre habrá de preferirse en la interpretación la
hermenéutica que resulte menos restrictiva para la aplicación del
derecho fundamental comprometido (CIDH OC 5-85). No hay dudas
que tal principio "pro homine" resulta más compatible con la posición
de la Corte en "Bazterrica" que en "Montalvo", pues aquél amplía la
zona de libertad individual y este último opta por una interpretación
restrictiva.
 36) Que, por todas las consideraciones expuestas, esta Corte con
sustento en "Bazterrica" declara que el artículo 14, segundo párrafo,
de la ley 23.737 debe ser invalidado, pues conculca el artículo 19 de
la Constitución Nacional, en la medida en que invade la esfera de la
libertad personal excluida de la autoridad de los órganos estatales.
Por tal motivo se declara la inconstitucionalidad de esa disposición
legal en cuanto incrimina la tenencia de estupefacientes para uso
personal que se realice en condiciones tales que no traigan aparejado
un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros, como
ha ocurrido en autos.

44. D., M. A. s/ declaración de incapacidad 07/07/2015
 HECHOS: Las hermanas de un paciente que, a raíz de un accidente
automovilístico, permaneció en estado vegetativo sin cambios clínicos por
más de 20 años solicitaron la supresión de toda medida terapéutica de
soporte vital. La pretensión fue rechazada por los jueces de grado y de la
Alzada. El Tribunal Superior de la Provincia del Neuquén dejó sin efecto esa
sentencia. El curador ad litem y el representante del Ministerio Público
interpusieron recursos extraordinarios con fundamento en la arbitrariedad
del fallo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la decisión
apelada.
 1 - La decisión de aceptar o rechazar un tratamiento médico constituye un
ejercicio de la autodeterminación que asiste a toda persona por imperio
constitucional —art. 19 de la Carta Magna— y así lo establece la ley 26.529
en su art. 11.
7 - La modificación introducida a la Ley de Derechos del Paciente por la ley
26.742, de aplicación inmediata desde su vigencia, tuvo por principal
objetivo atender a los casos de los pacientes aquejados por enfermedades
irreversibles, incurables o que se encuentren en estado terminal o que
hayan sufrido lesiones que los coloquen en igual situación, reconociendo a
éstas, como forma de ejercer la autodeterminación, la posibilidad de
rechazar tratamientos médicos o biológicos, sin autorizar prácticas
eutanásicas; tales previsiones no resultan incompatibles con las normas del
Cód. Civil y Comercial de la Nación.

45.  2 - La petición efectuada por las hermanas y curadoras de un paciente
que se encuentra en estado vegetativo permanente por más de 20
años, para que los profesionales de la salud se abstengan de proveerle
a éste todo tratamiento médico, se enmarca dentro de los supuestos
previstos en la ley 26.529, al ser efectuada por los familiares
legitimados, sin que se haya alegado o probado en la causa elemento
alguno que permita sostener que esto implique desconocer la voluntad
de aquél.
 4 - Conforme el art. 21 de la ley 24.193, quienes pueden trasmitir el
consentimiento informado del paciente impedido para expresar por sí y
en forma plena la decisión de continuidad del tratamiento médico o el
cese del soporte vital no actúan a partir de sus convicciones propias,
sino dando testimonio de la voluntad de aquél; no deciden ni “en el
lugar” del paciente ni “por” el paciente, sino comunicando su
voluntad; la decisión no puede ni debe responder a sentimientos de
compasión ni al juicio que la persona designada por la ley se forme
sobre la calidad de vida del paciente; tampoco puede basarse en
criterios utilitaristas que desatiendan que toda persona es un fin en sí
mismo; debe reflejarse la voluntad de quien se encuentra privado de
conciencia y su modo personal de concebir para sí su personal e
intransferible idea de dignidad humana, garantizando su
autodeterminación.

46. CSJN, Arena María y otros, 21/11/89
 11) Que el examen de las medidas adoptadas por el Servicio Penitenciario
Federal respecto de la accionante no autoriza a concluir que aquéllas
sean manifiestamente arbitrarias, en el sentido del art. 1° de la ley de
amparo, toda vez que no parece existir en la actualidad medios
alternativos ­­por lo menos en lo que respecta a las sustancias
estupefacientes­­ para detectar la presencia de objetos peligrosos en
aquellos visitantes que pretenden tener contacto físico con los internos.
No desconoce el tribunal la fuerte intrusión que las medidas impugnadas,
reseñadas en el consid. 3° del presente, provocan en el derecho a la
intimidad de la actora, pero es precisamente el caso de autos en el cual
resulta aplicable la doctrina según la cual son legítimas las medidas
fuertemente limitativas de la libertad individual cuando aquéllas tienden
a preservar un interés estatal vital ­­como lo es la preservación de la
integridad fisica de los internos­­ y no parecen existir, por lo menos de lo
que surge de las constancias de la presente causa, vías alternativas menos
restrictivas para satisfacer dicho interés estatal (ver, en tal sentido,
Tribe, "American Constitutional Law", cap. 15, 2ª edición).
 12) Que la legitimación de la medida impugnada debe tener como lógica
contrapartida el derecho de la accionante a decidir libremente, en
ocasión de efectuar la correspondiente visita, no tener contacto físico
directo con el interno Lorenzo, lo cual hará desaparecer, obviamente, la
facultad de las autoridades carcelarias de efectuar la inspección corporal
cuestionada.

47. Asociación Lucha por la Identidad Travesti - Transexual c. Inspección General
de Justicia • 21/11/2006
 HECHOS: La Cámara confirmó la resolución de la Inspección General de
Justicia que denegó a una asociación, que tiene como fin luchar para que
el Estado y la sociedad no discriminen al travestismo como una identidad
propia, la autorización para funcionar como persona jurídica, en el marco
del art. 33, segunda parte, ap. 1° del Cód. Civil. Contra dicha decisión la
asociación peticionaria interpuso un recurso extraordinario, cuya
desestimación dio lugar a la presentación directa. La Corte Suprema de
Justicia de la Nación hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso
extraordinario y revocó la sentencia apelada.
 3 - Corresponde revocar la sentencia confirmatoria de la resolución de la
Inspección General de Justicia que denegó personería jurídica a una
asociación, que tiene como fin luchar para que el Estado y la sociedad no
discriminen al travestismo como una identidad propia, con sustento en que
dichos objetivos no tienden al bien común, ya que la decisión apelada ha
intentado reemplazar las opciones éticas personales cuya autonomía
reconoce el art. 19 de la Constitución Nacional.


48.  7 - El concepto de "bien común", previsto en el art. 33, segunda
parte, apartado 1°, del Cód. Civil, no es una abstracción
independiente de las personas o un espíritu colectivo diferente de
éstas y menos aun lo que la mayoría considere "común" excluyendo
a las minorías, sino que simplemente es el bien de todas las
personas, que suelen agruparse según intereses dispares, contando
con que toda la sociedad contemporánea es necesariamente plural.

 11 - El art. 19 de la Constitución Nacional, en combinación con el
resto de las garantías y los derechos reconocidos, no permite dudar
del cuidado que los constituyentes pusieron en respetar la
autonomía de la conciencia como esencia de la persona —y, por
consiguiente, la diversidad de pensamientos y valores— y no obligar
a los ciudadanos a una uniformidad que no condice con la filosofía
política liberal que orienta a nuestra norma fundamental.


49. PRINCIPIO DE LEGALIDAD
Normativa constitucional:
Art. 19 CN: “Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo
que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”
Estado de Derecho: sujeción a la Ley
Regla: Libertad
Excepción: Limitación por ley
Reserva de ley
Lato sensu: cualquier norma jurídica conformada al orden
constitucional

50. PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD
Normativa constitucional
Art. 28 CN: “Los principios, garantías y derechos reconocidos en los
anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que
reglamenten su ejercicio”
Garantía innominada de la CN
Juan Francisco Linares
Debido Proceso Adjetivo
Debido Proceso Sustantivo
Debido Proceso Legal
“…la garantía del debido proceso sustantivo con respecto a la ley formal
y formal-material es la que consiste en la exigencia constitucional de que
las leyes deben ser razonables, es decir que deben contener una
equivalencia entre el hecho antecedente de la norma jurídica creada y el
hecho consecuente de la prestación o sanción teniendo en cuenta las
circunstancias sociales que motivaron el acto, los fines perseguidos con él
y el medio que como prestación o sanción establece dicho acto”

51. Tipos de razonabilidad
 INTERNA: adecuación entre los elementos de la ley
 EXTERNA: adecuación entre la ley y la Constitución
 RAZONABILIDAD TÉCNICA
Adecuación de medios seleccionados con fines perseguidos
 RAZONABILIDAD AXIOLÓGICA
Racionalización de los valores por inclinación hacia la justicia
 RAZONABILIDAD JURÍDICA
Razón suficiente de una conducta
1. Razón de esencia : conducta fundada en una norma jurídica
2. Razón de existencia: el fundamento es el mero hecho de que el
comportamiento jurídico se da
3. Razón de verdad: tiene fundamento de justicia=RAZONABILIDAD

52. RAZONABILIDAD Y DETERMINACION DEL
DERECHO POR EL PRINCIPIO DE
PROPORCIONALIDAD
SUBPRINCIPIO DE ADECUACIÓN
SUBPRINCIPIO DE NECESIDAD
SUBPRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD
STICTO SENSU