El documento discute la naturaleza de la relación entre los funcionarios públicos y la administración. Según Martins, es una actividad jurídica y material que realizan los órganos estatales para lograr los fines del Estado. Algunos consideran que es un contrato de derecho privado, pero la opinión predominante es que es una situación estatutaria regulada por derecho público. Rotondo también ve la relación como un vínculo personal de derecho público que contiene derechos y obligaciones para ambas partes.